“Lo que está pasando con Adorni solo le pica más el boleto al Gobierno, pero no beneficia al peronismo. Sirve para que los que lo votaron de desencanten más con lo que están haciendo”. Sencillo, pero al hueso, la frase de un senador nacional del peronismo da cuenta del pensamiento que atraviesa a la oposición por estas horas traumáticas para el Gobierno.

Las explicaciones del Jefe de Gabinete no convencieron a nadie. Ni a los propios ni a los rivales. Ni a los militantes de la causa libertaria ni a sus compañeros ministros, que no hicieron demasiados esfuerzos para cerrar filas y realizar una defensa compacta de un funcionario al que Javier Milei considera intocable.

En el PJ son realistas y nadie considera que el ruido sin fin que atormenta a Adorni, por la inconsistencia de sus explicaciones patrimoniales, puede beneficiarlos. “Nosotros tenemos que ordenarnos. Mientras tanto, todo nos pasa por al lado”, se sinceró un legislador del interior. No hay ganancias, pero si hay alivio. El foco no está puesto en la interna justicialistas, sino en los conflictos del oficialismo.

En la oposición advierten que las últimas explicaciones de Adorni lo complicaron más de lo que ya estaba. Su discurso solo puede ser una buena salida legal, pero no tiene la credibilidad política suficiente para dar una batalla dialéctica en el campo de batalla de la comunicación, que supo ser el terreno cómodo por donde deambulaba el ex vocero. Esa historia ya quedó sepultada en el pasado.

“Con esto se consolida el desgaste del gobierno. Esto le importa a la gente porque el bolsillo está mal, porque la economía está mal. Pero esto al peronismo no le sirve”, reflexionó uno de los referentes más importantes que tiene la oposición.

En gran parte del justicialismo adhieren a la hipótesis de que lo único que mueve el amperímetro de la percepción social es la economía doméstica. Y que cuando eso no está bien, los casos donde hay indicios de corrupción o de comportamientos amorales, golpean con más fuerza sobre la gestión.

Sin embargo, hay una creencia compartida de que en este momento el Gobierno “se está desangrando” y que lo que está haciendo el jefe de los ministros “es un papelón total”, porque sus explicaciones “rozan el absurdo y son poco creíbles”. Son pocos los que dicen a viva voz que Adorni se tiene que ir del Gobierno. No hay un reclamo masivo de renuncia, pero sí la decisión de marcar las incongruencias o mentiras de su relato.

El peronismo presiona para cercarlo con una moción de censura o, directamente, un llamado a interpelación. Va a buscar asfixiarlo en el Congreso y contarle las costillas. Sobre todo porque nadie que pertenece al mundo de la política tradicional, logra entender cómo el ministro sigue teniendo tanta banca por parte de los hermanos Milei.

En este caso no hay un gobierno defendiendo al ministro más preciado del Presidente. Ni tampoco un oficialismo consustanciado con la situación. No existe una defensa irrestricta de los ministros. No hay voceros que lo puedan defender con argumentos. Entonces, en ese punto débil que se divisa la distancia, el PJ trata de hacer mella para derruir el relato libertario. “Son todo lo que dijeron que no son”, sostienen en el peronismo.

La oposición trata de manejar el momento de crisis política de su adversario con absoluta cautela. No quieren hacer un paso de más porque saben que a ellos no les sobra la credibilidad. Pero, en esta vuelta, salen completamente ilesos de la trifulca. El futuro de Adorni es incierto. El del peronismo, no. Tienen un blanco de ataque que les brindó argumentos para solidificar una postura y al que le apurarán, con absoluta frecuencia, en los días que están por venir.

El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó el martes 23 de junio la audiencia de últimas palabras de los imputados en el juicio por presuntas irregularidades en la licitación de las obras de segunda ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), adjudicadas a la constructora brasileña Odebrecht entre 2006 y 2008.

Una vez finalizada esa instancia, el tribunal anunciará durante la misma jornada el horario en que dará a conocer el veredicto.

El proceso tiene su origen en investigaciones iniciadas hace casi dos décadas a partir de la causa por sobornos de la empresa sueca Skanska.

La causa investiga el presunto direccionamiento en la contratación de las obras. Según la acusación fiscal, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría creado el marco normativo necesario y delegado facultades en funcionarios del área de Energía para confeccionar un procedimiento “a medida” de Odebrecht.

Entre las medidas adoptadas se incluyó la creación de fondos fiduciarios para financiar las ampliaciones, con aportes obligatorios de los grandes usuarios de gas, y una reglamentación que permitía al adjudicatario seleccionar proveedores de bienes y servicios según su propio criterio.

El fiscal federal Diego Luciani sostuvo que todo el proceso se enmarcó en la declaración de emergencia económica y energética vigente en ese período.

Luciani aseguró que hubo un “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura. Estamos hablando de la ampliación de capacidad de transporte de gas de la República Argentina entre los años 2006 y 2008; estamos hablando de una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”.

“Se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática. Esto, en definitiva, permitió a los acusados sortear controles ineludibles e indispensables para una obra pública de la magnitud de lo que implica obviamente la ampliación de la red troncal de gasoductos de un país”, aseguró el fiscal.

Los imputados son Julio De Vido, el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret y el exsubgerente de esa compañía, Julio Armando Bragulat.

La fiscalía solicitó cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, tres años y seis meses para Folgar y Beuret, y la absolución de Bragulat por considerar que no se acreditó su participación en los hechos.

Durante los alegatos, las defensas reclamaron la absolución de todos los acusados. La defensa de De Vido cuestionó lo que calificaron como “retórica fiscal estigmatizante” y afirmaron que las decisiones se adoptaron dentro del marco normativo vigente en un contexto de emergencia energética.

Los representantes de Cameron y Folgar sostuvieron que no se probaron sobreprecios, sobornos ni un direccionamiento efectivo de las contrataciones. La defensa de Beuret argumentó que su asistido se limitó a cumplir instrucciones de la Secretaría de Energía para garantizar el abastecimiento de gas destinado a la generación eléctrica, mientras que la de Bragulat planteó la falta de elementos que justifiquen su inclusión en la causa.

El juicio oral, que tramita ante el TOF 2, ingresa así en su etapa final. El tribunal deberá resolver si las conductas investigadas configuran el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública o si, como sostienen las defensas, se respetaron los procedimientos legales aplicables en un período de crisis energética declarado por el Estado.

Odebrecht, juicio, Justicia

El Gobierno volvió a quedar atravesado por la situación patrimonial de Manuel Adorni después de la aparición de videos con declaraciones anteriores del jefe de Gabinete sobre bitcoin, que contradicen parte de la explicación que dio para justificar el origen de sus fondos. En el Ejecutivo reconocen malestar, desconocimiento y desconcierto por los registros que circularon en las últimas horas.

En la Casa Rosada admiten que no estaban al tanto de esos videos y que la mayoría del Gabinete tampoco conocía la explicación que iba a dar Adorni antes de presentar su declaración jurada. En el entorno del ministro coordinador sostienen que no habían visto los registros previos en los que hablaba sobre criptomonedas.

El caso profundizó las dudas internas sobre la estrategia que eligió el jefe de Gabinete. En distintos sectores de Balcarce 50 reconocen que no hubo una planificación política integral y que el manejo de la crisis quedó concentrado en un grupo reducido. En Nación describen que la respuesta fue elaborada por pocas personas y que no hubo una coordinación amplia con el resto de los equipos del Gabinete.

Este aspecto también se dejó ver en el plano digital. En el oficialismo esperaban un respaldo fuerte de parte de funcionarios y legisladores después de la presentación de la declaración jurada, pero ese operativo no terminó de desplegarse. En sectores cercanos a Karina Milei reconocen que no hubo una articulación sólida entre los equipos de la Secretaría General de la Presidencia y los de Santiago Caputo.

En varios despachos oficiales coinciden en que el resultado de la entrevista fue negativo desde el punto de vista político y comunicacional. La explicación de Adorni no logró ordenar el debate interno y quedó rápidamente tensionada por la aparición de nuevos registros audiovisuales que contradicen la cronología que presentó sobre sus inversiones en bitcoin.

El jefe de Gabinete sostuvo esta semana que empezó a incursionar en bitcoin en 2013 y que invirtió con fuerza desde 2014. Sin embargo, en un video de 2020 relató una experiencia diferente: dijo que conoció la criptomoneda a partir de una situación con alumnos y ubicó ese episodio en un momento posterior. En otro registro, de 2022, había mostrado desconfianza sobre bitcoin como inversión por su volatilidad.

Las contradicciones se suman a las que ya habían quedado expuestas con sus declaraciones anteriores sobre su patrimonio. En marzo, Adorni aseguró en Casa Rosada que todo lo que tenía que declarar estaba declarado. En abril, ante el Congreso, sostuvo que no había existido ocultación alguna. Esta semana admitió que tuvo ahorros no declarados, que hizo rectificaciones patrimoniales y que parte de su patrimonio provenía de operaciones con criptomonedas.

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En Balcarce 50 sostienen, de todos modos, que la explicación inicial estuvo enfocada en una estrategia judicial personal. En el oficialismo señalan que los abogados del jefe de Gabinete quedaron conformes con la presentación y que la prioridad era ordenar la situación ante la Justicia, la Oficina Anticorrupción y los organismos de control. Bajo esa mirada, el plano político quedó relegado en los hechos.

Lo que repiten en el Gobierno es que la situación patrimonial de Adorni deberá resolverse en el expediente. En el oficialismo apuestan a una resolución judicial favorable y buscan separar la continuidad funcional del jefe de Gabinete de la investigación. La causa por presunto enriquecimiento ilícito está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que ahora analizará el origen de los fondos que Adorni atribuyó a bitcoin.

Ese contexto coincide con el viaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a París junto a Lijo, que integra una comitiva argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. En el Ejecutivo remarcan que no hay relación operativa entre ese viaje y la causa, pero la coincidencia temporal aparece en medio del avance del expediente sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.

La mesa política de este jueves funcionó como una señal de continuidad, aunque no alcanzó para despejar las tensiones. Adorni encabezó el encuentro con Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich e Ignacio Devitt. Luis Caputo no participó por un viaje por asuntos personales, según indicaron en su entorno.

El clima interno ya venía marcado por las declaraciones de Bullrich, que antes de ingresar a la reunión sostuvo que el caso de Adorni era “más que un error” y lo calificó como una “omisión ética”. En la Casa Rosada reconocen que esas críticas reflejan presiones internas que persisten, aunque Milei no tiene previsto apartar al jefe de Gabinete.

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Después de la reunión, Adorni anunció que irá en julio al Senado para presentar el informe de gestión. En Balcarce 50 lo leen como un mensaje de continuidad institucional: busca mostrar que seguirá en funciones, que mantiene el control de la agenda de Jefatura de Gabinete y que el oficialismo intentará recuperar la normalidad política.

La comparación con el informe de gestión anterior aparece en el centro de las lecturas internas. En aquella oportunidad, el Gobierno había organizado un acompañamiento más amplio de ministros y funcionarios para respaldar a Adorni. Milei, por ahora, se limitó a respaldar a Adorni de manera indirecta, al republicar un mensaje de Santiago Oría que defendió al jefe de Gabinete y cuestionó al periodismo.

En paralelo, el Presidente buscó cambiar el foco hacia la economía: publicó un mensaje por el dato de inflación y felicitó al ministro Luis Caputo. El objetivo del jefe de Estado es dar el tema por terminado. Cerca de Milei insisten en que Adorni seguirá en funciones y que no está previsto convocar a otro vocero. Sin embargo, en el Ejecutivo admiten que el caso dejó costos, expuso descoordinación interna y obligará a revisar el esquema de comunicación oficial.

Gobierno, Manuel Adorni, BitCoin