POLITICA
Quirno y Presti visitan Ushuaia junto a legisladores de LLA: buscan reactivar la Base Naval Integrada y se reunirán con el gobernador de Tierra del Fuego
El Gobierno amplió la comitiva que viajará este viernes a Ushuaia para recorrer el proyecto de la Base Naval Integrada y sumó legisladores nacionales y jefes militares. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantendrán además un encuentro a media mañana con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
La actividad tendrá como eje la inspección del predio donde se desarrolla la base, pero la incorporación de autoridades políticas, parlamentarias y militares le agrega una dimensión más amplia. El Gobierno busca mostrar respaldo institucional a una de las principales obras incluidas en la estrategia que Javier Milei anunció por Malvinas.
En Nación confirman que participarán el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, mientras que no viajarán los titulares de las tres Fuerzas Armadas. La delegación estará encabezada por Quirno y Presti.
También se sumarán legisladores nacionales de Tierra del Fuego. La lista incluye a Santiago Pauli, Miguel Rodríguez, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca, aunque la nómina de participantes terminó de ajustarse durante las últimas horas.
El encuentro con Melella tendrá lugar a media mañana, antes o durante el tramo inicial de la actividad. Hasta este jueves no estaba prevista una conferencia de prensa ni una presentación formal posterior: el núcleo de la jornada seguirá siendo la recorrida por el área destinada al proyecto.
La comitiva prevé llegar a Ushuaia alrededor de las 10 y quienes regresen a Buenos Aires el mismo día apuntan a iniciar la vuelta cerca de las 17. Tampoco está prevista, hasta ahora, una reunión con autoridades militares de Estados Unidos.
La visita busca marcar además un cambio de etapa. Quirno aseguró este jueves que, después del trabajo conjunto entre Cancillería y Defensa, el Gobierno pasó “del planeamiento a la ejecución” y adelantó que la recorrida servirá para definir los próximos pasos de la Base Naval Integrada.
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El canciller ubicó la obra dentro de una estrategia más amplia para el extremo austral. Sostuvo que la instalación permitirá concentrar medios, ampliar las capacidades navales y fortalecer las campañas antárticas, además de mejorar la protección de los intereses marítimos argentinos.
En ese esquema adquieren especial importancia las inversiones en telecomunicaciones anunciadas por Milei durante la cadena nacional. El Gobierno trabaja para que esas capacidades se integren con radares, sensores, sistemas satelitales e inteligencia de señales en un esquema permanente de vigilancia del Atlántico Sur.
La intención oficial es que la Base Naval Integrada funcione progresivamente como uno de los nodos de ese sistema de vigilancia, concentrando información producida por distintos medios y permitiendo cruzar datos sobre movimientos marítimos y aéreos en la región.
El proyecto tiene antecedentes mucho anteriores a la actual administración. La Armada y el gobierno de Tierra del Fuego firmaron en 2004 un convenio marco vinculado con la reubicación y modernización de la Base Naval Ushuaia y el desarrollo de un polo logístico austral y antártico.
Una de las razones históricas para avanzar con la nueva instalación fue el crecimiento de Ushuaia alrededor de la actual base naval. En ámbitos militares explican que la expansión urbana fue rodeando progresivamente las instalaciones, reduciendo el margen para ampliar su infraestructura y sus capacidades operativas.
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La obra actual fue lanzada formalmente en 2022 y presenta un avance físico cercano al 9%. El proyecto contempla un muelle de más de un kilómetro, edificios de servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible e infraestructura para la logística antártica.
Después de la cadena por Malvinas, Milei dispuso un refuerzo presupuestario para Defensa. El Decreto 867/2026 asignó más de $200.000 millones a la Base Naval Integrada y a la Base Conjunta Antártica Petrel, mientras que el costo total estimado del proyecto de Ushuaia se ubica entre US$400 millones y US$500 millones.
La recorrida de este viernes buscará así combinar la definición de los próximos pasos de la obra, el respaldo de legisladores fueguinos, la participación de la conducción militar y la coordinación con la provincia. Para la Casa Rosada, la base debe convertirse además en una pieza central del despliegue logístico, militar y tecnológico con el que pretende reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Islas Malvinas, Gobierno, ushuaia
POLITICA
ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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POLITICA
Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
POLITICA
Vandalismo rural: Diputados aprobó un proyecto que prevé hasta 10 años de prisión para quienes provoquen daños a la producción del agro
En medio de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto contra el vandalismo rural, que contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes provoquen daños a la producción agropecuaria, pero que pueden llegar a 10 años si el daño es cometido por tres o más personas de manera coordinada, si provoca la pérdida total de la producción o frena el ciclo productivo.
La iniciativa obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
La propuesta, impulsada por el diputado pampeano de Pro Martín Ardohain, obtuvo dictamen a principios de octubre y busca incorporar al Código Penal la figura del “vandalismo rural”, con sanciones específicas para este tipo de delitos.
En concreto, el texto establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados con la actividad agropecuaria, cuando esas acciones comprometan el normal funcionamiento de un establecimiento rural.
Pero la iniciativa fue modificada en el recinto, a propuesta del diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, que desde hacía semanas venía alertando que el proyecto original, en algunos de sus artículos, terminaba convalidando penas menores a las ya vigentes en el Código Penal.
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