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Malvinas: qué puede pasar si el Reino Unido no frena el proyecto petrolero Sea Lion en dos semanas

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El Gobierno le dio este lunes al Reino Unido dos semanas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Si no lo hace, advirtió Javier Milei, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). Detrás del anuncio hay un procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que ambos países ratificaron, y que tiene reglas, plazos y límites precisos.

El primer paso es el arbitraje. La Convemar permite que cada Estado elija, mediante una declaración escrita, qué tribunal resolverá sus controversias sobre la interpretación o aplicación del tratado: el TIDM, la Corte Internacional de Justicia, un tribunal arbitral del Anexo VII o un tribunal arbitral especial del Anexo VIII. La Argentina eligió, en orden de preferencia, el TIDM y, para cuestiones de pesca, medio ambiente, investigación científica y navegación, un tribunal especial del Anexo VIII. El Reino Unido, en cambio, eligió la Corte Internacional de Justicia. Como no coinciden, rige la regla por defecto: cuando las partes no aceptaron el mismo procedimiento, la controversia va a un arbitraje del Anexo VII. Por eso el comunicado oficial habla de iniciar ese arbitraje y no de ir directamente a Hamburgo, Alemania, sede del TIDM.

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Un tribunal arbitral del Anexo VII no existe de antemano: hay que constituirlo, con árbitros designados por cada parte y otros de común acuerdo, un proceso que puede llevar meses. Para cubrir ese vacío, la Convemar le da al TIDM una facultad especial: mientras el tribunal arbitral no esté constituido, puede dictar medidas provisionales para proteger los derechos en disputa. Ahí aparece el plazo de dos semanas. La Convemar establece que, mientras no se constituya el tribunal arbitral, si las partes no acuerdan en dos semanas qué tribunal dictará medidas provisionales, puede hacerlo el TIDM. El ultimátum del Gobierno coincide con esa ventana procesal.

El Tribunal de Derechos del Mar, instancia internacional a la que apunta Milei llevar su reclamo por Malvinas. (Foto itlos.org)

Para conceder las medidas, el TIDM no resuelve el fondo del conflicto. Debe verificar que el tribunal arbitral tendría, a primera vista, competencia para tratar el caso, aunque no necesita asegurarse de ello de manera definitiva. Además, a diferencia de otros supuestos, en este caso la Convemar exige que exista urgencia. Si se cumplen esos requisitos, el Tribunal puede ordenar las medidas que considere apropiadas, que luego el tribunal arbitral, una vez constituido, puede modificar, revocar o confirmar. Las partes están obligadas a cumplirlas.

La Argentina ya recorrió este camino. En 2012 la fragata ARA Libertad quedó retenida en el puerto de Tema, en Ghana, por un pedido del fondo NML Capital ante la justicia local. El país inició un arbitraje del Anexo VII contra Ghana y el 14 de noviembre de ese año pidió medidas provisionales al TIDM. El 15 de diciembre, el Tribunal ordenó por unanimidad liberar el buque de forma inmediata e incondicional. Entre el pedido y la resolución pasó un mes.

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Pero el caso Malvinas tiene un obstáculo que el de la fragata no tenía: la soberanía, que justamente está en disputa. La Convemar regula los espacios marítimos, no la titularidad de un territorio terrestre. Un precedente es el de Chagos: en 2015, un tribunal del Anexo VII resolvió, por tres votos a dos, que no tenía competencia para decidir si el Reino Unido era el Estado ribereño del archipiélago, un reclamo de Mauricio. Sin embargo, ese mismo tribunal sí consideró que Londres había violado la Convención al crear un área marina protegida sin tener en cuenta los intereses legítimos de Mauricio. Ese antecedente muestra por dónde podría pasar la estrategia argentina: discutir el impacto de la explotación unilateral de recursos en una zona en disputa, más que la soberanía en sí.

La Fragata ARA Libertad fue retenida en el puerto de Tema, en Ghana, el 2 de octubre de 2012 a pedido del fondo buitre NML Capital. (Foto: TN)
La Fragata ARA Libertad fue retenida en el puerto de Tema, en Ghana, el 2 de octubre de 2012 a pedido del fondo buitre NML Capital. (Foto: TN)

Hay otro límite, esta vez propio. Al ratificar la Convemar, la Argentina declaró que no acepta los procedimientos obligatorios para tres categorías de controversias del artículo 298: las de delimitación marítima y títulos históricos, las referidas a actividades militares y de aplicación de la ley, y aquellas en las que actúa el Consejo de Seguridad de la ONU. En 2012, en medio del caso Libertad, retiró esa excepción solo en lo referido a actividades militares de buques y aeronaves de Estado. La Convención establece además que un Estado que hizo esa declaración no puede llevar una controversia de esas categorías contra otro sin su consentimiento. Por eso el reclamo argentino apunta a la explotación de recursos y no a la delimitación de espacios marítimos.

Del otro lado, Londres ya adelantó su postura. Tras el discurso de Milei en la ONU de la semana pasada, el Reino Unido sostuvo que apoya el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y que la legislación argentina no se aplica en las islas. Si la Argentina finalmente presenta el pedido, el TIDM deberá resolver primero si el caso puede tramitarse y, recién después, si corresponde frenar Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral.

Islas Malvinas, soberania de malvinas

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El Gobierno posterga el tratamiento del proyecto de Malvinas mientras negocia cambios reclamados desde la oposición y los EE.UU.

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En la Cámara de Diputados, el Gobierno dejó de acelerar en las curvas. Ahora se reconoce “pragmático”. Después de ver tambalear el DNU 70/23, dio marcha atrás y se mostró dispuesto a sostener la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011, para desactivar la sesión opositora que amenazaba con voltear el megadecreto. Superado ese frente, el oficialismo busca avanzar con su propia agenda. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, es una de las prioridades de la Casa Rosada para lo que resta del período ordinario.

Por eso, el Gobierno negocia cambios a contra reloj. No sólo ante las presiones en el Congreso, sino por reclamos que llegan desde Washington.

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Tanto los aliados como la oposición más dura exigen modificaciones para darle su respaldo. De los ocho capítulos que componen el proyecto, solo el primero aborda el reclamo por las Islas Malvinas.

Los restantes introducen reformas a las leyes de defensa nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia, además de contemplar la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Jefe del Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo. El articulado también incluye disposiciones cuestionadas por sus posibles implicancias para la libertad de expresión.

Los reparos llegaron desde Estados Unidos. Según pudo saber , empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I, que establece sanciones para las compañías extranjeras. Reclaman que se delimite con mayor precisión su alcance a la hora de determinar qué firmas podrían ser punibles.

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La semana pasada, desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habían deslizado la intención de acelerar el dictamen del proyecto e incluso evaluaban incorporarlo a la sesión maratónica de este miércoles. Pero los ecos de los reclamos opositores y norteamericanos hicieron que esa posibilidad se desmoronara el fin de semana.

La nueva realidad se impuso pese a que las espadas legislativas del riojano −el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y la diputada Silvana Giudici− seguían concentradas en ultimar las modificaciones para llevar una nueva versión del texto al plenario de comisiones de mañana.

La señal llegó este mediodía: el debate en comisiones se postergó hasta el 27 de octubre. Hay quienes atribuyen la demora a un pedido de la Casa Rosada, que ya estaría al tanto de las dudas en Washington. Mientras tanto, esta semana desembarcarán en el país el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Resta saber si la iniciativa legislativa formará parte de las conversaciones.

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En los pasillos del Congreso, los libertarios buscaron bajarle el tono a la cuestión Malvinas. Alegaron que no había motivos para apurar los tiempos, especialmente ante la extensa agenda de la sesión de este miércoles, que podría prolongarse hasta 40 horas si se sumara el proyecto. Aseguran que su tratamiento puede esperar hasta la próxima semana.

En cualquier caso, hay quienes admiten que todavía no estarían garantizados los respaldos necesarios. “Hay un par de temas que quedaron pendientes de discutir y estaban muy finos los números para el dictamen”, señaló una fuente parlamentaria al tanto de las negociaciones. No está claro si entre esos puntos figuran las objeciones del empresariado norteamericano.

“No nos dijeron nada”, indicó otra fuente libertaria, que descartó que Bornoroni, Menem y Giudici hubieran recibido algún planteo desde Washington o estuvieran al tanto de las inquietudes canalizadas en Casa Rosada.

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Por su parte, Giudici sostuvo que la iniciativa requiere “un tratamiento importante en el recinto” y anticipó que se incluirá en una sesión distinta de la prevista para noviembre, dedicada al debate del Presupuesto. En esa convocatoria también se sumarían las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de biocombustibles, ambos proyectos con media sanción del Senado.

Este último representa un guiño a los aliados, especialmente a Córdoba y Santa Fe, dos de sus promotoras, tal como publicó . Es que en ambas provincias conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la elaboración de biocombustibles.

Modificaciones en la Ley Malvinas

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En el ínterin, los libertarios seguirán trabajando en la letra chica del proyecto de defensa de la soberanía nacional, aunque aseguran que varias modificaciones ya estarían resueltas.

Entre ellos, ya dan por descontada la revisión del polémico artículo que prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”.

Según pudo saber , la nueva versión del proyecto, que ya está en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el capítulo VI. En particular, aquel referido a las “campañas de desinformación”, que despertó fuertes cuestionamientos de entidades y referentes del periodismo por el riesgo que podría representar para la libertad de expresión.

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La disposición no pasó inadvertida entre propios y ajenos, ante el temor de que pudiera utilizarse como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de combatir a “agentes extranjeros”. Constitucionalistas también alertaron sobre las consecuencias de incorporar un tipo penal “tan amplio” y señalaron que la figura podría rozar la “censura previa”.

No es la única concesión que los libertarios están dispuestos a hacer a sus aliados de Pro y la UCR. Entre los ajustes más significativos figura la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso al Consejo de Seguridad Nacional.

Además, tal como anticipó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados, se prevé la creación de una comisión bicameral encargada de fiscalizar su funcionamiento.

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Persiste la duda sobre si los cambios serán suficientes para conseguir el respaldo de los bloques de centro, como Provincias Unidas, que en las últimas votaciones en el recinto dejó expuestas sus diferencias internas. El peronismo, por su parte, ya dejó en claro que solo acompañaría el primer capítulo del proyecto y reclamó su tratamiento por separado.



dispuesto a sostener la ley de tierras,desactivar la sesión opositora,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a

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Causa Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner pidieron no asistir de forma presencial al juicio que comienza el viernes

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Cristina Kirchner y su hijo Máximo solicitaron este lunes al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) no asistir de manera presencial a las audiencias del juicio de la causa Los Sauces, donde están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero.

El inicio del debate oral y público está fijado para este viernes a las 10 de la mañana, mientras las partes aguardan la decisión de la Cámara de Casación que debe resolver si unifica la causa con el expediente Hotesur y se realiza un solo juicio.

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El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, resolvió anteriormente que el juicio se realice exclusivamente de forma presencial.

Por el momento, el debate por Los Sauces avanza de manera independiente y está previsto que comience este viernes. Se trata del primer juicio en materia de corrupción en el que Máximo Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados, señalado como organizador de una asociación ilícita para blanquear fondos. La expresidenta figura procesada como jefa de esa asociación.

El expediente de Los Sauces investiga operaciones de la inmobiliaria familiar que tuvo como clientes mayoritarios a Lázaro Báez y Cristóbal López. Según la acusación, esas empresas representaron la mayor parte de la facturación de una sociedad que no contaba con sede comercial y que, desde su creación, mantuvo la misma cantidad de inmuebles en alquiler.

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Así está hoy Los Sauces, el hotel boutique de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar. (Crédito: TN.com.ar)

La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.

Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.

El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.

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Según la investigación, entre 2012 y 2017 pagó alrededor de 1,7 millones de dólares pero una tasación judicial posterior ubicó el valor de mercado cerca de la mitad o menos de lo pactado.

Cómo será el juicio

El TOF dispuso que el juicio sea exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales, y reservó fechas adicionales —incluidos algunos sábados de octubre y semanas de feria judicial de enero de 2027— para el caso de que resulten necesarias.

Las audiencias se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos.

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Sala AMIA (Foto: Consejo de la Magistratura de la Nación)
Sala AMIA (Foto: Consejo de la Magistratura de la Nación)

El cronograma prevé sesiones los lunes, viernes y sábados. Las reglas del debate establecen una diferencia según el tipo de audiencia. Los acusados deberán estar presentes en la sala cuando declaren en indagatoria.

En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes vivan fuera de la Capital Federal podrán pedir conectarse a distancia, pero esa posibilidad se resolverá de manera individual en cada caso.

cristina kirchner, Máximo Kirchner, Los Sauces

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Javier Milei viajó hasta España, pero no compartiría foto con el candidato de la ultraderecha

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La amistad entre Javier Milei y el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, comenzó mucho antes de que el libertario accediera a la Presidencia. Pero incluso con la agenda recargada que asumió al desembarcar en la Casa Rosada, cada vez que el argentino puso un pie en Madrid, o el español en Buenos Aires, siempre hubo tiempo para un encuentro y una foto.

Esta vez podría ser la excepción. Apenas conocido el llamado adelantado a elecciones, para el 29 de noviembre, del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la Casa Rosada anunció un nuevo viaje de Milei a Madrid, el tercero en lo que va del año.

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Javier Milei junto a Santiago Abascal, en España@Santi_ABASCAL

La escueta agenda presidencial, que se conoció varios días después del anuncio del viaje, este domingo por la tarde, dejó en evidencia que el disparador del vuelo fue el llamado a elecciones y la oportunidad que se le abría a Milei para predicar en contra del líder del PSOE y en favor de Abascal, una constante en cada periplo ibérico.

Sin embargo, este lunes trascendió que la ajustada agenda de campaña de Abascal le impediría la foto con Milei. Y que así se lo comunicó por teléfono el propio líder de Vox al libertario.

El presidente Javier Milei junto a Santiago Abascal, en Madridpresidencia

El presidente argentino, indicaron desde el partido derechista, se reuniría este miércoles en la Fundación Disenso con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación, Jorge Martín Frías.

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Y agregaron: “Santiago Abascal continuará ese mismo miércoles con su agenda de campaña electoral del 29N, que le llevará a La Coruña y Avilés, tal y como le ha trasladado al presidente argentino durante una conversación telefónica mantenida antes de su viaje a España”.

El presidente Javier Milei junto Santiago Abascal, titular del partido Vox de España

Como dio cuenta este domingo , analistas consultados coinciden en que la irrupción de Milei tendrá impacto en la campaña electoral española, pero alertaron sobre un posible efecto adverso. “El viaje de Milei impacta sobre todo en el voto progresista que le teme a un gobierno de extrema derecha. La foto de Abascal con Milei será otra señal de alarma que los movilizará. Si yo fuese Abascal, le diría a Milei: ‘Te espero el 30 de noviembre encantado, pero ahora quédate en Buenos Aires’”, explica Gabriela Ortega Jarrín, doctora en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y experta en campañas electorales.

César Calderón, director de la consultora Red Lines, está convencido de que la llegada de Milei en este momento es “un regalo” para Sánchez. “Al PSOE le regalan un enemigo exterior con motosierra. Cada foto de Milei con Abascal es un spot gratuito para Sánchez. Le permite decir: esto es lo que viene. Además, la injerencia extranjera en campaña tiende a provocar rechazo aquí, incluso entre votantes que no sienten ninguna simpatía por Sánchez”, asegura.

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Santiago Abascal y el presidente Javier Milei durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en MadridA. Pérez Meca – Europa Press – A. Pérez Meca – Europa Press

El propio Sánchez tomó nota de la llegada de Milei. “Entre las tijeras de Feijóo y la motosierra del amigo de Milei, Abascal, si llegan al gobierno firmarían el acta de defunción del Estado de bienestar. Mi compromiso: cuatro años más de avances sociales y cero recortes”, escribió el viernes el presidente español en su cuenta de la red social X.

Milei mantiene un histórico enfrentamiento con Sánchez desde su primera visita a España, por eso, ninguno de sus viajes fue organizado como visita de Estado.

La ajustada agenda de Abascal (comunicó actos en Ponferrada, La Coruña, Avilés, Burgos, Menorca, Palma de Mallorca e Ibiza entre el 20 y 23 de octubre) podría hacer imposible la foto sobre la que alertan los analistas. O evitarla.

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Tampoco hay señales de que Milei pueda reunirse con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) y máximo candidato en las próximas elecciones. De hecho, ni siquiera se conocen.

La agenda de Milei sí tiene previsto un encuentro privado con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del PP en la capital española, que no es candidata en los próximos comicios.



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