POLITICA
Manuel Adorni renunció después de tres meses de escándalo por su patrimonio

Manuel Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que entró a la función pública, por el cual es investigado por enriquecimiento ilícito.
Como en sus últimos movimientos antes de dejar de ser funcionario, el timing del anuncio coincidió con el devenir del Mundial de Fútbol. La noche anterior a que arrancara la Copa del Mundo, Adorni habló en LN+ y presentó su declaración jurada. En plena ceremonia inaugural, la documentación quedó disponible al público en la página de la Oficina Anticorrupción. Y este sábado, unas horas del partido entre Argentina y Jordania, confirmó que da un paso al costado. La medida había empezado a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición.
El propio Adorni publicó en sus redes sociales la confirmación de su partida con una carta de renuncia. “Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor”, dijo el ahora exfuncionario y acotó su tradicional “fin”.
En la carta dirigida a Milei, Adorni primero le agradeció: “Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo”.
Le dijo también a Milei que él entendió “todo lo que sufrió durante todo este tiempo” y añadió un pasaje contra la prensa: “Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.
“Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, ‘granjas cripto’ operadas en complicidad con la custodia presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive ‘lleno de dólares’ (sí, presidente, un pendrive ‘lleno de dólares’), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí”, dijo.
En su misiva, Adorni se quejó de que lo trataron de “delincuente y corrupto” sin que existiera “un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas.
“Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la secretaria general de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo de un ser humano, o al menos lo que cualquier persona de bien preferiría elegir antes que todo lo demás. El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy”, siguió.
Siempre en esa tesitura, Adorni planteó: “El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”.
Al respecto, aseguró que lo “dio todo”, tanto desde lo laboral, como desde lo familiar y lo espiritual. “Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina”, lo halagó a Milei y continuó: “Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera. Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Es usted la única garantía de que eso ocurra”.
En la misiva, Adorni le dijo a Milei que desea que la sociedad lo siga eligiendo “siempre” y “cada día”, y le prometió hacerlo desde el lugar que le toque. “Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya. Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, insistió.
Afirmó también ser “un simple ciudadano” que quiso colaborar con este proyecto “que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo”, según su consideración. “Un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos, señor presidente”, deslizó.
Adorni también dijo estar orgulloso de ser parte de este camino pese a las circunstancias y de haber acompañado a Milei. “Me alegro de haber estado al lado suyo de la secretaria general de la Presidencia, pilar fundamental de cada paso que hemos dado”, escribió, en un halago a Karina Milei. “También he cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta de Olivos, minutos después de ofrecerme asumir como jefe de Gabinete de ministros de su gobierno”, comentó Adorni, sin especificar a qué se refería.
El viernes, Karina Milei se encargó de coordinar cómo se haría el relevo, que quedará en manos del ministro del Interior, Diego Santilli. No obstante, el empoderamiento de Santilli todavía no fue confirmado por los canales oficiales.
Adorni resistió con el apoyo presidencial y explicaciones insatisfactorias. Milei intentó sostenerlo hasta última hora. El viernes por la mañana, en su visita a España, el Presidente dijo que solo echaría a su jefe de Gabinete si la Justicia certificaba que era culpable de corrupción. Pero desde el jueves y sobre todo el viernes, con la secretaria general activa en la Casa Rosada se respiró un clima distinto: se instaló la certeza de que Adorni tenía las horas contadas.
El encargado de tomar las riendas de la dependencia más importante de la Rosada después de los hermanos Milei será Santilli. Esta es la segunda vez que oficiaría de pararrayos en un momento crítico para los libertarios: antes había reemplazado a José Luis Espert, cuando lo bajaron de la candidatura para diputado nacional.
El Gobierno también reactivaría el esquema de Vicejefatura de Gabinete que supo tener con la dupla Guillermo Francos-Lisandro Catalán. En tándem al ascenso de Santilli, promoverían a Ignacio Devitt, hasta hoy secretario de Asuntos Estratégicos, para vicejefe, que absorberá las funciones del Ministerio del Interior.
Ayer, las voces que siempre se encargaron de negar que Adorni fuera a dejar el Gobierno comenzaron a responder con puntos suspensivos. Después, por la tarde, los mismos funcionarios confirmaron que había llegado el momento de la eyección.
“No se puede gestionar así”, refirieron a en las más altas esferas de Balcarce 50, como justificativo por la salida del funcionario, cuando todavía no era público.
Círculo de confianza
La participación de Karina Milei fue clave para el desplazamiento. Adorni era parte de su círculo de fidelidad.
En las dependencias del estratega Santiago Caputo advertían hace tiempo sobre el peso negativo de sostenerlo en el Gobierno, pero temían que su reemplazante fuera aún más karinista que el exvocero. Santilli es un equilibrista.
Milei, mientras se ultimaban los detalles de la salida, estaba en viaje de vuelta desde España. Para comunicar las novedades lo esperaron.
Hubo un nuevo hito esta semana que mostró cómo la gestión siguió complicándose por la decisión de mantener Adorni en su puesto. En el Senado, el oficialismo no pudo imponer el debate de la ley de propiedad privada porque, si habilitaba el quorum, la oposición iba a avanzar con la interpelación y la moción de censura contra Adorni.
Asimismo, en el Gobierno había un fuerte convencimiento de que el miércoles próximo, cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se tratara la interpelación, el hasta ahora jefe de Gabinete no iba a poder evitar un resultado desfavorable.
“No pasa el Senado”, refirieron en los pasillos de la Casa Rosada antes de que se ejecute formalmente la salida, pero cuando ya estaba decidida.
Otra particularidad de estos días fue la renuncia del secretario de Prensa, Javier Lanari, mano derecha de Adorni. El final se precipitaba.
Justamente, el mismo día en que se definió que Adorni se iba, la Casa Rosada inauguró por la mañana una nueva narrativa con la presentación en sociedad del vocero, Adrián Ravier.
Últimas revelaciones
La llegada del tándem Ravier y Fabián Fernández, en reemplazo de Lanari, no logró sacar de agenda las revelaciones sobre las compras del jefe de Gabinete.
El viernes mismo, reveló que Adorni adquirió en agosto aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él, por $5.848.589, cuando cobraba en bruto $3.584.006.
A lo largo de los meses hubo primero en el Gobierno un intento por instalar que el tema pasaría y que lograrían así retomar la iniciativa, como ocurrió con otros escándalos, como $LIBRA, Espert y Andis.
Pero no pasó. Las novedades sobre el escándalo coparon la escena mediática, motivadas más que nada por las incongruencias en el discurso de quien había sido la principal espada de la comunicación libertaria: pregonaba austeridad, pero su vida no se condecía con eso.
Todo arrancó en marzo, cuando -para la Argentina Week- Adorni subió a su esposa, Bettina Angeletti, al viaje oficial hacia Estados Unidos. En ese entonces, el exvocero -que había criticado fuertemente estas movidas de parte de la oposición y que supo ostentar su gracia frente a los medios y las redes- falló: dijo que estaba “deslomándose” y que precisaba la compañía de su señora. La palabra fue eje de ironía en el inicio de la polémica.
Después apareció un video suyo cuando se iba a Punta del Este, Uruguay, en el avión privado que reservó su amigo y contratista de la TV Pública, Marcelo Grandio, a pasar un fin de semana largo.
Con el tema judicializado, poco a poco se conocieron distintos consumos y viajes de Adorni desde que asumió la gestión pública, como así también que tenía fondos y propiedades sin declarar frente a la Oficina Anticorrupción.
En una de sus últimas movidas, el jefe de Gabinete saliente rectificó sus anteriores declaraciones juradas y dio una entrevista a LN+ en la que intentó justificar su nivel de vida con un incremento patrimonial supuestamente motivado por inversiones en bitcoins. Horas antes, tanto él como su esposa se sumaron al Régimen Simplificado de Ganancias, paso previo e indispensable para entrar al blanqueo.
Desde ese momento, todo el Gabinete no hizo más que agitar su expulsión. Indignados y convencidos de que la permanencia de Adorni interrumpía la gestión, los ministros sumaron injerencia para que se vaya, a la vez que los hermanos Milei lo subían a fotos y visitas oficiales para ratificarlo.
La oposición, a través del Congreso, también hizo lo propio. Pero Milei siempre alegó que no iba a soltarle la mano a alguien que consideraba honesto y cargó cañones contra los medios, a los que acusó de fogonear su salida.
Voz cantante de la embestida puertas adentro fue la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, la primera en despegarse públicamente del funcionario que entró en desgracia y que hoy ya no es más parte del Gobierno.
dejó de ser el jefe de Gabinete,tres meses y medio de escándalo,pic.twitter.com/AJyuy6nDOY,June 27, 2026,culpable,Paula Rossi,Manuel Adorni,Javier Milei,Conforme a,Manuel Adorni,,“Gracias por tu incansable trabajo”. La despedida de Karina Milei a Manuel Adorni,,»La confianza y ética son fundamentales». Las reacciones del arco político a la renuncia de Manuel Adorni,,»Me han tratado de delincuente y corrupto». Qué dice el texto completo de la renuncia de Manuel Adorni
POLITICA
El Programa de Ciudadanía por Inversión es contrario a la Constitución

El art. 20 de la Constitución argentina establece que las personas extranjeras, para obtener la ciudadanía, deben residir dos años de forma continua en el territorio nacional, salvo que dicho plazo se acorte cuando quien la solicite alegue y pruebe ciertos servicios prestados a la República Argentina.
En 1869 se sancionó la ley de ciudadanía (ley 346), que estableció como requisito de acceso a la ciudadanía, además de los dos años de residencia, la acreditación de alguno de los servicios allí previstos, entre los que se encontraban -entre otros- haber desempeñado con honradez algún empleo para la Nación o las provincias, establecido en el país una nueva industria, introducido una invención útil o ejercido el profesorado en el campo de la educación o la industria. También dispuso que la petición de ciudadanía debía tramitarse ante el juez federal competente con el contralor del Ministerio Público Fiscal.
El modelo constitucional argentino en torno a la ciudadanía por naturalización y su correspondiente reglamentación legal no contemplaron como un “servicio prestado” al país la mera “compra de ciudadanía” mediante una inversión ni la sola acreditación de una determinada capacidad patrimonial. Los servicios exigidos remiten a aportes efectivamente realizados y no a la mera disponibilidad de recursos económicos. De este modo, aun cuando algunos de esos servicios pudieran requerir la utilización de capital, la inversión constituía, en todo caso, el instrumento mediante el cual se materializaba una contribución al país y no el servicio mismo. Sustituir esa lógica por un sistema en el cual la capacidad económica opera directamente como título habilitante supone modificar cualitativamente el concepto histórico de la naturalización: se pasa de una ciudadanía asentada en la residencia y en la vinculación efectiva con la sociedad argentina a otra en la que el patrimonio puede convertirse, por sí solo, en una vía de acceso al vínculo jurídico-político que exige la ciudadanía.
A esto se agrega que, si la persona extranjera que “compra la ciudadanía” tiene una posición privilegiada en cuanto a la obtención de la misma respecto de otras personas extranjeras, entonces, también se afecta el derecho a la no discriminación con motivo de la posición económica. Una distinción de esta naturaleza exige una justificación objetiva, razonable y proporcional particularmente consistente, pues de lo contrario la ciudadanía deja de organizarse sobre condiciones vinculadas con la residencia, la integración o los servicios prestados al país para quedar parcialmente estratificada según la capacidad de pago. El resultado es una suerte de ciudadanía a dos velocidades: una sometida al régimen general y otra, privilegiada, disponible para quien cuenta con el patrimonio suficiente para adquirirla.
Mediante el dictado del DNU 366/2025 se sustituyeron varios artículos de la ley 346 y se estableció un nuevo régimen de ciudadanía, a través del cual las personas extranjeras que acrediten “haber realizado una inversión relevante en el país”, sin importar el plazo de residencia –cuando el resto de las personas extranjeras debe cumplir con los dos años de residencia permanente–, podrán obtener la carta de ciudadanía por naturalización, que será otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones (organismo descentralizado ubicado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros) a través de un acto administrativo, desplazando la intervención judicial que históricamente caracterizó al procedimiento de naturalización. De los considerandos, no surge ningún argumento que justifique -tal como lo exige el art. 99.3 de la Constitución argentina- la existencia de una objetiva situación excepcional que haya impedido seguir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y por ende, cuando esto sucede, la consecuencia constitucional prevista es la nulidad absoluta e insanable del decreto de necesidad y urgencia dictado. Mucho más aún cuando la potestad de legislar sobre naturalización y nacionalidad está expresamente atribuida al Poder Legislativo en el art. 75.12 de la Constitución argentina.
En el caso “Yang, Liping” (2026), la Cámara Nacional Electoral resolvió declarar nulo el DNU 366/2025 respecto de la supresión de la competencia judicial en la concesión de la ciudadanía por naturalización. Entre sus argumentos se destaca aquel que afirma que las consideraciones expuestas por el Poder Ejecutivo Nacional “expresan razones de oportunidad, mérito o conveniencia que incumben a la decisión del Poder Legislativo, pues no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del régimen de naturalización, sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé”. Y acá surgen con toda evidencia los efectos nocivos para el sistema republicano y la interdicción de la suma del poder público que tiene la posición obturadora sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ausencia de legitimación procesal y de caso o controversia para impugnar de forma general a los decretos de necesidad y urgencia que no cumplen con los requisitos de habilitación constitucional para su dictado: como solo se puede cuestionar judicialmente a un DNU respecto de los derechos subjetivos que este afecta, por más que en una causa se compruebe que un DNU es nulo de nulidad absoluta, continúa vigente para el resto de la sociedad (aunque la nulidad constitucional establecida por los convencionales constituyentes de 1994 tenga efectos derogatorios generales y retroactivos).
A pesar de los argumentos constitucionales expuestos, el ministro de Economía acaba de anunciar la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión a través de dos mecanismos que consisten en realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por la suma de US$350.000 o suscribir un título público de US$800.000 creado específicamente para este Programa. También ofrece un “combo familiar”: un grupo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía por US$500.000.
Cuando la ciudadanía abandona la idea de expresión de pertenencia, integración y no discriminación para ofrecerse exclusivamente a cambio de una suma de dinero, se degrada el sentido originalista de la misma. La República Argentina puede atraer inversiones o ponerle precio a un título público, pero lo que el orden constitucional claramente no permite es poner en venta la condición de ciudadano.
El autor es doctor en Derecho (UBA) y profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UBA y UNLPam)
Andrés Gil Domínguez,LA NACION,Política
POLITICA
La Corte Suprema se reúne este viernes y podría fallar sobre la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes a las 9 a un Acuerdo Extraordinario para emitir un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras que podría dejar vigente nuevamente las restricciones derogadas por el decreto del Gobierno, confirmaron fuentes judiciales a TN.
Antes de fijar la fecha, los jueces redujeron a 24 horas el plazo para que las partes presenten las impugnaciones contra la integración de los dos conjueces sorteados para el expediente y habilitó días y horas inhábiles.
El tribunal tiene para resolver un pedido de medida cautelar que, si prospera, pondría nuevamente en vigencia las restricciones a la venta de campos a extranjeros derogadas por el decreto 70/2023.
Este caso fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre los que se incluyen las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Concretamente, los involucrados pidieron una aclaratoria, ya que su amparo colectivo fue tratado como caso conexo al del CECIM y buscan “que se precise” si el fallo produce algún efecto sobre su expediente
Para intervenir en este expediente fueron designados los conjueces Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron el cargo.
Como suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la resolución emitida este jueves por la Corte, se aclaró: “en atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”. Habitualmente, el plazo es de 72 horas.
El expediente a resolver llegó después del fallo de la semana pasada, en el que la Corte revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del decreto 70/2023 por el que Javier Milei derogó la ley 26.737. Los jueces consideraron que el CECIM no cuentan con legitimación activa para cuestionar la medida. El fallo de la Corte generó fuertes críticas de la oposición y la amenaza de tratar en el Congreso, en una sesión especial, la caída de todo el DNU 70/2023.
Por el revuelo que generó la decisión, la Corte emitió un comunicado donde aclaró que solo resolvió “un aspecto procesal”, con una decisión que “se ajusta estrictamente” a sus precedentes. Que no afectaba “a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”.
“Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”, remarcó el máximo tribunal.
POLITICA
Rechazan por unanimidad el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de sus bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la pretensión de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el remate de sus bienes para ejecutar la condena de la causa Vialidad, donde su madre Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión.
El remate de los bienes de la expresidenta, hasta cubrir la suma de 645 millones de dólares, depende ahora de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que desde hace cuatro meses tiene en sus manos el asunto.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles sendos recursos de casación interpuestos por Máximo y Florencia Kirchner, y por Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur y Los Sauces.
Los recursos cuestionaban la resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado los planteos contra la ejecución de esos bienes, dispuesta el 26 de agosto último.
Máximo y Florencia Kirchner pretendían que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y que se avanzara con medidas cautelares hasta que la Corte resolviera la queja vinculada con el decomiso.
Por su parte, Hotesur y Los Sauces S.A. cuestionaban que se hubiera diferido su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad.
La Sala IV consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible. No constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite, dijeron los jueces. Tampoco los que reclamaban demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior.
La Cámara de Casación destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas definitivamente, sino que su tratamiento fue diferido y podía ser retomado en la oportunidad procesal correspondiente. De esa manera, declaró inadmisibles los recursos y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, por un monto actualizado de aproximadamente 685.000 millones de pesos.
111 inmuebles
Lo que está en juego por ahora es la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Hay un segundo pedido fiscal para avanzar con el decomiso de otros 141 inmuebles, 46 autos y más de US$ 5,6 millones en efectivo de Florencia Kirchner que fueron secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.
Las defensas de Cristina Kirchner y de Máximo y Florencia se opusieron a que el decomiso alcance bienes de los hijos del matrimonio presidencial -si se toma en cuenta los que generó también el fallecido Néstor Kirchner-, pues ninguno de los se encuentra entre los condenados por Vialidad.
No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación —en un voto dividido— rechazaron ese planteo al entender que los fondos eran parte del objeto del delito, por más que hubieran sido heredados luego por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese fallo es el que fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos.
Hasta ahora, los acusados vienen teniendo éxito en demorar la ejecución. La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto de la ejecución. En julio pasado, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, que quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos.
Resta, en cambio, la definición sobre los bienes con los que se cubrirá esa suma. Aunque la Corte resolviera, el decomiso tampoco se completaría de inmediato, pues falta terminar de realizar dos pasos previos.
El primero es que el Cuerpo de Peritos Tasadores entregue la valuación de los inmuebles. El segundo es que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del Tribunal Oral Federal 2, vinculada con el reglamento aprobado por la Acordada 22/2025, sobre qué propiedades quiere el máximo tribunal para su propio uso.
Es decir, como es la Corte la que resuelve sobre los bienes decomisados en un delito, tiene prioridad para elegir aquellos que considere que son de utilidad pública para su funcionamiento; los que directamente no irían a remate, sino incorporados a su patrimonio o al del Poder Judicial.
Recién entonces, según el tribunal, podrá avanzarse con el cambio de titularidad de los inmuebles que pasen a manos de la Corte Suprema y con el remate del resto de los bienes, para lo que se dispuso la creación de una plataforma de subastas online, que es utilizada en todas las causas donde el Poder Judicial subasta bienes.
En paralelo, los fiscales pidieron un segundo decomiso, más amplio que el primero: 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 dólares y otros 53.280,24 pesos.
ejecutar,Hernán Cappiello,Conforme a
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