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POLITICA

Manuel Adorni reúne a la mesa política en Casa Rosada y podría anunciar el envío de un nuevo paquete de proyectos al Congreso

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La mesa política, la cumbre de los más importantes dirigentes políticos del Gobierno, se reúne este viernes desde las 11 horas en Casa Rosada con el objetivo de ordenar la gestión política y alinear las prioridades legislativas para las próximas semanas. Se trata de un encuentro en el que todos sus integrantes pondrán en común su agenda de reformas y, con eso, la forma de coordinar cada una de esas prioridades. Y es que hay funcionarios que difieren en el timing o de la manera en la que sus pares pretenden presentar determinados proyectos.

El encuentro fue convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hace casi una semana y busca que la agenda política del oficialismo adquiera una impronta más propositiva. El alfil mileista considera que el tema de su situación patrimonial y de las causas judiciales que tiene en Comodoro Py ya no son atractivas para el público general y ve en la dinámica del Congreso una oportunidad para meter cuña en la discusión pública.

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“Los medios ya pasaron del lado del ridículo total”, le dijo Adorni a un interlocutor habitual en la jornada de ayer. La opinión de sus compañeros de mesa es variable: hay quienes no coinciden. De cualquier manera, el ministro coordinador tiene la idea de que al finalizar el encuentro se pueda “hacer un anuncio de nuevas leyes que se van a enviar al Congreso”.

Aunque cuando se oficializó el llamado a la mesa política se había dicho que no iba a estar, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será de la partida de la reunión de hoy porque el vuelo que llevará a Javier Milei y su comitiva a Israel finalmente partirá el sábado.

El elenco del encuentro de este viernes estará compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. No estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, porque se encuentra en Estados Unidos por haber ido a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

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Uno de los temas más interesantes que se van a abordar en la reunión es la manera en la que tratar la reforma del Código Penal, ya que existe una diferencia de ideas entre dos alas del Gobierno.

Por un lado, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llegó a su cargo con la intención de darle su propia impronta a la extensa iniciativa reformista de 912 artículos que habían formulado sus predecesores. Mientras se aboca a eso, el funcionario acordó con Martín Menem la presentación de una suerte de reforma preliminar que solo creara nuevos tipos de delitos e incrementara ciertas penas para, en meses posteriores, tratar la más importante.

“Yo necesito proyectos que no sean tan extensos”, le habría dicho el presidente de la Cámara de Diputados a varios de sus pares. Esto se funda en una percepción de que el oficialismo busca trabajar en diversas iniciativas al mismo tiempo y que no existe una facilidad absoluta para poder avanzar con un debate profundo sobre la reforma del Código Penal.

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Esto colisiona con la estrategia que ponderan desde el ala de Santiago Caputo. Según los especialistas jurídicos que se desempeñan en ese entorno, la reforma no puede no tratarse de manera integral. Uno de ellos explicó a Infobae: “Podés generar un desfasaje entre ciertas tipificaciones que quieras hacer con respecto a todo el resto del Código, que va a ser más viejo. Corrés el riesgo de tener una nueva Ley Blumberg”.

La agenda de la mesa política será más extensa. Quienes siguen el temario legislativo afirman que se va a analizar el estatus del proyecto de ley Hojarasca, una iniciativa con el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para derogar cerca de 70 leyes y decretos considerados obsoletos. Dada la complejidad del escenario político y la prioridad de otras iniciativas, varios sectores del Gobierno creen que este documento no es una prioridad inmediata para el oficialismo.

Durante la reunión se van a discutir la aprobación de acuerdos internacionales varios y definir cuándo dictaminar y mandar a recinto el proyecto de ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. Este último también fue enviado por el ministerio dirigido por Sturzenegger e importa mucho en las consideraciones del Presidente.

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El proyecto propone habilitar desalojos exprés, modificar requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado, eliminar límites para el uso agrícola de terrenos incendiados y descentralizar el programa de regularización dominial de barrios populares. Aun así, varios de sus apartados resultan altamente controvertidos para la oposición (algo que se vio en el debate en comisiones en el Senado) y podría ser una iniciativa de difícil movilización parlamentaria.

En el temario también figura el análisis del estatus de la Reforma Política. Esta contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. El karinismo no quiere incluir en la reforma la circuncripción uninominal de los distritos, algo que es visto con ambición desde el caputismo, donde reconocen que es una propuesta complicada para que prospere con la situación legislativa actual.

Aunque el listado es extenso, es probable que pueda surgir algún tipo de novedades al respecto del proyecto alternativo de Financiamiento Universitario que el Gobierno había anunciado que iba a presentar y movilizar en el Congreso. El Poder Ejecutivo presentó esta madrugada un recurso extraordinario federal ante la Cámara para que no comience a aplicar la ley y tener que financiar los $ 2,5 billones que dispone la iniciativa. En la Casa Rosada admiten que hacer eso hará volver el déficit fiscal, pero tampoco se apuraron en movilizar su proyecto universitario, lo cual da cuenta de las falencias de la gestión que acusan varios integrantes libertarios.

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Qué son las colectoras, el sistema que de votación que analiza el gobierno para las elecciones 2027

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En su intento por imponer su proyecto de reforma política, el gobierno de Javier Milei propone a sus aliados incluir una modificación al texto original que autoriza a usar el sistema de “colectoras” o “adhesiones”. Se trata de un mecanismo que permite a un candidato presidencial competir con más de una lista de legisladores adosada a la propia.

De ser aprobado, le permitiría al Gobierno ofrecerles a sus aliados la posibilidad de tener una lista propia de candidatos legislativos que esté ligada a la candidatura presidencial del propio Milei. Como el corazón de la reforma es la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inclusión de las adhesiones dejaría un espacio de diferenciación a los partidos aliados que no quieren diluir su identidad en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).

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El sistema de colectoras fue prohibido en 2019 a partir de un decreto que firmó Mauricio Macri previo a las elecciones en las que perdió contra Alberto Fernández.

Antes se había usado profusamente. Lo usó, por caso, Cristina Kirchner en 2011 en la provincia de Buenos Aires, cuando su candidatura presidencial a la reelección tuvo dos candidatos distintos a gobernador, Daniel Scioli (por el sello oficial Frente para la Victoria) y Martín Sabbatella (por Nuevo Encuentro).

Cristina Kirchner y Scioli, en 2011Casa Rosada

De otro modo, en 2019 el radical Gerardo Morales presentó su candidatura a gobernador de Jujuy adosada tanto a la lista presidencial de Macri como a la de Sergio Massa. Así ganó la provincia.

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Aunque todavía no se presentó el texto definitivo del proyecto, fuentes del oficialismo sostienen que se pondrá un límite de dos listas de adhesión en cada frente principal. Esto se debe a que el sistema debería convivir con la boleta única, cuyo espacio es limitado.

Durante años las colectoras no estaban ni permitidas ni prohibidas por el Código Electoral. Su uso se popularizó después de la crisis de los partidos políticos que significó el estallido de 2001.

La reforma electoral que creó las PASO, después de la derrota kirchnerista en los comicios de mitad de mandato de 2009, abrió la puerta a una regulación de las colectoras. Se hizo en el decreto reglamentario, de 2011, en el que se dispuso que en la formación de alianzas “pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.

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$LIBRA: uno de los imputados busca apartar a la jueza Ledesma y frenar la revisión que podría reactivar la causa

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La defensa de Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma de la revisión de la causa $LIBRA, después de que la Sala II de la Cámara de Casación —que integra la magistrada— admitió por mayoría revisar los recursos de queja presentados por querellantes que reclaman volver a ser incluidos en el expediente.

El experto en criptomonedas que aparece relacionado con Javier Milei recusó a la magistrada con el argumento de que “su vínculo institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales compromete la garantía de imparcialidad judicial”, porque esa organización intentó ser parte en el expediente.

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Si el recurso que debe definir Casación termina por legitimar a los supuestos damnificados, se abriría una vía para discutir el cierre del expediente e intentar reactivar la investigación. Además de Ledesma, la Sala II de Casación Penal está integrada por Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes deberán resolver la solicitud de Novelli.

Actualmente, $LIBRA es un caso cerrado en primera instancia, después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei y otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli. El fiscal Eduardo Taiano había dictaminado que no había elementos para sostener la existencia de un delito.

Mientras la Casación tiene pendiente evaluar la reincorporación de los querellantes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un escrito ante el juzgado, donde señaló que faltan pruebas para dar concluida la pesquisa, entre ellas reconstruir el recorrido de los fondos y profundizar el análisis de comunicaciones y acuerdos comerciales.

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La recusación

El recurso que presentó la defensa de Novelli se concentró en el rol que deberá asumir la jueza Ángela Ledesma dentro de Casación. El planteo sostiene que Ledesma integra el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que es parte del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Para la defensa, esa relación adquiere relevancia porque ambas organizaciones intentaron participar en la causa $LIBRA como querellantes. Aunque la Justicia rechazó aquel pedido, las entidades continuaron presentando iniciativas vinculadas con el impulso de la acusación.

También señaló a la organización porque cuestionó los sobreseimientos dispuestos en el caso y promovió otras medidas para sostener la investigación.

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Uno de los fundamentos expuestos por Daniel Rubinovich, el abogado de Novelli, remite a una publicación difundida por CIPCE el 7 de septiembre de 2026, que llevaba por título “Caso $LIBRA: excluir a las querellas profundiza la impunidad”.

El escrito de la defensa señaló que INECIP y CIPCE realizaron gestiones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para impulsar la intervención de ese organismo en las incidencias recursivas promovidas por las querellas.

La posición de Novelli es que “existen circunstancias objetivas que comprometen la garantía constitucional de imparcialidad judicial”.

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Además, recordó dos antecedentes en los que la propia jueza había pedido no intervenir por su relación con estas organizaciones. El primero ocurrió en 2007, dentro de la causa conocida como Masacre de Pompeya. De acuerdo con el escrito, Ledesma se excusó entonces debido a la preocupación que INECIP había manifestado sobre ese proceso.

Ángela Ledesma

Los demás integrantes del tribunal aceptaron aquella excusación. La defensa señaló que la intervención de la entidad en ese expediente era menor que la que ahora atribuye a INECIP y CIPCE dentro de la causa $LIBRA.

El segundo antecedente corresponde a 2011, en la causa “López”. En ese expediente, Ledesma solicitó su inhibición ante la pretensión de CIPCE de actuar como amigo del tribunal.

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La defensa remarcó que, si la magistrada consideró que esos vínculos justificaban su apartamiento en casos previos, debería adoptar una decisión similar frente a una actuación que describe como más intensa por parte de las dos organizaciones.

El rol de Novelli en la causa $LIBRA

Mauricio Novelli, trader y organizador del Tech Forum Argentina, fue uno de los once investigados que resultaron sobreseídos en primera instancia. Durante la pesquisa, su nombre quedó asociado a un eventual rol de intermediación entre el entorno de Javier Milei y empresarios del ecosistema cripto, entre ellos Hayden Davis, uno de los impulsores del token.

La causa se originó a partir de denuncias que plantearon que la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei en X habría formado parte de una maniobra coordinada: tras el mensaje presidencial, el token subió con rapidez, atrajo fondos de miles de compradores y luego se desplomó cuando algunas billeteras retiraron liquidez.

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Los denunciantes sostuvieron que esa secuencia pudo configurar una estafa y también pidieron investigar posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

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El Banco Central identificó otros US$15 millones en la ruta que investiga el dólar blue

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Durante menos de cuatro meses de 2023, una agencia de cambio domiciliada en el oeste del conurbano bonaerense movió en efectivo más de US$15 millones. No le vendió dólares a ningún ahorrista. Los compró a otras agencias al precio oficial y se los revendió a otras agencias, en billetes, sin dejar rastro bancario. Para el Banco Central (BCRA), ese circuito “evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”, también conocido como blue.

Así surge de un sumario que el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, firmó el 27 de octubre pasado y al que accedió . Con este avance, el organismo cerró su accionar contra Mas Divisas SA, una exagencia de cambio con domicilio en Ramos Mejía, indicada como un eslabón más del presunto pasamanos de dólares entre agencias de cambio cuando las restricciones del cepo estaban vigentes.

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Los US$15 millones conviven con los al menos US$607 millones que, según un informe judicial, movió el circuito denominado “del dólar blue”. Otros cálculos arrojan una cifra mayor: US$900 millones, estimados en base a otros sumarios del BCRA.

Una casas de cambioSantiago Oroz

Según este último sumario, entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2023, Mas Divisas compró exactamente US$15.627.166. Los dólares le llegaron de otras cuatro agencias. Y la mayoría de ese dinero terminó en manos de una misma empresa.

“Estas transacciones en pesos y dólares se realizaron en efectivo (…) lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria de los fondos involucrados”, consignó el BCRA. Para el organismo, la licencia de Mas Divisas fue usada “como una pantalla o telón legal”.

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La agencia, durante el desarrollo del sumario del BCRA, negó las acusaciones. Una representante legal suya presentó una nota con la que defendió su accionar. En un acta de directorio del 3 de enero de 2023 resolvió operar “por movimientos de caja o efectivo”, con el argumento de que los bancos no le abrían cuentas, e invocó el “derecho constitucional de trabajar”. Pese a esto, la explicación no conformó a los investigadores del BCRA.

Por la diferencia entre lo que pagaba y lo que cobraba, la agencia ganó al menos $74,2 millones en esos cuatro meses, según el cálculo del organismo. ARCA también le puso un ojo a la agencia de cambios. Ante el intento de obtener una constancia de inscripción de Mas Divisas ante el fisco, el sistema informa que “posee incumplimientos notificados por falta de presentación de DDJJ”, en alusión a declaraciones juradas.

Información del sistema de ARCA sobre Mas Divisas

Una de las contrapartes de Mas Divisas conduce a otros sumarios del BCRA. Ese es el caso de Concordia Inversiones, que según los documentos oficiales otorgó “mutuos” en dólares a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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Ese sumario alude a “transferencias en dólares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas” entre el 1° de febrero y el 19 de abril de 2023. Según el detalle, hay sujetos que recibieron más de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones.

“Como justificación del origen de los fondos presentaron contratos de mutuos que documentaban préstamos otorgados por la entidad sumariada”, sostiene el sumario contra Concordia Inversiones. Un detalle: la devolución de los montos iba a realizarse en ‘dólar billete’ (sic), tal cual surge del documento del BCRA.

Allí están volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa información con documentos comerciales en una base utilizada por bancos permitió observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.

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Estos sumarios exponen las sospechas del BCRA sobre la ruta del rulo financiero, también conocida como la del dólar blue. La entidad monetaria publicó documentos que dan cuenta de supuestas maniobras con montos todavía más elevados.

La documentación del Central incluye operaciones de dinero desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las páginas analizadas por aluden a investigaciones hechas a Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange, la casa de cambio de Elías Piccirillo, también conocido como “el rey del dólar blue”.

Por separado, suman ventas que ascienden hasta los US$1371 millones. Sin embargo, al considerar que muchos de los giros fueron cruzados entre estas mismas entidades, la cifra baja a US$900 millones.

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Su pérdida de trazabilidad (las casas de cambio recibían pesos, pero no registraban operaciones de venta de dólares) y un “activo mercado paralelo” durante estos años son los indicios que el BCRA utilizó para argumentar el posible desvío de estos millones. Entonces, la Superintendencia a cargo de Curutchet identificó a los proveedores de los dólares y hasta dónde llegan sus rastros.

El juez Ariel Lijo está a cargo de la causa judicial que investiga el rulo financieroRicardo Pristupluk

La cifra total de las investigaciones vinculadas a la ruta del dólar blue varía. Un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) la estimó en US$607 millones, en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.

“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza María Servini antes de que las causas por el ”rulo» quedaran concentradas bajo la tutela del juez Ariel Lijo.

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