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POLITICA

Uruguay confirmó que autorizó el vuelo del avión británico a las Islas Malvinas y dijo que fue por “causas humanitarias”

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Tras los reclamos de autoridades de Tierra del Fuego, el gobierno de Uruguay confirmó que autorizó el vuelo del avión británico que partió de su territorio a las Islas Malvinas y explicó que obedeció a “causas humanitarias” por casos de salud de alto riesgo.

La provincia austral había denunciado que la aeronave militar voló sin autorización sobre espacio aéreo argentino y alertó por la “gravedad institucional” del episodio.

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Fuentes de la cancillería uruguaya explicaron que el vuelo que partió a las Islas Malvinas “se realizó dentro de los entendimientos bilaterales con Argentina por causas humanitarias, por algunos casos de salud de alto riesgo que se registraron en los últimos días” y que, “como es de estilo en estos casos”, Uruguay autorizó el despegue de la aeronave.

El gobierno de Tierra del Fuego había denunciado, el miércoles, que un avión militar británico voló desde el aeropuerto de Carrasco a las Islas Malvinas sin autorización sobre espacio aéreo argentino. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del gobierno de Gustavo Melella, especificó que la aeronave había apagado su transponder, el dispositivo que permite emitir señales de respuesta de parte de las aeronaves y darles seguimiento.

“Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas Malvinas. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino”, escribió el miércoles en su cuenta de la red social X.

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En esa misma publicación, el funcionario provincial explicó que “ante la gravedad institucional de los hechos”, envió una nota formal al embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, en el que solicitaba precisiones respecto del itinerario del vuelo y su situación actual. También pidió la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que informase sobre “registros, trazas de redes o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido”.

“La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra provincia y de la República Argentina”, concluyó Dachary en redes sociales.

En el gobierno de Melella confirmaron a que ni la embajada uruguaya ni la ANAC respondieron aún a los requerimientos elevados por la administración provincial.

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Luke Pollard (derecha), en la isla AscensiónTwitter

En noviembre de 2024, la llegada del ministro de las Fuerzas Armadas británicas, Luke Pollard, a Puerto Argentino había alertado a las autoridades provinciales. El funcionario inglés había visitado las islas para un homenaje a los combatientes ingleses que cayeron en la guerra, en 1982.

Antes de su llegada, Pollard había ratificado la posición del Reino Unido respecto de las islas. “Queremos una relación productiva con la Argentina, pero el mensaje inequívoco es que las islas son británicas”, dijo a medios internacionales.


reclamos de autoridades de Tierra del Fuego,#Malvinas,pic.twitter.com/63myg2hJq0,April 15, 2026,Uruguay,Islas Malvinas,Tierra del Fuego,Conforme a,Uruguay,,Punto por punto. Así es la reglamentación de la ley de eutanasia en Uruguay,,Romance inesperado. Marcelo Gallardo habría tenido una relación con una modelo uruguaya 22 años menor,,“La dignidad humana está en el centro”. Uruguay puso en vigencia la ley de eutanasia

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Qué son las colectoras, el sistema que de votación que analiza el gobierno para las elecciones 2027

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En su intento por imponer su proyecto de reforma política, el gobierno de Javier Milei propone a sus aliados incluir una modificación al texto original que autoriza a usar el sistema de “colectoras” o “adhesiones”. Se trata de un mecanismo que permite a un candidato presidencial competir con más de una lista de legisladores adosada a la propia.

De ser aprobado, le permitiría al Gobierno ofrecerles a sus aliados la posibilidad de tener una lista propia de candidatos legislativos que esté ligada a la candidatura presidencial del propio Milei. Como el corazón de la reforma es la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inclusión de las adhesiones dejaría un espacio de diferenciación a los partidos aliados que no quieren diluir su identidad en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).

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El sistema de colectoras fue prohibido en 2019 a partir de un decreto que firmó Mauricio Macri previo a las elecciones en las que perdió contra Alberto Fernández.

Antes se había usado profusamente. Lo usó, por caso, Cristina Kirchner en 2011 en la provincia de Buenos Aires, cuando su candidatura presidencial a la reelección tuvo dos candidatos distintos a gobernador, Daniel Scioli (por el sello oficial Frente para la Victoria) y Martín Sabbatella (por Nuevo Encuentro).

Cristina Kirchner y Scioli, en 2011Casa Rosada

De otro modo, en 2019 el radical Gerardo Morales presentó su candidatura a gobernador de Jujuy adosada tanto a la lista presidencial de Macri como a la de Sergio Massa. Así ganó la provincia.

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Aunque todavía no se presentó el texto definitivo del proyecto, fuentes del oficialismo sostienen que se pondrá un límite de dos listas de adhesión en cada frente principal. Esto se debe a que el sistema debería convivir con la boleta única, cuyo espacio es limitado.

Durante años las colectoras no estaban ni permitidas ni prohibidas por el Código Electoral. Su uso se popularizó después de la crisis de los partidos políticos que significó el estallido de 2001.

La reforma electoral que creó las PASO, después de la derrota kirchnerista en los comicios de mitad de mandato de 2009, abrió la puerta a una regulación de las colectoras. Se hizo en el decreto reglamentario, de 2011, en el que se dispuso que en la formación de alianzas “pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.

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$LIBRA: uno de los imputados busca apartar a la jueza Ledesma y frenar la revisión que podría reactivar la causa

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La defensa de Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma de la revisión de la causa $LIBRA, después de que la Sala II de la Cámara de Casación —que integra la magistrada— admitió por mayoría revisar los recursos de queja presentados por querellantes que reclaman volver a ser incluidos en el expediente.

El experto en criptomonedas que aparece relacionado con Javier Milei recusó a la magistrada con el argumento de que “su vínculo institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales compromete la garantía de imparcialidad judicial”, porque esa organización intentó ser parte en el expediente.

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Si el recurso que debe definir Casación termina por legitimar a los supuestos damnificados, se abriría una vía para discutir el cierre del expediente e intentar reactivar la investigación. Además de Ledesma, la Sala II de Casación Penal está integrada por Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes deberán resolver la solicitud de Novelli.

Actualmente, $LIBRA es un caso cerrado en primera instancia, después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei y otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli. El fiscal Eduardo Taiano había dictaminado que no había elementos para sostener la existencia de un delito.

Mientras la Casación tiene pendiente evaluar la reincorporación de los querellantes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un escrito ante el juzgado, donde señaló que faltan pruebas para dar concluida la pesquisa, entre ellas reconstruir el recorrido de los fondos y profundizar el análisis de comunicaciones y acuerdos comerciales.

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La recusación

El recurso que presentó la defensa de Novelli se concentró en el rol que deberá asumir la jueza Ángela Ledesma dentro de Casación. El planteo sostiene que Ledesma integra el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que es parte del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Para la defensa, esa relación adquiere relevancia porque ambas organizaciones intentaron participar en la causa $LIBRA como querellantes. Aunque la Justicia rechazó aquel pedido, las entidades continuaron presentando iniciativas vinculadas con el impulso de la acusación.

También señaló a la organización porque cuestionó los sobreseimientos dispuestos en el caso y promovió otras medidas para sostener la investigación.

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Uno de los fundamentos expuestos por Daniel Rubinovich, el abogado de Novelli, remite a una publicación difundida por CIPCE el 7 de septiembre de 2026, que llevaba por título “Caso $LIBRA: excluir a las querellas profundiza la impunidad”.

El escrito de la defensa señaló que INECIP y CIPCE realizaron gestiones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para impulsar la intervención de ese organismo en las incidencias recursivas promovidas por las querellas.

La posición de Novelli es que “existen circunstancias objetivas que comprometen la garantía constitucional de imparcialidad judicial”.

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Además, recordó dos antecedentes en los que la propia jueza había pedido no intervenir por su relación con estas organizaciones. El primero ocurrió en 2007, dentro de la causa conocida como Masacre de Pompeya. De acuerdo con el escrito, Ledesma se excusó entonces debido a la preocupación que INECIP había manifestado sobre ese proceso.

Ángela Ledesma

Los demás integrantes del tribunal aceptaron aquella excusación. La defensa señaló que la intervención de la entidad en ese expediente era menor que la que ahora atribuye a INECIP y CIPCE dentro de la causa $LIBRA.

El segundo antecedente corresponde a 2011, en la causa “López”. En ese expediente, Ledesma solicitó su inhibición ante la pretensión de CIPCE de actuar como amigo del tribunal.

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La defensa remarcó que, si la magistrada consideró que esos vínculos justificaban su apartamiento en casos previos, debería adoptar una decisión similar frente a una actuación que describe como más intensa por parte de las dos organizaciones.

El rol de Novelli en la causa $LIBRA

Mauricio Novelli, trader y organizador del Tech Forum Argentina, fue uno de los once investigados que resultaron sobreseídos en primera instancia. Durante la pesquisa, su nombre quedó asociado a un eventual rol de intermediación entre el entorno de Javier Milei y empresarios del ecosistema cripto, entre ellos Hayden Davis, uno de los impulsores del token.

La causa se originó a partir de denuncias que plantearon que la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei en X habría formado parte de una maniobra coordinada: tras el mensaje presidencial, el token subió con rapidez, atrajo fondos de miles de compradores y luego se desplomó cuando algunas billeteras retiraron liquidez.

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Los denunciantes sostuvieron que esa secuencia pudo configurar una estafa y también pidieron investigar posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

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El Banco Central identificó otros US$15 millones en la ruta que investiga el dólar blue

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Durante menos de cuatro meses de 2023, una agencia de cambio domiciliada en el oeste del conurbano bonaerense movió en efectivo más de US$15 millones. No le vendió dólares a ningún ahorrista. Los compró a otras agencias al precio oficial y se los revendió a otras agencias, en billetes, sin dejar rastro bancario. Para el Banco Central (BCRA), ese circuito “evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”, también conocido como blue.

Así surge de un sumario que el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, firmó el 27 de octubre pasado y al que accedió . Con este avance, el organismo cerró su accionar contra Mas Divisas SA, una exagencia de cambio con domicilio en Ramos Mejía, indicada como un eslabón más del presunto pasamanos de dólares entre agencias de cambio cuando las restricciones del cepo estaban vigentes.

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Los US$15 millones conviven con los al menos US$607 millones que, según un informe judicial, movió el circuito denominado “del dólar blue”. Otros cálculos arrojan una cifra mayor: US$900 millones, estimados en base a otros sumarios del BCRA.

Una casas de cambioSantiago Oroz

Según este último sumario, entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2023, Mas Divisas compró exactamente US$15.627.166. Los dólares le llegaron de otras cuatro agencias. Y la mayoría de ese dinero terminó en manos de una misma empresa.

“Estas transacciones en pesos y dólares se realizaron en efectivo (…) lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria de los fondos involucrados”, consignó el BCRA. Para el organismo, la licencia de Mas Divisas fue usada “como una pantalla o telón legal”.

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La agencia, durante el desarrollo del sumario del BCRA, negó las acusaciones. Una representante legal suya presentó una nota con la que defendió su accionar. En un acta de directorio del 3 de enero de 2023 resolvió operar “por movimientos de caja o efectivo”, con el argumento de que los bancos no le abrían cuentas, e invocó el “derecho constitucional de trabajar”. Pese a esto, la explicación no conformó a los investigadores del BCRA.

Por la diferencia entre lo que pagaba y lo que cobraba, la agencia ganó al menos $74,2 millones en esos cuatro meses, según el cálculo del organismo. ARCA también le puso un ojo a la agencia de cambios. Ante el intento de obtener una constancia de inscripción de Mas Divisas ante el fisco, el sistema informa que “posee incumplimientos notificados por falta de presentación de DDJJ”, en alusión a declaraciones juradas.

Información del sistema de ARCA sobre Mas Divisas

Una de las contrapartes de Mas Divisas conduce a otros sumarios del BCRA. Ese es el caso de Concordia Inversiones, que según los documentos oficiales otorgó “mutuos” en dólares a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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Ese sumario alude a “transferencias en dólares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas” entre el 1° de febrero y el 19 de abril de 2023. Según el detalle, hay sujetos que recibieron más de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones.

“Como justificación del origen de los fondos presentaron contratos de mutuos que documentaban préstamos otorgados por la entidad sumariada”, sostiene el sumario contra Concordia Inversiones. Un detalle: la devolución de los montos iba a realizarse en ‘dólar billete’ (sic), tal cual surge del documento del BCRA.

Allí están volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa información con documentos comerciales en una base utilizada por bancos permitió observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.

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Estos sumarios exponen las sospechas del BCRA sobre la ruta del rulo financiero, también conocida como la del dólar blue. La entidad monetaria publicó documentos que dan cuenta de supuestas maniobras con montos todavía más elevados.

La documentación del Central incluye operaciones de dinero desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las páginas analizadas por aluden a investigaciones hechas a Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange, la casa de cambio de Elías Piccirillo, también conocido como “el rey del dólar blue”.

Por separado, suman ventas que ascienden hasta los US$1371 millones. Sin embargo, al considerar que muchos de los giros fueron cruzados entre estas mismas entidades, la cifra baja a US$900 millones.

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Su pérdida de trazabilidad (las casas de cambio recibían pesos, pero no registraban operaciones de venta de dólares) y un “activo mercado paralelo” durante estos años son los indicios que el BCRA utilizó para argumentar el posible desvío de estos millones. Entonces, la Superintendencia a cargo de Curutchet identificó a los proveedores de los dólares y hasta dónde llegan sus rastros.

El juez Ariel Lijo está a cargo de la causa judicial que investiga el rulo financieroRicardo Pristupluk

La cifra total de las investigaciones vinculadas a la ruta del dólar blue varía. Un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) la estimó en US$607 millones, en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.

“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza María Servini antes de que las causas por el ”rulo» quedaran concentradas bajo la tutela del juez Ariel Lijo.

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