POLITICA
Uruguay confirmó que autorizó el vuelo del avión británico a las Islas Malvinas y dijo que fue por “causas humanitarias”
Tras los reclamos de autoridades de Tierra del Fuego, el gobierno de Uruguay confirmó que autorizó el vuelo del avión británico que partió de su territorio a las Islas Malvinas y explicó que obedeció a “causas humanitarias” por casos de salud de alto riesgo.
La provincia austral había denunciado que la aeronave militar voló sin autorización sobre espacio aéreo argentino y alertó por la “gravedad institucional” del episodio.
Fuentes de la cancillería uruguaya explicaron que el vuelo que partió a las Islas Malvinas “se realizó dentro de los entendimientos bilaterales con Argentina por causas humanitarias, por algunos casos de salud de alto riesgo que se registraron en los últimos días” y que, “como es de estilo en estos casos”, Uruguay autorizó el despegue de la aeronave.
El gobierno de Tierra del Fuego había denunciado, el miércoles, que un avión militar británico voló desde el aeropuerto de Carrasco a las Islas Malvinas sin autorización sobre espacio aéreo argentino. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del gobierno de Gustavo Melella, especificó que la aeronave había apagado su transponder, el dispositivo que permite emitir señales de respuesta de parte de las aeronaves y darles seguimiento.
“Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas Malvinas. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino”, escribió el miércoles en su cuenta de la red social X.
En esa misma publicación, el funcionario provincial explicó que “ante la gravedad institucional de los hechos”, envió una nota formal al embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, en el que solicitaba precisiones respecto del itinerario del vuelo y su situación actual. También pidió la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que informase sobre “registros, trazas de redes o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido”.
“La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra provincia y de la República Argentina”, concluyó Dachary en redes sociales.
En el gobierno de Melella confirmaron a que ni la embajada uruguaya ni la ANAC respondieron aún a los requerimientos elevados por la administración provincial.
En noviembre de 2024, la llegada del ministro de las Fuerzas Armadas británicas, Luke Pollard, a Puerto Argentino había alertado a las autoridades provinciales. El funcionario inglés había visitado las islas para un homenaje a los combatientes ingleses que cayeron en la guerra, en 1982.
Antes de su llegada, Pollard había ratificado la posición del Reino Unido respecto de las islas. “Queremos una relación productiva con la Argentina, pero el mensaje inequívoco es que las islas son británicas”, dijo a medios internacionales.
reclamos de autoridades de Tierra del Fuego,#Malvinas,pic.twitter.com/63myg2hJq0,April 15, 2026,Uruguay,Islas Malvinas,Tierra del Fuego,Conforme a,Uruguay,,Punto por punto. Así es la reglamentación de la ley de eutanasia en Uruguay,,Romance inesperado. Marcelo Gallardo habría tenido una relación con una modelo uruguaya 22 años menor,,“La dignidad humana está en el centro”. Uruguay puso en vigencia la ley de eutanasia
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un expediente por presunto lavado de dinero que se inició en la provincia en diciembre pasado, informaron fuentes vinculadas al caso.
El fiscal que pidió estas detenciones, Pedro Simón, solicitó además las indagatorias de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes del fútbol, entre quienes figuran los dueños formales de la fastuosa quinta de Pilar que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.
Como parte de la investigación, también fue alcanzada TourProdEnter, la empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, que de acuerdo a la investigación de desvío al menos US$42 millones a cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registra actividad comercial.
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Un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención de Chiqui Tapia y de Toviggino en una causa por presunta corrupción en la AFA
Un verdadero terremoto sacudió este viernes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, le pidió al juez de turno la detención e indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, junto a todo el entorno familiar y empresario de este último, por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
La solicitud incluyó también allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos. El expediente, que inicialmente quedó en manos del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, pasó al juez de turno de Tucumán por las vacaciones del primero, según confirmaron fuentes oficiales.
Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, según informó Clarín.
El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.
Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana.
también Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.
El fiscal mencionó también a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Leé también: Causa por la presunta evasión de $19.000 millones: pidieron agravar las acusaciones contra Tapia y Toviggino
En Santiago del Estero, la investigación se centró en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia como presidente de la AFA hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino.
Esta genera un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
AFA, Chiqui Tapia
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A pesar de un pedido de diputados y senadores peronistas, la Justicia rechazó beneficiar a De Vido con prisión domiciliaria
El Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Julio De Vido, pero pidió al Servicio Penitenciario Federal que mantenga y asegure los controles médicos necesarios para la atención integral de su salud en el penal de Ezeiza, donde el exministro kirchnerista cumple su condena por la tragedia de Once.
El rechazo fue acompañado por extensos informes médicos sobre la salud de De Vido y los argumentos de la fiscalía, que también se oponían a beneficiarlo con el arresto domiciliario.
En esencia, el juez de ejecución Ricardo Basílico consideró que los problemas de salud de Julio De Vido pueden ser tratados en el penal.
De todas formas, Basílico ordenó garantizar el control clínico y cardiológico permanente del exministro de Planificación, la realización de análisis de laboratorio y estudios complementarios, así como las consultas de especialidades que indiquen los médicos tratantes.
Frente al argumento de la edad, el juez también puntualizó que en el Servicio Penitenciario hay actualmente unos 144 reclusos mayores de 70 años y subrayó que la edad “por sí sola” no es un motivo suficiente para otorgar en forma automática el beneficio.
La defensa de Julio De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi, acompañó su pedido con una carta firmada por senadores y diputados peronistas, quienes expresaron su “profunda preocupación por la salud” de De Vido y las “tortuosas condiciones de detención que viene sufriendo”.
“De Vido tiene 76 años, es diabético, insulino dependiente y tiene lesiones coronarias severas, por lo que su delicada salud se ve agravada por las condiciones de detención en una Unidad Penitenciaria”, agregaron las cartas, que firman entre otros, los diputados Luana Volnovich, Jorge Taiana, Máximo Kirchner, Miguel Angel Pichetto, y los senadores Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.
Desde diciembre pasado, el exministro y exdiputado del kirchnerismo cumple su pena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once en la cárcel.
De Vido, de 75 años, está preso en la colonia penal 19 de Ezeiza, junto a la cárcel de máxima seguridad.
El juez dijo que si bien tiene más de 70 años, edad a la que puede pedir el arresto domiciliario, ese beneficio no es automático.
“El solo cumplimiento de la edad cronológica prevista en la norma por parte de Julio Miguel De Vido no resulta, por sí mismo ni de manera automática, suficiente para habilitar la concesión” del arresto domiciliario, dijo el juez.
De Vido, que estaba en su chacra de Zárate, ubicada dentro del country Puerto Panal, fue preso luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la tragedia de Once.
Fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por ser hallado culpable como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta de fondos públicos.
En este causa se consideró probado que De Vido, como ministro de Planificación, conocía y toleró el uso indebido de fondos públicos por parte de la concesionaria TBA, lo que perjudicó al Estado.
La empresa era la concesionaria del tren que descarriló al ingresar en la estación Once el miércoles 22 de febrero de 2012, causando la muerte de 52 personas.
El juez Basilico consideró que “el derecho a la salud del condenado se encuentra adecuadamente garantizado” porque tiene “asistencia médica en el ámbito penitenciario, sin que se haya demostrado que la privación de la libertad conlleve un menoscabo ilegítimo o desproporcionado de su integridad física”.
El magistrado destacó la cantidad de causas que tiene De Vido, entre ellas el juicio por los Cuadernos de las Coimas. “No encuentro justificación alguna que permita otorgar la prisión domiciliaria aquí solicitada”, dijo el juez.
Y mencionó que, ante “la contundencia de los informes periciales producidos”, no se advertía “situación alguna de razón humanitaria que justifique que el causante cumpla la detención producto de la sentencia condenatoria firme en la modalidad domiciliaria”.
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