Luego de que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retomara el dictado de clases en todas sus facultades el miércoles pasado tras la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria, este viernes distintas organizaciones gremiales anunciaron una nueva semana completa de paro.

La medida de fuerza fue confirmada por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), la Asociación de Trabajadores de La Plata (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), quienes indicaron que se realizará en la semana del 25 al 31 de mayo.

“En el marco de lo definido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la Conadu, nuestra organización sindical convoca al paro durante toda la semana del 25 de mayo”, informaron al remarcar que el objetivo será visibilizar la situación del sistema universitario y aumentar la presión sobre el Gobierno nacional.

Aunque las actividades académicas regulares de la UNLP se verán interrumpidas por la protesta gremial, desde ADULP señalaron que durante esa semana se realizarán “jornadas de protesta, clases públicas y otras actividades”. Según la información publicada por el medio platense 0221, se mantendrá el reclamo “por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario, la actualización de las becas y más presupuesto para la universidad pública y la ciencia argentina”.

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia. Asimismo, advirtieron que podrían extender la medida hasta que la situación no se resuelva.

Durante la lectura del acta central, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales denunciaron que la situación de las casas de alto estudio públicas era crítica, tras apuntar que “el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

De la misma manera, señalaron que las transferencias de fondos a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Asimismo, indicaron que las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento no superaron el 64% del valor que tenían antes del cambio de gestión.

Al mismo tiempo que reclamaron por una pérdida del poder adquisitivo del 37,13% respecto del salario docente y no docente, apuntaron contra el congelamiento de las Becas Progresar. Una medida que mantiene los mismos valores que se otorgaban en 2023, pese al incremento de la inflación acumulada del 239,30%.

Desde el Gobierno nacional comenzaron a preparar una nueva convocatoria con las autoridades de universidades públicas para la semana próxima, con el objetivo de discutir la situación de los hospitales universitarios y actualizar el esquema de fondos destinados a su funcionamiento.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, el Poder Ejecutivo mantiene como base de negociación la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente en la Cámara de Diputados. El proyecto oficial prevé un aumento del 12% en los fondos y la actualización de los gastos de funcionamiento, una medida autorizada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta nueva ronda de diálogo surge tras el desacato del Ejecutivo a los fallos judiciales que ordenaron el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. A ese incumplimiento se suma una reducción de $78.768 millones en el presupuesto y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios, según reportaron fuentes oficiales.

En respuesta al conflicto, el Gobierno busca evitar una intervención de la Corte Suprema de Justicia y aspira a alcanzar un acuerdo que pueda ser homologado judicialmente. “Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, señaló una voz del oficialismo.

La negociación sería instrumentada desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que dirige Alejandro Álvarez. No obstante, todavía no estaría fijada la fecha en la que se realizaría la reunión entre las partes.

Aunque el Gobierno minimizó la movilización que reunió a más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, admitió preocupación por la escalada del conflicto universitario. Por esto, trabajan en la búsqueda de una “diagonal” que permita contener a una parte del sector y evitar mayores tensiones, en un contexto marcado por la falta de consenso legislativo para la aprobación definitiva de la ley.

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El juez, Sebastián Casanello, levantó secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, legislador bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El magistrado ordenó pedir las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (OA), tras el pedido del fiscal Marijuan, quien había solicitado investigar al hermano del jefe de Gabinete y una serie de medidas de prueba, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, para conocer detalles sobre viajes y bienes.

Marijuan abrió una investigación a Francisco Adorni a partir de una denuncia de la diputada nacional, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano. El fiscal busca investigar las declaraciones juradas del legislador, que fue funcionario del Ministerio de Defensa, sobre diferencias entre 2023 y 2024.

Lo que sostiene la denuncia es una investigación sobre un crédito por $60 millones que pagó en 12 meses, y que Adorni pasó de una declaración patrimonial de poco más de $40 millones a una superior a los $80 millones.

De esta manera son varios los integrantes de la familia del jefe de Gabinete investigados. Además del propio funcionario, su hermano y su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de Angeletti, ante ARCA y ARBA.

El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024. Luego fue promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Posteriormente fue cabeza de lista para diputados bonaerenses, de LLA, en la Octava Sección Electoral.

El dueño de la casa que alquiló Manuel Adorni en el country Indio Cuá detalló nuevos gastos en dólares

• El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó este miércoles declaración a José Luis Rodríguez, el propietario de una casa del country Indio Cuá que fue alquilada por Adorni en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni.
• Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.
• Rodríguez detalló ante la Justicia que existieron tres acuerdos distintos de alquiler con Adorni, todos abonados en efectivo y en dólares. El primero fue firmado en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia y cuando Adorni todavía no era funcionario nacional. Ese contrato contemplaba el alquiler de la propiedad entre el 31 de diciembre de 2023 y el 3 de marzo de 2024, por un total de US$5600, más otros US$1000 entregados como depósito al momento de la firma.
• Según el testimonio, el segundo contrato se celebró en marzo de 2024 y se extendió desde el 1° de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. El valor total acordado fue de US$13.000. De acuerdo a lo declarado, entre marzo y diciembre de 2024 Adorni pagó US$ 800 mensuales, mientras que en enero de 2025 abonó US$3000 y en febrero otros US$2000.
• El propietario sostuvo además que luego hubo un tercer acuerdo, aunque esta vez sin contrato firmado. Ese entendimiento habría cubierto el período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2025. Siempre según su declaración, Adorni pagó US$2400 por los meses de marzo, abril y mayo, además de otros US$ 800 correspondientes a junio, cuando finalizó su estadía en el lote del country Indio Cuá.

Francisco Adorni

La Libertad Avanza aceleró su estrategia parlamentaria para el 20 de mayo y superpondrá una sesión propia con la convocatoria impulsada por la oposición para pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La maniobra apunta a ocupar primero el recinto con una agenda impulsada por la Casa Rosada y complicar así el intento opositor de reunir quórum para avanzar contra el funcionario.

Según fuentes parlamentarias, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya tenía decidido convocar a una sesión para el miércoles 20 con el proyecto sobre Zonas Frías, la denominada Ley Hojarasca y otros expedientes que el oficialismo considera prioritarios.

Sin embargo, la decisión de los bloques opositores de pedir una sesión especial para ese mismo día a las 11 terminó acelerando la jugada del oficialismo.

La intención del oficialismo es abrir primero una sesión propia con ayuda de sus aliados parlamentarios.

En ese esquema, el oficialismo apuesta a reunir quórum junto al PRO y sectores de la UCR para debatir proyectos impulsados por la Casa Rosada, entre ellos el paquete energético que modifica el régimen de subsidios de Zonas Frías y que obtuvo dictamen esta semana en comisiones.

Ese proyecto introduce cambios en el esquema de subsidios al gas y limita parte de los beneficios incorporados por la ley sancionada en 2021.

El oficialismo consiguió dictamen con respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales aliadas, y ahora busca llevar la iniciativa al recinto justamente el 20 de mayo.

En paralelo, la oposición mantiene en pie el pedido de sesión especial para interpelar a Adorni.

La convocatoria fue relanzada después de que los bloques opositores levantaran la sesión prevista originalmente para hoy por falta de acuerdos y dificultades para alcanzar los 129 diputados para habilitar el debate.

La nueva estrategia opositora incorporó formalmente a Unión por la Patria y amplió el temario para sumar proyectos vinculados a licencias parentales, modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, el plan Remediar y pedidos de informes sobre el PAMI. Con esa ampliación, los convocantes buscan atraer más apoyos y garantizar el quorum.

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Los proyectos impulsados contra Adorni apuntan a que el jefe de Gabinete dé explicaciones en Diputados sobre presuntas irregularidades vinculadas a su situación patrimonial y al uso de bienes y fondos públicos.

Las iniciativas se apoyan en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a solicitar la interpelación del jefe de Gabinete e incluso avanzar hacia una eventual moción de censura.

Sin embargo, la ofensiva del oficialismo amenaza con alterar ese escenario. Si La Libertad Avanza consigue abrir primero su sesión, la oposición quedará ante dos alternativas: esperar a que termine el debate oficialista y luego intentar reunir nuevamente los 129 diputados para abrir otra sesión, o directamente postergar la convocatoria para otro día.

Por ahora, ninguna de las dos convocatorias fue retirada y todo indica que ambas seguirán vigentes hasta último momento. La definición dependerá del poroteo que cada sector haga durante los próximos días para medir si alcanzan los números necesarios para sesionar.

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