La Corte Suprema de Justicia dictó hoy una medida cautelar interina que pone nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la ley de tierras. Lo hizo de urgencia, con dos conjueces y con un fallo dividido, que incluyó una dura disidencia de Carlos Rosenkrantz.

En la práctica, la Corte revierte así los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Ese día, invocando un motivo procesal, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que deroga entera la ley de tierras.

Aquel fallo de la Corte motivó duras críticas, una inusual aclaración pública del tribunal y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo 154-. La oposición anunció que apuesta a hacerlo en una sesión especial el jueves de la semana próxima. Este nuevo fallo de la Corte ayuda al Gobierno, que necesita desactivar esa iniciativa, que nació como reacción a la sentencia anterior del tribunal.

El fallo de hoy fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

Fue en respuesta a un planteo de una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que pidieron que la Corte aclarara si el fallo de la semana pasada implicaba también un rechazo a un amparo que tenían presentado ellos contra la ley de tierras. Alegaron que mientras los excombatientes invocaban la defensa de la soberanía territorial como fundamento de su legitimación para reclamar que fuera repuesta la ley de tierras (legitimación que la Corte no les reconoció), mientras que ellos alegan “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”.

La Corte no resolvió sobre esa legitimación y, mucho menos, dijo si es constitucional o no el decreto de Milei. Lo que hizo hoy fue devolver la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de todos los que promovieron este caso y examine su pedido de medida cautelar.

El voto de Rosenkrantz

Rosenkrantz, en disidencia, hizo un duro voto en el que afirmó que “la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas”. Pero además sostuvo que “el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia” del tribunal de la semana pasada “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”. Rosenkrantk afirmó: “Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación”.

La mayoría, en cambio, buscó mostrar que no hubo una revisión de lo resuelto la semana pasada. El fallo de hoy afirma: “La decisión que aquí se adopta responde específicamente a los planteos de los actores, que de ninguna manera puede ser considerado como un apartamiento o una modificación de criterio respecto de la adoptada en la causa “Cecim”, citada, en la que, como quedó en evidencia, se debatieron circunstancias concretas diferentes a las que ahora se tratan».

Los conjueces que se sumaron y formaron la mayoría en este caso, Barroetaveña y Pérez Curci, son presidentes de cámaras federales. Fueron convocados porque la Corte requiere de tres votos en el mismo sentido para sacar un fallo y estaba claro que Rosenkrantz no estaba de acuerdo con Lorenzetti y Rosatti.

El caso que eligió la Corte para volver sobre el tema de la ley de tierras fue un planteo vinculado con su fallo anterior: una “aclaratoria” solicitada por las agrupaciones que defienden la ley derogada por Milei y pidieron que la Corte les precisara si la sentencia dictada en el expediente de los excombatientes alcanzaba también al amparo colectivo presentado por ellos o no.

La “aclaratoria” la presentaron Odarda, Árbol de Pie y las comunidades indígenas el jueves pasado, el mismo día que Rosatti y Lorenzetti habían dado a conocer un comunicado en el que dijeron que, si les llegaba un caso nuevo presentado por alguien que sí estuviera legitimado, ellos podrían dictar una medida cautelar. El comunicado adelantaba las intenciones de Rosatti y Lorenzetti.

De inmediato, la Corte decidió tratar este caso y sorteó conjueces el martes de esta semana. Las reglas del proceso indican que las partes tenían 72 horas para recusarlos. Sin embargo, el tribunal acortó ese plazo “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que no detalla). El apuro fue tal, que además habilitó “días y horas inhábiles”. Convocó a un acuerdo en viernes, un día inhabitual para las reuniones formales de la Corte.

Los conjueces

Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas, cuentan con una larga carrera judicial y no es la primera vez que son nombrados conjueces. Pérez Cursi, de hecho, falló la semana pasada como parte de la Corte que revocó la absolución de César Milani. El sorteo por el que se los eligió se hizo con un bolillero y fue seguido por videoconferencia por las partes.

Barroetaveña, cercano a Rosatti, el presidente de la Corte, es miembro del Consejo de la Magistratura y había presentado una demanda judicial con el objetivo de poder ser reelegido en el Consejo para el año próximo, planteo del que finalmente desistió. Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, el juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.

Los dos conjueces tenían, hasta el año pasado, cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la asociación que encabeza Claudio Tapia; Pérez Curci formaba parte de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Renunciaron en diciembre, después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió a la Corte que dispusiera el cese de las funciones de todos los jueces en los tribunales de la AFA por considerar que eran funciones incompatibles.

El camino del caso

El planteo que la Corte resolvió lo hicieron la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández.

Ellos habían presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023, que derogó la ley de tierras. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo. En el expediente de los excombatientes, la Cámara Federal de La Plata les dio la razón. Ese fue el fallo que la Corte revocó la semana pasada, con el argumento de que el Cecim, que había invocado que estaba en juego la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso.

La aclaratoria de Árbol de Pie solicitó que se precisara si el fallo de la Corte de la semana pasada producía “algún efecto” sobre su expediente, teniendo en cuenta que invocaron “títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim”. Remarcaron que el planteo de ellos no tuvo que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino con “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737 [la ley de tierras]″.