El Día de la Lealtad, fecha clave de la liturgia peronista que el justicialismo conmemora cada 17 de octubre, volverá a mostrar este año signos de la división principal del partido, entre los sectores que responden a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cada una de estas vertientes enfrentadas de la interna diagrama sus propios actos. Sin exponer aún con certeza la agenda para ese día de movilización para el peronismo, dejan en claro que tendrán actividades geográficamente distantes.

Ninguno de los sectores confirma con detalles cuáles son sus planes, pero sí adelantan que volverán a mostrarse por separado, en una interna que la semana pasada recobró temperatura con cruces entre el ministro de Gobierno bonaerense y hombre de máxima confianza de Kicillof, Carlos Bianco, y dirigentes de La Cámpora como el exsenador nacional Martín Doñate.

Mayor hermetismo aún hay en las filas del exministro de Economía Sergio Massa, el tercer componente de la interna peronista.

El Movimiento Derecho al Futuro, agrupación de Kicillof dentro del Partido Justicialista, hará un acto en La Matanza. Así lo anticiparon a dos fuentes que respaldan al gobernador en su disputa con Cristina y Máximo Kirchner. El intendente de ese distrito, Fernando Espinoza, es uno de sus aliados centrales y quiere ser candidato a gobernador el año que viene. La semana pasada, Espinoza fue reelegido presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

El cristinismo, en tanto, irá a San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena a seis años de prisión por el caso Vialidad. Del mismo modo que en el círculo cercano a Kicillof, en las filas de La Cámpora y del cristinismo en general no ofrecieron detalles. “Se está definiendo qué se hará, pero habrá un acto ese día en San José”, dijo a un portavoz del cristinismo.

Además de lo que el kirchnerismo duro hará en la esquina de San José y Humberto Primo, habrá otras actividades de sus principales referentes. Máximo Kirchner viajará a Chaco y compartirá la jornada con el exgobernador y actual senador nacional Jorge Capitanich. El exmandatario chaqueño fue anfitrión de Kicillof, en Resistencia, el 19 de agosto.

La interna volvió a sumar capítulos en los últimos días. El sábado, Bianco recibió críticas del camporista Doñate tras señalar, en una entrevista con el canal de streaming Cenital, que un hipotético dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al recurso de la expresidenta Cristina Kirchner contra su condena por el caso Vialidad sería “no vinculante” para la Justicia nacional. Doñate publicó en su cuenta de la red social X una serie de argumentos en contrario y acusó a Bianco de repetir “lo que podrían ser los argumentos de quien desea que Cristina termine su vida presa” y de ser un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora.

El Frente Renovador, de Massa, también se encuentra en definiciones sobre qué hará el próximo 17 de octubre. En sus filas no brindaron mayores detalles sobre la actividad que llevarán a cabo.

Otros sectores del peronismo tienen sus propios planes. La tropa del diputado nacional Juan Grabois evalúa si participar de la conmemoración del Día de la Lealtad o centrarse únicamente en la presentación de un libro de políticas públicas, prevista para el 24 de octubre. Esa fecha también es recordada dentro del peronismo, por la fundación, en 1945, del Partido Laborista, con el que Juan Domingo Perón llegó a la Presidencia de la Nación el año siguiente. El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno participará de los actos que se realicen, pero no impulsará uno propio. “Nos vamos a sumar a los actos que se organicen”, dijo una fuente de su partido, Principios y Valores.

El año pasado, en el 80º aniversario del 17 de octubre de 1945, el kicillofismo y el cristinismo tuvieron sus celebraciones separadas, pero hubo señales de acercamiento, como la participación de Kicillof en la movilización hacia el departamento de Cristina Kirchner. El contexto electoral de ese momento ayudaba a escenificar cohesión entre los grupos en permanente tensión. Kicillof hizo un acto en la quinta de San Vicente que fue propiedad de Juan y Eva Perón. Entre otros, lo acompañó en ese acto el por entonces candidato a diputado nacional Jorge Taiana, quien luego estuvo en el departamento de Cristina Kirchner, en la otra parte de la celebración peronista del Día de la Lealtad de 2025. También Grabois era candidato y estuvo en las celebraciones.

La Cámara Federal porteña sobreseyó al jefe de sistemas de la droguería Suizo-Argentina, Hernán Daniel Díaz, acusado por la fiscalía de haber desobedecido un pedido judicial al no entregar las claves de las casillas de correo electrónico de los directivos de la empresa, durante un allanamiento que se realizó el 29 de agosto del año pasado.

Firmaron el fallo los jueces Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, miembros de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Este caso es un desprendimiento de la causa que investiga hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante el gobierno de Javier Milei.

Díaz fue denunciado porque, durante un allanamiento en la droguería de propiedad de la familia Kovalivker, los enviados de la Justicia le pidieron acceder a las casillas de correo electrónico de los directivos de la firma y él se negó al blanqueo de las contraseñas, basado en una instrucción de los abogados de la empresa y en la negativa de los titulares de esas casillas.

El fiscal federal Carlos Rívolo había solicitado el procesamiento de Díaz, al que consideró responsable del delito de desobediencia a un funcionario público, pero el juez federal Julián Ercolini lo indagó y dispuso la falta de mérito del acusado (una solución intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento) y ordenó nuevas medidas de prueba.

Entonces, el fiscal apeló e insistió con su pedido de procesamiento; la defensa de Díaz argumentó que Rívolo no tuvo en cuenta que el rechazo a habilitar el acceso a las casillas de correo electrónico se fundó en “la negativa de los directivos de la empresa, comunicada a viva voz por el letrado al personal policial actuante”.

Los jueces Bertuzzi, Yadarola y Llorens, al resolver las apelaciones, sobreseyeron a Díaz. En un fallo que firmaron el martes pasado, 6 de octubre, decidieron “revocar la resolución apelada y disponer, sin necesidad de producir las medidas de prueba ordenadas por el Sr. Juez de grado, el sobreseimiento de H.D.D [por Hernán Daniel Díaz]”.

Bertuzzi y Yadarola utilizaron argumentos coincidentes para sobreseer al empleado de la droguería Suizo-Argentina; Llorens se basó en otras razones para llegar la mismo resultado. Los dos primeros consideraron que no existió dolo directo (“el conocimiento del carácter obligatorio del mandato dirigido al sujeto activo y deliberadamente no acatarlo”), requisito que se exige en el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal.

Para Bertuzzi y Yadarola, fue clave la negativa de los abogados de la empresa. Remarcaron que el encargado del área de sistemas de la droguería investigada, ajustó “su conducta a esa indicación”. Y ampliaron que la decisión que tomó Díaz, “proveniente de quien ejercía la asistencia letrada de la firma para la que trabajaba y que se encontraba autorizado a intervenir en el procedimiento, no constituye una decisión arbitraria, caprichosa o manifiestamente descabellada que permita inferir, sin más, voluntad deliberada de desobedecer un mandato judicial cuyo propio texto, además, no lo individualizaba de manera unívoca ni empleaba, respecto de su persona, una fórmula imperativa”.

“Su negativa puntual respecto del blanqueo de las contraseñas no estuvo guiada por un ánimo obstructivo, sino por la creencia, sustentada en la opinión del letrado presente en el lugar, de que ese extremo puntual se encontraba fuera de su ámbito de decisión”, indicaron Bertuzzi y Yadarola.

Llorens llegó a la misma decisión de sobreseimiento que sus pares de la Sala I de la Cámara Federal, pero con otro razonamiento. “El análisis de esa indicación que lo llevó a detener su cooperación frente a ese puntual requerimiento -es decir, la extensión del cumplimiento de la orden judicial- debe trasladarse al plano de la culpabilidad, bajo los parámetros del error de prohibición (artículo 34, inciso 1° del Código Penal). Si se determinara que el error era vencible, es decir, si el autor pudo superarlo con el esfuerzo de conciencia que las circunstancias le exigían, la culpabilidad subsiste, aunque disminuida; si era invencible, el reproche se excluye por completo. En el caso en concreto, advierto que el error fue invencible», escribió Llorens en su voto.

Llorens puso de relieve que Díaz no es abogado, por lo que “su intervención en el procedimiento respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas”, que recibió “una indicación de un profesional del derecho, en el ámbito de su especialidad, dirigida precisamente a esclarecer los alcances de las obligaciones de quienes allí se encontraban”, y que tomó la decisión de entregar o no las contraseñas “en forma inmediata, en pleno desarrollo del allanamiento, sin posibilidad razonable de requerir otro asesoramiento ni de contrastar la opinión recibida”.

“A ello se suma que el texto de la orden no individualizaba a H.D.D., empleaba el término ‘podrá’ respecto de la asistencia del personal técnico y preveía un mecanismo alternativo para el caso de no lograrse el acceso mediante el blanqueo de claves, circunstancias que tornaban plausible, para él, la creencia de que ese extremo no le era impuesto de manera personal e inexcusable”, evaluó Llorens.

El allanamiento que derivó en la denuncia contra Díaz fue parte de las actuaciones en la investigación por corrupción en la Andis, causa en la que fue procesado, entre otros, Diego Spagnuolo, extitular de ese organismo, por “defraudación por administración fraudulenta”.

El caso comenzó después de que se difundieron mensajes de audio atribuidos a Spagnuolo en los que el por entonces funcionario mencionaba pagos de sobreprecios y responsabilizaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de apropiarse de un 3%.