El Simposio Internacional de Libertad Religiosa, celebrado en Lima el 4 y 5 de agosto bajo el lema “Construyendo Puentes para Fortalecer y Promover la Libertad de Religión y de Creencias”, reunió a magistrados, legisladores, funcionarios, diplomáticos, académicos y líderes religiosos para debatir la autonomía de las comunidades de fe, la cooperación con el Estado, la no discriminación, la paz, las políticas públicas y el impacto tecnológico sobre la dignidad humana.

Entre otras personalidades estuvieron Gary Doxey, director del ICLRS; Francielli Gusso, Comisión de Derecho y Libertad Religiosa, Brasil; Paulina Gálvez, Centro Derecho y Religión, Chile; Natalia Sosa, defensora del Pueblo, Paraguay; la senadora colombiana Lorena Ríos; Jorge Arenas, Tribunal Supremo del Perú; Omar Gaibur, FIDELA; Pedro Chávez, Tribunal Constitucional de Perú; Hugo de la Fuente, Ministerio de Energía de Bolivia; Iñigo Crespo, magistrado de Ecuador; Franco Fiumara, juez de Argentina; David Frol, presidente del CALIR; Pilar Bosca, directora general de cultos del GCABA; Juan Pablo Villar, presidente del Área Sudamérica de la Iglesia de Jesucristo; y Mons. Salvador Piñeiro, presidente del Consejo Interreligioso del Perú.

Uno de los núcleos más innovadores fue la sesión plenaria “Fe y Dignidad en la era de la IA”. Allí, el rabino, filósofo y bioeticista argentino Fishel Szlajen, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y de la Comisión Nacional de Bioética de Argentina, presentó un instrumento que desplaza el debate desde la mera protección de los datos hacia la protección de la conciencia.

Los sistemas algorítmicos, explicó, ya no sólo procesan información entregada voluntariamente: pueden reconstruir creencias religiosas, convicciones morales y pertenencias comunitarias a partir de lugares frecuentados, consumos, festividades, lecturas, vínculos u horarios de desconexión. El problema no es sólo evitar una discriminación posterior, sino impedir que la interioridad humana sea objeto de inferencia, clasificación, predicción y manipulación.

Frente a los enfoques limitados a principios generales, Szlajen presentó la Evaluación de Impacto Algorítmico sobre Conciencia y Religión, una herramienta institucional para detectar riesgos desde el diseño, la adquisición o la contratación de un sistema, antes de que se produzca el daño.

La propuesta integra derechos humanos, bioética, gobernanza tecnológica y conocimiento interno de las tradiciones religiosas. Examina cómo funciona un sistema, qué finalidad persigue, qué categorías utiliza, qué identidades atribuye y cómo afecta la autonomía personal y comunitaria.

Consultado por Infobae sobre la diferencia con los marcos regulatorios centrados en la privacidad, Szlajen explicó:

“La privacidad protege información, pero la libertad de conciencia protege a la persona como autora de sus propias convicciones. Un sistema puede inferir aquello que alguien nunca declaró, atribuirle una identidad religiosa y utilizarla para decidir qué información recibirá, qué oportunidades se le ofrecerán o qué mensajes se diseñarán para influir sobre él. Una inferencia puede ser estadísticamente correcta y, aun así, resultar moral y jurídicamente ilegítima”.

La metodología se articula sobre cinco principios: el derecho a no ser utilizado como objeto de predicción o control; la indisponibilidad algorítmica de la conciencia; la protección reforzada de la libertad religiosa; la distinción entre autonomía operativa y moral; y la responsabilidad humana indelegable.

Estos principios se traducen en obligaciones verificables: prohibir inferencias religiosas injustificadas; permitir impugnar identidades atribuidas por algoritmos; detectar variables neutrales que encubran pertenencias confesionales; exigir auditorías independientes y reparación; y conservar una autoridad humana capaz de explicar, revisar, detener y corregir los efectos del sistema.

La herramienta permite elaborar mapas de riesgo, revisar sistemas antes de implementarlos, establecer indicadores, capacitar equipos, diseñar auditorías y formular recomendaciones regulatorias. Puede aplicarse a selección de personal, beneficios, admisión universitaria, seguridad, salud, educación, comunicación política, perfilamiento de usuarios y contratación pública.

No se trata de añadir una reflexión ética cuando la tecnología ya fue desarrollada, sino de convertir los derechos fundamentales en criterios operativos para su diseño, regulación, adquisición y supervisión.

Sobre las instituciones que deberían incorporarla, Szlajen respondió:

“El instrumento resulta aplicable a toda organización que diseñe, contrate, regule o utilice inteligencia artificial para adoptar decisiones relevantes: parlamentos, organismos públicos, universidades, empresas, instituciones sanitarias y comunidades religiosas. La ética no puede agregarse al final como una certificación decorativa; debe intervenir desde la propia arquitectura, definición del problema y de la finalidad tecnológica”.

Su exposición introdujo además una distinción decisiva entre información y autoridad: que un sistema produzca una respuesta no lo legitima para decidir, clasificar o determinar qué es valioso para una persona o comunidad.

La inteligencia artificial puede procesar textos religiosos con aparente solvencia, pero carece de conciencia, pertenencia comunitaria y responsabilidad moral. Puede asistir a quien interpreta, no sustituir a la comunidad, la conciencia ni la autoridad legítima.

La distinción excede lo religioso: las decisiones algorítmicas afectan concepciones de la persona, criterios de justicia, libertades y relaciones de poder. Su gobernanza debe integrar tecnología, ética, bioética, derecho, religión, derechos humanos y políticas públicas.

La cuestión central, hoy, concluyó Szlajen, ya no es sólo cómo proteger nuestros datos, sino cómo preservar la libertad interior frente a tecnologías capaces de anticipar decisiones, atribuir identidades e intervenir en nuestras conciencias.

Un pueblo argentino fue vendido junto con sus tierras, casas, escuela, capilla, puesto sanitario y fuentes de agua. Valle Hermoso, en la provincia de La Rioja, formó parte de una operación inmobiliaria que involucró a un inversor estadounidense, quien en 2008 adquirió 200.000 hectáreas que incluían la totalidad de la comunidad y los recursos de la zona. El caso quedó como un antecedente clave para comprender el origen de la Ley de Tierras sancionada en 2011.

La operación de venta incluyó el traspaso formal de la titularidad registral de las tierras, que contenían no solo campos y montañas sino también viviendas y servicios esenciales para los pobladores. La falta de leyes que protegieran a las comunidades permitió que la totalidad de Valle Hermoso quedara en manos de un comprador extranjero, sin que mediara ningún control estatal específico para evitar la privatización de un pueblo completo.

La venta y el impacto legislativo

Hasta ese momento, la legislación argentina no contemplaba restricciones efectivas para la compra masiva de tierras rurales por parte de extranjeros, ni establecía salvaguardas ante la posible venta de comunidades consolidadas o recursos estratégicos como el agua.

La transacción puso en evidencia la facilidad con la que grandes extensiones de territorio podían transferirse a intereses foráneos sin una intervención estatal que protegiera a los habitantes y los bienes comunes.

El caso de Valle Hermoso se transformó en un símbolo que impulsó la sanción de la Ley 26.737 en 2011. La normativa estableció un límite del 15% a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, fijó topes máximos por cada titular y prohibió la venta de terrenos con cuerpos de agua permanentes. La ley buscó frenar nuevas maniobras que pudieran afectar a otras comunidades rurales y proteger tanto a los habitantes como a los recursos naturales.

La recuperación de la tierra por la comunidad

Tras la venta, la comunidad de Valle Hermoso inició una extensa batalla judicial para recuperar la posesión de sus tierras. Los pobladores reclamaron que nunca habían perdido la ocupación real ni el derecho a habitar, trabajar y vivir en el lugar. La justicia provincial de La Rioja intervino y, luego de varios años de litigio, reconoció la posesión a quienes habitaban el pueblo.

La resolución judicial determinó que, aunque la escritura de la transacción formalizó la venta y cedió la titularidad registral a un extranjero, los derechos de los pobladores estaban amparados por la legislación vigente y el Código Civil.

El proceso terminó con el reconocimiento judicial de la posesión efectiva para los habitantes de Valle Hermoso. El comprador extranjero no avanzó con reclamos formales ni logró tomar posesión del predio, y la comunidad mantuvo su derecho a permanecer en el territorio.

Situación actual y contexto de la reforma legislativa

Hoy, Valle Hermoso permanece como parte de Argentina, bajo control de sus habitantes y de la provincia de La Rioja. El caso se utiliza como antecedente central en el debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra rural y la extranjerización de recursos estratégicos. La experiencia motivó la aprobación de la Ley de Tierras y sirve de ejemplo para advertir sobre los riesgos de la falta de controles estatales en la compraventa de grandes extensiones de territorio.

El debate parlamentario sobre la Ley de Tierras reactivó el caso de Valle Hermoso como referencia para discutir los riesgos de la extranjerización de la tierra y la necesidad de mantener regulaciones que resguarden la soberanía territorial y los derechos de las comunidades locales.

Valle Hermoso sigue bajo soberanía argentina y su historia se mantiene como referencia cada vez que el Congreso discute los límites a la propiedad extranjera en el país.

valle hermoso, la rioja

La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma— encabezan hoy una nueva marcha de San Cayetano desde el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo, a diez años de la primera peregrinación que reunió a casi 300 mil personas bajo las consignas históricas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo: la misma fórmula que el papa Francisco definió como “derechos sagrados” y colocó en el centro de la agenda de los movimientos populares a nivel mundial.

La jornada comenzará a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, frente a la Basílica de San Cayetano, donde el arzobispo Jorge García Cuerva realizará la tradicional bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, la columna principal encabezada por la UTEP y las organizaciones sociales avanzará en caravana por la Avenida Rivadavia hacia el centro porteño, con una primera parada en la Parroquia de Francisco, en Flores. A las 11, a la altura del Congres o de la Nación, se sumarán al contingente las columnas de Territorios en Lucha y el Bloque Piquetero, que marcharán junto a la UTEP por la Avenida de Mayo hacia la meta final.

Desde las 12, sobre Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo, se realizará un “verdurazo masivo” con una feria de producción agraria y cooperativa, a través de la cual se entregarán 1.000 kilos de verdura de estación y 500 litros de leche, y se inaugurará una muestra fotográfica que repasa la historia de la movilización desde 2016.

La CGT se sumará al acto desde las 12, con sus columnas por la Diagonal Sur; la CTA y la CTA Autónoma llegarán por Rivadavia y la Diagonal Norte, mientras que la UTEP y las organizaciones desembocarán por la propia Avenida de Mayo. El acto central está fijado para las 13, con la lectura de un documento unitario desde el escenario montado frente a la Casa Rosada.

La consigna que une a todos los convocantes tiene origen en Roma. Fue en octubre de 2014, en el Primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, cuando el papa Francisco acuñó el concepto de las “Tres T”, como bandera global y las elevó a la categoría de derechos inalienables. Diez años después, en septiembre de 2024, el Papa volvió a reafirmar esa convicción ante los mismos movimientos. “Aquel día, en Roma, plantamos una bandera: Tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños”, expresó.

El vínculo entre Francisco y el santuario de Liniers es anterior a su pontificado. Ya como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio presidía cada 7 de agosto la misa de las 11 frente a la imagen del patrono del pan y del trabajo. Tras asumir como Papa, envió en 2013 un videomensaje que se transmitió en pantallas gigantes frente a la basílica desde la medianoche. Y en 2016, en la víspera de la primera marcha de “Los Cayetanos”, remitió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, que fue leída ante la multitud en Plaza de Mayo: “Cuando pedimos trabajo estamos pidiendo poder sentir dignidad; y en esta celebración de San Cayetano pedimos esa dignidad que nos confiere el trabajo; poder llevar el pan a casa. Trabajo, esa T —que junto con las otras dos T: Techo y Tierra— está en el entramado básico de los Derechos Humanos”.

Los reclamos de esta edición se concentran en la eliminación del Salario Social Complementario y el cierre del programa Volver al Trabajo, que desde este mes deja sin su único ingreso fijo a más de 900 mil trabajadores de la economía popular.

La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, fue directa al decir: “Eliminaron el Salario Social Complementario. Desde este mes de agosto, más de 900 mil trabajadores dejan de cobrar su único ingreso fijo: una ofensiva cruel contra quienes nos organizamos”.

A eso se suman, el corte de alimentos a los comedores comunitarios, la parálisis en la urbanización de barrios populares y el avance de reformas que afectan derechos laborales formales.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, alertó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas” y que “lo que hay de fondo es un problema de modelo de país”. La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sintetizó las demandas históricas del sector: “Marchamos para que a ninguna familia le falte su vivienda, su techo. Marchamos por ningún campesino sin tierra para producir, porque queremos la tierra en manos de quienes la trabajan y no en manos extranjerizadas”.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, trazó el hilo entre aquella primera convocatoria y la de hoy: “Hace 10 años comenzó a visibilizarse la Argentina profunda, miles de trabajadores que se inventan su propio trabajo ante el descarte del sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Aquel 2016 logramos instituir el Salario Social Complementario, que hoy este Gobierno le está queriendo arrebatar a la economía popular. Por eso seguimos caminando”.

Aquella primera marcha de “Los Cayetanos”, organizada entre otros por la entonces CTEP —fundada por Juan Grabois—, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete y el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, fue el puntapié de un proceso que derivó meses después en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345). Esa normativa instituyó el Salario Social Complementario como instrumento de ingreso para los trabajadores de la economía popular, el mismo derecho que hoy el gobierno de Javier Milei busca desmantelar.

Uno de los primeros organizadores de aquella jornada, Esteban “Gringo” Castro, actual referente del Movimiento Misioneros de Francisco, repasó los orígenes más remotos de la tradición: “El primer 7 de agosto sintetizó fe y lucha. En tiempos maravillosos, de nuestro amado papa Francisco, nuestro papa argentino, que tanto nos bancó predicando las Tres T”.

La secretaria general adjunta Norma Morales remarcó el carácter colectivo de la construcción: “Aprendimos que ningún derecho se conquista en soledad, sino con la organización popular de las cooperativas, los espacios de cuidado, las promotoras, vendedores ambulantes, cartoneros, las mujeres y quienes sostenemos la vida todos los días”.

La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto, con una movilización al Ministerio de Economía por la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito. El calendario sindical continúa el 2 de septiembre con una marcha en el Día de la Industria, y entre el 4 y el 6 de septiembre con la Semana Social.