POLITICA
El arzobispo de Córdoba recibió a cuidacoches y limpiavidrios: “Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”

El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, recibió ayer a los “naranjitas” —cuidacoches y limpiavidrios— en la Catedral de Córdoba, en un encuentro organizado por la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social de la arquidiócesis que se convirtió en una toma de posición pública frente al debate legislativo que se dio ese mismo día por la continuidad laboral de esos trabajadores informales. “Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, advirtió el cardenal durante el acto.
También había representantes de otras categorías de trabajadores informales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
El 9 de abril, la Legislatura de Córdoba dio el primer paso al aprobar la reforma al Código de Convivencia que prohíbe la actividad de los cuidacoches no autorizados y de los limpiavidrios en toda la provincia.
La norma impone hasta 6 días de arresto para quienes cobren por estacionar en la vía pública sin autorización municipal, al tiempo que crea el Programa Transitorio de Inclusión Sociolaboral de Personas Cuidacoches y Limpiavidrios Urbanos, sin especificar en detalle cómo se implementará.

El legado de Francisco
Rossi dijo que ese encuentro en la catedral no hizo más que retomar el llamado del papa Francisco a no criminalizar la pobreza ni responder con exclusión frente a realidades atravesadas por la falta de oportunidades, las adicciones y la fragilidad social. “Te acogen con una sencillez y un calor hermoso. Había sintonía de corazón. Es lo que se privan los que estigmatizan, los que condenan, los que prefieren llamarlos malos. Se pierden el abrazo de personas dignísimas que nos hace bien a todos”, describió Rossi al término de la bendición ante los medios de prensa que cubrieron la convocatoria.
El cardenal remarcó con sus acciones que no hace más que continuar el legado de fallecido Jorge Mario Bergoglio. El vínculo entre ambos nació en plena dictadura militar, en 1976, cuando Rossi tenía 18 años e ingresó a la Compañía de Jesús, Bergoglio era superior de los jesuitas en Argentina. Fue él quien impulsó su ingreso al Colegio Máximo de San Miguel y quien lo envió a estudiar a Ecuador. Compartieron 8 años bajo el mismo techo durante la formación jesuita, y la relación nunca se interrumpió. Rossi se define como “hijo espiritual” del fallecido Papa. Fue Francisco quien lo designó arzobispo de Córdoba en noviembre de 2021 y cardenal en 2023.
Esa impronta se plasmó también en gestos concretos durante el pontificado. Francisco recibió en el Vaticano a cartoneros y recicladores de distintos países, y bajo su papado tomaron forma los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares, asambleas coorganizadas con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral que reúnen a cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, campesinos sin tierra y comunidades originarias bajo la consigna de las tres “T”: tierra, techo y trabajo. Esa perspectiva es la que Rossi trasladó al encuentro de ayer. “Poner a la persona en el centro y sobre todo a los más vulnerables. Atendemos a todos, pero Jesús priorizó a los más frágiles, sin dejar afuera a los otros. No aflojemos en cuidarnos unos a otros y respetarnos frente a la insensibilidad de la dirigencia o nosotros mismos”, concluyó el arzobispo.

La Iglesia Católica había intervenido ya en el proceso legislativo previo. En diciembre de 2025, el oficialismo postergó el debate sobre la restricción a los “naranjitas” ante los planteos eclesiásticos y las objeciones de los intendentes sobre la aplicabilidad de la norma.
Ese margen permitió a las cooperativas articular con la Vicaría de los Pobres una salida alternativa: un proceso de regularización con cobro digital. “Desde diciembre el Gobierno, impulsado por legisladores de La Libertad Avanza, quería prohibir la actividad de los naranjitas. Entonces articulamos con la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social, y logramos avanzar en un proceso de regularización con cobro digital, que es una ley a favor de los trabajadores”, explicó Sergio Job, abogado e integrante de Córdoba Comunidad, a La Nueva Mañana.
Job describió el encuentro en la Catedral como un hito: “La catedral estaba repleta de naranjitas y limpiavidrios. Los más pobres de los pobres”, afirmó. Córdoba Comunidad forma junto a las cooperativas de los “naranjitas” y la Vicaría de los Pobres la estructura que articuló la resistencia a la prohibición.

“Toman la calle con violencia”
Casi ocho horas después de la reunión entre los “naranjitas” y el cardenal Rossi, el Concejo Deliberante local aprobó modificaciones en el sistema de estacionamiento medido y controlado de la ciudad, con un nuevo esquema que ampliará las zonas de cobro, incorporará pagos exclusivamente digitales y regulará la actividad de los “naranjitas”. La iniciativa fue sancionada con 21 votos afirmativos y habilita al Ejecutivo municipal a definir por reglamentación las nuevas áreas alcanzadas.
La ordenanza establece que el estacionamiento será pago de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 14, mientras que domingos, feriados y horarios nocturnos continuará siendo gratuito. También se podrá cobrar durante eventos masivos, aunque en esos casos será el Ejecutivo quien determine qué cooperativa de trabajo estará autorizada a prestar el servicio.
El texto aprobado por los concejales aclara que todos los pagos deberán realizarse mediante una aplicación móvil y no habrá manejo de dinero en efectivo.
La normativa también incorpora un régimen de sanciones para quienes cobren estacionamiento sin autorización o incumplan las condiciones establecidas. Las penas previstas incluyen multas, trabajos comunitarios y prohibiciones de concurrencia.

Desde la oposición hubo fuertes cuestionamientos. Se advirtió que la ordenanza “delegará todo en manos del Ejecutivo”, que se cobrará estacionamiento en un circuito mayor, lo que acarreará “un mayor costo para los vecinos”.
Por su parte el edil Gabriel Horacio Huespe del bloque Ciudadanos (referenciado en el ex diputado Héctor Baldassi) apoyó la regulación y, sin nombrarlos, vinculó a los “naranjitas” con quienes “toman calles con violencia y extorsionan”. “Desde ahora nadie cobrará en la calle salvo el municipio”, sostuvo en la sesión.
“Cultura del descarte”
Antes de la convocatoria de ayer a la Catedral cordobesa, las parroquias barriales estuvieron muy activas y también dejaron oír su mensaje. Desde la Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia, en barrio Ameghino Norte, el padre Melchor López recordó que en el marco del documento “Ciudades para todos” la iglesia católica cordobesa busca reflexionar sobre el trabajo en la vía pública y promover una mirada inclusiva.
El sacerdote recordó que la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba tomó las palabras de Francisco al criticar en un comunicado a la “cultura del descarte” a través de la cual “la Iglesia denuncia que la sociedad de consumo actual traslada una lógica de desecho a las relaciones humanas, generando excluidos e invisibilizando la dignidad de las personas”.
Lo plantea desde un enfoque social al sostener que la problemática “no puede analizarse de manera aislada como un simple problema de control urbano, sino que requiere entender el trasfondo de pobreza, falta de oportunidades y vulnerabilidad de quienes ejercen estas tareas”
El texto de la Iglesia Católica sostiene explícitamente que “la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución” al conflicto del espacio público y la informalidad.
Por su parte, Munir Bracco, el vocero de la Arquidiócesis de Córdoba remarcó: “No creemos que la prohibición sea el camino, sino la regulación, por eso, en el mensaje de Ciudades para Todos empezamos a decir que este tema sensible amerita un abordaje integral, sistémico, porque es un problema complejo donde no podemos dejar de lado la realidad social, la realidad cultural, la realidad económica, y la realidad que vivimos muchas personas de vulnerabilidad, de dolor, de pobreza y de adicciones”.
El proyecto aprobado ayer fue impulsado por el intendente Daniel Passerini, un dirigente del PJ cordobés actualmente referenciado dentro de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba, liderado por el gobernador Martín Llaryora.
Detrás del debate político aparece algo más amplio: una redefinición completa del vínculo entre el municipio, los automovilistas y los trabajadores de la economía popular que, en voz del intendente “durante décadas controlaron informalmente buena parte del estacionamiento urbano” capitalino.

El debate en torno a los “naranjitas” se inscribe en un cuadro más amplio de fragilidad del sector de la economía popular en la provincia. Unas 5.000 personas trabajan formal o informalmente en el reciclado en Córdoba, distribuidas en alrededor de 50 cooperativas, según datos del Clúster Reciclador y Cartonero.
La crisis se agravó con la eliminación del ex programa Potenciar Trabajo por parte del Gobierno nacional y la caída de entre el 40% y el 50% de los ingresos de los recicladores por el derrumbe del precio de los materiales. “Los compañeros no están viviendo, están sobreviviendo”, advirtió Diego Villarreal Rivarola, presidente del Clúster.
La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) agrupa en Córdoba a unas 1.500 familias, aunque se estima que entre 2.000 y 3.000 cartoneros independientes trabajan fuera de esa estructura. A nivel nacional, más de 2 millones de personas estaban inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, entre ellos vendedores ambulantes, feriantes, trabajadores de comedores comunitarios y recicladores.
POLITICA
Senado, en vivo: avanza el nombramiento de más de 70 jueces y fiscales y debaten proyectos clave para el Gobierno

El Senado sesiona hoy y La Libertad Avanza llegó sin una estrategia clara para responder críticas por la intención de Javier Milei de bajar el pliego de Verónica Michelli, decisión que provocó el rechazo de Patricia Bullrich y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder libertaria.
En ese contexto, la sesión en el recinto genera mucha expectativa porque expondrá cuál es la realidad de la bancada oficialista.
Polémica en el inicio del debate
De entrada se pidió un minuto de silencio para recordar a las víctimas de femicidio. En ese marco, Patricia Bullrich hizo uso de la palabra y destacó que la baja del número de femicidios durante la gestión libertaria y pidió hacer “políticas concretas, no ministerios burocráticos en los que se reparten la plata para causas que no tienen nada que ver”.
Las expresiones de la jefa de bloque de LLA generaron el rechazo inmediato de Juliana Di Tulio, referente de la bancada kirchnerista, quien acusó a Bullrich de no respetar el minuto de silencio y decir falacias para justificar sus críticas a gobiernos anteriores.
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POLITICA
Las centrales sindicales denunciaron al Gobierno en la OIT y se tensa el choque con Milei

Desde Ginebra, Suiza, las centrales sindicales argentinas se unieron para denunciar al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas del que por primera vez en 25 años el Estado argentino no envió representantes de rango desde Buenos Aires.
Jorge Sola, integrante del triunvirato de mando de la CGT, expuso ayer en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Javier Milei. “Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola.
A los dirigentes les hubiera gustado que Julio Cordero, secretario de Trabajo de la gestión libertaria, los escuchara, pero el funcionario no viajó. Cordero fue un histórico de los encuentros en Ginebra: durante décadas asistía como representante del sector empresario o del Grupo Techint. Esta vez, ni siquiera expuso de manera virtual cuando al Gobierno le tocó brindar su exposición. La voz oficial recayó en Carlos Foradori, representante permanente de la Argentina en los organismos internacionales.
El discurso de uno de los jefes de la CGT coincidió con la reglamentación de la denominada ley de modernización laboral, objetada por el sindicalismo en la Justicia. “Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló la central obrera en un comunicado, en el que consideró que “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.
“Entre excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución nacional, el Poder Ejecutivo vulnera nuevamente el convenio 150 atacando la libertad sindical y derechos individuales y colectivos. Sumándose a ello la aplicación de sumarios administrativos, multas millonarias, como los casos de los gremios de La Fraternidad y UTA por ejercer el legítimo derecho de huelga convocada por las centrales sindicales. Se suma a ello el caso del gremio metalúrgico de la UOM, que fue intervenido. Otro ejemplo claro de las violaciones del Gobierno argentino”, denunció Sola en Ginebra.
Y agregó: “En la ausencia de control estatal promovidapor el gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales que el desmantelamiento de la administración del trabajo por parte del Estado argentino se manifiesta en el desguace de organismos estratégicos. Desde el 2023 y hasta febrero de 2026 en la Administración Pública Nacional centralizada se produjo una reducción del 29 % de la planta de trabajadores del Estado. Sin embargo, cuando se analiza los organismos específicos en donde se produjeron las mayores afectaciones, según los propios datos oficiales, recae sobre las dependencias que deben evitar la destrucción del sistema de relaciones laborales y de los derechos sociales.
En representación de la CTA de los Trabajadores estuvo Roberto Baradel y denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Amenaza de otra huelga
En Buenos Aires, mientras tanto, diferentes sectores de la CGT y de las dos CTA no descartan avanzar hacia un nuevo paro general en rechazo de la reforma laboral.
“Esta reforma no generó ni un solo puesto de trabajo No se descarta un paro general. Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada. Si el gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores”, dijo hoy Cristián Jerónimo, otro de los jefes de la CGT, en declaraciones a Futurock.
En caso de avanzar con una huelga, será la quinta de la CGT contra la gestión libertaria. La primera fue el 24 de enero de 2024, con Milei poco más de un mes en el poder.
un comunicado,CGT,Javier Milei,Conforme a,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro,,ARA San Juan. En una tensa audiencia del juicio, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas,CGT,,“La libertad sindical no se reglamenta por decreto”. El documento de rechazo de la CGT tras la puesta en marcha de la reforma laboral,,Lo llamó Cristina. El líder de la UOM recibió apoyo sindical y del PJ contra la intervención del gremio,,Desplazan a Furlán. La Justicia anuló las elecciones de la UOM y dispuso la intervención del gremio
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