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Marco Rubio confirma más sanciones a Cuba: ¿Habrá ataque militar?

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó este viernes que se impondrán más sanciones a Cuba después de las anunciadas el jueves, en una rueda de prensa en Roma tras haberse reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Al ser preguntado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa, Rubio explicó que se trata de «un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano».

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«Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el Gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola ruta, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa», argumentó el secretario de Estado.

En un comunicado emitido el jueves, Rubio, de ascendencia cubana, explicó que las sanciones a Gaesa «se incluyen en el endurecimiento de las sanciones contra la isla ordenado por Trump el pasado 1 de mayo»

Trump firmó el pasado día 1 una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

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¿Habrá ataque militar?

¿Hasta donde está dispuesto a llegar Trump con Cuba? Se especula con que el presidente norteamericano podría desplegar un operativo contra la isla como el que sacó a Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

Sin embargo, Estados Unidos no está contemplando una acción militar inminente contra La Habana pese a las amenazas reiteradas de Trump de que “Cuba es la próxima” y de que buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Medio por el conflicto contra Irán podrían pasar por la isla a su regreso, indicaron funcionarios estadounidenses.

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Los funcionarios, que participan en conversaciones preliminares con autoridades cubanas, también le dijeron a The Associated Press que no son optimistas respecto a que el gobierno comunista acepte una oferta de decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria, dos años de acceso gratuito a internet de Starlink para todos los cubanos, asistencia agrícola y apoyo para infraestructura.

Una mujer vestida con los colores de la bandera de Estados Unidos compra frutas en La Habana. Foto: EFE

Pero señalan que Cuba aún no ha rechazado la oferta tajantemente, que incluye condiciones a las que el gobierno se ha resistido durante mucho tiempo, incluso después de que el gobierno de Trump impusiera nuevas sanciones el jueves.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las conversaciones privadas, afirman que todavía hay tiempo para que el gobierno acepte. Advirtieron, sin embargo, que Trump podría cambiar de opinión en cualquier momento y que las opciones militares siguen sobre la mesa.

Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron esas sanciones después de que Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva que amplía la autoridad del gobierno para imponer sanciones a Cuba.

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El canciller cubano Bruno Rodríguez describió las sanciones como “un acto de agresión económica despiadada”, y denunció “el carácter criminal de estas medidas de agresión dirigidas a rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana y a tratar de generar una catástrofe social, económica y política a escala nacional».

“El gobierno de Estados Unidos actúa como gendarme mundial en franca violación del derecho internacional y las normas elementales del comercio de bienes y servicios, y ataca de manera explícita, descarnada y directa la facultad soberana de todos los Estados que tienen o deseen mantener relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba”, escribió Rodríguez en la red social X.

Trump ha reiterado planteamientos de acción contra Cuba

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Poco después de firmar la orden el viernes, Trump pronunció un discurso en el que mencionó que “Cuba tiene problemas” y planteó que podría avecinarse una demostración de fuerza militar allí.

Dijo que uno de los portaaviones estadounidenses que regresa de Oriente Medio podría “entrar, detenerse a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: ‘Muchas gracias. Nos rendimos’”.

Sin embargo, un funcionario involucrado en las conversaciones indicó que la nueva autoridad de sanciones tenía la intención de dejarle claro a los cubanos que el objetivo inmediato del gobierno de Trump “no es un cambio de régimen, sino cambiar las políticas fallidas del régimen”.

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El secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que desde hace tiempo ha adoptado una línea dura contra el gobierno de Cuba, ha dicho repetidamente que el gobierno del país ha fracasado. Esta semana declaró que el modelo económico cubano no funciona y que quienes están en el poder “no pueden arreglarlo”.

“Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es sólo porque sean comunistas. Eso ya es bastante malo”, expresó ante los reporteros el martes en la Casa Blanca. “Pero son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es uno incompetente”.

Rubio, de visita en Roma y la Ciudad del Vaticano, el jueves se entrevistó con el papa León XIV en parte para hablar sobre Cuba, donde la Iglesia católica tiene una influencia significativa.

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Funcionarios estadounidenses no saben si Cuba aceptará las condiciones, pero dicen que el diálogo está abierto.

Un funcionario estadounidense indicó que es una incógnita si la máxima dirigencia de Cuba está dispuesta a cumplir las condiciones de Estados Unidos, que incluyen la liberación de presos políticos, el fin de la represión política y religiosa, y una apertura a la inversión del sector privado estadounidense.

Al mismo tiempo, el funcionario señaló que no se ha cerrado la puerta al diálogo, que podría ayudar a ambos países dada la proximidad de Cuba a Estados Unidos. Washington ve una amenaza a la seguridad nacional en lo que el funcionario llamó una creciente influencia sobre la isla por parte de China y Rusia, incluida la cooperación en inteligencia y logística.

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Sin embargo, funcionarios cubanos insisten en que su gobernanza interna no está sujeta a negociación.

Las negociaciones sobre temas como un cambio de régimen o la destitución del presidente están fuera de discusión, dijo a los reporteros la semana pasada el embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, y reiteró que ningún asunto interno de la isla está sobre la mesa.

Guzmán también dijo a The Associated Press el mes pasado que La Habana no acatará ningún “ultimátum” estadounidense para liberar a presos políticos, y que los líderes de Cuba se están preparando para todos los escenarios si Trump cumple las amenazas de intervenir.

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La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre una acción militar en Cuba.

Con información de EFE y Associated Press

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Los bloqueos por el alza de combustibles dejan seis agentes heridos y varios arrestos en Guatemala

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La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que seis agentes resultaron heridos durante el desalojo de un bloqueo el viernes 11 de septiembre, en el kilómetro 168 de la ruta a Cuyotenango, Suchitepéquez, en una jornada de protestas contra el aumento de los combustibles que también dejó vehículos incendiados en Zacapa y cortes en varios departamentos de Guatemala.

Un cierre continuaba activo el sábado 12 de septiembre a las 06:45 en el kilómetro 225 de la ruta departamental QUE-03, en la aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cuca. El bloqueo había comenzado cuatro minutos antes, afectaba ambos sentidos de circulación y era el único punto cerrado en el reporte matutino de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial); las demás rutas figuraban habilitadas.

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El policía Ronal Gavino Morales Chávez sufrió un disparo en el estómago y fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial de la Ciudad de Guatemala, después de ser estabilizado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Mazatenango. Los otros cinco efectivos padecieron lesiones por explosiones de morteros, el impacto de una piedra en el cráneo y golpes en distintas partes del cuerpo.

La corporación indicó que sus Fuerzas Antidisturbios despejaron más del 90% de los puntos bloqueados en el país. El despliegue respondió a una orden de la Corte de Constitucionalidad para liberar las rutas con apoyo del Ministerio de Gobernación y el Ejército.

La jornada de bloqueos en Guatemala dejó seis agentes heridos, varios arrestos y un vehículo incendiado en Zacapa tras protestas por el alza de los combustibles. (Amilcar Montejo)

Dos focos de conflicto en Zacapa y Villa Nueva

Los incidentes persistían al cierre de la jornada en sectores de Zacapa y Villa Nueva, donde la PNC afirmó haber detectado la presencia de pandillas y estructuras del crimen organizado dentro de las manifestaciones. La institución acusó a esos grupos de usar a mujeres, adultos mayores y niños como escudos humanos.

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La fuerza de seguridad solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación para proteger las garantías de los menores y las mujeres presentes en las zonas de conflicto. También pidió a los habitantes de los lugares donde continuaban los enfrentamientos que permanecieran en sus hogares mientras avanzaba el operativo.

“Atentar contra la paz en presencia de la niñez guatemalteca es un acto criminal que no quedará impune”, advirtió la policía. La institución requirió denuncias anónimas sobre actividades delictivas, instigación o presencia de personas infiltradas.

La PNC señaló que, con base en el artículo 257 del Código Procesal Penal, detendría en flagrancia a quienes obstruyeran las vías. Los vehículos y camiones utilizados deliberadamente para bloquear carreteras serían puestos a disposición de los tribunales para su comiso.

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“Los promotores e instigadores de estos ataques violentos están debidamente perfilados e individualizados y enfrentarán todo el peso de la ley”, sostuvo la corporación.

Durante el operativo en Cuyotenango, las autoridades detuvieron a Armando Constancia Martínez, a quien le decomisaron piedras, hondas, morteros y otros objetos presuntamente utilizados para agredir a los agentes. El arresto se sumó a cuatro capturas previas por disturbios en San Miguel Petapa y Suchitepéquez.

En la zona cinco de Mixco, sobre la calzada San Juan, agentes de la comisaría 16 arrestaron a Juan “N”, de 44 años, y Joseline “N”, de 29, cuando arrojaban objetos contundentes contra policías que buscaban despejar la cuarta avenida.

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Otros dos hombres fueron capturados en el kilómetro 19,5 de la ruta al Pacífico. William “N”, de 33 años, y Hugo “N”, de 28, estaban en un bloqueo que reunía a 150 personas, donde también se registró el lanzamiento de piedras contra los efectivos de seguridad.

La presencia policial fue reforzada en la colonia Bethania, el Anillo Periférico, Villa Nueva, la ruta al Atlántico y los sectores de Río Hondo y Zacapa, que concentraron algunos de los cierres más prolongados.

Camiones incendiados y reclamo de estado de excepción

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga condenó los hechos de violencia, vandalismo y destrucción registrados durante las protestas, con especial referencia a la quema de vehículos y camiones de transporte pesado en la aldea Santa Cruz, en el kilómetro 124 de Zacapa.

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“El derecho a manifestar nunca puede convertirse en una licencia para delinquir”, expresó la organización. El gremio sostuvo que ninguna causa justifica la destrucción de propiedad privada, las agresiones contra trabajadores ni la interrupción forzada de las principales vías de comunicación.

La cámara exigió al Gobierno de Guatemala el restablecimiento inmediato del orden y de la libre circulación en la carretera CA-9 y en todos los sectores afectados por bloqueos violentos. También reclamó al Ministerio Público una persecución penal inmediata contra los responsables materiales e intelectuales de la destrucción, los incendios de vehículos y las amenazas contra transportistas.

“Solicitamos respetuosamente, pero con absoluta firmeza”, al presidente que evalúe declarar un estado de excepción en los municipios donde la violencia haya superado la capacidad ordinaria de las autoridades, planteó el gremio.

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Las movilizaciones surgieron después de que el Congreso de la República aprobara, con trámite de urgencia nacional, un decreto que establece precios máximos de referencia para el diésel y las gasolinas, además de un fondo de compensación para los importadores. Diversos sectores del transporte consideran insuficiente la medida frente al aumento de los combustibles registrado en los últimos meses.

Policía Nacional Civil,detención,seguridad pública

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Blue state governor’s pardon of convicted felon torpedos a major Supreme Court immigration fight

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

The Supreme Court will no longer hear an oral argument for a case centered on bond rights for noncitizens detained for lengthy periods, ruling the case moot after New York Democratic Gov. Kathy Hochul pardoned a lawfully present Dominican citizen, who pleaded guilty to second-degree assault.

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Hochul pardoned Keisy Guerrero Mariano, who is identified in court documents as «Keisy GM,» in late August, effectively killing the Trump administration’s appeal to the Supreme Court arguing that noncitizens, including those with green card status, do not have a legal right to a bond hearing for a prolonged detention if they have committed crimes that are grounds for mandatory deportation.

Hochul, who is staunchly opposed to President Donald Trump’s immigration enforcement crackdown, issued the pardon for Mariano just as the brief was due.

FEDERAL APPEALS COURT COMPARES TRUMP MIGRANT DETENTION POLICY TO JAPANESE AMERICAN INTERNMENT

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FILE – New York Democratic Gov. Kathy Hochul pardoned Keisy Guerrero Mariano in late August. (Adam Gray/Bloomberg via Getty Images)

Solicitor General John Sauer agreed Friday that Genalo v. Black is now moot, but said the Trump administration will seek an «alternative vehicle» to challenge the Second Circuit’s 2024 ruling that prolonged immigration detention can trigger a constitutional right to a bond hearing.

Sauer said the administration intends to find another case through which the Supreme Court can resolve the issue during its 2026-27 term.

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The lawsuit centered on the challenges of plaintiffs Carol Williams Black, a Jamaican national with lawful standing, and Mariano — both convicted criminals detained by ICE.

APPEALS COURT BLOCKS TRUMP ADMIN FROM HOLDING MIGRANTS WITHOUT BOND FOR OVER 90 DAYS

Mariano was first arrested by Immigration and Customs Enforcement officers in 2020 over a 2015 second-degree assault conviction for which he served time, making him eligible for deportation.

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He spent nearly two years in ICE detention, but was released in 2022 due to a nationwide injunction that required the release of detainees because of COVID-19 health risks.

Prior to his release, Judge John P. Cronan of the U.S. District Court for the Southern District of New York denied Mariano’s habeas corpus request in November 2021.

ICE agents

FILE – Mariano was released in 2022 after spending nearly two years in ICE detention. (Getty Images)

But in May 2024, the Second Circuit overruled Cronan’s decision, ruling that the government must grant noncitizens a bond hearing once detention becomes «unreasonably long.» Failure to do so, the court ruled, would violate the Fifth Amendment’s due process clause.

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The case was appealed to the Supreme Court, which agreed to hear the case June 15; however, the high court ruled Black’s case moot because he had left the United States and filed a court declaration that he would not be returning to the country.

Black was convicted in New York in 2000 of sexually abusing a minor under the age of 11.

ICE-Detains-Immigrants-in-New-York-Court-House

FILE – Following an appeal, the Second Circuit ruled the government must grant noncitizens a bond hearing once detention becomes «unreasonably long.» (Dominic Gwinn/Middle East Images/AFP via Getty Images)

DHS BLASTS MINNESOTA BOARD FOR UNANIMOUSLY PARDONING ILLEGAL IMMIGRANT CONVICTED OF 3 ASSAULTS

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Hochul’s decision to issue a pardon to Mariano has garnered fierce criticism from legal experts.

«Pretty wild to fully pardon an aggravated felon to (1) stop the felon from getting deported and (2) stop the Supreme Court from ruling on an issue. (Especially as this litigation has been going on for years),» Eric Wessan, Iowa’s solicitor general, posted on X.

He praised Sauer’s decision to fight back on the Second Circuit’s ruling.

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«I wonder how many non-American felons Governors like Hochul will choose to fully pardon and free to avoid them facing consequences for their actions,» Wessan added.

Fox News Digital reached out to Hochul’s office for comment.

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Abdul El-Sayed touts ‘whole a–’ medical credentials while defending sex changes for children

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Michigan Democratic U.S. Senate candidate Abdul El-Sayed said the government should not restrict sex changes, arguing that «whole a–» doctors like himself should be allowed to make their own determinations for patients’ treatment plans.

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The remarks came during El-Sayed’s Friday rally held at Michigan State University, during which the former Detroit Health Department head responded to a student’s question about protecting sex changes. Since launching his campaign, El-Sayed has flaunted that he is a «physician» and, if elected, he would be the first doctor to serve as a Democratic senator in 50 years. However, Fox News Digital previously reported El-Sayed has never held a medical license in Michigan or New York.

«I went to a whole a– medical school, everybody I graduated with also went to whole a– medical school,» El-Sayed said. «And then… they went to whole a– residency. Right? And some of them went to whole a– fellowship. They took whole a– exams to provide whole a– healthcare.»

DEM SENATE HOPEFUL’S ‘PHYSICIAN’ CAMPAIGN PITCH UNDER FIRE AFTER LICENSE RECORDS REVEAL KEY GAPS

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Abdul El-Sayed answers a question during a press conference at the Michigan Democratic Party State Endorsement Convention in Detroit on April 19, 2026. El-Sayed has never held a medical license in Michigan or New York. (Jose Juarez/AP Photo)

«They are the experts that a patient wants to see when they seek care,» El-Sayed continued. «And the decision about what healthcare is necessary ought to be held between a patient — and or their parents if they’re under the age of 18 — and their doctor. That’s it.»

The remarks come as the Trump administration has made major strides in restricting minors’ access to «sex-rejecting» procedures, which include hormone therapy and surgeries.

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Earlier this week, the Justice Department announced that Mount Sinai had joined other hospitals, like Texas Children’s Hospital, the Cleveland Clinic Foundation and Connecticut Children’s Hospital, to halt sex change procedures for children after reaching an agreement with the Trump administration.

MEDICAID ENDS FUNDING FOR CHILD SEX-CHANGE PROCEDURES AS TRUMP ADMIN SLAMS ‘EXPERIMENTAL’ TREATMENTS

El-Sayed has made the promise of «Medicare-for-all» — government-run healthcare — as the major selling point of his campaign; he said that even though the government will be covering the bill, it needs to stay out of the doctor’s decisions about a patient’s treatment plan.

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«I don’t think the government gets to have a say about what healthcare is provided in what circumstances and why,» El-Sayed said. «And to me, that is the standard on which we decide how we make healthcare decisions.»

THE MEDICARE FOR ALL TRADE-OFFS SOCIALISTS AREN’T TALKING ABOUT, ACCORDING TO EXPERTS

A protester holds a sign in support of sex changes for transgender children outside the U.S. Supreme Court Building in Washington, DC, on June 18, 2025.

A protester holds a sign in support of sex changes for transgender children outside the U.S. Supreme Court in Washington, D.C., on June 18, 2025. (Anna Moneymaker/Getty Images)

«Not what the government says you can or can’t do, but what a patient and/or their parent, if they’re under 18, and their provider to decide. That’s the most important thing,» El-Sayed continued. «And there’s a lot of disinformation about us, what we’re talking about, when we talk about reproductive rights and when we’re talking about healthcare for the trans folks. But, in the end, the place where the rubber meets the rope is in that clinical room between a patient and a provider, and that to me is the center we should engage on.»

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El-Sayed argued that Republicans agree with his belief that treatment decisions should be between a patient and their doctor, pointing to the Right to Try Act, which allows terminally ill patients to try experimental drug treatments that aren’t yet approved by the Food and Drug Administration after they have exhausted all other treatment options.

«Because conservatives fought for a very long time for this legislation called ‘Right to Try’ legislation, which is the idea that the government couldn’t tell you [that] you couldn’t have a certain medication,» El-Sayed said.

TRUMP ADMINISTRATION PROBE COULD UPEND WIDELY USED TRANSGENDER YOUTH TREATMENT GUIDELINES

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A transgender rights supporter holds a sign while standing outside the Supreme Court during a rally.

A transgender rights supporter takes part in a rally outside the U.S. Supreme Court as the justices hear arguments in a case on transgender health rights in Washington, D.C., on Dec. 4, 2024. (Kevin Dietsch/Getty Images)

«So they agree that the decision about healthcare ought to be between the person and their provider. That’s it. So let’s use that standard, and keep to that standard, and make sure the government doesn’t have the ability to tell you what you can or cannot do with your own life,» El-Sayed said.

However, the research on the efficacy of treating individuals with gender dysphoria by allowing them to change sexes with «cross-sex» hormones and puberty blockers is limited.

The World Professional Association for Transgender Health, whose guidelines are used by leading medical associations like the American Academy of Peditatrics, is currently facing a lawsuit from the Federal Trade Commission stemming from allegations that its guidelines misled parents about the «medical consensus and medical necessity, as well as the safety and effectiveness» of sex change procedures.

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The FTC has accused WPATH of failing to disclose the side effects associated with some procedures, such as patients experiencing incontinence, erectile pain, mood disturbances, pelvic pain and vaginal pain stemming from «cross-sex» hormones.

Meanwhile, countries that have socialized medicine have put restrictions in place for minors seeking sex changes. In England, the National Health Service put a pause on «cross-sex» hormones for 16- and 17-year-olds in March after finding research was «really weak» to support it.

The country already had a ban in place restricting children under 16 years old from taking sex-change hormones.

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El-Sayed’s office did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment regarding his medical credentials.

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