El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.

El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.

La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.

El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.

Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.

Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.

La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.

El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.

La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.

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Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.

El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.

En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.

El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.

La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.

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Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.

Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.

El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.

Gobierno, paro docente

Ceuta intenta volver a la normalidad luego de que decenas de miles de personas llegaran a esa ciudad desde Marruecos, configurando uno de los episodios migratorios más graves en la historia reciente de España. El caso implicó un sacudón político al interior de la Unión Europea luego de que 22 de sus socios cuestionaran abiertamente la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez y pidieran mayores medidas para “combatir la inmigración ilegal”.

Esta crisis no se quedó solamente en territorio europeo, sino que generó una repercusión inmediata en los principales países de Occidente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agarró el episodio y opinó que “eso es lo que va a pasar en tres años si el bando equivocado llega al poder”. El mandatario calificó lo sucedido como “una invasión” y auguró que eso es lo que sucederá si es que “los demócratas llegan al poder” en su país.

No es una interpretación diferente a la que hizo el gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, el Presidente compartió en su cuenta personal de X diferentes interpretaciones por parte de figuras del ámbito libertario. Uno de los textos más extensos fue el del Director Ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, que atribuyó esa crisis a varios actores y estructuras.

Laje afirmó que “Bruselas impone una agenda migratoria abierta y castiga a los gobiernos que intentan recuperar el control soberano de sus fronteras”, señalando así a los “globalistas al frente de la Unión Europea” como uno de los principales culpables. Además, responsabiliza a la “industria de las ONG”, a la “ideología multicultural” y al “wokismo”, al que define como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos: opresores históricos de buena parte del mundo según esta narrativa habrían contraído una deuda moral permanente que hoy debería saldarse mediante políticas de fronteras abiertas”.

Se trata de lecturas que apuntan directamente sobre el funcionamiento de la política migratoria europea, pero que sugieren que puede haber aspectos que puedan seguir reviéndose en el plano local.

Infobae consultó con una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo y supo que Javier Milei está muy atento a la crisis migratoria en Ceuta. Ante la consulta sobre si hay en evaluación más medidas vinculadas a la normativa migratoria argentina, la respuesta fue “lo estamos monitoreando”.

Por pura coincidencia, horas antes de que emergieran las primeras novedades desde Ceuta, el Gobierno había anunciado el miércoles por la noche la publicación de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que habilita impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por su nacionalidad, así como a quienes ultrajen símbolos patrios, una decisión que en Casa Rosada atribuyeron como respuesta a la supuesta “campaña antiargentina”.

La Oficina del Presidente sostuvo que el endurecimiento del régimen migratorio busca preservar la integridad social, el respeto hacia la Argentina y sus símbolos, además de prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia y el orden institucional. La comunicación oficial afirmó que la decisión responde a episodios recientes de tensión derivados de declaraciones interpretadas como ofensas a la República y a sus habitantes.

Un funcionario del Gobierno atribuyó esta medida a algo más vinculado a la denominada “batalla cultural” y que su disparador no se debió a algún tipo de preocupación ligada a la inmigración. Aun así, vistos los episodios recientes, la normativa migratoria podría estar sujeta a nuevas modificaciones, si es que el Presidente lo considera apropiado.

De todas maneras, uno de los miembros de la mesa política del Gobierno ratificó ante Infobae que “al momento no se está hablando de eso”.

La administración libertaria ya había realizado cambios en mayo del año pasado a través de la publicación de otro DNU, el 366/2025, el cual modificó la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros.

Allí, el Poder Ejecutivo redefinió categorías de residencia e incorporó criterios más estrictos para la admisión y permanencia en el país. El objetivo declarado era impedir el ingreso de personas que puedan “representar un riesgo” para la seguridad pública y asegurar que quienes entren lo hagan de manera legal y con intenciones claras.

La normativa publicada puso de manera tácita que los extranjeros deben presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina. Allí deben informar los motivos de su entrada y comprometerse a no desvirtuarlos. El texto también refuerza el control sobre la documentación migratoria y endurece las sanciones para quienes ingresen de forma irregular o utilicen documentos falsos.

En la plataforma que la alianza nacional de La Libertad Avanza presentó ante la Cámara Nacional Electoral se establecieron las siguientes propuestas en términos de política migratoria: 1) “Prohibir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales”; 2) “Incorporar sensores móviles, vehículos, drones, satélites y todo equipamiento necesario para el control de fronteras y lograr la recopilación de información para prevenir delitos complejos y monitorear fronteras de manera remota”; y 3) “Deportación Inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país”.

el proyecto de reforma,Conforme a