El Ejército Argentino exhibió este miércoles en Boulogne un lote de equipamiento nuevo que forma parte de su plan de modernización y reequipamiento. La muestra, organizada por la Dirección de Arsenales, incluyó vehículos, sistemas de armas, drones, simuladores de tiro y nuevos uniformes.

Entre los vehículos presentados se destacaron los primeros 72 Unimog U 4000, dentro de un plan que prevé incorporar mil unidades en total. También se mostraron tanques TAM 2C modernizados en el país con tecnología israelí, junto a vehículos Stryker y Oshkosh provenientes de Estados Unidos. La fuerza incorporó además líneas de repuestos para garantizar el mantenimiento de la flota a largo plazo.

La exhibición sumó armamento de fabricación nacional, entre ellos munición de 105 milímetros producida por Fabricaciones Militares para tanques TAM y cañones SK 105, y equipamiento de protección como cascos y porta placas RB4 fabricados por la empresa argentina ITP.

También se presentaron escopetas Benelli M3, de origen italiano, adquiridas mediante una licitación iniciada el año pasado y entregadas con ópticas israelíes MEPRO. La incorporación de drones de distintos tamaños y capacidades fue otro de los puntos destacados del encuentro, junto con simuladores de tiro que buscan reducir los costos de entrenamiento frente al uso de munición real.

En materia de indumentaria, el Ejército mostró nuevos uniformes con el patrón mimético tradicional y, por primera vez, una variante en colores desérticos, pensada para adaptar el equipamiento a distintas regiones del país.

La muestra incluyó también vehículos anfibios ACL 5 y lanchas Land Re, destinados a operaciones en zonas de ríos y ante desastres naturales, orientados a unidades de ingenieros y tareas de emergencia.

El proceso de modernización combina desarrollo de industria nacional —en munición, protección balística y producción de armamento— con la adquisición de tecnología extranjera, en un esquema que busca fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de la fuerza en distintas regiones del país.

El Ministerio de Defensa destacó en un comunicado que “la recuperación de capacidades ya está en marcha”. Precisó que el Ejército “incorpora nuevos medios, moderniza sistemas y vuelve a poner en valor equipamiento clave para fortalecer su presencia en el terreno”.

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Defensa detalló que los camiones Unimog U4000, los drones FPV, el armamento, los sistemas de comunicaciones, el equipamiento individual y los blindados modernizados “son parte de una transformación que suma movilidad, potencia, tecnología y respuesta operacional”.

“Más despliegue. Más preparación. Más capacidad de acción”, resumió el comunicado, que cerró con una definición sobre el objetivo de la actualización: “Una Fuerza que se equipa para llegar más lejos, operar mejor y estar lista cuando la Nación lo requiera”.

Ejército Argentino

Acaba de terminar una semana que a todo el Gobierno le hubiera encantado tener en medio del escándalo de Manuel Adorni. Una semana corta, en donde la agenda política fue prácticamente nula y donde la desbordante emoción por la Selección Argentina tapó cualquier tipo de noticias sobre la interna, así como disminuyó el consumo político. Mientras tanto, la administración nacional a cargo de Javier Milei continúa con una gestión, en apariencias, renovada.

No solo por el esquema político que se consolidó puertas adentro del Gobierno, sino porque la salida de Adorni permitió que en la agenda pública pudieran mostrarse mejor algunas de las cifras positivas que tiene la Casa Rosada en términos económicos. Hay dos que se esperan con especial ansiedad en los próximos días en el entorno presidencial: la inflación mensual de junio, la cual creen que será menor a 2 %; y la llegada del riesgo país a niveles menores de 400 puntos básicos (este jueves quedó al borde de perforar esa marca luego del pago a bonistas).

En ese sentido, no fue menor que el equipo económico haya realizado una conferencia de prensa este lunes para anunciar los lineamientos del programa financiero. Ese mismo día, el Presidente se sacó una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para hacer los últimos avances de las reformas financieras que planean para los próximos meses.

En el Gobierno hay dos grandes esferas deliberativas. Está la conocida mesa política, la cual busca coordinar la agenda legislativa de las reformas; y está todo lo vinculado al ámbito de la programación económica. A Milei le hastía la gestión de la rosca política y de la ejecución al interior del Gobierno -por eso se la delegó a su hermana-, pero le pasa lo opuesto con la economía.

La reforma política -y la eliminación o suspensión de las PASO- es la más importante que tiene para sacar el Gobierno para aspirar a cumplir sus objetivos electorales del año próximo. Pero se habla menos de la prioridad que le quiere dar el Presidente a sus reformas de corte económicas-financieras. Quienes conocen a Milei dicen que está particularmente entusiasmado por esos últimos proyectos. Tan así es que ayer reunió al Gabinete en la Casa Rosada bajo el pretexto principal de que todos los funcionarios conocieran los primeros puntos del anteproyecto de ley de reforma del Banco Central (BCRA) que está trabajando el Ejecutivo. En un importante despacho gubernamental afirman que el principal impulsor de la misma es Bausilli.

Son asuntos mirados con mucho optimismo por parte de bonistas, de analistas bursátiles y por parte del propio Fondo Monetario Internacional. Consultada ayer por la periodista Patricia Valli de El Cronista, la vocera del FMI, Julie Kozack, marcó su apoyo a la intención de reforma de la Carta Orgánica del BCRA al considerar que esos cambios fortalecerán la independencia de la entidad y contribuirán a consolidar el proceso de desinflación. Asimismo, marcó que esto reducirá las vulnerabilidades a la “dominancia fiscal” y que el Banco Central emita para avalar un eventual mayor gasto.

Son asuntos que hacen a los pilares del programa económico que el Presidente cree necesario establecer primero por sobre otros. Ante todo, Milei es una persona que concibe sus políticas mediante etapas o marcos progresivos. Cabe recordar lo que establecía en la campaña electoral de 2023, cuando indicaba que su eventual gestión presidencial iba a estar dividida en tres generaciones. En el Gobierno afirman que actualmente se están elaborando y proponiendo las de “segunda generación”, entre las que también se encuentran una nueva Ley de Mercado de Capitales y las bases del “Shutdown” del Estado que replica al mecanismo utilizado en Estados Unidos.

Hay un dilema que se le presenta al Gobierno. Y es que estas políticas son más difíciles de explicar hacia la sociedad. El oficialismo está confiado en que tiene margen para que la recuperación económica llegue a sectores postergados, pero consideran importante la instalación del rumbo del programa en la sociedad. Se trata de una nueva necesidad para el oficialismo luego de meses de desenfoque mediático por el caso Adorni. No extraña, por eso, la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial. En sus dos primeras conferencias ha pasado más de 20 minutos dando un panorama de los logros de gestión, mayormente de los económicos.

“Nuestro desafío es pedirles un poco más de tiempo a quienes no les alcanza. Todos tenían en claro bien por dónde iba el camino de nuestra gestión al comienzo del Gobierno. Ajustar para estabilizar y crecer. Ahora es explicarles que el camino puede ser más tortuoso pero que los frutos se van a poder más adelante. Si la recuperación sigue, creemos que lo vamos a poder hacer ver y que esa noción llegue antes de la campaña del 2027”, afirma una importante voz comunicacional.

Con lo realizado en las últimas semanas, el oficialismo cree que ha podido instalar entre los analistas y players de mercado la percepción de que los fundamentals de la macroeconomía van a ser sólidos para los próximos meses y que hay una decisión política de sostener las políticas que ya se venían aplicando. Aun así, hay quienes ven que para los próximos meses los desafíos pueden ramificarse.

Un informe reciente de la consultora GMA Capital marcó que el saldo del primer semestre fue positivo, pero que “el esquema [actual] no está exento de desafíos”. “Con los vencimientos financieros despejados, la dimensión política y social empieza a ganar más peso de cara a un 2027 donde las elecciones presidenciales probablemente marquen la tónica del año“, marca un informe de la consultora GMA Capital.

La primera mitad de la administración libertaria estuvo signada por el déficit cero y la necesidad de ajustar como un sacrificio que traería una posterior recompensa. La estabilidad del tipo de cambio, la baja de la inflación y los números del riesgo país pueden ser indicadores que marquen una correlación. Pero es cada vez más frecuente la mención de que hay números que no son deseables. Uno de ellos es la dinámica del crédito vinculada al consumo, que en junio terminó con números negativos en todas sus líneas, registrando una contracción de 0,8 % frente a mayo en términos reales. Además, la mora de las familias lleva 19 meses de suba, llegando a un récord de los últimos 20 años de 12,7 %, según cifras de la consultora 1816.

En el Gobierno no lo subestiman, pero buscan matizarlo. Una importante fuente de la logística económica del Gobierno afirmó ante Infobae: “La realidad es que lo de los créditos no es un problema macro, es un problema de los bancos y ya lo están resolviendo”. Esa es la lectura puertas adentro. Es cierto que hay signos de apertura de liquidez por parte de los bancos, pero el filtro de riesgo sigue siendo marcado.

En los días recientes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante Infobae, reconoció —palabras más, palabras menos— que la percepción de alivio no es generalizada. En la Casa Rosada afirman que para las próximas semanas están estudiando medidas de contención.

Para entender qué piensa el equipo económico al respecto del crédito vale la pena escuchar lo que dijo el viceministro de Economía, José Luis Daza este miércoles en un reportaje en la TV Pública, sobre la política crediticia, la cual es considerada por el Gobierno como la principal fuente de estímulo para la economía. “Para prestar dinero alguien lo tiene que ahorrar. Como consecuencia de las políticas de los últimos años, la gente no ahorra en pesos. Es entendible, entonces lo que tenemos que hacer es restaurar la confianza en la moneda y hacer los deberes y restaurar la confianza paso a paso. No podemos saltarnos pasos y va a ser un proceso lento”, marcó.

Una fuente gubernamental convalidó que, para la perspectiva presidencial, hay cuestiones más estructurales que darán alivio a largo plazo y que, primero, deben impulsarse mayores flexibilizaciones en el plano de la seguridad jurídica, como lo será el retoque de la Ley de Inocencia Fiscal, la cual no entró al Congreso todavía pero que lo hará por la Cámara de Diputados por disposición constitucional. En el oficialismo de la cámara baja ya están atentos a cuándo vaya a llegar ese texto.

Daza indicó que el Gobierno podría impulsar en el corto plazo alternativas para crédito en dólares y en pesos, vinculadas mayormente a redinamizar sectores como el de la construcción. Pero fue contundente en afirmar que no van a “tomar atajos” y que se priorizará el esquema de medidas progresivas que impulsa Milei.

“Creo que lo que nos sucede ahora es que tenemos el camino allanado en términos políticos y que depende todo de nosotros. En el plano político, cada uno de los sectores del Gobierno ya entendieron cuáles son los roles que les dieron tanto Javier como Karina. Si cada uno se mantiene en su patio, esto se va a mantener bien”, afirmó una importante fuente del Gobierno en relación a las internas y a la política.

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El Gobierno evalúa incluir cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que enviará al Congreso antes del 15 de septiembre. En el Ejecutivo sostienen que es una de las opciones sobre la mesa para reducir el impacto fiscal de dos normas que el oficialismo intentó modificar en diciembre de 2025, pero no logró sostener en la votación particular del Presupuesto 2026.

La decisión todavía no está cerrada. En despachos oficiales advierten que la posibilidad “persiste”, pero dependerá de que la mesa política consiga antes los consensos necesarios con gobernadores y bloques aliados. “En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo”, expresan en Nación.

El diagnóstico interno es que aquella derrota combinó impericia, exceso de confianza tras la victoria electoral y falta de trabajo previo con los mandatarios provinciales. La Casa Rosada había incluido en el Presupuesto 2026 un capítulo para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas vetadas por Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso. Diputados aprobó el Presupuesto en general, pero rechazó ese tramo en particular.

En Balcarce 50 ahora buscan evitar que se repita ese escenario. La idea es llegar a septiembre con acuerdos políticos más firmes, especialmente con gobernadores que puedan acompañar la reforma electoral, el Presupuesto y otras iniciativas económicas. En Nación creen que, si esos mandatarios quedan alineados con Milei de cara a 2027, tendrán menos incentivos para votar en contra de una ley clave para el oficialismo.

El proyecto presupuestario aparece como la herramienta más viable para ordenar la discusión fiscal. En el entorno del jefe de Estado sostienen que el debate sobre universidades y discapacidad debe quedar dentro del cálculo general de recursos y gastos, y no avanzar por leyes específicas que generen aumentos de gasto por fuera de la programación financiera del Estado.

La situación universitaria es el frente más judicializado. La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles. El fallo no resolvió el fondo de la controversia, pero mantuvo vigente la orden mientras sigue el expediente.

En el Ejecutivo remarcan que la decisión de la Corte no implica todavía una sentencia definitiva sobre toda la ley. “No es el costo total de la ley, es un costo parcial”, explican en Nación. La discusión alcanza por ahora a los artículos sobre salarios y becas, aunque el expediente sigue abierto y puede condicionar la estrategia presupuestaria de 2027.

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La Casa Rosada ya había intentado descomprimir el conflicto con un acuerdo parcial con las universidades: una recomposición salarial del 24,33%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora en becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades no retiraron el reclamo judicial y advirtieron que ese entendimiento no implicaba cumplir la ley vigente.

En Discapacidad, la mesa política también busca rediscutir el esquema dentro del Presupuesto. El oficialismo ya había enviado un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, con foco en auditorías, reempadronamiento, incompatibilidades para pensiones no contributivas por invalidez laboral y revisión del financiamiento. La intención oficial es acotar el costo fiscal y reforzar controles sobre beneficios.

La estrategia forma parte de una negociación más amplia. En Balcarce 50 quieren remitir el Presupuesto 2027 con un acuerdo macro con varios gobernadores aliados para sostener reformas hasta, por lo menos, marzo. En Nación creen que ese entendimiento debe incluir votos para la reforma electoral, acompañamiento presupuestario y respaldo a proyectos sensibles que puedan generar resistencia sectorial.

El Gobierno calcula que la reforma electoral debe quedar sancionada antes del envío del Presupuesto o, al menos, llegar a septiembre con una negociación muy avanzada. La suspensión o eliminación de las PASO es una prioridad para la mesa política, que entiende que esa reforma ordenará el tablero electoral y permitirá cerrar acuerdos de competencia con mandatarios provinciales.

La discusión presupuestaria también estará condicionada por el frente fiscal. El informe de avance del Presupuesto 2027 sostiene que el proyecto se remitirá antes del 15 de septiembre y que mantendrá el compromiso con el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica. Además, anticipa metas orientadas a aumentar actividad, empleo e ingresos reales, junto con una fuerte desaceleración de la inflación.

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En la ejecución acumulada a mayo de 2026, el Ejecutivo registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,6 billones. En ese mismo período, las transferencias a universidades nacionales alcanzaron $1,95 billones, con una ejecución del 37,3% del crédito vigente, mientras que las prestaciones de la seguridad social —que incluyen pensiones no contributivas por discapacidad— fueron el principal factor de aumento del gasto primario.

En la Casa Rosada creen que esos números refuerzan la necesidad de ordenar cualquier modificación de gasto dentro del Presupuesto. El razonamiento oficial es que, si el Congreso obliga a aplicar leyes con impacto fiscal sin fuentes claras de financiamiento, el oficialismo deberá compensar con recortes en otras partidas o con una reestructuración más amplia del programa de gastos.

La definición final dependerá del acuerdo político. En Balcarce 50 quieren evitar otra derrota como la de diciembre y llegar al debate de 2027 con una coalición legislativa más disciplinada: gobernadores con incentivos electorales, reformas encaminadas y un Presupuesto que funcione como instrumento para encuadrar universidades, discapacidad y el resto de las prioridades fiscales.

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