La Libertad Avanza buscará este martes firmar el dictamen de mayoría sobre el desendeudamiento de las familias, con una propuesta que apunta a prevenir el sobreendeudamiento mediante mecanismos como la doble autenticación antes de acceder a un crédito y el impulso de la educación financiera a mediano y largo plazo. El oficialismo incorporó además una propuesta de la UCR.

El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, encabezado por los diputados Santiago Pauli (LLA) y Hugo Yasky (UxP), está citado para este martes a las 14. Tal como se estableció en el emplazamiento aprobado por la Cámara baja, ese día se firmarán los dictámenes.

Los consensos de la oposición

Las bancadas de Unión por la Patria (UxP), Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda alcanzaron algunos puntos en común, entre ellos la declaración de la Emergencia Financiera y Crediticia por 180 días, con la posibilidad de prorrogarla por otro período similar si fuera necesario.

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El alcance de la emergencia establecería topes para las tasas de interés nominales que cobran las empresas de tarjetas de crédito y las billeteras virtuales. Además, fijaría límites para gastos y comisiones y establecería planes de refinanciación de las deudas de hasta 36 meses, según los montos.

La propuesta también elimina el 100% de los intereses punitorios, mientras mantiene el capital y los intereses compensatorios.

Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo con el scoring de cada cliente, se otorgaría competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura de los algoritmos, con el objetivo de transparentar esas prácticas.

El proyecto que declara la Emergencia Financiera y Crediticia, presentado por la peronista Jimena López junto con Nancy Sand, Eduardo Valdés, Andrea Freites y Juan Pablo Luque, entre otros, establece que “A los efectos de la presente ley, se considerará sobreendeudamiento por subsistencia familiar a la situación derivada de las deudas contraídas de manera exclusiva para la satisfacción de necesidades básicas del grupo familiar. Quedan comprendidos dentro de este concepto los pasivos originados en gastos destinados a: alimentación, salud, educación, servicios públicos esenciales (gas, electricidad, servicio de internet), provisión de gas envasado (garrafas), transporte, vestimenta y artículos de limpieza, que se hallen en mora superior a sesenta días”.

Por su parte, el radical crítico de Provincias Unidas Pablo Juliano propuso crear un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito.

La iniciativa busca fomentar un acceso responsable al financiamiento, mejorar la transparencia de las condiciones de contratación y reforzar la responsabilidad de las entidades a la hora de conceder préstamos.

La propuesta del oficialismo

Al igual que ocurrió hace una semana en el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, los libertarios buscarán obtener el dictamen de mayoría. Se trata de un punto estratégico para el debate en el recinto, ya que será el primer dictamen que se pondrá en consideración y sobre el cual se desarrollará la discusión legislativa.

Coordinada por la diputada Silvana Giudici, la propuesta de La Libertad Avanza está destinada a mejorar la información y la transparencia sobre los costos financieros, impositivos y las tasas de interés. Uno de sus principales ejes será el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que permite conocer cuánto termina pagando una persona por un préstamo al sumar intereses, comisiones, seguros y otros cargos.

El oficialismo analiza establecer mecanismos para que esa información aparezca de manera más clara antes de contratar un crédito, con el objetivo de que los consumidores puedan conocer el costo final y comparar distintas ofertas.

La iniciativa involucraría al Banco Central, las entidades bancarias y las empresas fintech, tanto en los mecanismos de refinanciación como en la forma en que se comunica el CFT a los usuarios.

También incorpora propuestas de educación financiera digital y herramientas de autocontrol, además de alternativas más flexibles para el manejo de las carteras de los deudores.

El radicalismo de Pamela Verasay sumó un proyecto del correntino Diógenes González vinculado con la modificación de la Ley de Educación para incorporar contenidos de educación financiera en las escuelas secundarias. Según el texto, el objetivo es que los estudiantes incorporen conocimientos sobre administración del dinero, ahorro, crédito, endeudamiento y funcionamiento del sistema financiero.

Otras propuestas

Desde distintas bancadas también plantearon alternativas. El MID de Eduardo Falcone, que no integra las comisiones del plenario, propuso una solución focalizada bajo la teoría del esfuerzo compartido.

El diputado desarrollista explicó: “El Estado Nacional baje o elimine el IVA a los intereses de los créditos, que los Estados provinciales bajen o eliminen los impuestos a los ingresos brutos sobre el mismo concepto. En algunos casos llegan al 9% de los intereses, una locura total, que los bancos bajen los intereses sobre los créditos de los individuos y familias que están en condición de mora y que los endeudados paguen el capital de su deuda bajo las nuevas condiciones”.

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Falcone reconoció que su colega cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, quien además está trabajando en un dictamen propio, le adelantó que la Fundación Mediterránea tiene estudios similares.

En su propuesta, la diputada Alejandra Torres plantea crear una línea de préstamos destinada a las personas que se encuentran en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central. La iniciativa permitiría refinanciar las obligaciones mediante créditos de mayor plazo y menor costo financiero.

Los préstamos serían otorgados por bancos que adhieran voluntariamente al programa y contarían con beneficios impositivos destinados a reducir el costo financiero, además de fondeo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Según la propuesta, el Estado no asumiría las deudas privadas. Los créditos se ajustarían por UVA, tendrían una tasa máxima del 7,5% anual y un plazo de cinco años para su cancelación.

Una vez firmados los dictámenes, los proyectos podrían llegar al recinto en una próxima sesión, prevista para el miércoles 7 de octubre.

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El Gobierno designó a dos nuevos funcionarios que ocuparán funciones clave dentro de la Jefatura de Gabinete en las áreas de Ambiente y Enlace Legislativo.

Se trata de Walter Daniel Lanaro, quien fue nombrado mediante el decreto 1118/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, como subsecretario de Enlace Legislativo. Militante del PRO, Lanaro se presenta a sí mismo como liberal en sus redes solciales. Antes de llegar a la gestión libertaria, se desempeñó como senador provincial bonaerense.

Por otro lado, el Gobierno designó a Juan Andrés Trebino como Subsecretario de Ambiente dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La decisión fue dispuesta mediante el decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y publicado el 29 de septiembre.

Trebino acumula al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración estatal. Su primera experiencia en el sector público se remonta a 2011, cuando se desempeñó como asesor legal en la Dirección Nacional de Control Ambiental.

En 2015, durante la presidencia de Macri, asumió la conducción de esa misma dirección, cargo que ocupó durante siete meses. Tras ese período, escaló al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

Quien ahora vuelve a la función pública en un rol de mayor jerarquía dejó su cargo en diciembre de 2019. La designación de Trebino se produce después de dos meses sin titular en la Subsecretaría de Ambiente, un período en el que el organismo funcionó sin conducción formal.

Hace unos meses, el Gobierno designó a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.

La funcionaria asumió en un momento de tensión con el sector científico, marcado por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, formalizó la designación mediante el decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador. Baravalle cuenta con un perfil que, según el comunicado oficial del Gobierno, “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”.

La nueva secretaria cuenta con experiencia en investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, además de participación en proyectos científicos internacionales.

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, casa de estudios donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

Ejerce como docente universitaria y conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral. Es también fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.

Desde Casa Rosada recordaron que la funcionaria “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019” y que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.

El comunicado oficial precisó que su incorporación tendrá como objetivo “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

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El Tribunal Oral Federal 5 recibió la pericia sobre Los Sauces a semanas del inicio del juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner por presuntas maniobras de blanqueo.

Según pudo confirmar TN, el informe elaborado por peritos de la Corte Suprema tiene más de 30 páginas y da detalles sobre el Hotel Los Sauces pero no logró determinar si la explotación era rentable, ya que faltan balances e información respaldatoria.

Que los jueces cuenten con esta pericia no es un detalle menor, ya que se trata de un elemento de prueba que dilató mucho tiempo la fecha de inicio de juicio. Este documento servirá para sustentar las acusaciones y, hasta que se finalizó, estuvo marcada por cambios de peritos.

En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos —apelados por el fiscal Velasco— que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.

El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.

Finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio. El proceso comenzará el 23 de octubre.

La causa

Los Sauces S.A. se constituyó el 7 de noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Tras la muerte del expresidente, el paquete accionario quedó, según la instrucción, en un 45% para Cristina, 32,5% para Máximo y 22,5% para Florencia.

La sociedad empezó a facturar en enero de 2009. El expediente nació de una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y recayó en el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. En diciembre de 2016 la firma fue intervenida. El 4 de abril de 2017 Bonadio procesó a los principales acusados.

La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.

Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.

El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.