El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) sabe de escándalos. Su anterior mandamás, Omar “Caballo” Suárez, el sindicalista preferido de Cristina Kirchner-, cayó preso en 2016 acusado de administración fraudulenta y asociación ilícita. Ahora, su actual secretario general, Raúl Omar Durdos, enfrenta un juicio por violencia de género.

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio inicio este martes al juicio oral y público contra Durdos. La exsecretaria de la Mujer del gremio, Mariel Betina Santillán, lo acusa de violencia de género laboral, hostigamiento, maltrato y discriminación.

Según la denuncia, las supuestas represalias comenzaron en junio de 2022, luego de que Santillán votó a favor de la restitución del secretario adjunto, David Villalba. Entonces, Santillán sufrió la quita de viáticos, el retiro de vehículos oficiales, la revocación de licencias a su equipo y el aislamiento de la conducción.

“Me denunciaste porque no te di un coche, me denunciaste porque no te alquilé un departamento… por eso a vos no te di más”, se escucha en un audio que Santillán presentó como prueba durante el juicio, que pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes. En otro audio se escucha que supuestamente Durdos le recrimina: “Te dije que no te fueras a Estados Unidos y te fuiste a Estados Unidos”.

Durante la audiencia, el abogado de la querella, Juan Saucedo, expuso “el bloqueo sistemático a la dirigente gremial, que incluyó la expulsión de canales de comunicación institucionales y la difusión de audios editados en redes sociales para menoscabar su imagen”, según dijo. Las imágenes que aportó la muestran a Santillán con leyendas agraviantes irreproducibles.

En mayo de 2023, el Juzgado N° 8 dispuso la prohibición de hostigamiento a Durdos en resguardo de Santillán. “La causa penal sumó gravedad cuando se constató que Durdos violó esa orden judicial. En lugar de cesar el amedrentamiento, se promovieron represalias que culminaron con una suspensión de 45 días contra la funcionaria sindical”, señaló Saucedo.

Los informes de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y la Oficina de Asistencia a la Víctima concluyeron que las conductas de la conducción gremial encuadran en mecanismos de “desgaste y exclusión, configurando violencia pública y política contra la mujer bajo los parámetros de la Ley 26.485 y el Convenio 190 de la OIT”.

Durdos conduce el SOMU desde 2017, cuando concluyó la intervención de Gladys González. Ya lleva casi una década como mandamás de los Puertos.

En diciembre último, la Junta Electoral del Sindicato —dominada por el oficialismo— impugnó a la lista opositora liderada por Gerónimo Molina. La maniobra fue judicializada de inmediato y la Justicia ordenó suspender el comicio hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, es decir, la validez y legitimidad de la nómina proscripta.

Sin embargo, la conducción gremial llevó adelante la votación de todos modos y Durdos se autoproclamó ganador.

La situación dejó al gremio marítimo al borde de una nueva intervención judicial. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo prorrogó por 45 días los mandatos vencidos. El tribunal debe determinar si se convoca a elecciones generales con la participación de todos los candidatos.

Durdos llegó al SOMU con el respaldo de Hugo Moyano, que ubicó a su hijo Hugo Antonio como uno de los asesores legales de la lista ganadora.

La cúpula gremial no solo enfrenta una denuncia por violencia de género. Un informe de auditoría técnica emitido por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) sobre la Obra Social del Personal Marítimo (O.S.P.M.) revela inconsistencias y un marcado deterioro económico-financiero.

El documento detalla que la obra social inició un tobogán financiero a fines de 2024. A mediados de 2025, el déficit operativo fue superior a los 3.316 millones. En ese mismo período, la deuda con sanatorios, clínicas y droguerías se triplicó en relación con los ingresos mensuales de la entidad. Sin embargo, la brecha económica no impidió el flujo de caja hacia selectos profesionales y estudios jurídicos. Entre ellos, el estudio jurídico Dr. Hugo Moyano & Asociados, con $6.141.817.

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