Karina Milei se volvió a mostrar este jueves con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La nueva foto de respaldo político se produjo durante una recorrida por un pozo petrolero de YPF en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde la empresa recibió el certificado de Marca País Argentina. Mañana, ambos participarán de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada.

El gesto de la secretaria general de la Presidencia llega en una semana intensa para la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. Entre lunes y miércoles declararon las cuatro mujeres que le prestaron dinero para la compra del departamento en Caballito. Además, la Justicia pudo determinar que en diciembre de 2024 el jefe de Gabinete pagó cuatro pasajes en dólares para viajar a Aruba con su familia de vacaciones.

En ese contexto, ambos funcionarios encabezaron una agenda de actividades en Vaca Muerta vinculadas al desarrollo energético y la proyección internacional del país. La recorrida incluyó una visita a un equipo de perforación y un par de pozos en producción en Loma Campana, donde los funcionarios pudieron observar la actividad de campo.

Se sumaron a Karina y a Adorni el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca y otros funcionarios de la petrolera.

Gestos de apoyo al jefe de Gabinete

La recorrida por la provincia patagónica se sumó a una serie de gestos de apoyo hacia Adorni que comenzaron el lunes con otra recorrida liderada por Karina Milei.

En esa oportunidad, se trató de una visita a los laboratorios de máxima seguridad del Instituto Malbrán. Luego, los funcionarios fueron fotografiados mientras escuchaban a la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo interpretar la Marcha de las Malvinas en la Casa Rosada.

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El martes, Javier Milei sumó a Adorni a la comitiva que lo acompañó al evento de AmCham. Antes de hablar, el Presidente abrazó a su vocero en una imagen que sería luego difundida por el canal de prensa oficial.

Con los gestos públicos, el Gobierno busca dejar en claro que el jefe de Gabinete continúa firme en su puesto en medio de las investigaciones judiciales en curso.

Este viernes, la mesa política se reunirá en Casa Rosada para definir el rumbo legislativo del oficialismo y recuperar el control de la conversación pública a base de leyes.

Karina Milei, Manuel Adorni, Vaca Muerta

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, habló en Infobae a la Tarde antes de que este viernes se cumpla el plazo para que el Gobierno presente una apelación al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obligó al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida estima un gasto equivalente a los 2,5 billones de pesos y podrían haber novedades después de varios intentos para no hacer esa erogación.

En diálogo con Infobae en Vivo, Yacobitti señaló que la cifra que debe destinar el Ejecutivo es menor que lo que el Gobierno dejó de percibir al reducir el impuesto a los bienes personales, un tributo que afecta a quienes poseen mayor riqueza. “Cada servicio que brinda el Estado implica una erogación para el Estado, pero también implica una erogación para el Estado cuando uno aprueba rebajas impositivas”.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió a fines de marzo que el Ejecutivo debía ampararse en la ley de financiamiento universitario y transferir los fondos requeridos para el funcionamiento de las universidades nacionales. El fallo, que reafirma la vigencia de la normativa, fue consecuencia de amparos presentados ante la falta de actualización presupuestaria y exige el giro de partidas que permitan asegurar salarios, funcionamiento y actividades de investigación.

De acuerdo con la sentencia, la erogación alcanza los 2,5 billones de pesos para todo el sistema universitario y la decisión judicial resultó determinante ante la ausencia de respuestas a los reclamos de los rectores y gremios docentes. La justicia aclaró que el Gobierno debe cumplir con la ley vigente, aunque la administración nacional optó por agotar todas las vías judiciales antes de acatar el fallo.

La disputa por el financiamiento de las universidades ocurre en medio de tensiones entre el Gobierno y el sistema de universidades públicas. Yacobitti recalcó que, mientras el Estado señala restricciones fiscales, las rebajas impositivas dispuestas desde la asunción de la nueva administración superan el monto exigido por el sistema universitario. “Las rebajas impositivas que aprobó el Gobierno desde que asumieron hasta hoy, el régimen de ganancias, el RIGI y las concesiones; busqué alguno para que sea significativo y parecida la suma. Creo que, independientemente del déficit, acá hay una decisión política de transferencia de recursos”, remarcó el vicerrector, quien apuntó que el ajuste presupuestario afecta directamente a salarios, gastos de funcionamiento y recursos para la investigación en universidades que atienden a más de dos millones de estudiantes.

La falta de actualización de partidas presupuestarias agravó la situación de las universidades públicas en el último año. Según el fallo judicial, el Gobierno está obligado a garantizar los fondos necesarios para salarios y funcionamiento, lo que requiere una transferencia inmediata de recursos. En este sentido, Yacobitti destacó la urgencia de abrir una mesa de diálogo y propuso definir una nueva ley de financiamiento para los próximos períodos: “Lo que es el 2024 y 2025, es lo que está en la ley y eso el Gobierno lo va a tener que cumplir”.

Según dijo Yacobitti: “El Gobierno tomó una estrategia judicial de ir; no solo va a apelar, sino que intentó recusar a un juez y después al otro juez. En el medio, intentó, cuando se aprobó el presupuesto, dar de baja la ley. En el capítulo 11, junto a otros proyectos”.

Hasta ahora, no se han producido instancias de diálogo directo entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias. “No hay instancia de conversaciones, pero es necesario. Necesitamos tener la mesa de diálogo con las autoridades, no solamente por el presupuesto; siempre va a estar en agenda porque el ajuste y el recorte salarial deja a la categoría de profesores, que es la que más cobra, 120.000 pesos por encima de la canasta básica. El resto de los profesionales está muy por debajo de eso. Cuanto más tiempo pasa, más son los docentes que se van porque no aguantan”, según el vicerrector.

La situación salarial y laboral en las universidades nacionales ha generado que muchos docentes perciban ingresos por debajo de la canasta básica. Esto ha derivado en la salida de profesionales y en medidas de protesta, como el “paro a la japonesa”, que busca visibilizar el conflicto sin suspender las clases. “Lo que no podemos hacer es perder días de clases, porque estamos en una situación muy difícil. Cada vez que vemos una puerta cerrada de un aula por un paro, sabemos que desde el Gobierno no hay ningún tipo de preocupación por eso. No hay un sentimiento a favor de las universidades públicas”, manifestó Yacobitti.

En las últimas semanas, el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de financiamiento. Según el vicerrector, dicho proyecto no fue sometido a discusión ni con el sistema universitario ni con el Consejo Interuniversitario Nacional, el órgano que nuclea a las universidades nacionales. “El Gobierno nunca lo sometió a discusión. Cualquier proyecto que el Gobierno quiera presentar lo tiene que someter a discusión de las partes. Lo ideal sería que sea algo consensuado con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. El Gobierno prefirió no hacerlo y especular que no iba a haber un fallo a favor de las universidades. Pasó todo lo contrario. La propuesta del Gobierno solo recomponía en varias cuotas lo que se había perdido en el 2025, que fue el año de menor inflación”.

En la actualidad, el monto que el Ejecutivo está dispuesto a entregar no ha sido comunicado oficialmente, pero el fallo de la justicia obliga a cumplir con la ley. “Hasta ahora lo que el Gobierno está dispuesto a dar no se sabe. Lo que sí está claro es que está obligado a dar lo que falló la ley. Tendríamos que discutir una nueva ley de financiamiento para las universidades para lo que queda del 2026 y el 2027, para tener un margen de previsibilidad para los profesores universitarios”, enfatizó el vicerrector.