El Gobierno consiguió una primera respuesta positiva a su plan financiero, pero el verdadero examen empieza ahora: que la calma del mercado se convierta en una economía con más movimiento. Luis Caputo aseguró que tiene cubiertas necesidades por u$s19.200 millones en lo que queda de 2026 y presentó el esquema para afrontar 2027. La reacción fue favorable y el riesgo país bajó a la zona de 412 puntos, su nivel más bajo desde 2018.

El dato no es menor porque despeja, al menos por ahora, una de las dudas que más inquietaban a la City: cómo iba a financiar el Gobierno los próximos vencimientos en dólares sin reabrir una tensión cambiaria. Con ese frente más ordenado, el mercado cambió de foco. La pregunta ya no pasa solo por la deuda, sino por algo más difícil: si la estabilidad financiera puede bajar a la economía real.

Caputo despejó dudas por la deuda y consiguió aire financiero

El programa que presentó Economía buscó justamente eso: mostrar que el Gobierno no llega improvisando al tramo más sensible del calendario financiero. Para este año, el equipo económico afirmó que ya tiene cubiertas las necesidades previstas. Y para 2027, el mensaje fue que existe una hoja de ruta diseñada con distintas fuentes de financiamiento para evitar sobresaltos.

Ese anuncio le devolvió aire al oficialismo en el frente financiero. Bonos, riesgo país y expectativas cambiarias reaccionaron mejor porque el mercado leyó que el Gobierno logró ganar tiempo y previsibilidad. Después de varios meses en los que la discusión pasaba por los dólares y por la posibilidad de un nuevo episodio de tensión, Caputo consiguió mover la conversación hacia otro terreno.

Pero ese logro tiene un límite claro. Ordenar la deuda y sostener la calma del dólar sirve para estabilizar la macro, no para garantizar por sí solo que la economía se reactive. Y ahí es donde hoy aparecen las mayores dudas.

Industria, construcción y recaudación muestran que la actividad sigue débil

El problema es que esa mejora financiera convive con una actividad todavía frágil. En los últimos datos, la industria cayó más de 3% mensual y la construcción retrocedió en una magnitud similar. La recaudación, además, mostró en junio una baja real de 7,6%, otra señal de que el movimiento económico sigue sin afirmarse de manera amplia.

Eso importa porque no se trata de una debilidad aislada en un solo sector. La industria, la construcción y el comercio siguen mostrando un comportamiento flojo, en un contexto donde tampoco aparece un crédito más dinámico que pueda empujar inversión o consumo. La macro se ordenó más rápido que la calle.

En ese punto está la discusión que empieza a dominar esta nueva etapa. Para el mercado ya no alcanza con mostrar un programa financiero blindado, inflación en descenso y una situación cambiaria menos tensa. Ahora quiere ver si esa estabilidad logra convertirse en algo más concreto: más actividad, más consumo y una recuperación menos dependiente de sectores puntuales como energía o minería.

La mejora del mercado todavía no llega con fuerza al bolsillo

Esa fragilidad se ve directamente en los hogares. Un relevamiento privado mostró que el 61% de los argentinos asegura que sus ingresos se terminan antes del día 20, mientras que el 86,1% siente que su salario pierde frente a la inflación. Solo el 13% dice que puede cubrir todos sus gastos y, además, ahorrar.

Es un dato relevante porque marca la distancia entre la mejora financiera y la percepción cotidiana. Aunque la inflación haya bajado y algunos segmentos del salario real hayan mostrado una leve recuperación, el bolsillo sigue muy exigido. La sensación dominante no es la de alivio, sino la de ingresos que todavía corren desde atrás.

Ahí aparece el verdadero examen para el Gobierno. La estabilidad financiera ya consiguió una primera validación del mercado. Pero el foco pasa ahora por una señal mucho más concreta: si esa calma empieza a traducirse en actividad y en una mejora sostenida del poder de compra.

Porque el riesgo país puede bajar, los bonos pueden mejorar y la deuda puede verse más ordenada. Pero si la industria sigue floja, la construcción no repunta y la mayoría de los hogares siente que no llega a fin de mes, el orden macroeconómico seguirá siendo una condición necesaria, aunque todavía insuficiente, para consolidar una recuperación más amplia.

Mientras el consumo de pollo atraviesa su mejor momento histórico en la Argentina, la mayor empresa avícola del país pelea por sobrevivir. En 2025, el consumo per cápita alcanzó los 49,4 kilos anuales, un récord que dejó a esta proteína prácticamente al mismo nivel que la carne vacuna, que apenas la superó por medio kilo. Al mismo tiempo, la producción nacional llegó a 2,47 millones de toneladas, uno de los mayores registros de la historia.

Sin embargo, ese contexto favorable para el negocio no evitó que Granja Tres Arroyos, líder del sector, quedara al borde del colapso financiero. ¿Qué explica que un gigante de la industria se derrumbe cuando el mercado atraviesa uno de sus mejores momentos?

La conflictividad, las complicaciones financieras y un devenir que, a partir de la incertidumbre operativa creciente, sigue manteniéndose por demás difuso, mantienen en estado crítico el horizonte comercial de Granja Tres Arroyos, la principal avícola de la Argentina. La empresa, que viene de paralizar su planta más potente en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y también atraviesa turbulencias en sus instalaciones en Capitán Sarmiento, llega a esta instancia con una conflictividad laboral por demás desatada y un rojo bancario que preocupa a toda la cadena de ese segmento comercial.

La colosal deuda de Granja Tres Arroyos

En esa línea, la avícola acumula casi 4.750 cheques sin fondos y una deuda en ese concepto del orden de los 83.850 millones de pesos. Por su parte, Wade, una sociedad controlada por la misma firma, suma 917 documentos emitidos de la misma forma y por un total de 9.838 millones de pesos. Por estos días, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores un plan para desterrar un endeudamiento que llega a los 350 millones de dólares.

Al momento de evaluar los motivos que originaron la crisis de la empresa, que hasta hace menos de dos años faenaba a razón de 700.000 pollos diarios y generaba más del 20% del producto que las avícolas promueven a nivel nacional, existen aspectos que son mencionados de forma coincidente por actores del rubro, organizaciones sindicales e, incluso, representantes de los trabajadores de la firma.

En concreto, se señala que la compañía atraviesa una instancia de caída de su negocio a partir de una combinación de variables que, acumuladas a través de los años, comprenden desde un sobredimensionamiento de Granja Tres Arroyos que inició en los tiempos de Mauricio Macri al frente de la Presidencia, hasta una serie de brotes de gripe Aviar, pasando por la pérdida de mercados internacionales a raíz de esa variable y otros aspectos de la política económica del país, la suba de los costos internos, y el ingreso de producto importado a bajo precio, tal como viene ocurriendo ya en la actual gestión de Javier Milei.

Semejante combo hizo de un endeudamiento prácticamente crónico de la firma un problema grave que se acentuó en los últimos dos años, y que dio lugar a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que, activado en diciembre de 2024, dio lugar a un escenario de conflictividad laboral que no ha dejado de acentuarse con el transcurrir de los meses.

Por estos días, el cruce más fuerte se da en torno al cierre de la planta La China, en Concepción del Uruguay, con afectación directa para 700 empleos. La medida en cuestión, establecida a fines de mayo, implicó el fin de una faena que llegó a alcanzar los 200.000 pollos diarios.

«Granja Tres Arroyos anuncia que ha decidido cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región», se informó desde la firma en ese momento.

«La empresa se encuentra atravesando una delicada situación financiera como consecuencia del cierre de mercados de exportación por la situación sanitaria internacional (gripe aviar), la pérdida de competitividad y el fuerte deterioro de las condiciones económicas del sector», añadieron las fuentes.

Tras ese telón, la posibilidad de profundizar en la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos requiere un contacto directo tanto con voces cercanas a la empresa como con analistas de la actividad avícola y los actores laborales que se ven alcanzados por el parate y el rojo financiero que presenta la compañía en cuestión.

La caída de las exportaciones fulminó a Granja Tres Arroyos

Precisamente desde el lado del sector avícola, sendos expertos consultados por iProfesional acercaron una primera explicación de la crisis que atraviesa la compañía.

«Hubo un factor que agravó todo: la gripe aviar, que implicó un cierre de los mercados internacionales. Algo que ocurrió en 2023 y también el año pasado, por ejemplo. Lo que pasó con China tuvo una incidencia fuerte en ese sentido. Granja Tres Arroyos tiene costos de producción atados a productos de alto valor agregado con destino de exportación. Y son productos muy difíciles de colocar en el mercado interno, por lo cual la capacidad de venta decayó», explicó una fuente.

«Al mismo tiempo, empezó a darse una competencia con los productos importados. Con una empresa centrada en la exportación, y luego los mercados cerrados, lo que ocurrió es que los costos no dejaron de crecer mientras que los ingresos se redujeron. También la situación del dólar tuvo su incidencia en estos años. Por otra parte, el consumo interno no creció tanto como para compensar el freno a la exportación. Todo eso generó una situación que trancó a la empresa», añadió.

Otras voces del sector consultadas por este medio mencionaron al «sobredimensionamiento» de la firma como otro factor que pegó de lleno en la estabilidad económica de Granja Tres Arroyos. «Ese aumento de tamaño tuvo su salto cuando la empresa pasó a controlar los activos de Cresta Roja, que entró en quiebra», comentó otro analista a iProfesional. La compañía ahora en crisis se hizo cargo de dos plantas —una en Ezeiza y otra en Tristán Suárez— a partir de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Previo a esto, en 2015, la firma propiedad de la familia Rasic fue declarada en quiebra y comenzó todo un frente de conflictos y reclamos hasta que su estructura, a instancias del gobierno de ese momento, finalmente quedó en poder de Granja Tres Arroyos. Dicha operación terminó por consolidar a Granja Tres Arroyos como la mayor avícola de la Argentina. Para el manejo de las explantas de Cresta Roja, se creó la firma Wade, que hoy también muestra un fuerte endeudamiento.

«Los dueños de Granja Tres Arroyos —la familia De Grazia— pasaron a controlar una estructura que no supieron gestionar. Después los agarraron los brotes de gripe aviar, la apertura de las importaciones, los costos altos… Todo eso dio lugar a una situación que empujó a la compañía a pedir un Procedimiento Preventivo de Crisis y se fueron rompiendo las cadenas productivas de las que depende el negocio de Granja Tres Arroyos. Eso es lo que ocurrió en lugares como Concepción del Uruguay», explicaron fuentes del mercado.

Granja Tres Arroyos y un crecimiento desordenado

Desde el Sindicato de la Carne su secretario general en esa ciudad de Entre Ríos, Sergio Vereda, aportó más detalles respecto del mal momento que atraviesa la avícola. En diálogo con iProfesional, señaló que la empresa «lleva años acumulando deudas, aunque el problema se acentuó con la caída de las exportaciones«.

«Se generó un problema grave cuando China cortó la compra de productos como la garra de pollo, que en el mercado valía lo mismo que la pechuga. La gripe aviar complicó todo, después hubo una situación de hepatitis que también afectó a los pollos. Todo eso generó que se perdiera la exportación, sino que Granja Tres Arroyos exportaba casi el 50% de lo que hacía», afirmó.

«Después la empresa se agrandó mucho pero sin un control efectivo. Hubo un desmanejo que se fue incrementando también con los años. Fue absorbiendo frigoríficos y plantas de empresas que iban cerrando como Cresta Roja, Becar, Avex, que es de Río Cuarto… A medida que la empresa se fue agrandando fue perdiéndose el manejo de todo«, agregó.

Vereda dijo que en ese proceso también se descuidó al personal: «En Concepción del Uruguay éramos más de 1.000 empleados y los dueños y los ejecutivos casi no iban a la empresa. Todo ese descontrol también generó falta de previsibilidad, se empezó a incumplir con los proveedores. A todo eso se sumó la gripe aviar, la dificultad para vender en el mercado interno un pollo que, al ser para exportación, es más liviano y tuvo que ofrecerse a un precio más barato».

El dirigente gremial expresó que la sumatoria de variables negativas redundó en el pedido del PPC y luego la parálisis productiva que padecen plantas como La China. «Nosotros hace más de un año firmamos el preventivo de crisis. El Gobierno les dio a los dueños de la empresa la posibilidad de no pagar aportes jubilatorios. También se pidió achicar un poco de gente, sacarle a la gente del área de alimentación un plus que cobraban… Todo eso lo cedimos. Sin embargo, la situación fue empeorando», dijo.

«Hoy la empresa está en una situación de derrumbe y la cadena de producción se encuentra cortada en Entre Ríos. Desde los pollitos bebés, con la falta de alimento, hasta la parálisis que sufre la faena. Granja Tres Arroyos terceriza buena parte de sus procesos: una vez que nacen los pollitos, los entregan a criadores a quienes se les paga un alquiler por sus galpones, la empresa provee el alimento y demás», detalló Vereda.

Para enseguida añadir: «Pero la compañía dejó de pagar a esos criadores y hubo muertes de pollos y otras situaciones. Lo que ha pasado es que Granja Tres Arroyos perdió credibilidad entre los criadores entrerrianos, que ahora prefieren criar para empresas como Las Camelias o FEPASA. Esa falta de seriedad también terminó derrumbando el negocio de Granja Tres Arroyos».

La caída del negocio acentuó la conflictividad laboral

A ese contexto, aportaron otras fuentes de la actividad avícola, se sumó una virulencia gremial que creció tras la vigencia del PPC. Los paros constantes derivados del pago abreviado de salarios, o directamente la demora en el cumplimiento de los haberes en algunas instancias, dio pie a paros y medidas sindicales que afectaron de manera directa la faena en las instalaciones en Concepción del Uruguay.

«El escenario derivó en una guerra entre la parte sindical y la empresa que se concentró en Concepción del Uruguay. Al no haber faena, los pollos empezaron a pasarse. Dejó de entrar plata y no hubo fondos para alimentar a los productos en crecimiento. Se generó un círculo muy complicado. Si bien el resto de las plantas de la empresa están en funcionamiento, volver a echar a andar las instalaciones de La China implicaría un proceso de cuanto menos 60 días y habría que ver si resulta», expuso otra fuente consultada.

Con relación al estado actual de la compañía, fuentes de Granja Tres Arroyos comentaron a iProfesional que la empresa mantiene un diálogo constante con la gobernación de Entre Ríos, el intendente de Concepción del Uruguay y los gremios para acercar posiciones y bajar la conflictividad.

Respecto de La China, se indicó que «por el momento, la planta va a continuar cerrada. La cadena de producción en Entre Ríos está cortada y no hay pollos en producción que permitan abastecer a la planta de La China para su reactivación en el corto plazo».

«Seguimos buscando alternativas para superar este momento complejo, recomponer el circuito biológico, y así poder arrancar de a poco con la producción local. La propuesta de reestructuración de la deuda y el plan de recomposición del capital de trabajo elaborada en conjunto con Valo Columbus está en plena vigencia y avanzando. Ya se han obtenido adhesiones de distintos acreedores entre bancos y proveedores», afirmaron las fuentes.

Según pudo corroborar iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Granja Tres Arroyos acumula 4.743 cheques rechazados por falta de fondos, y una deuda por ese concepto del orden de los 83.851 millones de pesos. Por el lado de Wade, los cheques emitidos sin fondos suman 917 y un valor total de 9.838 millones de pesos. Por estos días, la avícola negocia con sus acreedores un plan para desterrar un endeudamiento que llega a los 350 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, ante el aumento de la mora en el crédito familiar, algunos bancos privados comenzaron a ofrecer refinanciación de deudas a tasas anuales del 25% y plazos extendidos. Según definió el titular del Palacio de Hacienda, la respuesta del sistema financiero ante este fenómeno es “bastante optimista”.

Durante una conferencia de prensa, Caputo explicó: “Hemos hablado por supuesto con los bancos para entender cómo iban a encarar este tema. La respuesta es bastante optimista porque por lo menos están apuntando a refinanciar estas deudas a más largo plazo y a tasas más bajas”. El funcionario relató que, tras una charla en IDEA, tres entidades privadas le informaron que ya estaban refinanciando a quienes presentan problemas de pago con tasas del 25% anual y plazos más extensos. “Esa es una buena noticia”, subrayó.

Consultado sobre la posibilidad de implementar un programa oficial de asistencia para quienes no pueden afrontar sus compromisos, Caputo descartó un salvataje estatal y remarcó que la resolución de la mora queda en manos de cada entidad bancaria. “También está lo del Banco Nación, pero es un problema lógico porque el año pasado hubo una suba fuerte de tasas y los bancos empezaron a actuar de bancos nuevamente. Antes simplemente captaban depósitos y se lo prestaban ya sea al Tesoro o al Banco Central”, puntualizó.

La situación de la morosidad se agravó en los últimos meses. De acuerdo al último relevamiento, el porcentaje de familias que no logró sostener los pagos de sus deudas alcanzó el 12,7% en mayo, el registro más alto en la serie histórica disponible. Los especialistas atribuyen este fenómeno a la combinación de una fuerte suba de tasas de interés durante el año anterior y a la recuperación del rol crediticio de los bancos en el contexto actual.

El avance de la mora impacta directamente en el acceso al crédito. Según datos recientes, casi siete millones de personas ya no reúnen las condiciones para obtener nuevos préstamos bancarios. Esta cifra representa un universo significativo de la población económicamente activa, lo que genera preocupación en el sistema financiero y en los sectores vinculados al consumo.

La estrategia de los bancos privados apunta a contener el deterioro ofreciendo alternativas a quienes acumularon atrasos. Según la información transmitida al Ministerio de Economía, las refinanciaciones proponen períodos de pago más largos y tasas sensiblemente menores a las vigentes en el mercado durante el pico de suba. “El crédito aumentó fuertemente durante estos dos años. Como parte de eso, la mora subió porque las tasas en su momento fueron muy altas”, explicó Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda también insistió en que los bancos deben volver a cumplir su función tradicional de intermediación financiera, evaluando el riesgo de los clientes y prestando a quienes acrediten capacidad de pago. “Los bancos empezaron a trabajar de bancos, nuevamente”, sintetizó el funcionario para describir el proceso por el cual las entidades volvieron a prestar al sector privado después de un periodo en el que concentraron sus operaciones en el financiamiento al sector público.

En este contexto, la oferta de refinanciaciones a tasas del 25% anual se presenta como una salida para evitar que la morosidad continúe en aumento y que más familias queden fuera del sistema de crédito formal. El Ministerio de Economía monitorea los resultados de estas medidas y mantiene el contacto con las entidades para seguir de cerca el comportamiento de la cartera de préstamos y las condiciones para quienes buscan regularizar su situación.

La decisión de no avanzar con un plan de salvataje estatal para deudores morosos marca una diferencia respecto de etapas anteriores, en las que el Estado intervino para asistir a los sectores más afectados por la suba de tasas y el deterioro de los ingresos reales. En esta oportunidad, la resolución de los casos queda sujeta a la política comercial de cada banco y a los acuerdos individuales con los clientes.

El aumento de la morosidad y la respuesta de los bancos privados a través de refinanciaciones a tasas más bajas se da en un contexto de restricciones para el acceso al crédito y de una economía que todavía muestra señales de fragilidad. El seguimiento de la evolución de la cartera de préstamos y del comportamiento de pago de las familias se mantiene como un tema central para las autoridades y para el sistema financiero.