Los jueces son conscientes de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y hacen su propio diagnóstico: los procesos son lentos, los tribunales no tienen un sistema de gestión moderno y les gana la burocracia.

En el marco del proceso de reforma judicial que impulsa la Corte Suprema, les preguntó a nueve jueces -incluidos magistrados de Comodoro Py y representantes de los tribunales de las provincias- cuáles son las principales deudas de la Justicia con la sociedad y qué cambios son prioritarios.

En materia penal, los jueces coinciden en que es necesario reducir los procedimientos a las formas mínimas indispensables, eliminar tiempos muertos y oralizar los trámites.

A nivel federal está en marcha la implementación de un nuevo Código Procesal acusatorio, más moderno, cuya aplicación impulsa el Gobierno, pero que demorará varios años en llegar a todo el país (incluso a la Justicia Federal de la Capital). Hasta que termine de implementarse, algunos jueces federales recomiendan, en línea con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, algunas reformas legales al sistema actual. Otros, en cambio, creen que hay que apostar directamente al sistema acusatorio.

En todos los fueros hay consenso en la necesidad de ser más abiertos para que la gente conozca cómo se toman las decisiones y contar con un sistema de gestión que permita que los jueces solo se ocupen de las decisiones judiciales.

Los representantes de los tribunales del interior piden que se diseñen reformas teniendo en cuenta la autonomía de las justicias de las provincias y sus diferentes necesidades. «A veces la mirada se detiene en los tribunales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires», se quejó Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Los tribunales provinciales atienden el 80% de los casos que plantea la gente, advirtió.

El presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias (Jufejus), Rafael Gutiérrez, coincidió en que los problemas en las provincias muchas veces son otros. Dijo, por ejemplo, que en muchos lugares ya se aplica un Código Procesal acusatorio y que está muy avanzado el proceso de «digitalización» de los expedientes. En otros distritos, incluida Buenos Aires, hay tribunales que siguen cosiendo los expedientes con aguja.

Una idea central en la que coincidieron todos los jueces es que deben tener presente que la Justicia es un servicio, que los ciudadanos son los usuarios y que necesitan una mejor respuesta.

El título del aviso se asemejó al anuncio de una película. «Se viene PP2». Transcurridos más de tres años desde el puntapié inicial de los Panama Papers , esta vez avanzaríamos sobre «el día después». Es decir, qué pasó en el mundo offshore desde que se publicó la primera nota de aquella investigación, el domingo 3 de abril de 2016, y hasta que el estudio panameño Mossack Fonseca cerró sus puertas, más de 1,2 millón de documentos internos después.

Esa cifra abarca de todo. Desde correos electrónicos de unas pocas líneas hasta documentos en formato .pdf que se extienden durante cientos de páginas. Por eso, la búsqueda «artesanal» de nombres debió combinarse con cruces informáticos, entre otros trucos que aportan las nuevas tecnologías. Y a eso sumarle las prácticas más tradicionales del periodismo: llamar por teléfono, reunirse con fuentes y preguntar.

Otra vez, la directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Marina Walker, asumió la voz cantante. Nos convocó al proyecto, nos pidió sigilo y velocidad, y tras la firma previa de un documento con las pautas éticas fijadas por el Consorcio, abrió las puertas al nuevo material.

Mendocina, pero radicada desde hace años en Estados Unidos, Walker nos adelantó que teníamos con poco tiempo para analizar el material, aunque también contábamos con una ventaja obvia: ya habíamos investigado antes al estudio Mossack Fonseca gracias a la filtración obtenida por los generosos colegas del diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Al igual que en investigaciones anteriores, las pautas del ICIJ se cumplieron sin matiz posible. La primera: la confidencialidad. Y para eso resultó clave que las decenas de colegas que se sumaron acataran las reglas de seguridad para compartir la información en una red similar a Facebook, pero encriptada con varios escudos sucesivos de protección. La segunda, la generosidad. Es decir, que cualquier hallazgo de cualquier periodista debía compartirse en esa suerte de Facebook encriptado para beneficio general, bajo pena de expulsión del equipo para futuras investigaciones.

¿La tercera pauta? Aceptar el «embargo periodístico». Es decir, que el material debe prepararse para su publicación, pero bajo ninguna circunstancia puede publicarse hasta la fecha acordada de antemano, ya que se podría entorpecer la investigación global o poner en riesgo a colegas que trabajan en países donde la prensa afronta todo tipo de dificultades. Y el asesinato en Malta de la colega Daphne Caruana Galizia, madre de un miembro del ICIJ, en octubre de 2017, nos sirve de macabro recordatorio a todos los miembros del Consorcio.

El equipo argentino de Paradise Papers abarca a siete profesionales, provenientes de distintos medios: Emilia Delfino y Sandra Crucianelli, del diario Perfil, Mariel Fitz Patrick, por Infobae, y Maia Jastreblansky, Iván Ruiz, Ricardo Brom y Hugo Alconada Mon, del diario . Todos convocados por el ICIJ, que determinará luego qué otros colegas argentinos se sumarán a este proyecto y accederán al material, como en anteriores ocasiones, para completar la búsqueda y difusión, y servir como «auditores» del trabajo desarrollado hasta ahora.