POLITICA
Milei busca instalar su agenda, pero choca con los límites de sus proyectos, el clima del Congreso y el Mundial
Javier Milei comenzó la semana reuniendo otra vez a sus legisladores para ratificar que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central constituye un objetivo superior del Gobierno. Parece claro que, de todos modos, ocuparía el segundo renglón del listado que empuja el Ejecutivo, detrás de la reforma electoral, pieza principal del plan reeleccionista. El tema es que, precisamente porque el oficialismo no logra articular en la práctica esa nómina de prioridades, el Congreso sigue exponiendo escasa actividad. Y la intención de instalar una agenda propia choca con los límites de las propias iniciativas si lo que se busca es generar interés social, con el agregado del Mundial en el máximo escalón de ansiedad colectiva.
El Presidente muestra interés personal en el tema del Banco Central y en ese línea, expone un despliegue llamativo para lo que suele ser su actividad en la Casa Rosada. Su mensaje a los bloques de LLA, y por extensión a los aliados del oficialismo, se cruza con el orden de prelación transmitido por Karina Milei: anulación de las PASO, un segundo capítulo de Inocencia Fiscal y el recorte de zonas frías con subsidios al consumo de gas. Las negociaciones no son fáciles y demandan tiempo, además de fotos, especialmente con jefes provinciales y socios legislativos. Eso, sin contar el efecto negativo de las internas sobre las tratativas con otros espacios.
El oficialismo -en rigor, sus operadores- transmiten la idea de que los primeros pasos para “recuperar” iniciativa política dejaron atrás los costos provocados por el caso Adorni, cuyo desarrollo judicial -incluidos los tiempos- alimentan interrogantes, en reserva, al igual que consideraciones sobre el daño. Se verá, pero en sentido práctico, los bloques libertarios deben ajustar sus movimientos para salir del estado de virtual inactividad del Congreso, primero por la serie del ex jefe de Gabinete y ahora por las dificultades prácticas del oficialismo.
Milei convocó a los diputados y senadores de la LLA para anticiparles lineamientos del proyecto sobre el Banco Central, algo que como título había planteado hace pocos días en un encuentro similar, convocado por Karina Milei con el pretexto formal de presentarles a Diego Santilli ya como jefe de Gabinete. Fue un gesto para exponer su afirmación de poder. Los legisladores esperan ahora que finalmente el proyecto cobre forma y llegue a sus manos. La explicación es que está en el tramo último de elaboración, tarea a cargo de Luis Caputo y Santiago Bausili, con aportes de Federico Sturzenegger.
En la oposición, la espera es matizada por recelos, al margen de las chicanas sobre declaraciones mileistas de otros tiempos que hablaban del fin del Banco Central. El énfasis en garantizar la autonomía efectiva de la entidad hace ruido frente al funcionamiento de Bausili, apegado a Economía. Pero por el momento, todos están aguardando la letra de la iniciativa, fuera de la renovada carga sobre la gestión kirchnerista y con la mirada puesta, a la vez, en los alcances del mecanismo local de shutdown que anticipan desde el Gobierno.
La cuestión inmediata es otra. Son varios los proyectos que por diferentes razones están trabados o muestran tibios avances. El Senado tiene previsto sesionar el jueves, aunque circulan dudas sobre el quórum, y no especialmente por alguna movida de la oposición. Es una especulación que alude a posibles ausencias de legisladores después de las semifinales del Mundial -que paralizarán todo el miércoles- y la cercanía del receso de invierno.
El temario, desde ya, expone los objetivos y también los problemas del oficialismo. El punto central es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, largamente demorado y recortado o modificado en varios tramos del articulado. Por debajo, asoma la línea judicial desplegada por el oficialismo desde que Juan Bautista Mahiques encabeza el ministerio de Justicia. Algunos pliegos enviados por el Ejecutivo alimentan miradas sobre intereses que trascienden la valoración de antecedentes. Esta vez, se trataría del mantenimiento en el cargo de un camarista del fuero laboral con edad para jubilarse. No habría margen para demorar el pliego.
Figuran en la columna de pendientes otros proyectos del Gobierno, entre los que se destaca el recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías. Es una negociación complicada, que incluye un tema ajeno al gas y que cuesta cerrar por la resistencia de gobernadores de provincias afectadas por la iniciativa. Son reparos que no compensarían apoyos de mandatarios beneficiados en el rubro de energía eléctrica. El texto de Inocencia Fiscal II todavía no fue enviado y su tratamiento derivaría para agosto.
Por encima de todo, el interés del mileismo está puesto en la reforma electoral y, es sabido, especialmente en la anulación de las PASO. A diferencia de los otros proyectos mencionados, el sistema de primarias vigente ofrece al oficialismo al menos un punto de contacto con el interés de franjas de la sociedad, según diversas encuestas: impacta el tema de los fondos que demanda. Y la cuestión del “gasto de la política” va de la mano con el mal o escaso uso de este mecanismo de selección de candidatos. Llamativo: el peronismo, en etapa inicial del kirchnerismo, impulsó la ley en base a su interés del momento, pero prefirió el armado de listas en los escritorios en lugar de las votaciones entre sectores internos.
Con todo, no es una negociación sencilla y lo viene registrando Santilli, en los contactos con gobernadores, a pesar de las imágenes de sintonía con la Casa Rosada. Es una iniciativa a la medida del plan libertario, un tanto anticipada y -como otros movimientos- atada al objetivo de “dejar atrás” el caso Adorni. Fuera del texto enviado al Congreso, fue sumada la idea regresiva de las listas colectoras. Por ahora, no cierran los números, más allá de las desconfianzas internas. Supera la tensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich, mientras desde las cercanías de Santiago Caputo celebran la intención de negociar con los jefes provinciales, aunque con un toque ácido porque reivindican la idea como propia y previa a la decisión de la secretaria General.
Los gobernadores no presentan un cuadro homogéneo. Y hasta algunos aliados expusieron rechazo al planteo del Ejecutivo, entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo, el mendocina Alfredo Cornejo, el jujeño Carlos Sadir. Otros más alineados, como el catamarqueño Raúl Jalil apoyan, aunque advierten sobre la necesidad de un fuerte consenso para cambiar la ley electoral. Y hasta se agregan señales de respaldo, aunque algo ambiguas. El más reciente interlocutor de Santilli fue el sanluiseño Claudio Poggi, sin peso en el Congreso, que expresó respaldo a la anulación pero dejó abierta también la alternativa de la suspensión.
Por ahora, el final que espera el Gobierno no está cerrado. Pero ni las demoras con sus proyectos, ni los cambio a negociar, ni los éxitos, ni las frustraciones impactan mucho en estas horas. Se viene la definición del Mundial. Y la Selección está ahí.
POLITICA
Luis Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos por el presunto financiamiento de Revolución Federal
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la causa que investigó un presunto financiamiento familiar a Revolución Federal y cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de montar una “persecución ridícula” en su contra.
“Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más ridícula de la historia”, cuestionó el ministro en sus redes, luego de que la Justicia descartara un vínculo entre sus hermanos y el grupo antikirchnerista que había sido vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, Caputo acusó “la complicidad de una buena parte del periodismo” y apuntó contra la actual oposición por buscar “hacer daño” para “sacar algún rédito político”.
“En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, sentenció el funcionario. Y agregó: “Lo curioso es que para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno”.
Los fundamentos del sobreseimiento
Luego, Caputo compartió los principales argumentos del juez Marcelo Martínez de Giorgi para fundamentar el sobreseimiento. Los hermanos del ministro -dueños de la firma Caputo Hermanos- eran investigados para determinar si habían financiado encubiertamente a la agrupación Revolución Federal, procesada por “incitación a la violencia colectiva” por liderar marchas contra el kirchnerismo y repartir amenazas públicas contra sus dirigentes.
Finalmente, la Justicia nunca probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, pero el kirchnerismo mantuvo la hipótesis en la querella y acusó a la familia del ministro de Economía de disimular pagos para impulsar sus actividades.
Según los argumentos que compartió Caputo, el juez sostuvo que la obra por la que sus hermanos contrataron a Morel “existió y fue real”: remitos, facturas, transferencias e informes de AFIP y de entidades bancarias comprobaron que el edificio Espacio Añelo se construyó y que los muebles encargados se fabricaron, entregaron e instalaron efectivamente allí.
Para el magistrado, la secuencia comercial —búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— sigue un orden compatible con un trabajo genuino y no con una maniobra para canalizar fondos hacia Revolución Federal. A eso sumó que el vínculo entre Rosana Caputo y el líder del grupo era anterior a la creación de la agrupación, en mayo de 2022, lo que para el juez debilita la hipótesis de un pago encubierto por su activismo. Tampoco encontró pruebas de que la familia conociera la militancia de Morel al momento de contratarlo ni de que los desembolsos estuvieran condicionados a su actividad política.
El fallo también descartó que hubiera sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores no logró determinar un aumento real en los valores facturados, ya que comparaba productos hechos a medida con otros estandarizados, parámetros que consideró no equiparables. A esto se agregó un dato procesal que, según el juez, le resta sustento a la teoría de un financiamiento organizado: en cámara, Revolución Federal fue recalificada como un grupo de menor entidad, encuadrado en el artículo 212 del Código Penal —incitación a la violencia colectiva— y no en el 213 bis, que tipifica la asociación ilícita.
Con esos elementos, Martínez de Giorgi concluyó que no existían indicios suficientes para sostener la imputación y dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos por inexistencia del hecho investigado.
El trasfondo político del caso
La causa había sido impulsada en parte por la querella de Cristina Kirchner, que buscó unificarla con el expediente que terminó con las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta.
POLITICA
Ishii criticó a Kicillof luego de un cambio en la cúpula policial de José C. Paz, decidido en La Plata
El senador provincial bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, le pidió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, “que se ponga a laburar” y que deje “de hacer política”. Los cuestionamientos del exjefe comunal se conocieron luego de que el gobierno bonaerense relevó a la cúpula policial del distrito, días después del conmocionante crimen de David Elías Ojeda Vázquez, quien fue asesinado por delincuentes que le robaron su moto, un caso que derivó en una marcha en reclamo de justicia en las calles del municipio que Ishii controla políticamente casi desde su fundación en 1995.
“El gobernador se tiene que poner a laburar. El que pone los comisarios, la policía en los cargos es el Ministerio de Seguridad; el municipio no pone ni saca policías. Le aconsejo que se ponga a laburar, que la gente esta muy mal en la provincia. Que deje de hacer política, es momento de gobernar, la política va a venir después. El resultado que tenga gobernando, va a ser el resultado que va a tener en la política”, dijo Ishii en declaraciones que reprodujo el canal A24.
Los dichos del exintendente (dejó la función el año pasado, para asumir una banca como senador bonaerense por la primera sección electoral) contra Kicillof llegaron luego de que el Ministerio de Seguridad provincial, que conduce Javier Alonso, relevó a la cúpula policial de la Jefatura Departamental José C. Paz, tras el asesinato de Ojeda Vázquez y la marcha que realizaron amigos de la víctima, quienes denunciaron que las calles del distrito son “tierra de nadie”.
El Ministerio de Seguridad provincial designó al comisario inspector Sergio Gustavo Torres al frente de la Jefatura Departamental de José C. Paz, en reemplazo de Mario Villares. Torres se desempeñaba en la Subdivisión Departamental de Investigaciones de Pilar. También fue nombrado el comisario Gabriel Francisco Chamorro, proveniente de la Comisaría Segunda, de Pilar, como titular de la Unidad Policial de Prevención local. Y el subcomisario Víctor Daniel Benítez (que cumplía tareas en la División Autopistas Sur) es el nuevo jefe del Comando de Patrulla.
“La política puede esperar, la gente no puede esperar. La provincia está con severos problemas y no está atendida. Tenemos problemas de educación, de salud, de alimentos y de seguridad, que cada vez avasalla más los distritos. Los municipios no son los encargados de dar seguridad, la Provincia es la encargada de dar la seguridad. Se tienen que hacer responsables y no transferir los problemas a los municipios, que apenas pueden pagar los sueldos. Al gobernador le aconsejo que se ponga a laburar. No se sale si no se trabaja”, remarcó Ishii.
El movimiento de recambio policial que cuestionó Ishii se precipitó tras el crimen de Ojeda Vázquez, que fue asesinado el 8 de septiembre, cuando llegaba a su casa, en Polonia, entre Piñero y Matheu, luego de ir a entrenarse a un gimnasio. Lo abordaron dos delincuentes, uno de ellos con una mochila similar a la que usan los repartidores, y le dispararon por la espalda, para obligarlo a detenerse. Se llevaron su moto y el joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde falleció. Días después del crimen, amigos del joven encabezaron una marcha para reclamar justicia, en la que declararon a que la zona es “tierra de nadie”.
El 10 de septiembre, el municipio emitió un comunicado crítico y le pidió asistencia a Kicillof. “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y, en especial, en nuestro distrito”, planteó la intendencia en un comunicado.
El trasfondo político
Ya sea con él en el poder o con algún delfín político, Ishii gobierna en José C. Paz desde 1999. Su distrito existe desde 1994, fruto de la división del antiguo partido de General Sarmiento en tres distritos (Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz). En 1995, tuvo a su primer intendente electo, Rubén Glaría, elección en la que Ishii encabezaba la lista de concejales ganadora. Fue presidente del Concejo.
Ishii ganó las elecciones locales, como candidato a intendente, en 1999, 2003 y 2007. En 2011, se impuso su alfil Carlos Urquiaga. En 2015, Ishii volvió a ganar, y repitió sus triunfos en 2019 y 2023. En 2025, ganó una banca de senador bonaerense y dejó a cargo de la intendencia a Lorena Espina, exconcejala.
Desde la banca en el Senado, Ishii se erigió en fuerte crítico de Kicillof, en medio de la interna del gobernador con Cristina y Máximo Kirchner. Pidió que en la provincia se declare la emergencia alimentaria y nutricional, un dardo contra el gobernador. Ishii es vicepresidente del Senado provincial, cargo al que llegó apuntalado por el cristinismo.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, Ishii fue de los intendentes más cercanos al por entonces jefe del Estado. En 2020, además, protagonizó un escándalo cuando se difundió un video en el que afirmaba que tuvo que “cubrir la venta de falopa” que empleados de salud del municipio harían en ambulancias del distrito.
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POLITICA
Un fiscal impulsó una denuncia del Gobierno contra una petrolera que explora en las Malvinas
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó formalmente una investigación contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan en el área de la plataforma continental próxima a las islas Malvinas, sin permiso de la Argentina.
En el requerimiento ante el juzgado, que está interinamente a cargo del juez Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba que incluye un exhorto al Reino Unido para reconstruir la estructura societaria de la compañía, sus autoridades desde 2012 y el modo en que obtuvo las licencias que explota en el área en disputa.
Stornelli reclamó información bancaria de la empresa y de las personas físicas que hayan actuado en su nombre o beneficio.
La causa se abrió a partir de la denuncia del canciller Pablo Quirno, sobre la base de la ley 26.659. La norma sanciona las actividades hidrocarburíferas “clandestinas” en la plataforma continental, pues dice que la explotación se realiza mediante una “licencia ilegítima”.
La presentación formó parte de la ofensiva judicial que el Gobierno amplió la semana pasada y que alcanzó a una veintena de ejecutivos y directivos de las compañías que participan de los proyectos petroleros en la zona. Hay casi media docena de denuncias en tribunales contra petroleras y empresas proveedoras de servicios.
El Estado ya sancionó dos veces a esta compañía. La Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades mediante la resolución 130/2012 y la calificó de clandestina por operar sin habilitación de las autoridades argentinas.
Un año después, la resolución 457/2013 la inhabilitó por 20 años para desarrollar actividades en el país, al tener por acreditado que se valía de una licencia ilegítima de exploración otorgada por las autoridades británicas instaladas en las islas.
Pese a esos antecedentes y al cambio de nombre, la empresa seguía figurando en marzo de este año entre las sociedades vinculadas a licencias otorgadas por Londres, junto a otras compañías del grupo Rockhopper.
El detalle de esa participación está en el dictamen: 32% en las licencias PL003a y PL003b; 30% en PL004a, PL004b (Área 1) y PL004c (Área 2); y 35% en PL005. Todas están ubicadas en las aguas de las inmediaciones de Malvinas.
Stornelli dijo que se violó la ley 26.659, que extiende la responsabilidad a las personas humanas que integran las sociedades y a las controlantes y controladas.
La escala prevé penas de 5 a 15 años de prisión, según se trate de exploración o de extracción.
Pero el fiscal dejó abierta la puerta a otras calificaciones. Tal como lo sugirió el funcionario denunciante, no descartó que el avance de la instrucción derive en delitos contra el medio ambiente, en infracciones aduaneras y en el lavado de activos provenientes de esas actividades.
Entre las diligencias, Stornelli solicitó a la Secretaría de Energía la remisión completa de los expedientes en los que se dictaron las resoluciones de 2012 y 2013, incluidos los trámites del Ministerio de Planificación y de la Cancillería, junto con todo informe o acta que documente los actos concretos de exploración, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.
También pidió que la Jefatura de Gabinete informe si existen denuncias o expedientes por actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la empresa desde 2012 hasta hoy, y que el Ministerio de Seguridad releve si alguna de las fuerzas bajo su órbita labró actuaciones vinculadas a las operaciones en la zona.
También requirió que se establezca si hay actuaciones en trámite en la Procuración del Tesoro y en la Procuración General de la Nación.
Por último, el fiscal ordenó verificar si hay otras causas que tramitan ante el juzgado interinamente a cargo de Julián Ercolini.
Según la Cancillería, ambos expedientes están vinculados, pues allí está la denuncia anterior sobre el proyecto Sea Lion, el más avanzado de los desarrollos petroleros en el área.
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