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Milei busca recuperar la iniciativa con Malvinas mientras enfrenta las críticas de la industria y nuevos desafíos en el Congreso

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De la Fórmula 1 a Malvinas. Esta semana, el presidente Javier Milei habló y se ocupó de todo.

El lunes, Milei puso octava y anunció que la Argentina está lista para recibir el año próximo a la Fórmula 1. La inversión la hace la Ciudad de Buenos Aires y podría generar ingresos por US$150 millones. Ben Sulayem, titular de la FIA, dijo que el proceso es más lento y que es “más realista en 2029 o 2030”. Pero no importa la fecha de la carrera: la aceptación del anuncio llegará en un año electoral. Un revival de 1998, cuando gobernaba Carlos Menem.

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Karina Milei, también el lunes, recibió al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. A pesar de la buena relación con el papa León XIV —Milei fue el primer mandatario latinoamericano en ser recibido en la Santa Sede—, el Presidente nunca aceptó la visita del Episcopado. Finalmente lo hizo Karina.

Es la necesidad de mantener una relación óptima con el sumo pontífice, que viene al país en noviembre, aun cuando el mensaje de la Iglesia en favor de la doctrina social no sea el que quisiera escuchar el Gobierno.

El miércoles fue el Día de la Industria, uno de los sectores más castigados por el modelo económico actual. En 1942, Joseph Schumpeter explicó que no hay progreso sin destrucción creativa, donde algunos sectores pierden o desaparecen y aparecen nuevos jugadores. Esa es la visión de Milei.

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En el sector lo ven distinto: emplea a 2,5 millones de personas, es decir, el 20% de los trabajadores formales, y atraviesa un momento complejo. En junio creció 2%, pero en el primer semestre cayó en el mismo porcentaje. Las consultoras estiman que en julio habría caído otro 1,1% interanual. El crecimiento de los rubros de la industria manufacturera es muy heterogéneo; están sometidos a una apertura total de las importaciones y en los últimos tres años perdió 90.000 puestos de trabajo.

El vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, fue el encargado de hacer explícito el pensamiento más íntimo que anida en la entidad: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, dijo en alusión al ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe de la UIA, Martín Rappallini, más diplomático pero firme, pidió un puente entre el viejo modelo económico y el nuevo que impulsa el Gobierno. El modelo de la gestión Milei es de libre competencia, sin protección para las empresas argentinas y fundamentalmente exportador.

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El Gobierno, que descontó que le harían críticas, decidió vaciar el evento. No estuvo Milei, pero tampoco Caputo ni Diego Santilli. Y cuando Mario Lugones estaba en camino al encuentro, le ordenaron regresar.

Milei y Caputo, sin embargo, le contestaron a la UIA desde otro acto, organizado por una fundación libertaria. El ministro de Economía dijo que él no defiende el interés de algunos industriales, sino el de todos los argentinos.

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Milei, por su parte, ratificó que no está dispuesto a correrse del rumbo económico ortodoxo. Sostuvo que hay que elegir entre ser Lumilagro, que se reconvirtió, o “Gomita” —por Madanes Quintanilla—, que cerró Fate.

Axel Kicillof, que no fue invitado por la UIA, se colocó otra vez en la vereda de enfrente de Milei: aseguró que la situación de la industria “no es contingente, sino que responde a un plan sistemático de desindustrialización”.

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El miércoles también fue un día difícil para el Gobierno, pero en el Congreso. En el Senado, Patricia Bullrich buscaba sacar dictamen en comisión por el régimen del súper-RIGI, pero fueron los aliados del PRO, la UCR y Provincias Unidas los que faltaron o no aportaron sus firmas para emitir dictamen.

Los aliados piden que el proyecto garantice una mayor participación a los proveedores y productos argentinos. Buscan que una cláusula de “Compre Argentino” facilite el drenaje de dinero en favor de las firmas locales.

Por otro lado, la oposición insistió en sesionar el miércoles 9 para tratar el tema de los deudores morosos, un asunto muy urticante para el humor social y que irrita a Milei. El mandatario está convencido de que se trata de un problema ficticio, que la oposición utiliza para desgastarlo.

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La estrategia opositora es abrir la sesión del miércoles con los 133 votos que hace dos semanas demostró que puede reunir y emplazar a las comisiones a emitir un dictamen para, luego de dos semanas, llevar el tema al recinto. Milei ya estaría escribiendo el veto.

Leé también: Cómo se gestaron las medidas sobre Malvinas que anunció Milei y quiénes fueron los funcionarios que impulsaron los proyectos

Pero, por ahora, el Gobierno hizo la de manual: para hacer más lento el tratamiento, se anticipó y comenzó a tratar el tema en la Comisión de Finanzas, para que luego pase por otras dos comisiones y recién se emita dictamen en octubre.

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El jueves, Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, admitió que el problema es real y culpó a las tasas altas que los bancos les cobran a las familias. “Son las tasas altas las que indujeron la mora” y volvieron “impagables” los créditos, afirmó.

¿Significa eso que el BCRA asistirá a esas personas? No. Werning sostuvo que son los bancos los que deberían aceptar que se excedieron y que, cuando negocien con cada deudor, deberían renunciar a cobrar una parte del Costo Financiero Total. En otras palabras, cada entidad debería reducir las tasas de interés y enviar a pérdidas lo que no pueda recuperar. “Tienen capacidad para hacerlo”, sostuvo.

Malvinas, causa sagrada

Javier Milei, en cadena nacional: “Las Malvinas son argentinas, los isleños no tienen derecho a la autodeterminación” (Foto: Presidencia).

Pero en medio de las controversias por el modelo económico, el orden de la macro, la necesidad de que derrame en la economía del metro cuadrado y las quejas de la industria, sopló un viento fresco que trajo el reclamo de Malvinas al centro de la escena. Y Milei izó las velas para navegarlo.

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En realidad, debería agradecerle a la Selección nacional que, luego de haber vencido en el Mundial a Inglaterra por 2 a 1, levantó una sábana con la inscripción de que las Malvinas son argentinas que recorrió todo el mundo. La fuerza del fútbol hizo más que mil declaraciones para difundir el reclamo argentino de soberanía en el archipiélago.

Donald Trump, un presidente que sabe de negociar duro, hizo el resto. En dos oportunidades mencionó frente a periodistas su disgusto con Gran Bretaña porque no le facilitó una base aérea en el conflicto con Irán y porque no aumenta la cuota de aportes para la OTAN.

¿Cuánto durará ese enojo? Imposible saberlo. Trump es impredecible. Nada de lo que diga sobre Malvinas es definitivo. Estados Unidos es neutral en ese conflicto, pero siempre defendió informalmente la posición británica.

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Trump enfrenta elecciones en noviembre y, aun cuando saliese vencedor, no tiene reelección en 2028. Cabe también preguntarse si lo que dijo el mandatario trasunta un cambio en la política exterior de los Estados Unidos o tan solo una ocurrencia lanzada al aire en una conferencia de prensa. El Congreso norteamericano no se expidió.

Las Malvinas están en el Atlántico Sur, con proyección sobre la Antártida y el control sobre rutas marítimas. Están frente al territorio continental de América del Sur, donde hay tierras raras que interesan a esas potencias. Y la potencia alternativa, en el nuevo escenario, es China.

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Sería apresurado pensar que los Estados Unidos han decidido respaldar la posición de la Argentina y traicionar la historia de alianza que mantienen con el Reino Unido.

Pero a Milei le alcanzó. Trató el tema en la reunión de gabinete y anunció una cadena nacional. La causa de Malvinas es sagrada y justifica usar ese recurso: lo dijo él mismo para responder anticipadamente a quienes salieran a criticarlo y es cierto que el tema está entre los más trascendentes. Pero, además, es un tema que levanta el nacionalismo, un vector de unificación siempre útil para cualquier gobierno.

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Milei, utilizando una ley de 2011 —durante el gobierno de Cristina Kirchner— y que intentará modificar, anunció que sancionará a empresas locales y extranjeras que trabajen en la cuenca Malvinas. Además, la que opere en esa zona no podrá hacerlo en Vaca Muerta.

Es un mensaje para empresas como British Petroleum (BP), que puede estar interesada en ambas cuencas, pero también un límite para YPF, que no podrá acceder a Malvinas. Salvo que, antes de discutir la soberanía, Gran Bretaña y la Argentina se abran a discutir una explotación conjunta.

Un informe ultrasecreto detectó que muchas empresas que prestan servicios petroleros en Vaca Muerta, como proveedoras, están ofreciendo sus servicios a la británica Rockhopper y a la israelí Navitas. Servicios de calidad y la cercanía entre el continente y las islas significan un menor costo. Milei salió a interceptar ese negocio.

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También se acelerará la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, un enclave en el que Estados Unidos tiene interés geopolítico.

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Milei habló en tono presidencial y cuidado y corrigió un error que había tenido en el comienzo de su mandato: sostuvo que la opinión de los isleños no importa porque no tienen derecho a la autodeterminación, ya que son parte de un pueblo implantado en las islas.

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Además, aunque pasó casi debajo del radar, trajo de su reunión con el presidente de Chile, José Antonio Kast, el compromiso de que ese país no ayudará a los británicos en la explotación comercial de hidrocarburos.

El Presidente hizo un reclamo legítimo y pidió unidad nacional. La oposición dice que intenta tapar la situación económica. Todo es cierto. Pero son temas que se manejan en distintos planos.

Aun cuando falten muchos años para que Gran Bretaña se siente a negociar la entrega de las islas, Milei aprovechó sutiles cambios en la geopolítica para reinstalar el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

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El dato que espera el Gobierno para festejar

Luis Caputo y Javier Milei. (Foto: @LuisCaputoAR/X)
Luis Caputo y Javier Milei. (Foto: @LuisCaputoAR/X)

El dato que más festejará el Gobierno se conocerá el jueves 10: el Indec dará a conocer el IPC y, según las consultoras privadas, el índice se ubicará entre 1,5% y 1,7%. Un descenso muy importante desde el 2,1% alcanzado en julio.

Las explicaciones son claras: sin el impacto estacional del turismo de julio y con una desaceleración de los precios de los alimentos y de los precios mayoristas, el IPC retoma el sendero fuertemente descendente.

Para mantener ese rumbo y evitar el impacto en la inflación, el Gobierno decidió aplicar un aumento de la luz de 1,75% y de 1,40% en el gas —ambos por debajo de la inflación—, continuando con la política de atemperar el recorte de los subsidios.

En rigor, los usuarios cubren el 60% del costo y el resto lo asume el Estado con subsidios. Por ese mismo motivo, el Gobierno postergó para octubre la aplicación del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

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Y, para evitar que suba el dólar e impacte en el índice, el BCRA también disminuyó el volumen diario de compra de dólares.

Javier Milei, Islas Malvinas, Inflación

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Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado

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La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.

El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.

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Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.

Traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.

La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.

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La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones

La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.

La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.

La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.

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El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.

La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.

Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.

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Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.

El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad

El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.

Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.

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El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.

Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.

Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.

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La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.

Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.

El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.

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Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.

La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.

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La Justicia remata camionetas, camiones y propiedades que pertenecieron a Lázaro Báez

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Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes forman parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La quiebra de la constructora tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.

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Entre los vehículos ofrecidos hay seis camionetas Chevrolet S10, con precios base de $2.200.000; una Mercedes-Benz Sprinter, que parte de $5.100.000; y una Renault Master, con un valor inicial de $7.200.000.

La Justicia remata los bienes de Lázaro Báez. (Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación)

También se subastan 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores al costado de las rutas. La oferta está dividida en dos lotes: uno integrado por cuatro unidades y otro por las siete restantes.

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Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema

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Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.

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La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.

Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.

En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.

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Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.

Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.

Lázaro Báez fue condenado a 14 años de prisión por fraude y lavado de dinero en casos ligados con Cristina Kirchner
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Archivo

Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.

Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.

En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.

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Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.

Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.

En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.

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Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.

La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.

Lázaro Báez, extitular de Austral ConstruccionesAGUSTIN MARCARIAN – X03747

En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.

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Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.

Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.

En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.

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Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.

Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).

Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.

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