POLITICA
Milei cumple 1000 días de gobierno: expectativa por la economía, inquietud por las PASO y entusiasmo inesperado por Malvinas

Javier Milei cumple este viernes 1000 días como Presidente de la Argentina. Llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023 como un outsider que prometía dinamitar el sistema político con una motosierra en la mano y encara el último tramo de su gestión convertido en el dueño de un gobierno que ya atravesó más victorias que las que esperaban los partidos tradicionales y más derrotas que las que hubieran preferido en el espacio violeta. En el medio, un ajuste económico de una intensidad pocas veces vista acompañado por reformas profundas que convivieron con escándalos resonantes y peleas internas interminables.
Milei sigue gobernando con varias de las certezas, obsesiones y enemigos con los que desembarcó en Balcarce 50 hace mil días, aunque ya no está parado en el mismo lugar. El personaje disruptivo que podía atribuir cada inconveniente a la herencia recibida ahora carga sobre sus espaldas casi tres años de mandato; el economista que explicaba que el superávit fiscal iba a abrir las puertas de una etapa de prosperidad enfrenta una sociedad que reconoce buena parte del ordenamiento macroeconómico, pero mantiene dolores evidentes en el poder adquisitivo y el consumo; el líder que venía a acabar con “la casta” necesitó de muchos de sus representantes para construir músculo y no quedar aislado.
“Gobernar viene siendo agotador para nosotros”, se sincera ante Infobae uno de los ministros más populares cuando se le pide una evaluación de lo transitado hasta acá. Y remata: “Yo me quedo con el hecho de que, aun con nuestros infinitos errores, en las legislativas de 2025 conseguimos una victoria que confirmó lo que seguimos sintiendo: que una porción importante de la población todavía estaba y está dispuesta a renovarnos el crédito”.
En 1000 días pasó de todo. El primer mandatario liberal libertario de la historia vernácula, que asumió con apenas 38 diputados y 7 senadores propios, trazó un panorama sombrío y sin metáforas cuando, de espaldas al Congreso, analizó lo que le había dejado el trío Alberto Fernández/Cristina Kirchner/Sergio Massa. Pese a estar en franca minoría, aprovechó el envión de las urnas, autorizó una brusca devaluación y se apuró en lanzar un DNU de dimensiones inéditas que fue la antesala de la aprobación en general de una primera y complejísima versión de la Ley Bases.

Como era de esperar, ahí llegó el baño de realidad: la discusión artículo por artículo hizo estallar el texto original y dio el pie ideal para los insultos a los “traidores”. Aprendizaje: hubo que negociar. Con el transcurrir de los meses se alcanzó el primer superávit financiero anual en más de una década gracias a medidas como el congelamiento de las transferencias a las provincias y la pulverización de la obra pública. La pobreza subió a 52,9% y terminó bajando con fuerza. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) inició una senda descendente y el cepo se flexibilizó, con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante.
Se firmó un Pacto de Mayo que no fue más que un compendio de buenas intenciones, se eyectaron funcionarios, se firmaron vetos, se intentó completar la Corte Suprema, se afrontaron marchas multitudinarias, se armaron guerras con el Círculo Rojo. Las redes sociales se convirtieron en una cloaca. Quedó tiempo también para el escándalo LIBRA, para el expediente ANDIS y para los problemas patrimoniales de Manuel Adorni, además de las batallas intestinas entre Karina Milei y Santiago Caputo, una relación destruida con Victoria Villarruel y el ocaso de la sociedad con Mauricio Macri.
Sin embargo, en La Libertad Avanza (LLA) no están demasiado interesados en mirar hacia atrás: mientras completa 32 meses de gestión, buena parte de sus movimientos empiezan a explicarse por los 415 días que todavía los separan de las elecciones generales del 24 de octubre de 2027.
Hay una diferencia evidente entre el Milei de hace algunas semanas y el que llega a su jornada número 1000: volvió a salir. Después de un período en el que se recluyó en la Quinta de Olivos y evitó pisar su despacho de la Rosada, el Presidente llenó otra vez su agenda de reuniones, actos y viajes tanto al interior como al exterior. Es un movimiento que entusiasma a los que reclamaban mayor presencia política, pero que también aumenta los riesgos de exposición de un hombre que, cuando se aleja de los discursos preparados, levanta la mirada de sus hojas impresas y se quita los anteojos de lectura, suele transformarse en el principal vocero, comentarista y, eventualmente, generador de problemas de su propia gestión.

“La foto todavía sigue siendo mala”, reconoció en una de sus últimas presentaciones antes de completar la idea a su manera: “La película es la mejor de la historia”. Desde los atriles, el mandatario no se cansa de repetir su guion las veces que sean necesarias para anclar expectativas y desalentar cualquier pedido de cambio que huela a “populismo”. En estas horas, jugó fuerte en términos dialécticos y llevó su lógica binaria hasta el terreno electoral: “Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”.
El razonamiento que circula en su entorno busca que los habitantes de Argentina midan la experiencia libertaria por las catástrofes que evitó. En ese punto se cierran las grietas. Santiago Caputo posteó que Milei “salvó a la república de una muerte segura”. Martín Menem fue menos lúgubre, pero fue por la misma línea: “Nunca se va a hablar de lo que no pasó. Fueron cinco salvadas del arquero en el minuto noventa”.
La renovada hiperactividad presidencial encontró una “causa sagrada” por la que, juran cerca suyo, siempre trabajó sigilosamente: la soberanía sobre Malvinas. Consciente de las controversias que generaron en el pasado sus apreciaciones positivas sobre la ex premier británica durante la guerra de 1982 (“me siento muy identificado, en términos históricos, básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher”) o sus opiniones sobre la autodeterminación de los pueblos (“anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”), Milei apareció en cadena nacional y anunció una batería de medidas para sancionar e impedir las exploraciones de petróleo en ese territorio: “La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, sostuvo. “Hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido como nación”, sorprendió, conciliador. Para marcar la importancia del mensaje, grabado tras el encuentro con José Antonio Kast en Chile, el espacio violeta decidió que todos los ministros estuvieran presentes.
La jugada tiene un trasfondo geopolítico que el Gobierno observa con atención. Antes que nada, se dio 72 horas después de que Donald Trump abriera una inesperada puerta al admitir que Estados Unidos podría rever su histórica posición de neutralidad en el conflicto diplomático con Inglaterra. Es que desde hace meses la administración norteamericana utiliza la relación con Londres y la cuestión del Atlántico Sur como una pieza clave dentro de sus presiones para que el Reino Unido eleve su gasto en defensa y acompañe con mayor firmeza operaciones y objetivos estratégicos de Washington. Nadie en la Cancillería argentina da todavía por hecho un giro de semejante dimensión, pero entienden que cualquier hendija que se abra en una posición enquistada desde hace décadas merece ser aprovechada. Así, en el día 1000, Milei encontró también una oportunidad para envolverse en la bandera que sus detractores tantas veces le reprocharon no abrazar con suficiente entusiasmo.

Más allá de las actividades públicas, el inquilino del Sillón de Rivadavia decidió “dinamizar” su gestión haciendo, siempre de la mano de su todopoderosa hermana Karina, algunos retoques en el funcionamiento interno. El más concreto: las flamantes reuniones de gabinete de los lunes. La intimidad de esos encuentros permite comprender los pliegues del líder que enamora y descoloca a más de un colaborador fiel. Los invitados dejan los celulares afuera del Salón Eva Perón de Balcarce 50 antes de ingresar a un lugar casi en penumbras y refrigerado a 16 grados. Los habitués aprendieron otra regla no escrita: “Hay que hacer pis antes para no perturbarlo”, se ríe, pero no exagera, alguien acostumbrado a luchar con su vejiga. Cuando se cierran las puertas y no vuela una mosca, llega el monólogo. El Presidente habla, desarrolla sus teorías, baja línea y recién después algunos funcionarios designados ponen en común la letra chica de algunas de sus misiones.
Sobre un escenario o en la cabecera de una larga mesa, Milei sigue sufriendo dolores de espalda y, para colmo, por razones jamás explicitadas, ya no cuenta con las visitas frecuentes a Olivos de la kinesióloga Leandra Protolongo: los registros oficiales contabilizaron 72 ingresos a la residencia de la provincia de Buenos Aires que se cortaron abruptamente este año. El círculo más cercano al primer mandatario jura que ningún sufrimiento parece reducir la voluntad presidencial de recuperar centralidad.
El último mitin ministerial incluyó un largo elogio a Federico Sturzenegger, que puso por escrito en un artículo publicado en La Nación la tesis que mejor representa el pensamiento actual de LLA: ante el ruido, describió, un gobernante debe mantenerse fiel al rumbo y a sus ideas incluso cuando la oposición intente construir la sensación de que las cosas funcionan mal. No significa, concedió, que todo esté bien: una sociedad es un caleidoscopio de realidades buenas y malas. Pero la conclusión es inequívoca. Los datos, y no el clima, tienen que ordenar las decisiones. Traducido al lenguaje menos elegante de la mesa política: nada de patear el equilibrio de las cuentas públicas, nada de “plan platita”, nada de abandonar el corazón del modelo para comprar unos cuantos puntos en las encuestas.
Un estudio nacional de Hugo Haime & Asociados recién terminado pone esa rigidez frente a un espejo incómodo. Apenas el 11% de los consultados quiere mantener el actual modelo económico exactamente como está y otro 22% pretende conservarlo con algunas modificaciones. Del otro lado, 23% pide cambiarlo manteniendo algunos elementos y 42% modificarlo por completo. En total, 65% reclama algún tipo de viraje frente a 34% que se inclina por sostener el esquema. La sutileza está en lo que ocurre cuando se pregunta qué debería sobrevivir: 55% menciona una inflación baja y controlada, 33% que no haya piquetes ni cortes, 32% el control de los planes sociales y 30% la estabilidad del dólar. Es decir: cambiar no necesariamente equivale a volver atrás.
El mismo relevamiento permite mirar la otra mitad de la ecuación. Ante la consulta sobre qué debería mejorar, 73% reclama más oportunidades laborales y 51% aumentos salariales y paritarias libres. Los bajos salarios aparecen, además, como el principal problema de la vida cotidiana para 45% de los encuestados. La aprobación del Presidente quedó en 33% contra una desaprobación del 64%, mientras que 40% considera que la sociedad está triste y desanimada y 38% la percibe con bronca. Hay un dato que sintetiza todavía mejor los desafíos que enfrenta Milei: solo el 34% cree que, pese a las dificultades, el esfuerzo realizado valió la pena.

La radiografía explica por qué el Gobierno insiste en que los próximos meses serán definitorios. En el Palacio de Hacienda sueñan con llegar al tramo decisivo de 2027 con registros mensuales de inflación cercanos a cero y con una mejora de la actividad, el crédito y los ingresos que permitan mostrar alivio sin necesidad de violentar el dogma fiscal. El economista Antonio Aracre hizo llegar en estas horas una estimación especialmente agradable para los oídos oficiales: calcula que el IPC de agosto podría ubicarse alrededor del 1,5%.
Un paréntesis sobre Luis Caputo. El ministro también completa en este inicio de septiembre 1000 días consecutivos al frente de Economía y ya ocupa un lugar poco habitual para una tarea que se realiza sobre una silla eléctrica. “Toto” ya se quedó con el sexto puesto de permanencia en su cartera: lo superan Domingo Cavallo, José Alfredo Martínez de Hoz, Juan Vital Sourrouille, Roberto Lavagna y Roque Fernández, pero dejó atrás a Nicolás Dujovne y Martín Guzmán.
La marca es todavía más llamativa porque Caputo maneja una economía en la que conviven relatos incompatibles. Un informe de la consultora One618 que circula por relevantes edificios empresariales calcula, a partir de los precios del Merval, los bonos y el tipo de cambio, una probabilidad implícita de continuidad libertaria cercana al 70%. El número parece formidable para un oficialismo golpeado en las encuestas, aunque la propia consultora considera que semejante optimismo es excesivo cuando todavía falta más de un año para elegir Presidente. La macro sigue importando, pero cada vez más en función de la política: si la recuperación no llega a los hogares antes de que lleguen las boletas, el mercado también tendrá que recalcular. El reporte describe también la famosa Argentina “a dos velocidades”: los sectores exportables empujan mientras los ligados a la demanda interna tienen serias dificultades.
La reciente pelea con la Unión Industrial Argentina (UIA) condensó ese conflicto. En el Día de la Industria, la entidad reclamó la reducción del costo argentino, la reconstrucción del crédito, inversión en infraestructura y herramientas para competir ante la apertura económica. Aunque el titular Martín Rapallini trató de ser ecuánime, el vicepresidente de la organización abandonó cualquier protocolo y acusó al oficialismo de no conocer la industria: Guillermo Moretti definió a Caputo como “un trader que no sabe lo que es un torno”. El ministro no se quedó callado y contestó que es injusto obligar a los argentinos a comprar bienes de menor calidad a precios dos, tres o hasta cuatro veces superiores a los internacionales. La tesis del Gobierno es que está cambiando la matriz productiva y que petróleo, gas, minería, agro y nuevas inversiones terminarán generando demanda para otras ramas. “Todo bien, pero necesitamos sobrevivir hasta que llegue ese futuro”, ironizan los industriales.
Por eso el equipo económico empezó a habilitar herramientas que buscan generar movimiento sin traicionar la ortodoxia. Entre las decisiones ya tomadas aparecen la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como fondeo de largo plazo para créditos hipotecarios, la flexibilización de préstamos en dólares para empresas y mecanismos del Banco Central destinados a mejorar el funcionamiento del crédito justo cuando la morosidad se transformó en una nueva preocupación social. “Ni de cerca es un cambio de modelo, eh”, se apuran en aclarar en Hacienda.
Ahora, los estrategas partidarios tienen que hacer el resto. “La economía ayudó mucho tiempo a la política; ahora la política tiene que ayudar a la economía”, es un concepto que Luis Caputo viene repitiendo entre los integrantes del Gobierno. Eso significa aprobar leyes, reducir incertidumbre y, especialmente, llegar a 2027 con las reglas electorales que la Casa Rosada considera más convenientes para sus propios intereses.
Patricia Bullrich quedó en el centro de esa responsabilidad: la senadora prometió que el próximo 15 de septiembre comenzará en el Senado la discusión de la reforma electoral. Spoiler: hacia afuera, los libertarios dirán que van a defender el paquete completo; en privado, dicen en voz muy baja que si para conseguir los votos necesarios tienen que dejar capítulos tirados en el camino, están dispuestos a hacerlo. La obsesión es eliminar o, lo que es más probable, volver a suspender las PASO. No saben todavía si les alcanza.
El proyecto, presentado el 22 de abril, tiene bastante más que lo que suele destacarse: por caso, un artículo fundamental introduce modificaciones en la Boleta Única de Papel para permitir, si las provincias adhieren y las elecciones son simultáneas, un casillero que facilite votar todas las categorías de un mismo espacio. En paralelo, cambia requisitos para la conformación y supervivencia de partidos políticos, amplía las posibilidades de financiamiento privado, elimina el actual reparto estatal de espacios publicitarios y deja sin recursos específicos la elección de representantes al Parlasur. Entre sus pliegues aparece una curiosidad poco difundida: la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial, incorporada al sistema argentino en 2016. El paquete se completa con el proyecto de Ficha Limpia.
En la mesa política desconfían de los gobernadores, de sus emisarios y hasta de afirmaciones hechas en encuentros privados porque las negociaciones entraron en una etapa en la que, según una persona involucrada, “nadie dice realmente lo que está pensando”. Los mandatarios provinciales saben que su voto vale cada vez más a medida que se acerca el calendario electoral y también que las primarias pueden ser una herramienta fundamental para ordenar coaliciones que hoy no tienen conducción clara.
La matemática federal vuelve todo más enrevesado. Milei necesita convencer a gobernadores cuyos números están cada día más comprometidos por el ajuste nacional. Según el último análisis de Politikón Chaco, de Alejandro Pegoraro, las transferencias no automáticas a las provincias totalizaron en agosto $68.288 millones y sufrieron una caída real interanual del 66,4%, el peor registro para ese mes desde al menos 2005. Como si esto fuera poco, no hubo un solo peso de Aportes del Tesoro Nacional, aunque el fondo recaudó durante ese período $107.987 millones. La paradoja es difícil de esconder: La Libertad Avanza necesita que los caciques del interior le presten votos mientras Economía les retacea plata.
Diego Santilli intenta hacer lo que mejor sabe: equilibrismo. Sus últimos movimientos se concentraron en aceitar conversaciones con los mandatarios de la región centro porque sabe que Córdoba, Santa Fe y otros distritos de peso reúnen millones de votos que podrían ser decisivos para la reelección. Javier y Karina Milei empezaron incluso a suavizar la voluntad de competir contra todos los oficialismos provinciales sin excepción. El pragmatismo le vuelve a ganar una pelea de puños a la pureza.
El Congreso, de todas maneras, se encarga de recordarles todas las semanas que los acuerdos son frágiles. En Diputados, la oposición mantiene para el 9 de septiembre una sesión especial con la que pretende discutir el crecimiento del endeudamiento familiar, la morosidad y distintos proyectos sobre tarjetas de crédito y asistencia a deudores, pese a que el oficialismo intentó desactivar la convocatoria fijando un cronograma de tratamiento. En el Senado, el Gobierno ni siquiera logró dictamen para su Súper RIGI pese a haber aceptado modificaciones: PRO, radicales y Provincias Unidas reclamaron nuevas condiciones para favorecer a proveedores locales. El bloque de aliados funciona, pero no siempre obedece.
Y mientras Milei polariza con el peronismo y sus múltiples tribus, sus equipos estudian también lo que ocurre bastante más cerca de su propio electorado. En Olivos reciben informes periódicos sobre dirigentes, empresarios, ex funcionarios y figuras que podrían intentar armar una opción por la centroderecha. Miden conocimiento, intención de voto y potencial de crecimiento. Por ahora ninguno genera pánico. Pero ninguno es ignorado.
En su rosca cotidiana, los movimientos del PRO forman parte de los análisis periódicos de la Mesa Política. Entre los nombres que empiezan a circular aparece Hernán Lacunza, que intenta delimitar un territorio propio: afinidades con La Libertad Avanza, sí; identidad compartida, no. Esta semana cuestionó en una entrevista en las mañanas de Infobae en vivo una contradicción que considera difícil de defender: que el Gobierno se niegue a auxiliar deudores porque podría premiar comportamientos irresponsables mientras habilita beneficios fiscales que alcanzan a personas que no cumplieron con todas sus obligaciones tributarias. Después del llamado de Karina Milei a Mauricio Macri se concretaron dos reuniones para recomponer puentes, aunque el vínculo sigue lleno de desconfianza.
QSocial encontró una explicación concreta de por qué el segmento amarillo merece la atención de los violetas. Según su último trabajo, tres de cada diez personas que votaron a Milei en la primera vuelta de 2023 hoy desaprueban su gestión. Ese universo representa aproximadamente el 12% del electorado argentino. La consultora los bautizó “arrepentidos libertarios” y encontró que la ruptura no se produjo esencialmente por las formas del Presidente: 89% sostiene que el esfuerzo del ajuste no valió la pena y 91% considera que la gestión perjudica a los sectores más vulnerables. Es decir: conocían al personaje cuando lo eligieron; lo que cuestionan son los resultados.
¿Adónde pueden ir esos votos? Es el dato que más preocupa. El arrepentimiento no migra en bloque hacia el peronismo: Sergio Massa registra una apertura potencial del 40% dentro de ese universo y Axel Kicillof del 35%; Mauricio Macri alcanza el 27%; y Patricia Bullrich, medida por el estudio como figura del centro, el 25%. El propio informe advierte que no se trata de intención de voto consolidada, sino de disposición a considerar esas alternativas. Alcanza, sin embargo, para entender por qué Milei monitorea tanto a los enemigos de enfrente como a los vecinos de al lado.
El Presidente observa semejantes movimientos con una combinación difícil de encasillar entre seguridad, obstinación y desapego. La reelección es el objetivo que ordena prácticamente todas las conversaciones de quienes lo rodean, aunque él insiste ante algunos interlocutores en una idea que desconcierta por igual a fanáticos y estrategas: no tiene ningún drama en perder.
Milei asegura en público y confirma en privado que, si la sociedad decide que su proyecto no merece continuidad, podrá volver sin traumas a una vida de conferencias internacionales y libros sobre economía. No lo plantea como pose estoica, sino casi como un plan B perfectamente aceptable. Por estos días, de hecho, reserva una porción llamativamente grande de su cabeza para su nuevo proyecto editorial, que bautizó “La moral como política de Estado”. No hay todavía una fecha firme ni una organización cerrada para presentarlo, pero fantasea con hacerlo en un microestadio y cerrar el evento con su banda de rock.
La contradicción ofrece una postal adecuada para el día 1000. Todo el Gobierno empieza a trabajar para que Javier Milei pueda quedarse en la Casa Rosada hasta diciembre de 2031. El líder libertario, mientras tanto, dice estar preparado para subirse a un avión y volver a cobrar en dólares por explicar sus ideas alrededor del mundo. Faltan 415 días para saber cuál de las dos agendas se impone.
South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum

La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.
El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.
La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.
Una disputa institucional que llegó a la Justicia
El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.

La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.
La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.
Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.
El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.
El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.
Las firmas que habilitaron el referéndum
En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.
El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.

Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.
Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.
En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.
El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.
El aislamiento político del intendente libertario
El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.
La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.
El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.
POLITICA
Con el cierre de farmacias y centros médicos se extiende la crisis de la obra social de los militares

A paso lento se mueve la promesa de cancelación de la deuda que arrastra la obra social de los militares, estimada en $2.100.000 millones. Mientras tanto, la crisis se profundiza a partir del cierre de las 31 farmacias propias y una decena de centros médicos, a lo que podría sumarse la desactivación de algunas delegaciones en el interior.
Todo se da en un contexto de prestaciones cortadas que afecta a gran parte de los 330.000 afiliados que reúne hoy la Obra Social de las Fuerzas Armadas. También hay denuncias de despidos, como viene reclamando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Como publicó , las autoridades de la obra social negocian el pago de gran parte del pasivo con unos 30 grandes acreedores, aunque la deuda se extiende a unos 2.000 prestadores, entre los que se encuentran clínicas, farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales.
Según pudo saber , la obra social ofrece tres opciones a los acreedores: cobrar el valor histórico de la deuda, sin actualización y con una quita del 50%; recibir el pago en tres cuotas, con una quita del 25% y aceptar el pago en 12 cuotas, sin quita.
En todos los casos, la propuesta incluye la condición de que se comprometan a continuar los servicios. Si no, la única alternativa sería reclamar la deuda en un juicio.
El administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Gonzalo Secchi, ordenó “cerrar y dar de baja” la red de 31 farmacias propias distribuidas en todo el país, desde la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hasta Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, entre otros sitios.
Similar destino les esperaría a los centros médicos localizados en Morón, Devoto, Olivos, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros.
Y avanzaría un plan para mantener solo trece de las 24 delegaciones actualmente en funciones en todo el país.
“Un nuevo modelo”
Según explicaron fuentes de la obra social militar, el objetivo de los cambios es “transformar el modelo de funcionamiento para tener atención médica de calidad y una organización financieramente sustentable”.
Respecto de la prometida cancelación de la deuda, se abonaron reintegros y pagos pendientes a prestadores por más de $14.800 millones. “Es más de la mitad de la deuda en concepto de reintegros solicitados por afiliados”, se explicó. En cuanto a la deuda con prestadores, se firmaron y pagaron más de 500 acuerdos, sobre un total cercano al millar.
Ante una consulta de , en la obra social de los militares confirmaron que el modelo para la atención de afiliados en farmacias no será a través de una red propia, dado que ese sistema “generaba un déficit superior a los 7000 millones de pesos”.
Las autoridades insisten en que “la prioridad es sanear la obra social, lo que implica recuperar prestaciones, saldar la deuda e implementar un modelo de funcionamiento en OSFA –la nueva obra social constituida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti–, para que no se repita lo que sucedió con el IOSFA”, tal la denominación anterior de la entidad, que reunía también a las fuerzas de seguridad y es la que acumuló la suculenta deuda.
En el nuevo esquema, los hoteles y centros recreativos no constituyen una prioridad, por lo que ya comenzaron a ser cedidos a las propias Fuerzas Armadas, que los ofrecen en las redes como centros residenciales.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
El Gobierno monitorea la inminente salida del buque que reabrirá la ruta comercial entre Chile y Malvinas

El Gobierno se mantiene en alerta frente al viaje del buque comercial chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas y busca evitar una escalada diplomática con la administración de José Antonio Kast. En la Casa Rosada no prevén presentar por ahora una protesta formal y consideran que una reacción anticipada puede abrir un conflicto bilateral que termine favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur.
En el Ejecutivo aseguran que la prioridad es preservar la relación con Chile, especialmente después del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y evitar el apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas. Sin embargo, admiten que todavía no hay una definición sobre los pasos que tomará la Argentina si finalmente se concreta la operación comercial. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, sostienen en Nación.
La cautela responde también a la interpretación política que hacen en Balcarce 50 sobre la controversia. En sectores del Gobierno consideran que existen intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe la embarcación. La hipótesis es que una protesta preventiva podría generar un enfrentamiento con el país trasandino incluso sin que se haya producido todavía una operación que afecte el reclamo de soberanía.
La evaluación oficial contrasta con la información que manejan fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según pudo saber TN, el contrato para la operación del buque está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contempla además viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Se trata de información que todavía no cuenta con una confirmación formal del Gobierno argentino.
En Defensa, por su parte, aseguran que la cuestión la concentra Cancillería y que no existe por ahora una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. En despachos oficiales explican que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una eventual respuesta argentina sigue pendiente.
El principal punto de discusión es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de las islas del suministro de materiales o equipamiento destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su autorización en el área en disputa.
La eventual navegación por aguas territoriales argentinas plantea además una discusión sobre el régimen de paso inocente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 dispone que el tránsito de buques extranjeros debe realizarse sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No obstante, el alcance de esa disposición frente a cargas eventualmente destinadas a Sea Lion exige una evaluación jurídica específica.
CHIMENTOS3 días agoLa angelita de LAM que reveló la peor infidelidad que sufrió en un matrimonio: «Encontré mensajes con otras mujeres y…»
POLITICA2 días agoAutos chinos en Argentina: el caso de Noruega reaviva las alertas por espionaje y riesgos para la seguridad nacional
POLITICA2 días agoMilei tildó a Lula de comunista, ratificó su alineamiento con Trump y pidió “defender el legado de occidente”
















