El reclamo del Gobierno por la soberanía de las Malvinas, anunciado por Javier Milei, reactivó el interés por la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que comenzó a levantarse en la gestión de Alberto Fernández y no tuvo grandes avances en los últimos años. Un día después de la cadena nacional, el Ejecutivo oficializó una reasignación de fondos para acelerar la reconstrucción de la base, ubicada en un punto estratégico a 700 km de las islas.

Vía decreto, el Gobierno reasignó $218.000 millones para el área de Defensa, de los cuales más de 200.000 millones quedaron vinculados específicamente a la base de Ushuaia y a la Base Antártica Conjunta Petrel. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán a la capital de Tierra del Fuego para anunciar formalmente el reinicio de las obras.

El proyecto de la base no es una idea nueva. Sus antecedentes se remontan a la década de 1990, cuando Tierra del Fuego impulsó distintas iniciativas para desarrollar un polo logístico y portuario vinculado a la actividad antártica, sin que ninguna prosperara. La obra actual se lanzó formalmente en marzo de 2022, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, con financiamiento a través del FONDEF. Su ejecución quedó a cargo de Tandanor, el astillero estatal, sobre un predio ubicado dentro del Batallón de Infantería de Marina N°4.

El diseño contempla un muelle de 1050 metros lineales y 15.640 metros cuadrados, con profundidades de entre 6 y 16 metros según el sector; un edificio de servicios marítimos de 2540 metros cuadrados y, además, instalaciones de logística antártica de 10.100 metros cuadrados, que incluyen talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, áreas administrativas y almacenamiento de combustibles. Una segunda fase prevé además 39.000 metros cuadrados para las instalaciones del comando, con oficinas, talleres y alojamientos. El proyecto está dividido en tres etapas, con plazos estimados de 36, 48 y 60 meses, respectivamente.

A cuatro años de iniciada, la obra muestra un avance físico del 9,13% y un avance financiero del 19,40%, según el último dato oficial. La inversión acumulada entre 2021 y 2025 ronda los $2474 millones. Entre los trabajos completados figuran movimientos de suelo para dos galpones modulares de 1250 metros cuadrados cada uno y, recién en mayo de 2025, las fundaciones y la platea de hormigón de uno de esos galpones. Tandanor había suspendido las tareas en diciembre de 2023 y 2024 transcurrió sin inversión presupuestaria para el proyecto.

El costo total de la obra fue estimado por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, en unos US$300 millones, aunque otras proyecciones lo ubican entre 400 y 500 millones. En 2025, el Gobierno destinó cerca de 163 millones de dólares de un crédito específico para la construcción del muelle, infraestructura asociada y compra de maquinaria y equipos. El Presupuesto 2026, en cambio, no incluyó una partida propia para la base, lo que motivó pedidos de informes en el Congreso.

El propio Milei explicó que el financiamiento llegará por reasignación de partidas ya existentes del Ministerio de Defensa, no por una nueva asignación. Algo de eso ocurrió con el decreto de la semana pasada. Ahora sí, el Gobierno busca, vía el ministro de Economía, Luis Caputo, que haya partidas específicas en el Presupuesto 2027, que ingresará al Congreso el próximo 15 de septiembre.

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La directora del proyecto es la ingeniera Alejandra Portatadino, quien está al frente de las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia. El Ministerio de Defensa insistió en que se trata de una base naval argentina y no de una base combinada, y que no implica presencia permanente de tropas extranjeras, pese a las conversaciones de cooperación regional que rodean al proyecto. Este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que Estados Unidos no está detrás del financiamiento de la base.

En abril de 2024, Milei mantuvo un encuentro en la base con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, junto al embajador estadounidense Marc Stanley y el ministro Petri; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, no participó del encuentro. “Queremos reforzar nuestra alianza estratégica con Estados Unidos”, dijo esa vez Milei desde Ushuaia. Con el nuevo refuerzo presupuestario, el Gobierno busca mostrar avances concretos en una obra que, pese a los sucesivos anuncios, lleva casi cuatro años sin salir de una etapa preliminar.

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El Gobierno anunció la apertura de sumarios contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659 al realizar actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas en la plataforma continental argentina.

A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, la administración remarcó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques” contra su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 8, 2026

La medida profundiza la ofensiva estatal tras los expedientes iniciados la semana pasada contra otros 45 actores del sector. La estrategia busca frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion impulsado por firmas extranjeras sin aval nacional.

En el plano judicial, el canciller Pablo Quirno formalizó previamente denuncias penales contra cinco compañías operadoras. El Ejecutivo aseguró que “el Estado argentino reafirma su compromiso” de agotar todas las instancias administrativas y jurídicas necesarias.

En paralelo, la mesa política oficialista coordinó el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y avanzó en las gestiones para construir la Base Naval Integrada en la provincia de Tierra del Fuego.

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A casi 12 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el Vaticano será sede del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur, que reunirá en Roma a representantes sindicales, empresariales, eclesiales, comunitarios y de organismos internacionales. El papa León XIV recibirá a los participantes en una audiencia privada el 12 de septiembre, en el Palacio Apostólico.

La reunión se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre en la Casa Generalizia de La Salle, sobre la Vía Aurelia 476. La convocatoria propone una agenda de cooperación entre actores del Norte y el Sur del continente americano, con debates sobre inteligencia artificial, empleo, cuidados, adicciones, transición energética y protección de los territorios.

La delegación argentina contará, entre otros dirigentes, con el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo. También participará Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el grupo de los trabajadores.

Las “tres T” del papa Francisco

El nuevo encuentro se inscribe en una línea de diálogo que el papa Francisco inició el 28 de octubre de 2014, cuando recibió en el Aula del Sínodo a referentes de movimientos populares de los cinco continentes. Aquella cita puso en el centro la consigna de las tres T: tierra, techo y trabajo. Para Francisco esa no era una consigna más.

• Tierra: el acceso a un territorio para vivir y producir, con especial atención a campesinos, pueblos originarios y comunidades afectadas por el despojo o la degradación ambiental.

• Techo: el derecho a una vivienda digna y a condiciones adecuadas de hábitat, servicios e integración urbana.

• Trabajo: empleo con salario justo, derechos laborales y protección social, como vía para sostener a las familias y participar plenamente en la vida comunitaria.

En septiembre de 2024, durante la conmemoración por el décimo aniversario de ese primer encuentro, Francisco definió esos principios como “derechos sagrados” y sostuvo que los sectores populares tenían un papel central en la construcción comunitaria y en la demanda de justicia social.

El pontífice argentino vinculó esa agenda con la desigualdad, la precarización laboral, el acceso a la vivienda, el endeudamiento, los efectos de la tecnología y la crisis ambiental. También pidió a los movimientos que actuaran dentro de la no violencia y que sostuvieran formas de organización capaces de responder a las necesidades de sus comunidades.

La conmemoración de 2024 incluyó un simposio promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Allí participaron referentes sociales y eclesiales que repasaron el recorrido iniciado una década antes.

La continuidad de esa agenda quedó expuesta en el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que se realizó en Roma entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Fue la primera reunión mundial de esas organizaciones con León XIV, luego de la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025.

En la audiencia del 23 de octubre, León XIV afirmó que eligió su nombre en referencia a la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, —la encíclica se publicó el 15 de mayo de 1891, su título en latín significa “De las cosas nuevas”— y propuso analizar las “cosas nuevas” desde las periferias. Ante los participantes, sostuvo que la tierra, el techo y el trabajo eran derechos por los cuales “vale la pena luchar”.

El Papa también expresó su respaldo a las organizaciones de base y señaló que su tarea no se limita al reclamo, sino que incluye respuestas concretas ante la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda y la exclusión. “Estoy dentro, estoy con ustedes”, manifestó ante representantes de distintos continentes.

La declaración final de aquel V Encuentro reclamó el respeto de los derechos vinculados con las tres T y planteó demandas sobre trabajo digno, justicia ecológica, derechos de los migrantes, igualdad de género, paz y soberanía sobre los bienes comunes. El documento también advirtió sobre el impacto de los conflictos armados, la desigualdad económica, la precariedad laboral y la degradación ambiental.

El IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti reunirá a centrales sindicales como la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la AFL-CIO, el Congreso Canadiense del Trabajo (CLC), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la UTEP.

También asistirán representantes de organizaciones empresariales, entre ellas la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas (Uniapac).

La lista incluye a la OIT, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), redes eclesiales, universidades, fundaciones y empresas como Microsoft.

Los organizadores, entre ellos la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), el CELAM, la USCCB y la OEI, buscarán presentar acuerdos y acciones en seis áreas. La agenda contempla inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética con protección de los territorios.

El papa León XIV plantea que la inteligencia artificial debe estar subordinada a la persona, la dignidad humana y el bien común. Sus principales conceptos son los siguientes:

• La inteligencia artificial es una herramienta, no un reemplazo de las personas. Puede colaborar con tareas complejas y aportar beneficios sociales, pero no debe reducir, sustituir ni despojar a las personas de su identidad, sus libertades fundamentales o su trabajo.

• La tecnología no equivale a inteligencia ni a sabiduría. El acceso a enormes volúmenes de datos no reemplaza la capacidad humana de discernir, buscar la verdad, establecer vínculos y dar sentido a la vida.

• La evaluación debe ser integral. León XIV sostiene que el impacto de la inteligencia artificial debe medirse según el desarrollo integral de la persona y de la sociedad: bienestar material, intelectual y espiritual, junto con el respeto por la diversidad cultural de los pueblos.

• La decisión moral no puede automatizarse. Los sistemas pueden simular razonamientos y tomar decisiones técnicas, pero no poseen conciencia, discernimiento ético ni capacidad de construir relaciones auténticas.

• Hace falta regulación local y global. El Pontífice reclama marcos de gobernanza que superen los criterios de utilidad, velocidad o eficiencia, y que se basen en la dignidad inherente y las libertades fundamentales de cada persona.

• Advierte sobre la desigualdad y la concentración de poder. La inteligencia artificial puede favorecer la igualdad, pero también puede utilizarse para beneficios particulares, concentración de riqueza, conflictos y agresiones. La pregunta central es quién controla la tecnología y con qué fines.

• Manifiesta preocupación por niños y jóvenes. León XIV alertó sobre las posibles consecuencias de estas herramientas en el desarrollo intelectual y neurológico de las nuevas generaciones. Considera que deben ayudar a la maduración y a la responsabilidad, no obstaculizarlas.

• Vincula la inteligencia artificial con una nueva revolución industrial. En sus primeras intervenciones como Papa, la ubicó entre los desafíos contemporáneos para la defensa de la dignidad, la justicia y el trabajo, en una referencia directa a la tradición social inaugurada por Rerum Novarum.

La encíclica Rerum Novarum es considerada como uno de los textos fundacionales de la doctrina social de la Iglesia. Abordó las consecuencias de la industrialización sobre los trabajadores, como los bajos salarios, las jornadas extensas, la precariedad y la falta de protección social.

En este texto, León XIII defendió varios principios: el derecho de los trabajadores a organizarse en asociaciones o sindicatos; el derecho a un salario justo; la protección de las familias trabajadoras; la propiedad privada, junto con su función social; la responsabilidad del Estado de proteger a los sectores más vulnerables; y la necesidad de cooperación entre trabajadores y empleadores para evitar los conflictos sociales.

La audiencia del 12 de septiembre cerrará tres días de reuniones en Roma, donde la agenda social de los movimientos populares coincidirá con representantes del trabajo organizado, el sector privado, organismos multilaterales y la Iglesia.

El encuentro tendrá una conferencia de prensa el viernes 11 de septiembre, a las 13 horas, en la Sala Stampa de la Santa Sede. Estarán el cardenal Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM); la presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Liz Shuler; el vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), monseñor Daniel Flores; el cardenal Leonardo Steiner y monseñor Reginaldo Andrietta.

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