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Milei relega la empatía e insiste con su modelo: crece el riesgo de profundizar en una agenda antipopular

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El rotundo fracaso del Gobierno con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, rebautizada en la calle como “ley de tierras”, expuso un problema de fondo en la gestión de Javier Milei: la profundización del modelo ultraliberal, ortodoxo y desregulador se está chocando de frente con el sentimiento social.

El proyecto oficial tocó la fibra del patriotismo que encendió con el Mundial y la causa Malvinas. Y permeó esa membrana que separa a la clase política del resto de los argentinos. Hubo banderas en defensa de la soberanía en las canchas de fútbol y pancartas dedicadas a los senadores tildándolos de vendepatria. Tini Stoessel, Lali Esposito y hasta Lisandro “Licha” Martínez, el defensor de la Selección, compartieron videos en contra del proyecto en sus redes sociales. Pese a los intentos por reenmarcar la discusión, la Casa Rosada perdió completamente las riendas de la conversación. En las redes se instaló que Milei quería actuar en contra del interés nacional.

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Más de un funcionario de alto rango se agarraba la cabeza en las últimas horas preguntando por qué el Gobierno se metió en este baile innecesario. Por qué hubo que dedicar tanto capital político y tiempo para defender una ley impopular. En la intimidad, un asesor de la Casa Rosada lo llamó “la agenda de la estratosfera”.

“Nadie le puso el cascabel al gato. Es un proyecto que no es prioritario. No dimos la discusión a tiempo. Y además no le cambiaba la vida a la gente”, resumió a Infobae ese colaborador. En la reunión de mesa política del martes hubo un reconocimiento de que el proyecto estuvo “mal presentado” porque creció demasiado el debate sobre la extranjerización de la tierra. Pero, en lugar de recular a tiempo, se optó por defender la iniciativa.

El Gobierno terminó por suspender el debate sobre la ley de tierras

De ahí el intento de Patricia Bullrich por explicar el proyecto mediante una conferencia de prensa en el Senado, mientras trataba de asegurar los votos. La presentación de la titular del bloque de LLA no fue emitida por el sistema de transmisión de la Cámara alta y tuvo escaso rebote en los canales de noticias. “Terminamos explicando que no buscábamos regalar el país”, reconoció un colaborador oficial.

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Los votos de los aliados se escurrieron en cascada durante el mediodía de ayer. Como un manotazo de ahogado, el Gobierno finalmente retiró el capítulo de tierras del texto.

A esta altura del partido, la prioridad dejó de ser el contenido del proyecto: el oficialismo hoy necesita ganar la votación a como dé lugar. No puede darse el lujo de perder en el Congreso, porque se instalaría un clima de derrota que fijaría un punto de partida complicado para el camino al 2027. Ahora Milei necesita sancionar proyectos clave para sustentar su proyecto, como la reforma del Banco Central (BCRA) o Inocencia Fiscal. Debe seguir demostrando al resto del sistema político -y a los mercados- que su reelección es un escenario probable.

El Senado sesionará hoy

Cuando el revés legislativo fue evidente, empezó el reparto de culpas interno. Sotto voce, algunos funcionarios le dedicaron epítetos a Federico Sturzenegger, el autor intelectual del proyecto. La realidad es que la Argentina sin regulaciones que el ministro sueña en su cabeza y escribe en los papeles entusiasma mucho a Javier Milei, que lo deja hacer.

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Parte del equipo político del Gobierno consideró puertas adentro que se llegó hasta acá porque la utopía desreguladora se desplegó sin una conducción clara en los meses en los que la gestión estuvo en un pozo por el caso de Manuel Adorni. No hubo un cálculo político y el proyecto, que viene desde abril, se fue eternizando en la agenda del Congreso mientras crecía el debate nacional sobre el tema.

A esta altura nadie lo duda: el anteproyecto ómnibus de Sturzenegger para desregular múltiples industrias (como el libro, los medicamentos y el vino) tiene destino de freezer. La mesa política se agotó de dar una batalla tras otra por la voracidad desreguladora.

En el clima de pases de factura solapados, hubo, además, quienes recordaron que, allá por el 4 de junio hubo una oportunidad para votar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin levantar la perdiz. Fue la sesión en la que, por instrucción del karinismo, se priorizó votar una tanda de pliegos de jueces, entre los que se encontraban la jueza María Verónica Michelli (nombramiento que luego Milei no oficializó) y Emilio Rosatti (hijo del titular de la Corte Suprema). Lo cierto es que ya en ese momento se hablaba de que Bullrich no había asegurado blindar el proyecto con los aliados.

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La relación con los gobernadores

El episodio con la ley de tierras dejó al desnudo lo endeble que puede ser el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores si no se anudan los acuerdos electorales. Karina Milei deja saber que será mucho más generosa que en 2025 y que su prioridad es que su hermano pueda ser reelecto. Pero los gobernadores no le tienen confianza.

Con todo el episodio queda claro que la idea del Gobierno de medir las lealtades a partir de los apoyos en el Congreso, para recién después definir quiénes van a ser los aliados electorales de 2027, es inviable. Los mandatarios provinciales están pasando un mensaje claro. La ecuación de ellos es al revés: primero las garantías electorales, después el apoyo parlamentario.

¿Cómo podía esperar el Gobierno que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enviara a su senadora Julieta Corroza a votar la ley de tierras mientras Nadia Márquez, senadora neuquina de LLA con intenciones de disputar su provincia, estaba sentada en la primera plana en la conferencia de prensa de Bullrich?

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Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén (@nachomartinfilms)

Según pudo reconstruir Infobae, en el karinismo todavía anida la idea de competir por la gobernación de varias provincias. El mapa actual es así: en Jujuy, Salta, Misiones, Neuquén, Río Negro, donde hay gobernadores no peronistas (en su mayoría aliados), hasta ahora LLA piensa en jugar, con mayor o menor intensidad, con candidato propio.

En las provincias peronistas, Formosa, La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa, Catamarca, Tucumán, naturalmente presentarían candidatos.

En Santa Fe asoma la mayor novedad: habría un pacto de no agresión con Maximiliano Pullaro. Un colaborador del dispositivo karinista comentó en las últimas horas que, incluso, está la idea de no participar de los comicios provinciales. Es el escenario opuesto a Córdoba, donde se ilusionan con una candidatura de Gabriel Bornoroni luego del sorpresivo triunfo del ignoto Gonzalo Roca el año pasado.

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En Mendoza, Chaco, Entre Ríos se repetirán las alianzas de 2025. Esto, al menos, es lo que les dijo Karina a los gobernadores de esos distritos hace cuatro meses. Se sumarían al esquema de alianza San Luis y San Juan. En algunos casos la cuestión no está allanada: el mendocino Alfredo Cornejo, por caso, todavía no sabe si el Gobierno respaldará una candidatura de Luis Petri. En Chubut, donde gobierna el PRO, también asoma un acuerdo. Pero hay una dificultad adicional: el gobernador, Nacho Torres, no cosecha la simpatía de la hermana del Presidente.

En todo caso, lo de Chubut será materia de discusión de lo que, se espera, será materia de discusión entre el Gobierno y el PRO. El sábado, Mauricio Macri arribará al país. A su espera, Fernando de Andreis (como lugarteniente del exmandatario), Diego Santilli (que ya se ganó la confianza de Karina Milei) y Cristian Ritondo (como el mayor interesado en unir las puntas) trabajan en la posibilidad de un encuentro entre la hermana del Presidente y el titular de PRO para una negociación macro.

El titular dle PRO, Mauricio Macri

Cerca de Macri aseguran que el expresidente busca, antes que nada, reconocimiento de parte de la Casa Rosada. Pero todo el resto piensan en las cláusulas particulares. Ahí el rompecabezas electoral podría encastrar a la perfección -con las opciones más naturales y competitivas a nivel nacional, provincial y porteño- o, ante la falta de entendimiento, podría desatarse un festival de candidaturas.

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De hecho, si no hay acuerdo, los amarillos ya hicieron correr que tienen postulantes para la presidencia. Se mostró con voluntad el exministro de Economía Hernán Lacunza y también circula el nombre de María Eugenia Vidal. En la provincia asoma Santilli, aunque en el PRO creen que no está dicha la última palabra y que podría competir en la Capital Federal. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ya anunció que va por su reelección. Pero en el partido no todos se encolumnaron detrás suyo, empezando por su primo. Por eso empezó una danza de candidatos con ambiciones de disputar el distrito: además de De Andreis, se habla de Guillermo Dietrich y de la propia Vidal.

Lo que sí está claro es cuáles son las contrapartes de la eventual negociación: Macri ya no reclama sentarse con el jefe de Estado como al principio. “Ya entendimos que la que manda es Karina”, dicen en el PRO.

Una defensa del modelo sin empatía

Los acontecimientos de las últimas horas —además del revés con la ley de tierras, el conflicto diplomático con Brasil— llevaron al Gobierno a una agenda no deseada. La semana pasada, en una extensa reunión en Olivos con Milei, el equipo económico, la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal, Santiago Caputo y el equipo de comunicación que ahora lidera el secretario de Medios, Fabián Fernández, habían trabajado en una estrategia para darle impulso al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Se pensó como un puntapié para que el Presidente arrancara su campaña a la reelección.

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Todo el raid mediático del Presidente (las entrevistas que dio a un canal de cable, uno de aire, un streaming y un medio del interior del país, el Diario Río Negro), estuvo cuidadosamente planificado para que el jefe de Estado exhibiera su programa económico con nitidez y volviera al primer Milei, el de 2023.

La defensa del modelo, sin embargo, exhibió una falta total de empatía con la economía de bolsillo. Luis “Toto” Caputo y Milei hablaron de un “problema entre privados” para referirse a la morosidad de las familias. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para tomar el crédito?”, ahondó el Presidente. Después, se vanaglorió de la caída del salario real de los empleados públicos.

Milei ubicó la causa de la morosidad en la responsabilidad individual del deudor. Una encuesta reciente de Zentrix sobre los morosos mostró lo contrario: el 53% de los encuestados atribuyó su endeudamiento a que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos básicos.

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El presidente Javier Milei junto al titular del BCRA, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la quinta de Olivos

Está claro que cualquier intervención del Estado para mejorar el poder adquisitivo sería un sacrilegio para la escuela austriaca. Pero, aun cuando no tiene costo fiscal, el Presidente evita mostrarse sensible con el esfuerzo que hizo la gente.

“Milei dejó en claro que nunca va a decir algo por conveniencia. Aún a riesgo de perder las elecciones el año que viene”, dijo un importante funcionario de Balcarce 50. “Él es mayonesa. El que quiera mayoliva o kétchup votará a otro”, ilustró.

Un colaborador que trabajó en la campaña de 2025 recordó: “Él escucha recomendaciones discursivas cuando estamos en campaña. En su momento trabajó la idea de no insultar. Ahora está poco predispuesto a forzar la empatía. No le podemos pedir peras al olmo”.

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En medio de una semana crítica, el único que festejó públicamente su gestión fue el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ya mandó más de 200 pliegos al Senado para completar las vacantes en la Justicia. Milei, que alguna vez dijo que “de derecho no entendía nada”, se está empapando más sobre lo judicial. En sus últimas entrevistas, reconoció que está estudiando nombres para la Corte Suprema. Pero aseguró que recién avanzará cuando estén ordenadas las vacantes de los tribunales inferiores.

No es precisamente Mahiques quien motiva al Presidente a avanzar con la Corte. El plan del ministro para este mandato es otro: quiere quedar como el abrepuertas de la familia judicial para posicionarse como candidato a Procurador General, el jefe de los fiscales. “Pase lo que pase en 2027, el que puso el gancho para esos nuevos jueces fue Milei. Si gana la elección presidencial, podrá avanzar con la Corte. Si pierde y queda con causas abiertas, esos jueces no se olvidarán quién posibilitó su ascenso”, dijo un operador judicial muy al tanto de los movimientos del equipo judicial.

En el Gobierno hay quienes comienzan a moderar su optimismo para 2027. Entienden que, más allá de lo económico, hay que acelerar los acuerdos políticos para inclinar la cancha electoral a favor del libertario. Eso implica mover los hilos en las sombras para diseñar la mejor oferta electoral posible, antes de que asome un candidato opositor nítido que pueda aglutinar el descontento social.

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“Milei necesita reducir a su mínima expresión las opciones del centro para la derecha. Y atomizar lo máximo posible del centro para la izquierda”, resume un experimentado operador que colabora con la Casa Rosada. La receta incluye, además de neutralizar una candidatura presidencial del PRO, profundizar la fractura del peronismo. De ahí la imperiosa necesidad de suspender las PASO.

Pero también se podrían reeditar viejos trucos de la consultoría política. En el oficialismo no tendrían problema, por caso, de “darle nafta” a la figura de Myriam Bregman, una de las pocas dirigentes con diferencial de imagen positiva que puede comerle votos al kirchnerismo. También, por qué no, podrían alimentar (¿financiar?) a un candidato del peronismo que diversifique la oferta de ese espectro. Hay quienes dicen que ya comenzó la búsqueda de un nombre para ocupar ese rol.

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A pesar del fallo de la Corte Suprema, la oposición insiste con rechazar el DNU que deroga la Ley de Tierras – Nexofin

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La Corte Suprema de Justicia ordenó reponer la vigencia de la Ley de Tierras tras una presentación judicial. La decisión provocó un fuerte impacto político y modificó la estrategia legislativa del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Ante este nuevo escenario, la administración de La Libertad Avanza decidió desactivar la sesión impulsada por la oposición para el próximo 15 de octubre. En su lugar, el oficialismo convocó a una mega sesión programada para el 21 de octubre con múltiples temas.

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Germán Martínez (UxP) y Martín Menem (LLA)

El temario oficialista incluirá la derogación del artículo que permitía la venta sin límites de suelo productivo a capitales extranjeros.

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Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón celebró la medida cautelar al señalar que “la Corte toma nota del moco que se mandó” con la normativa.

Además, sectores de la oposición criticaron el fallo y ratificaron que continuarán exigiendo el rechazo completo del DNU 70/2023. El legislador Maximiliano Ferraro advirtió en las redes sociales que “¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente!” hasta que exista una sentencia definitiva.

La extensa jornada parlamentaria proyectada por el oficialismo también abordará nuevos proyectos sobre discapacidad, morosidad financiera y soberanía territorial. Las autoridades nacionales buscan así neutralizar las demandas opositoras y reordenar el debate legislativo.

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Qué es una medida cautelar “interina”, la herramienta que utilizó la Corte Suprema para reponer la ley de tierras

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La Corte Suprema de Justicia dictó hoy una medida cautelar “interina” que repuso las restricciones a la venta de campos a extranjeros previstas en la ley de tierras.

“Una cautelar es una medida judicial de resguardo de un derecho”, explicó el constitucionalista Alejandro Carrió.

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Las cautelares son medidas excepcionales y transitorias que, en casos como el que hoy resolvió la Corte, buscan evitar los daños irreparables que podrían producirse mientras la Justicia tramita una causa hasta que toma una decisión que resuelva el caso.

Hay dos requisitos básicos para su dictado: la verosimilitud del derecho (que sea razonable creer que quien reclama tiene razón) y el peligro en la demora (urgencia).

“La solicita quien tiene un interés legítimo para pedir su protección -dijo Carrió-. Se aplica ante el peligro cierto de que ocurra un hecho que afecte ese derecho, siempre que el derecho invocado parezca verosímil.”

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Daniel Sabsay destacó que la medida se “justifica” en situaciones en las que la “velocidad” juega un papel clave para evitar un daño “irreparable”. Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó que la medida cautelar puede dictarla incluso un juez incompetente (como pasó hoy con la Corte, que dictó la medida y envió la causa al juzgado de primera instancia de Bariloche, donde debe tramitarse). También, que estas medidas se caracterizan porque la regla es que se dictan sin haber escuchado los argumentos de la otra parte.

Pero en este punto hay una excepción: cuando una medida cautelar se dispone contra el Estado Nacional -como en este caso-, la regla es que sí debe pedírsele previamente un informe al Gobierno. Así lo estableció la ley de medidas cautelares contra el Estado, sancionada en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Esa misma ley prevé, no obstante, la posibilidad de dictar cautelares sin darle intervención previa al Estado: son las cautelares “interinas”, que -dice la norma- sólo pueden disponerse “cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran”. En esos casos -establece la ley-, “el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción”.

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Las cautelares interinas están reguladas por el artículo 4, inciso 1, tercer párrafo –mencionado por la Corte–. El artículo 2 de esa misma ley –también citado en el fallo– alude a las medidas cautelares “dictadas por juez incompetente” –como lo sería, en este caso, el máximo tribunal, en tanto los inferiores aún no resolvieron la causa, que sólo podría llegarle a la Corte por vía recursiva–. El fragmento mencionado por los jueces en la sentencia de hoy establece que la cautelar contra el Estado dictada por un juez incompetente tendrá eficacia “cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”, entre otros casos.

El planteo que resolvió la Corte fue presentado por una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que invocaron la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio RosattiMarcelo Manera –

De hecho, al referirse a la cautelar impuesta, el máximo tribunal también citó la Ley General del Ambiente, que establece que en cualquier estado del proceso judicial pueden solicitarse “medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse” y que los jueces pueden disponerlas sin petición de parte.

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En paralelo, el artículo 2° de la ley que regula las cautelares contra el Estado (26.854) también especifica que “ordenada la medida, el juez deberá remitir inmediatamente las actuaciones al juez que considere competente [como lo hizo hoy con el juzgado de Bariloche], quien, una vez aceptada la competencia atribuida, deberá expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de la medida cautelar concedida, en un plazo que no podrá exceder los cinco (5) días”.

Constitucionalistas consultados por cuestionaron la urgencia de tomar una medida como la adoptada por la Corte Suprema esta mañana. “No parece que la próxima sesión de la Cámara de Diputados pueda ser una razón atendible [como un motivo de urgencia para dictar la cautelar interina] aun cuando, por supuesto, no ha sido ese el fundamento del voto mayoritario”, planteó Carrió en las últimas horas.

El fallo de la Corte

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El fallo de la Corte, firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, dice: “Considerando la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente), resulta necesario que este Tribunal dicte una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables mientras el proceso retoma su adecuado cauce”.

Además, agrega que “el Tribunal cuenta con atribuciones suficientes para disponer las medidas necesarias para preservar los bienes jurídicos que se invocan como afectados, más allá de las reglas que rigen su competencia”.

A continuación, suspende los efectos del artículo 154 (aquel que deroga la ley de tierras) del decreto 70/2023 “hasta tanto el juez competente [el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud de medida cautelar”.

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En cambio, el juez Carlos Rosenkrantz se opuso a la sentencia y votó en disidencia, con alusiones directas a la medida “interina”. Primero, planteó que no le corresponde a la Corte dictar una cautelar “sobre la cual no hubo pronunciamiento de las instancias inferiores”.

El juez Carlos RosenkrantzCSJN

Dice que “el hecho de que exista normativa que permite en ocasiones excepcionales el dictado de medidas cautelares o interinas por juez incompetente” no anula lo anterior, dado que está condicionado por requisitos estrictos. Y “en el caso estas condiciones no están cumplidas”, señala.

Respecto de la cautelar “interina”, afirma que tampoco es posible que un juez incompetente, “como lo es esta Corte en las presentes actuaciones”, dicte una medida interina, dado que “están previstas únicamente para cuando, habiéndose solicitado […] existan ‘circunstancias graves y objetivamente impostergables’ que lo justifiquen. Se trata de medidas accesorias de las medidas cautelares solicitadas en el pleito y tienden únicamente a asegurar la efectividad de aquellas mientras se sustancia el trámite específico que prevé la ley. En el caso […] no corresponde el dictado de una medida interina”.

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Por último, sobre la disposición de una cautelar en virtud de la Ley General del Ambiente, sostiene que “en la demanda no hay una sola indicación que permita inferir, siquiera mínimamente, que habría un peligro ambiental grave o irreversible que hiciera impostergable la adopción de una medida excepcionalísima”.




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Alerta en Economía: el proyecto de discapacidad del Gobierno tendría un costo de hasta $1,2 billones anuales

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La semana que viene la Cámara de Diputados tendrá días de tensión. Luego del feriado del lunes se encadenarán varios días que tendrán como corolario la sesión del jueves en donde el temario incluirá el DNU70/2023 y las proyectos sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

En medio de los movimientos del oficialismo y sus socios para hacer caer la sesión o, en su defecto, que la oposición no se lleve un triunfo parlamentario, aparecieron proyectos de ley tanto para morosidad como para discapacidad de parte del bloque de La Libertad Avanza que, junto a sus socios, se llevaron los dictámenes de mayoría.

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En el caso de discapacidad, y mientras los bloques socios esperan un informe de Economía sobre el impacto en fondos del Presupuesto 2027, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, le pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice un informe del costo fiscal que tiene el proyecto de ley de discapacidad presentado por LLA

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad -el del oficialismo- podría incorporar 200.000 nuevos titulares de pensiones y generar un costo fiscal anual de hasta $ 1.209.567 millones.

La propuesta plantea un régimen permanente de políticas públicas en lugar de prorrogar la emergencia vigente hasta fines de 2026, que es lo que propone la oposición.

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El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3,66 billones para mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones. La incorporación gradual de beneficiarios absorbería cerca del 16,4% de esos recursos, de acuerdo con los cálculos del organismo técnico del Congreso.

Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado

La oficina elaboró dos escenarios para medir el esfuerzo fiscal de la iniciativa frente a la situación actual.

El primer escenario prevé altas graduales durante 2027, a un ritmo de 16.800 personas por mes. Según el sitio El Parlamentario, bajo esa hipótesis, el costo ascendería a $ 598.912 millones, equivalentes al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI) y a un aumento del 6,1% sobre el gasto total proyectado para pensiones no contributivas.

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La segunda alternativa supone que todos los nuevos beneficiarios percibirán la prestación durante el ejercicio 2028. El desembolso anual alcanzaría $1.209.567 millones, el 0,07% del PBI.

En la actualidad, 1.678.715 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y 435.270 de ellas ya cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral.

El dictamen establece una pensión para quienes acrediten discapacidad mediante el CUD. El beneficio mantendría su compatibilidad con empleo formal y con actividades registradas en los regímenes tributarios nacionales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

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Otro punto que estaba en discusión es la forma en la que se iba a actualizar el arancel del Sistema de Prestaciones. Originalmente el oficialismo impulsaba que sea trimestral. El bloque libertario asegura que será mensual.

Aliados que firmaron “en disidencia” todavía reclaman precisiones: una redacción más clara que garantice la actualización mensual por inflación, el cronograma de pago de compensaciones adeudadas y que se muestren las partidas presupuestarias concretas destinadas al sector. Martín Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a exhibir esas partidas y a introducir modificaciones adicionales al texto.

Desde el Ministerio de Economía, en tanto, trascendió que no están de acuerdo con lo negociado en el dictamen, lo que abre la duda sobre si el capítulo de ajuste al sistema de discapacidad podría sostenerse igualmente dentro del Presupuesto 2027.

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Según el informe publicado, el dictamen no crearía gastos adicionales para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, sino que mantendría una obligación ya establecida en la legislación vigente que, hasta ahora, están calculada en $ 278.323 millones la compensación pendiente para esos prestadores.

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