Las autoridades de República Dominicana intensificaron los controles viales en el Gran Santo Domingo y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que “nadie está por encima de la ley”. Informó que durante el fin de semana las fuerzas de seguridad fiscalizaron a 19 mil motociclistas y retuvieron más de 6 mil motocicletas por infracciones de tránsito.

La medida se enmarca en operativos para reducir la siniestralidad y la violencia en las vías, con foco en conductas de riesgo vinculadas al uso de motocicletas, según explicó Raful tras un encuentro de coordinación del Gobierno.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del área metropolitana y se apoyaron en inspecciones de documentación, uso de casco y respeto de señales de tránsito, de acuerdo con el detalle ofrecido por la funcionaria.

Operativos en el Gran Santo Domingo y faltas detectadas: Raful dio los datos luego de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña. La ministra atribuyó los resultados a la ampliación de los controles en calles y avenidas del Gran Santo Domingo.

Entre las infracciones detectadas, la funcionaria mencionó circular sin casco, no portar documentos, transitar por las aceras y cruzar luz roja durante las intervenciones, según la información difundida por el Ministerio de Interior y Policía.

Raful señaló que las acciones forman parte del trabajo permanente de la Fuerza de Tarea Vial, que se reúne cada viernes para coordinar operativos orientados a disminuir la imprudencia al volante.

La ministra anunció que el Gobierno convocará reuniones con asociaciones de motoconchistas junto con representantes de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Obras Públicas.

El objetivo, explicó Raful, será identificar y regular paradas de motociclistas y revisar la situación judicial de quienes prestan el servicio. “Nos reuniremos para seguir trabajando y para que la Policía Nacional pueda fiscalizar cada una de estas paradas, identificar quiénes ofrecen este servicio y verificar que estén libres de órdenes de arresto o procesos pendientes ante la ley”, dijo.

Raful también informó que el Gobierno dará seguimiento al proceso judicial contra el motorista acusado de agredir a un conductor del sistema de transporte escolar TRAE. Según precisó la ministra, el caso está a cargo del Ministerio Público.

Según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) reportó que, entre enero y abril de 2026, al menos 213 personas perdieron la vida en siniestros relacionados con el uso de motocicletas. Esta cifra representa el 31.4% de las muertes por accidentes de tránsito en el país durante ese período.

El organismo explicó que el 85% de los motociclistas fallecidos no utilizaba casco protector al momento del accidente. Además, la mayoría de las víctimas son jóvenes y trabajadores informales que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte y sustento.

De acuerdo con el Opsevi, la falta de equipamiento de seguridad, la ausencia de regulaciones eficaces, el crecimiento desordenado del parque de motocicletas y la debilidad en la educación vial han alimentado un escenario de riesgo permanente en las calles dominicanas.

Este fin de semana Estados Unidos logró hacer una demostración de fuerza militar con la que se posiciona en la región, convirtiendo a Venezuela en el Teatro de Operaciones del Comando Sur –autorizada por el régimen de Delcy Rodríguez– que busca dar “respuestas militares rápidas” en caso de conflicto, dar confianza y protección a las inversiones petroleras norteamericanas.

Este sábado dos helicópteros gigantes tipo MV-22B Osprey del servicio militar estadounidense dirigidos por el comandante del SouthCom, el general Francis L. Donovan, sobrevolaron la capital venezolana, para realizar “un simulacro de evacuación” en la Embajada de Estados Unidos, lo que pareció más bien el desembarco de comandos de élite de asalto fuertemente armados que una simple extracción de personal diplomático.

Ante la mirada atónita de los caraqueños, el sobrevuelo de los poderosos Osprey de la Armada, que comenzó a las 10 de la mañana, recordó la operación de la madrugada del 3 de enero pasado cuando el mismo equipo aeronaval capturó a Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores y luego los transportó para ser juzgados por narcoterrorismo en Nueva York.

La operación de los helicópteros, conocidos como águilas espías o águilas pescadoras, contó con un apoyo logístico impresionante: el crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70) y el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, que fondeó a seis millas náuticas de Catia La Mar, la zona costera de Caracas.

Para tranquilizar a la población, la Embajada de Estados Unidos aclaró que «seguimos comprometidos con garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump, particularmente la estabilización de Venezuela, y con la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental. Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, los Estados Unidos y el hemisferio occidental».

Esta es la segunda visita del comando de élite de la Armada estadounidense en Caracas. Y su propósito, según una fuente militar venezolana que pidió a Clarín el anonimato, es que los Estados Unidos “están ejecutando una presión multidominio, control de nodos estratégicos, dominación cognitiva, demostraciones calibradas de fuerza, degradación psicológica del adversario, preservación de gobernabilidad y manejo simultáneo del plano diplomático, militar y narrativo”.

En su opinión y desde una perspectiva híbrida, el ejercicio aéreo en Caracas, la presencia del Uited Southern Command y el despliegue del USS Iwo Jima en el Caribe, “no debe interpretarse únicamente como un ejercicio militar sino como un mensaje estratégico multinivel”.

La fuente militar señaló que no es solo una demostración táctica, “sino psicológica y política. Los MV-22 Osprey aterrizando en Caracas tienen un enorme valor simbólico. No buscan derrotar militarmente a nadie; buscan instalar percepción de capacidad, alcance y libertad operativa. Es decir: “podemos entrar, salir, evacuar, insertar fuerzas y operar en el corazón político del país”.

El mensaje implícito hacia mandos militares, estructuras de inteligencia, operadores económicos y redes de apoyo es que Washington “tiene presencia, tiene acceso, posee sobre todo superioridad logística y posee capacidad de escalada rápida si fuese necesario”.

El simulacro aeronaval también es un primer paso para la instalación futura de bases militares con la aprobación de las autoridades interinas. «Es complementario y necesario. Esta es una etapa de proyección gradual para resguardar la protección de las instalaciones petroleras que va desde la presión psicológica a la narrativa, agregó la fuente.

Hasta ahora, el régimen de Delcy Rodríguez ha autorizado la presencia militar de EE.UU., lo que también ha generado críticas en las filas chavistas por la supuesta pérdida de soberanía. Pero la fuente sostiene que Venezuela ya ha perdido soberanía bajo el régimen chavista.

“La soberanía del país y de las FANB no existe desde antes del 3 de enero. Venezuela ha estado plagada por el ELN y la disidencia de las FARC. Con Maduro la fuerza armada bolivariana se desmovilizó, aquí gobiernan las guerrillas y el Tren de Aragua, la organización delincuencial, por lo que no se puede hablar de soberanía”, subraya la fuente.

El propósito de la presencia militar en Venezuela es ir “desmantelando nodos de forma gradual y progresiva con la aprobación de las autoridades interinas. Para eso son necesarias y complementarias las bases militares”, explicó la fuente militar venezolana. Así para acometer estas tareas el país se convierte en el Teatro de Operaciones del Comando Sur, desplazando además a Rusia, China e Irán, hasta ahora los principales proveedores de armamento del régimen.

En medio de incidentes, miles de manifestantes marcharon este lunes en La Paz, sede de gobierno de Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en el inicio de la cuarta semana de protestas que provocaron una creciente escasez de combustible, alimentos y medicinas.

Los enfrentamientos ocurrieron en el centro de La Paz, donde los manifestantes utilizaron petardos y dinamitas, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar las protestas, dijo el diario La Razón.

Los manifestantes intentaron rebasar el cordón policial e ingresar a la plaza Murillo, donde se encuentra la sede de gobierno. La Policía intentó despejar algunas calles del centro de la ciudad. El Comando Departamental de La Paz alertó sobre la presencia de personas con pasamontañas, palos y posibles explosivos, según el periódico.

La agencia de noticias AFP reportó una decena de detenidos. Por la tarde, la ciudad retornó a la calma.

Mientras tanto, vecinos de El Alto bloquearon la entrada y salida de vehículos y pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Alto, reportó Brújula Digital.

“¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, gritan campesinos, obreros y transportistas, que detonan petardos mientras bajan hacia La Paz desde la ciudad vecina de El Alto.

El mandatario centroderechista, de 58 años, enfrenta la mayor protesta social en su corta gestión que comenzó en noviembre pasado, ante la crisis económica que atraviesa el país.

Cientos de policías custodian la sede de gobierno en La Paz

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de nafta de mala calidad que dañó miles de vehículos.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del país.

La plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, está resguardada por cientos de policías antimotines.

En un discurso que pronunció en la sureña ciudad de Sucre, en un aniversario cívico, el presidente boliviano llamó de nuevo este lunes al diálogo a las organizaciones que lideran las protestas.

No obstante, Paz descartó dialogar contra manifestantes radicales que usen la violencia.

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“Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir claramente la Constitución”, advirtió.

El domingo, Paz debía comenzar un diálogo con un sindicato de campesinos, pero la reunión no se realizó por los enfrentamientos del sábado con la policía.

Los incidentes se produjeron en medio de operativos del gobierno para habilitar un corredor que permitiera el ingreso a La Paz y El Alto de alimentos, medicina y combustible.

La carestía de productos básicos también se registra en otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro).

Rodrigo Paz recudirá a la mitad su salario y el de sus ministros

En tanto, el presidente anunció que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un “esfuerzo y compromiso” con el país.

“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %”, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país.

Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3617 dólares). Ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1808 dólares).

Paz mencionó que esa decisión no afectará a “otras áreas ni a profesionales”, ya que la intención no es “perjudicar” a esos trabajadores, sino buscar que “los mejores” permanezcan en el servicio público.

Asimismo, anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del “perdonazo tributario” que, según enfatizó, “no es para los ricos” sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan “reactivar” su economía.

Paz indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos para dar un impulso a sus negocios.

(Con información de AFP y EFE)