El exsenador Edgardo Kueider apelará la sentencia que lo condenó por contrabando en grado de tentativa en Paraguay y dilata así su vuelta a Argentina, donde enfrenta dos causas judiciales más.

Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por intentar ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar, ocultos en una mochila. Su pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y 10 meses en las mismas condiciones.

La defensa del entrerriano confirmó que interpondrá el recurso de apelación contra esa sentencia. Mientras tanto, ambos permanecen bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en un departamento de Asunción.

Con esta decisión, la estadía de Kueider y Guinsel en Paraguay se extenderá más allá del tiempo establecido en la condena. El exfuncionario enfrenta una segunda causa en el país vecino donde, con Guinsel, fueron procesados por lavado de activos.

En ese expediente se investiga la compra de seis departamentos y cocheras en el complejo Las Mercedes de Asunción a través de supuestos testaferros paraguayos. Las penas previstas para este delito oscilan entre cinco y 10 años de prisión efectiva. Las propiedades ya fueron embargadas como medida cautelar.

La situación de Kueider en Argentina

En Argentina, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider hace casi un año, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Fiscalía paraguaya dio su conformidad, pero condicionó la extradición a que el exsenador resuelva primero todas sus causas pendientes en ese país. Mientras tanto, la Cámara Federal de San Martín confirmó el rechazo a la eximición de prisión pedida por la defensa, por lo que, de pisar suelo argentino, Kueider quedaría detenido de inmediato.

Existe además un conflicto de competencia en la Corte Suprema entre la causa federal y otra radicada en Concordia, Entre Ríos.

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En este escenario, Kueider se encuentra así atrapado en un doble frente judicial. En Paraguay debe agotar la apelación del contrabando y enfrentar el juicio oral por lavado; en Argentina lo esperan procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las fianzas impuestas —300 mil dólares en la causa de contrabando y un terreno valuado en unos 83 mil dólares en el expediente de extradición— refuerzan las medidas cautelares que lo mantienen bajo control en Asunción.

Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia

Tras semanas de mala praxis desde el bloque libertario del Senado, que conduce la porteña Patricia Bullrich, el oficialismo intentará sesionar desde el mediodía para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un demorado proyecto que pide desde hace meses la Casa Rosada y que ya fue desplumado por la oposición: el dictamen de la iniciativa tenía 13 borradores extra y ayer sumó dos más, lo que derivó en el hartazgo de varios despachos y un escenario de incertidumbre de cara al recinto.

La realidad es que, de lograr el quorum -37- y activar el cónclave, la mayoría de las bancadas buscarán sacarse el tema de encima lo más rápido posible y dejar la definición en Diputados, que tendrá la compleja tarea de sancionar una ley muy manoseada. Siempre y cuando el diablo no meta la cola al momento de informar cambios en una eventual votación en particular del texto.

A esta altura y, con el recinto caído la última vez, ya nada sorprendería. Todo esto se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado.

Para evitar otras tropelías, libertarios y aliados se reunirían a las 10, dos horas antes de la sesión, para cerrar grifos de incertidumbre y decidir si se baja o no al recinto. Hasta el inicio de la corriente semana, no se percibió buen clima. Entre lunes y martes, las chances crecieron. Ayer se sostenía el encuentro, aunque el festín de borradores y un potencial inconveniente con dos legisladores misioneros volvió a sembrar un manto de dudas.

El desafío no es menor para Bullrich: desde marzo que no puede, salvo una excepción -pago a dos fondos buitre-, aprobar una ley que solicite con énfasis la administración central. El proyecto en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica cuestiones centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, ley de manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador plantea: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. El último caso servirá también para zona de frontera, siempre un área delicada en varios distritos. Además, se eliminaría lo enunciado sobre el “silencio administrativo”, otro inconveniente comentado ayer por Infobae.

Lupa

Mientras Bullrich junta número -hasta las 13.30 de ayer ni apareció por el Senado, y luego casi todos se fueron del Palacio por el partido entre la Argentina e Inglaterra-, dos semi aliados volvieron a quedar en el centro de atención. No suele ser para bien. De hecho, el ex vicegobernador Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut se hicieron conocidos por haber dicho en “on” que iban a votar Ficha Limpia para hacer, después, todo lo contrario. Voltearon el proyecto.

La culpa no sería de ellos en esta ocasión, sino de su -hasta ahora- controlador y mandamás provincial, el ex mandatario Carlos Rovira; y del actual gobernador, Hugo Passalacqua. Están enfrentados, la guerra no es menor y ambos legisladores cambiaron el nombre de su bancada.

En las últimas horas se conoció un comunicado de una red de mujeres relacionada con la prima del primero y esposa del segundo, la funcionaria misionera Viviana Rovira, en el que se pone un fuerte énfasis en no aprobar la ley de propiedad privada. ¿Sabe de esto Bullrich? La porteña sí trataba de masajear a los supuestos ex kirchneristas de Convicción Federal –Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza– para ayudar, aunque sea, con el quorum.

Para la sesión de este jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral. Si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar. También aparecen en bandeja ascensos diplomáticos que llevan larga siesta y poco consternaron al Canciller, Pablo Quirno.