El fiscal Diego Luciani pidió decomisar la casa de Cristina Fernández de Kirchner donde cumple prisión domiciliaria. Se trata del departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

Formaría parte de los embargos en la Causa Vialidad. El inmueble no estaba en el listado original de embargos. También se pidió el decomiso de otras 12 propiedades de CFK.

En este nuevo pedido de Luciani se incluyeron dos cajas de seguridad en dólares de la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner.

Si finalmente decomisan el departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta deberá elegir otra de sus propiedades para cumplir con la prisión domiciliaria. De mudarse, perdería la posibilidad de interactuar con la militancia desde el balcón de su domicilio actual.

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Polémica por un video de la expresidenta en la calle

En las últimas horas se generó una fuerte polémica en redes sociales por la difusión de un video donde se puede ver a la expresidenta Cristina Kirchner en la vía pública. En el registro se la ve bajando de un auto, escoltada por su custodia personal, mientras es saludada a la distancia por un grupo de militantes.

“¿Cómo que Cristina salió de su prisión domiciliaria? Es joda esto», expresó una usuaria de la red social X, que compartió el video. La expresidenta cumple su condena a 6 años de prisión en el domicilio de San José 1111.

Según pudo saber TN, Cristina Kirchner salió de su casa para asistir a una consulta odontológica. “Obviamente autorizada por la Justicia”, remarcaron en su entorno.

El departamento donde CFK cumple su condena por la causa Vialidad suele ser escenario de manifestaciones del peronismo. En este sentido, el kirchnerismo volverá este sábado al domicilio de la expresidenta con una nueva edición de “Unos mates con Cristina”.

Pero detrás de la mateada, la radio abierta y las consignas, el encuentro tiene un objetivo político más amplio: consolidar dentro del peronismo la idea de que la situación judicial de la expresidenta debe convertirse en uno de los ejes ordenadores hacia 2027.

La actividad es organizada por la Casa Cristina Libre, un espacio articulado desde el universo político que rodea al Instituto Patria y a La Cámpora. En los últimos meses comenzó a multiplicar actividades y sedes bajo la lógica de sostener territorialmente la campaña contra lo que el kirchnerismo denuncia como la “proscripción” de la expresidenta y convertir esa consigna en una bandera permanente de militancia.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó duramente este viernes contra el ahora diputado y exministro de Defensa Luis Petri por su “espantosa y fraudulenta” gestión. La funcionaria respondió a la publicación de un usuario de X que criticaba el desmantelamiento de la obra social de los militares.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El exministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión», escribió en su cuenta.

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El miércoles, Petri hizo referencia a Villarruel a través de un posteo en X. “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!“, escribió el legislador.

La denuncia presentada por Villarruel contra Petri por tratarla de “golpista” fue desestimada por inexistencia de delito. En su presentación la vicepresidenta también incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores del noticiero de la señal A24.

Noticia en desarrollo

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apuntó duramente este viernes contra el ahora diputado y exministro de Defensa,Victoria Villarruel,Luis Petri,Fuerzas Armadas,Conforme a,Victoria Villarruel,,»Siempre tan democrática». Petri acusó a Villarruel de querer imponerle una “mordaza legal” y Milei lo respaldó,,Si vas a robar, robá bien,,“La unidad no exige uniformidad”. El nuevo mensaje que dejó Villarruel para el Gobierno

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para eliminar el impuesto de sellos sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, firmada por 17 diputados del espacio, apunta a reducir una carga tributaria que, según sus autores, encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica.

El autor de la propuesta, el diputado provincial Oscar Liberman, sostuvo que se trata de “un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”. La medida busca derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que actualmente grava con una alícuota del 1,2% todos los débitos o cargos del período formalizados mediante tarjetas de crédito. Según Liberman, ese porcentaje eleva los costos de cada transacción y empuja a los usuarios hacia canales no declarados.

El proyecto también modifica el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558), en los tramos referidos al impuesto de sellos sobre este tipo de operaciones. De prosperar en la Cámara, la reforma representaría un cambio directo en el bolsillo de los bonaerenses que utilizan tarjetas de crédito como medio habitual de pago, argumentaron sus autores.

El argumento central de Liberman no es solo de orden económico, sino también jurídico. El legislador señaló que el resumen de tarjeta de crédito no reúne las condiciones que la propia Ley de Coparticipación Federal exige para que un documento quede alcanzado por el gravamen. Según el artículo 9, inciso b, apartado 2 de esa norma, un instrumento sujeto al impuesto de sellos debe revestir “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.

Liberman afirmó que el resumen periódico de una tarjeta no cumple ese requisito porque no está firmado ni reconocido por su titular, y porque la Ley Nacional de Tarjeta de Crédito 25.065 establece en su artículo 39 que el emisor necesita documentación adicional para ejecutar un saldo impago. “Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, precisó el diputado.

A partir de ese razonamiento, Liberman concluyó que “la provincia de Buenos Aires no tiene potestad alguna para apartarse de la definición” que fija la coparticipación federal. En esa línea, calificó el proyecto como “una corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo” y rechazó que el fisco provincial deba intervenir en cada transacción privada: “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”, sostuvo.

La iniciativa fue acompañada por otros 16 legisladores del bloque libertario: Juan Osaba, Agustín Romo, Francisco Adorni, Maximiliano Bondarenko, Nahuel Sotelo Larcher, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Pablo Morillo, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Gastón Abonjo y Vera Chávez Ramón. El respaldo interno refleja una posición unificada del espacio en materia de reducción de la presión tributaria provincial.

La presentación del proyecto se enmarca en una agenda más amplia de La Libertad Avanza orientada a la desregulación fiscal y la reducción del gasto estatal, tanto a nivel nacional como en los distritos donde el partido tiene representación legislativa, en línea con el posicionamiento ideológico que predica el presidente Javier Milei, quien considera a los impuestos como “un robo”.

En el caso bonaerense, la bancada busca instalar el debate sobre tributos que, a su criterio, carecen de sustento legal y penalizan el consumo declarado.

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