El Senado se prepara para sesionar este jueves con una agenda económica de fuerte contenido político, en la que el oficialismo buscará avanzar con dos iniciativas sensibles para el Gobierno y para distintos sectores productivos: el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II y el nuevo régimen de biocombustibles.

La concreción de la sesión, llamada para las 11, fue definida esta tarde en reunión de jefes de bloque, Sin embargo, su realización es todo un albur ya que algunas ausencias en el oficialismo y en la oposición dialoguista, a lo que se suman los severos cuestionamientos de varios senadores a proyectos como el de biocombustibles, abren un interrogante sobre si la reunión dará inicio y, en caso de hacerlo, hasta dónde se extenderá.

La convocatoria llega después de varios días de caóticas negociaciones entre el bloque de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich (Capital), las bancadas de la oposición dialoguista y representantes de provincias, sobre todo las de la región del noroeste argentino que son productoras de bioetanol, interesadas en que avance el proyecto de ley que modifica el régimen vigente de fomento y producción de combustibles de origen agrícola.

De hecho, Bullrich decidió incluir en el temario del proyecto de biocombustibles, que es rechazado por varios senadores de la UCR y hasta por algunos miembros de la bancada oficialista, por la exigencia de los senadores de las provincias azucareras, que plantearon su negativa a bajar al recinto si el tema quedaba excluido de la sesión.

El temario previsto para este jueves incluye, además, dos convenios que convalidan el traspaso al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de la justicia penal juvenil y la competencia sobre los delitos relacionados con ése fuero.

También se tratarán los pliegos que proponen Alejandro Catania y Javier Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico. Sus nominaciones quedaron demoradas durante casi cuatro meses por orden de la Casa Rosada, por sus supuestos vínculos con la AFA, y recién obtuvieron luz verde en la Comisión de Acuerdos diez días atrás por presión de un grupo de senadores de la oposición dialoguista.

El proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por el Poder Ejecutivo y ya aprobado por la Cámara de Diputados, apunta a ampliar el régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el Gobierno, la iniciativa busca reducir la carga informativa de los contribuyentes, dar mayor previsibilidad frente a eventuales fiscalizaciones y facilitar la regularización de inconsistencias impositivas sin que eso implique, de manera automática, la pérdida de beneficios.

Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen. De aprobarse la reforma, podrán adherir contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que amplía de manera significativa el universo alcanzado por el sistema simplificado.

La iniciativa también redefine el margen de acción de ARCA para impugnar declaraciones. El organismo solo podría formular observaciones cuando detecte diferencias significativas y fundadas, con un criterio vinculado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. Además, se contempla la posibilidad de rectificar declaraciones sin quedar automáticamente afuera del régimen, siempre que el contribuyente regularice la situación.

El capítulo más discutido de la propuesta se ubica justamente en sus efectos políticos y fiscales. Para el Gobierno, la norma busca consolidar una relación menos punitiva entre el fisco y los contribuyentes y alentar el ingreso de fondos al circuito formal.

Para sus críticos, en cambio, el texto es un blanqueo encubierto, pudiendo convertirse en una herramienta demasiado amplia de alivio tributario, con beneficios para sectores de mayor capacidad económica y con un eventual impacto sobre la recaudación.

El proyecto de ley de biocombustibles, en tanto, propone reemplazar el esquema vigente por un marco de mayor competencia, con subas graduales en los porcentajes obligatorios de mezcla y una transición para los distintos segmentos de la industria. La iniciativa unifica propuestas de varios bloques y fue negociada con especial atención por las provincias del noroeste.

El texto prevé elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con una distribución que reserva una porción para el producto elaborado a partir de caña de azúcar, otra para el derivado del maíz y un tramo abierto a la competencia. En biodiésel, la mezcla en gasoil y diésel oil pasaría del 7,5% al 10% después de un período de transición.

La reforma también introduce límites a la concentración empresarial y mecanismos de asignación de cupos. El punto más sensible está en la situación de las pymes de biodiésel, denominadas en el debate como empresas no integradas, que reclaman una cuota protegida más amplia y estable para abastecer el mercado interno. El dictamen contempla una participación reservada, pero con una reducción progresiva hasta 2036.

Allí se concentra la principal polémica. Las compañías más pequeñas y legisladores de provincias con plantas regionales advierten que una apertura demasiado rápida podría favorecer a grandes firmas integradas en una cadena productiva, capaces de producir a escala y dominar la cadena de valor.

Del otro lado, quienes defienden la reforma argumentan que el régimen actual se agotó, que la intervención estatal en precios y cupos desalienta inversiones y que un sistema más competitivo permitirá ampliar la producción y mejorar la eficiencia.

El juez federal Daniel Rafecas sumó al iraní Alí Asghar Hejazi al juicio en ausencia por el ataque a la AMIA. De esa forma, hizo lugar al pedido de la fiscalía, que considera a Asghar Hejazi como el presidente del comité que decidió el atentado terrorista de 1994.

El dirigente iraní, cuyo nombre también se consigna como Alí Asghar Mirhejazi, tiene actualmente 79 años y era en 1994 el delegado personal del entonces líder supremo Alí Khamenei, su mano derecha.

El fiscal federal especial para la causa AMIA Sebastián Basso entendió en un dictamen que la decisión de atacar la mutual se tomó durante una reunión de un comité secreto conocido como “Vijeh”, encabezado por Khamenei y Hejazi.

El fiscal considera que intervinieron en la decisión del atentado Mohsen Rezai (comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (a cargo de la Fuerza Al Quds, la sección encargada de operaciones fuera de Irán), Alí Fallahian (ministro de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (a cargo de la política exterior).

La fiscalía entiende que el 14 de agosto de 1993 se decidió el atentado del 18 de julio de 1994 en ese Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el aval de Khamenei.

Desde ese momento, el comité presidido por Hejazi se ocupó de los preparativos y la definición de la fecha del ataque, que provocó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos.

La fiscalía entendió que Hejazi estuvo en Buenos Aires en marzo de 1993, como delegado personal de Khamenei y para supervisar la operación y analizar sus posibilidades.

Según Basso, integrantes de la Fuerza Al Quds, liderada por Vahidi, transmitieron las directivas para la ejecución material del atentado a Imad Mughniyeh, señalado como el jefe de la estructura más clandestina de Hezbollah hasta su muerte en 2008.

El juzgado de Rafecas dictó la captura nacional e internacional de Hejazi el 10 de abril pasado, pidió a Interpol la difusión de una circular roja y lo declaró rebelde el 7 de mayo.

El tribunal remarcó que la cancillería iraní fue notificada de todas las medidas dispuestas en su contra, y concluyó que “no existe forma alguna que Hejazi no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal”.

Por eso es que lo sumó al resto de los acusados al juicio en ausencia, cuya viabilidad analiza la Cámara de Casación Penal.