Luego de que el Concejo Deliberante de Morón aprobara la interpelación al intendente Lucas Ghi, este jueves el secretario de Seguridad municipal Damián Cardoso compareció ante los concejales para dar respuestas sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, la ex directora de Políticas de Género que se encuentra prófuga desde que hallaron medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar.

Ante la decisión del jefe municipal de no asistir a la sesión extraordinaria, Cardoso asumió el rol de representante del gobierno. Así, inició su exposición detallando la política municipal orientada a “combatir el narcomenudeo” y a “impulsar las denuncias”.

La interpelación se extendió por más de cuatro horas, en donde el secretario de Seguridad destacó la rapidez con la que el gobierno local actuó una vez confirmados los cargos contra Ortigoza. “Grave sería que el intendente no la desplace de su cargo”, manifestó.

Según la información publicada por Primer Plano Online, el funcionario municipal explicó que “nada hacía prever” que Ortigoza estuviera involucrada en actividades delictivas y remarcó que el accionar ilegal era “ajeno a su desempeño en el Municipio y se realizaba de manera escondida”.

En este sentido, Cardozo aseveró que “no hubo alertas tempranas” y señaló que la acusada no exhibía signos de riqueza que pudieran vincularla con la venta de drogas. “Esta chica no llegó con un Mercedes Benz a su trabajo”, apuntó al desmentir que estuviera de vacaciones cuando allanó su propiedad.

Según el secretario de Seguridad, hasta el momento “no hay ningún elemento que indique” que Ortigoza haya cometido delitos en el ejercicio de su función. No obstante, consideró que el caso demostró que “en Morón no hay libertades para cometer delitos”. Asimismo, informó que todo el material incautado, incluso elementos vinculados a su labor municipal, quedó a disposición de la justicia para peritajes.

Al finalizar su exposición, Cardoso respondió preguntas de concejales de distintos bloques, comenzando por Analía Zappulla, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con quien coincidió en la necesidad de debatir una legislación que permita controlar la evolución patrimonial de los funcionarios.

En este sentido, el secretario adelantó que la revisión anual de antecedentes penales será obligatoria con la creación de la Policía Municipal. Además, le cuestionaron por qué Ortigoza continuaría registrada como una empleada de la planta permanente.

“Los mecanismos administrativos prevén que tiene estabilidad. Sí se le retuvo su salario: tiene orden de captura nacional e internacional”, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad de Morón sobre la situación laboral de la funcionaria fugitiva.

En un intercambio con Ariel Aguilera, miembro de Todo por Argentina, Cardoso detalló que Ortigoza mantenía una actividad funcional activa y que su desempeño incluía intervenciones para proteger a mujeres víctimas de violencia. No obstante, aclaró que esto no representaba una evaluación personal y calificó como “detestable” lo revelado por la investigación.

Desde Unión por la Patria, la concejal Florencia De Luca cuestionó la ausencia del intendente o de la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura de Peri, quien fue la jefa durante el paso de la acusada por la gestión municipal. “Es una situación que muestra a un intendente debilitado. Por eso queremos aclarar que la única intención del bloque Fuerza Patria fue conocer qué hizo el Municipio ante una situación grave”, expuso.

En respuesta a Diego Spina, Cardoso señaló que el único detenido en la causa declaró ante la justicia “que él era comprador de Ortigoza” y entregó las cuentas bancarias con las que pagaba la droga. El secretario afirmó que la pericia sobre esas cuentas permitirá identificar a otras personas vinculadas y aportar nuevos elementos a la investigación.

A lo largo de la sesión también participaron otros concejales, entre ellos Ezequiel Tozzi, María Mobilia, Pablo Miño, Alejandra Liquitay (La Libertad Avanza); Diego Spina (Unión por la Patria); Bernardo Magistocchi y Claudio Faro (PRO); Daniela Cáceres (Nuevo PRO Morón); y Agustín Ramponelli (PJ-MDF).

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la investigación comenzó con una denuncia realizada el 25 de febrero de este año, en donde señalaban la existencia de puntos de venta en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, Ferre y Pardo, y otro en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano.

No obstante, la funcionaria municipal fue declarada como prófuga de la Justicia junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años, a finales de mayo. Después de que un miembro de la banda la delatara y se encontrara medio kilo de cocaína, armas y marihuana en su casa, los investigadores sostienen que la pareja lideraba una red dedicada al tráfico y la venta de drogas.

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La administración de Axel Kicillof informó que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) canceló la totalidad de la deuda que mantenía con el Hospital Garrahan. Según comunicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el monto abonado superó los $1230 millones y los registros de la obra social provincial ya no muestran obligaciones pendientes con el centro pediátrico.

El anuncio se produjo a través de una publicación en la red social X, donde el funcionario bonaerense explicó que el pago fue el resultado de un proceso de revisión administrativa.

El gobierno de Javier Milei le reclama a la provincia de Buenos Aires una deuda de más de $9000 millones del IOMA con el Hospital Garrahan.

“Luego de un arduo trabajo interno, el IOMA abonó todo el saldo pendiente de más de $1230 millones de pesos. Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan”, escribió Kreplak en X.

Una auditoría sobre las prestaciones reclamadas

Junto con la confirmación del pago, Kreplak explicó que la obra social realizó una revisión administrativa de los reclamos presentados por el hospital antes de avanzar con la cancelación de la deuda reconocida.

El ministro explicó que la revisión de la deuda se realizó después de que el Gobierno nacional derogara el mecanismo que permitía a los hospitales públicos facturar prestaciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga bajo determinadas condiciones.

“Por eso se tuvo que auditar y ahí se detectó facturación sin respaldo documental, prestaciones ya abonadas, valores fijados unilateralmente y reclamos que en algunos casos se remontaban a 2010 y que representaban el 85% de lo reclamado”, afirmó.

La Provincia sostiene que esas observaciones explican buena parte de los montos cuestionados durante la auditoría y que por ese motivo avanzó únicamente con el pago de las obligaciones que reconoció como válidas.

La búsqueda de un nuevo esquema de trabajo

Tras informar el pago de la deuda reconocida, el titular de la cartera sanitaria bonaerense planteó la necesidad de establecer mecanismos permanentes para ordenar la relación administrativa entre ambas instituciones.

“Ahora queremos avanzar en una continuidad de las prestaciones, con convenios firmados, autorizaciones previas y trabajo conjunto que establezca criterios claros y transparentes”, señaló.

La intención del gobierno bonaerense es que las futuras prestaciones se canalicen a través de acuerdos formales que definan valores, procedimientos de autorización y modalidades de facturación.

La definición de Kreplak sobre la cancelación total de la deuda de la obra social bonaerense busca cerrar una discusión que en las últimas semanas quedó atravesada por el debate sobre los recursos destinados al Garrahan y por los cruces entre distintas jurisdicciones en torno del financiamiento de prestaciones médicas de alta complejidad.

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Este miércoles 10 de junio, a las 17:30, en el hotel Brizo de La Plata, se presentará en sociedad el esquema opositor de centro derecha que tiene como vocación central ser un aglutinador de dirigentes de esa identidad, para converger el año que viene en un gran armado electoral que tenga como columna vertebral al peronismo.

Las caras visibles de ese proyecto son Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó (está de viaje y no será de la partida), Carlos Kikuchi (armador de La Libertad Avanza en sus comienzos) y Sergio Vargas. Dos ex Juntos por el Cambio y dos ex libertarios. En diagonal, pero con diálogo abierto, también trabajan cerca de ese armado Nicolás Massot y Diego Bossio. Ninguno de ellos estará presente en el acto.

Todos son figuras de pasado peronista que se está reacomodando en el mapa político actual y que trabajan en la búsqueda de consensos para entrelazar voluntades opositoras. Todos tienen la intención manifiesta de armar una alternativa al proyecto que lidera Javier Milei y de construir una coalición que contenga a las diversas terminales que sobreviven en Unión por la Patria.

El encuentro, que tiene formato de conferencia pero que en los hechos es un lanzamiento de cara a la sociedad, será moderado por Vargas, que es un senador provincial que tiene el sello de “libertario blue” en la rosca política. Expondrán Pichetto, Kikuchi y Eduardo Setti, el ex secretario de Finanzas del gobierno del Frente de Todos. Un economista ligado a Sergio Massa. La presentación llevará en el frente el slogan “Argentina productiva”.

Los integrantes de la nueva iniciativa política destacan el orden macroeconómico logrado por la presidencia de Milei, pero advierten que el Gobierno ha descuidado completamente el impacto de sus políticas en la economía real. Situación que se ve con claridad en las miles de pymes que cerraron y en la enorme cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el último año.

“Nosotros estamos en la derecha y tenemos voluntad de corrernos hacia el centro. Podemos converger en un armado con el peronismo, si los que están en la izquierda se corren hacia el centro, que es el lugar donde todos nos deberíamos encontrar”, se sinceró uno de los principales armadores del espacio político.

Equilibrio y orden fiscal, inflación controlada, diálogo abierto con el sector empresario y una mirada con base en la producción y la industria. Esa es la idea que empujan los dirigentes de la centro derecha. Idea que creen que es compatible con una gran parte del peronismo. Tal es así que los dirigentes del PJ Federal, como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz o Guillermo Michel, o el precandidato sanjuanino Sergio Uñac tienen coincidencias públicas con esas miradas. Hablan de los mismo, pero cada uno por su lado.

El armado dio su primera señal de participación en la escena política el 18 de marzo, cuando hicieron pública una reunión que mantuvieron en La Plata Pichetto y Monzó con los integrantes del bloque Unión y Libertad en la Legislatura bonaerense. Después hubo otro encuentro el 17 de abril, en Malvinas Argentinas, donde los mismos protagonistas, más Kikuchi, se reunieron con el intendente local Leonardo Nardini, que es parte del sector más afín a Cristina Kirchner.

En todas esas oportunidades la intención fue marcar que estaban dispuestos a entablar relaciones con el peronismo para ser parte de un gran armado. En el PJ saben que nadie sobra de cara a una elección que se avecina compleja, más allá del momento actual que vive el gobierno nacional, plagado de internas y rodeado de la realidad que explicita la economía doméstica. Reuniones cruzadas en las que se tratan de buscar coincidencias sobre el escenario político, económico y social.

En esa dirección fue también la reunión que mantuvieron en la gobernación Axel Kicillof, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Para buscar coincidencias hay que alejarse de los extremos. Y eso quedó claro en esa conversación que tuvo lugar en La Plata. La obsesión es el centro, porque un encuentro a mitad de camino permitirá abrazar a más sectores y tejer una convivencia amplia.

En el nuevo esquema de derecha no ven a la izquierda de Miryam Bregman y Nicolás Del Caño trabajando en conjunto con el peronismo. “No es su negocio. No pueden funcionar en un armado tan diverso”, reflexionó uno de los legisladores que está a cargo del nuevo esquema político. Análisis de coyuntura que hoy se hacen en las mesas de café de la oposición. La historia de la construcción opositora aún tiene muchos capítulos por delante.

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