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Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

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Fotografía de archivo en la que se captó a un escuadrón policial al resguardar la entrada principal de la sede de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

La Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a partir de proyectos calificados como urgentes en materia económica por el presidente Daniel Noboa. Se trata de las causas 118-25-IN, relacionada con la Ley Orgánica de Transparencia Social, y 160-25-IN, respecto de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, ambas publicadas en 2025 y remitidas por el Ejecutivo bajo el procedimiento abreviado previsto en la Constitución.

En el caso 118-25-IN, la Sala de Admisión avocó conocimiento el 4 de febrero de 2026 y resolvió admitir la acción pública de inconstitucionalidad por la forma contra la Ley Orgánica de Transparencia Social. El accionante sostiene que la norma vulnera el principio de unidad de materia al incluir disposiciones reformatorias en ámbitos tributarios y mineros que, a su criterio, no guardan conexidad con el objeto principal de la ley. En su demanda, argumenta que la incorporación de reformas sobre dividendos, utilidades no distribuidas y fases de exploración minera habría desbordado el eje temático del proyecto original, afectando los artículos 82, 136, 137 y 424 de la Constitución.

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El tribunal de admisión consideró que los cargos expuestos cumplen con los requisitos formales y argumentativos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), en particular en cuanto a la claridad y pertinencia de los argumentos sobre la supuesta infracción constitucional. En consecuencia, dispuso correr traslado a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado para que, en el término de quince días, intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la norma.

Varias ONGs presentaron las acciones
Varias ONGs presentaron las acciones ante la Corte Constitucional. EFE/José Jácome

Por su parte, en la causa 160-25-IN, la Corte admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) contra disposiciones específicas de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. La demanda se dirige, por el fondo, contra reformas introducidas a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y a la Ley de Seguridad Social.

Entre los puntos cuestionados se encuentran las disposiciones que permiten al BIESS realizar operaciones de reporto, gestionar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras y pignorar parte de su portafolio de inversiones, así como la posibilidad de vender cartera vencida. La accionante sostiene que estas medidas podrían afectar la intangibilidad de los fondos y reservas de la seguridad social, protegidos por el artículo 372 de la Constitución, y comprometer el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 34. Asimismo, impugna la reforma que modifica el mecanismo de designación del vocal representante de la Función Ejecutiva en el Consejo Directivo del IESS y la norma que atribuye al propio IESS la determinación del presupuesto para el proceso electoral de sus representantes.

La Sala de Admisión verificó que la demanda cumple con los requisitos del artículo 79 de la LOGJCC y que los cargos formulados permiten, en la fase de sustanciación, plantear problemas jurídicos sobre la compatibilidad de las normas impugnadas con la Constitución. Por ello, resolvió admitir la causa sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo. En ambos casos, la Corte enfatizó que la admisión a trámite no constituye prejuzgamiento.

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El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (Isaac Castillo/Presidencia de la República).

En la causa 160-25-IN, el tribunal negó además la solicitud de medidas cautelares que buscaba suspender provisionalmente las disposiciones impugnadas, al considerar que la argumentación presentada no acreditaba de manera suficiente los requisitos de verosimilitud, inminencia y gravedad exigidos por la LOGJCC.

Con estas decisiones, la Corte Constitucional abre la fase de sustanciación de dos procesos que cuestionan la validez formal y material de leyes tramitadas bajo el mecanismo de urgencia económica, lo que reabre el debate sobre los límites del procedimiento legislativo abreviado y el alcance de las reformas en materia financiera y de seguridad social impulsadas por el Ejecutivo.



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INTERNACIONAL

¿Quiénes reemplazan a los trabajadores inmigrantes deportados? No los estadounidenses.

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La mayoría de las vacas lecheras estadounidenses son ordeñadas por inmigrantes.

En la granja de Dale Hemminger, al norte del estado de Nueva York, las vacas son ordeñadas por robots.

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Cuando una vaca quiere ser ordeñada, se acerca a una máquina que le limpia la ubre, le coloca copas en las ubres, extrae la leche y le da un premio.

En un granero que Hemminger planea abrir este año, otros robots recorrerán el suelo como pequeños recogedores de excrementos automatizados, recogiendo el estiércol.

El presidente Donald Trump debería visitarnos.

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Podría aprender algo sobre las limitaciones de su plan para mejorar la situación de los trabajadores estadounidenses obligando a los inmigrantes a abandonar el país.

Hay una gran laguna en el argumento, seductoramente simple, de que la política de Trump impulsará a los empleadores a contratar estadounidenses:

para muchos empleos, el reemplazo más barato y probable es un robot.

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¿Y los empleos que no pueden ser realizados por robots?

Muchos simplemente abandonarán el país.

Los agricultores, en particular, no se enfrentan a la disyuntiva de emplear inmigrantes o contratar estadounidenses.

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Muchos de los trabajos realizados por inmigrantes se entienden mejor como una especie de espejismo.

Existen solo porque hay inmigrantes disponibles para realizarlos.

La razón más importante, por supuesto, es que los inmigrantes recientes suelen trabajar por salarios mucho más bajos que los estadounidenses.

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También están más dispuestos a realizar los trabajos sucios, peligrosos y exigentes que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera considerarían.

“Intento decirlo con delicadeza porque no quiero distanciarme de mis clientes no robot, pero no es el trabajo más atractivo”, dijo Whitney Davis, especialista en automatización de Finger Lakes Dairy Services, en el norte del estado de Nueva York.

“Calor en verano, frío en invierno, estiércol de vaca; y encima, es un trabajo de cadena de montaje.

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La gente no sabe que se puede ganar más dinero ordeñando vacas que en McDonald’s, y aunque lo supieran, no lo harían”.

Los empleadores han estado reemplazando a los trabajadores con máquinas al menos desde la invención del arado hace unos 6.000 años.

En Estados Unidos, en las últimas décadas, la fácil disponibilidad de mano de obra inmigrante a bajo costo ralentizó ese progreso.

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Los robots de ordeño se utilizan ampliamente en las granjas lecheras europeas, pero siguen siendo una novedad en Estados Unidos.

Cambio

La represión migratoria está cambiando ese cálculo.

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Más de 750.000 inmigrantes abandonaron la fuerza laboral estadounidense durante el primer semestre de 2025, según el Pew Research Center, lo que representa un desafío creciente para las industrias que dependen en gran medida de esos trabajadores.

La producción lechera encabeza la lista: los inmigrantes representan más de la mitad de la fuerza laboral de ese sector.

Hemminger fue uno de los primeros en adoptar esta práctica, instalando sus primeras máquinas de ordeño en 2007 después de que las autoridades arrestaran a uno de sus trabajadores.

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«Simplemente decidí que no iba a arriesgarme a que tanto mis verduras como los lácteos dependieran de una mano de obra cuyos trámites podrían ser impugnados», dijo.

«Ese fue el principal motivo».

Antes de empezar a usar los robots, la granja de Hemminger producía alrededor de 800.000 libras de leche por trabajador al año.

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Hoy, la granja produce 2,5 millones de libras de leche por trabajador al año.

Emplea a la mitad de las personas que necesitaría de otra manera:

una docena de trabajadores para gestionar su rebaño de más de 2.000 vacas lecheras.

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La inteligencia artificial está ampliando el rango de trabajo que pueden realizar los robots.

Las empresas están lanzando máquinas como el LaserWeeder G2, que parece una hilera de archivadores metálicos blancos montados en un tractor, pero es básicamente un Terminator real:

cámaras en lugar de ojos, dos microchips de Nvidia en lugar de cerebro y un par de pistolas láser para eliminar la maleza.

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Puede desherbar en un día la misma cantidad de tierra de cultivo que unos 75 trabajadores.

Otras industrias que históricamente han dependido de la mano de obra inmigrante de bajo costo se apresuran a automatizarse.

White Castle está instalando robots para atender las estaciones de frituras en sus restaurantes de comida rápida, reemplazando a un trabajador en cada turno.

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Amazon, el segundo empleador privado más grande del país, estima que la automatización eliminará a más de medio millón de trabajadores de la compañía para 2033.

La automatización de la agricultura sería un objetivo valioso para cualquier administración.

Ha sido durante mucho tiempo uno de los grandes motores del progreso humano.

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La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas calcula que en 1940, el trabajo de un agricultor abastecía de alimentos a unas 20 personas.

Hoy, el trabajo de un agricultor, potenciado por una amplia gama de tecnología, abastece de alimentos a más de 160 personas.

Esto ha permitido a muchas personas dedicarse a otras actividades.

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Resultado

Los empleados restantes de Hemminger ganan más que los trabajadores agrícolas típicos, su trabajo es menos exigente y sus horarios son más razonables.

Nadie necesita estar en el establo a las 5 en una fría mañana de mediados de febrero.

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Trump, sin embargo, está tratando de expulsar a la fuerza laboral agrícola existente de Estados Unidos mucho más rápido de lo que es concebible introducir alternativas automatizadas.

La automatización requiere grandes inversiones iniciales; la fabricación de máquinas lleva tiempo.

Y aún hay muchas cosas que los robots no pueden hacer.

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En la granja de Hemminger nacen cinco terneros al día, y un trabajador debe estar de guardia para ayudar.

Hemminger también cultiva repollo en su granja, un cultivo que siembran, cuidan y cosechan trabajadores migrantes que entran al país con visas temporales.

No hay robots para hacer ese trabajo, y está convencido de que hay pocos estadounidenses, o ninguno, dispuestos a encargarse.

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En 2024, el salario agrícola promedio por hora era de $18.12, aproximadamente el 60% del salario promedio por hora para trabajos no agrícolas, según el Departamento de Agricultura.

Incluso si los trabajos pagaran $30 por hora, ¿volverían los estadounidenses al campo?

En 2011, de los aproximadamente 500,000 residentes desempleados de Carolina del Norte que debían solicitar trabajo para recibir prestaciones estatales, solo 268 solicitaron empleos agrícolas, según un análisis del economista Michael Clemens.

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Las granjas contrataron a casi todos esos solicitantes, pero solo dos tercios se presentaron el primer día y solo siete trabajaron durante la cosecha.

La conclusión es simple, dijo Hemminger: si las granjas estadounidenses no pueden importar mano de obra de otros países, los estadounidenses tendrán que importar el fruto de ese trabajo.

A pesar de las fanfarronerías del presidente, la administración Trump ha estado intentando silenciosamente adaptarse a la realidad de que las granjas estadounidenses necesitan mano de obra inmigrante, al menos en el futuro previsible.

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“Me encantaría que los estadounidenses quisieran desempeñar esos trabajos”, dijo el gobernador Spencer Cox de Utah a la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, en una reunión de la Asociación de Gobernadores del Oeste en junio.

“Les puedo decir: ninguno de los estadounidenses que conozco quiere desempeñar algunos de estos trabajos”.

Esto provocó una enérgica refutación por parte de la secretaria de agricultura, Brooke Rollins, quien declaró dos semanas después que la administración mantenía su compromiso con una fuerza laboral agrícola «100% estadounidense».

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Pero su bravuconería no duró mucho.

Para septiembre, ya aseguraba a los agricultores que la administración estaba haciendo «todo lo posible ahora mismo» para aumentar el número de visas de temporada para trabajadores agrícolas.

En noviembre, la administración anunció cambios que se espera permitan la entrada al país de más de medio millón de trabajadores temporales cada año, lo que representa un aumento de más del 25 %.

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En una presentación regulatoria, el Departamento de Agricultura afirmó que la expansión era necesaria porque «no habrá suficientes trabajadores estadounidenses calificados y elegibles disponibles».

El caos, la falsa esperanza , los esfuerzos frenéticos por solucionar los problemas que estás creando: todo es tan doloroso y tan inútil.

Otra administración podría haber prometido que abandonar la mano de obra inmigrante traería beneficios reales sin engañar a los estadounidenses sobre la naturaleza de dichos beneficios.

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Podría haber buscado ayudar a las granjas familiares, por ejemplo, proporcionando financiación a bajo costo para la automatización.

Podría haber tratado abierta y justamente con los inmigrantes que seguirán ordeñando muchas de las vacas del país durante años.

La granja de Hemminger es una visión de un futuro mejor.

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Trump no sabe cómo llevarnos allí.

c.2026 The New York Times Company

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INTERNACIONAL

DHS shutdown looms as Johnson navigates GOP divide over stopgap solutions

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A partial government shutdown affecting the Department of Homeland Security (DHS) is all but guaranteed unless the Senate rams through a short-term extension of current funding levels sometime on Thursday.

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But avoiding a DHS shutdown means the same measure must also pass the House of Representatives, where success will depend on delicate political maneuvering by Speaker Mike Johnson, R-La., to persuade a House Republican Conference with varying ideas of what a path forward should look like.

«It would have to be for 60 or 90 days, I would think,» said Rep. Ralph Norman, R-S.C., a member of the conservative House Freedom Caucus. «I don’t know what’s going to happen in 30 days, I don’t know what’s going to change.»

Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., is expected to unveil a stopgap funding measure for DHS called a continuing resolution (CR), which would extend the department’s current budget for a yet-unknown amount of time.

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ICE SHUTDOWN FIGHT MIGHT RESTRICT FEMA, COAST GUARD TO ‘LIFE-THREATENING’ EMERGENCIES

Speaker of the House Mike Johnson, R-La., gestures as he meets with reporters ahead of a key procedural vote to end the partial government shutdown, at the Capitol in Washington, Tuesday, Feb. 3, 2026. (J. Scott Applewhite/AP Photo)

It comes after Democrats walked away en masse from a bipartisan deal to fund DHS through the end of fiscal year (FY) 2026 over what they saw as insufficient guardrails on agencies responsible for President Donald Trump’s immigration crackdown in Minneapolis and elsewhere.

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Congress has funded 97% of the federal government through FY2026 at this point. But DHS is a vast department with a broad jurisdiction that includes the U.S. Coast Guard, the Secret Service, the Federal Emergency Management Agency (FEMA), and the Transportation Security Administration (TSA) — all of which will see varying levels of disruptions if a shutdown happens.

Republicans largely want to avoid such a situation but have made clear they believe that its effects would fall squarely on Democrats’ shoulders.

DEMOCRATS SPLIT ON SHIELDING COAST GUARD, SECRET SERVICE AS DHS SHUTDOWN THREAT NEARS

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Conservatives like Norman favor an extended CR, arguing that it would fund Immigrations and Customs Enforcement (ICE) at a higher level than the initial bipartisan funding deal would have while removing Democrats’ negotiating leverage for more guardrails on those agents.

House Freedom Caucus Chairman Andy Harris, R-Md., told Fox News Digital last week that he would support a full-year CR for DHS to «make sure that FEMA is funded and TSA is funded, and stop the drama.»

Rep. Eli Crane, R-Ariz., similarly said on Wednesday, «I think we’d like to push it out as far as we can so we can avoid the constant uncertainty for the agency.»

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Rep. Ralph Norman

Rep. Ralph Norman, R-S.C., leaves the U.S. Capitol after the last votes of the week on Thursday, Sept. 4, 2025. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

THUNE BLASTS JEFFRIES, SCHUMER AS ‘AFRAID OF THEIR SHADOWS’ AS DHS FUNDING FIGHT HEATS UP

«As long as this hangs up in the air, let’s say you do it for three, four months, the Democrats are gonna want a pound of flesh to help pass whatever it is. And I think that’s gonna weaken the efforts of … immigration enforcement,» Crane told Fox News Digital.

House Appropriations Committee Chairman Tom Cole, R-Okla., told reporters earlier this week that he would favor a mid-length CR over something shorter.

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«If we do two weeks and they leave for a week, it’s really a one-week CR. Nothing’s going to happen when that many important people are gone. So I think four weeks makes a lot more sense,» Cole said.

But committee member Rep. John Rutherford, R-Fla., panned the idea of a CR altogether.

«CRs don’t work. CRs are not without pain. It disrupts a lot of your supply chain and purchasing and acquisition,» he told Fox News Digital. «I can’t believe they’re even thinking about it.»

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Rutherford, a former sheriff, argued that a shutdown or CR would harm critical national security operations during a year that’s expected to see a host of high-security events in the U.S. like America’s 250th anniversary celebration, the FIFA World Cup, and others.

Tom Cole

House Appropriations Committee Chairman Rep. Tom Cole, R-Okla., prepares for a hearing in the U.S. Capitol on Tuesday, Jan. 31, 2023. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

Johnson declined to share his thoughts on CR length when asked by Fox News Digital on Tuesday, but emphasized the House GOP’s position that the Senate should take up the bipartisan bill that Democrats initially walked away from.

«I’m not going to prejudge the length of it or what it should be. I’m very hopeful. I mean, we still have time on the clock. When there’s a will, there’s a way. And if they can come to an agreement on this and get it done, that will behoove the whole country,» Johnson said.

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House GOP leaders will likely need nearly all Republicans on board to pass a CR for DHS, with many Democrats warning they will not support any funding for the department without seeing proof of critical reform.

Jeffries would not go into specifics about what he would support or oppose in terms of DHS funding during his weekly press conference on Monday, but he suggested to reporters that a simple stopgap funding bill with no changes to ICE funding was out of the question. 

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«ICE is out of control right now. The American people know it, and ICE clearly needs to be reined in,» Jeffries said. «Our position has been clear. Dramatic changes are needed at the Department of Homeland Security before a DHS funding bill moves forward. Period. Full stop.»

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INTERNACIONAL

Biden admin skirted rules to deliver massive contract to nonprofit run by ex-official, IG report reveals

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EXCLUSIVE: A new Inspector General’s report released Thursday morning accuses the former Biden administration of bypassing federal rules when issuing a more than half-a-billion dollar «sole source contract» to a nonprofit led by a former Biden official to deal with the unaccompanied minor crisis in 2021.

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The Administration of Children and Families (ACF), which is under HHS and manages unaccompanied minors, awarded $529 million for a 1-year contract in March 2021 to a nonprofit called Family Endeavors, Inc. to help establish and manage a new emergency intake site in Texas (EIS) with 2,000 extra beds. However, according to the OIG’s new report, Biden’s ACF failed to follow federal procurement requirements that require full and open competition due to their own «insufficient planning,» rather than the COVID induced emergency the Biden administration cited. 

Furthermore, the inspector general’s report found that the contract price was more than double the agency’s own cost estimate of $244 million, and indicated that the agency «subsequently modified» the award 15 times, extending the period until May 2022 and increasing the value to more than three times the original estimate from ACF.

DOGE SAYS TEXAS NONPROFIT WITH FORMER BIDEN TRANSITION MEMBER REAPED MILLIONS OPERATING EMPTY FACILITY

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A family seen walking towards a barrier blocking passage across the U.S. border. (Department of Health and Human Services)

«ACF knew well in advance of March 2021 that it was projected to need more shelter beds than existing sites could provide and should have begun contract planning at that time,» the report states. «ACF failed to reasonably conduct the necessary advanced planning to execute a contract for procurement of those beds and related services using full and open competition.»

The report says ACF made only a limited attempt to do the necessary research for the contract, and did not even follow the findings it came up with.

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«On March 5, 2021, Endeavors emailed ORR offering emergency assistance for the care of unaccompanied alien children. On March 13, 2021, Endeavors emailed ORR again with an unsolicited proposal, which included a statement of capabilities and concept of operations for an emergency shelter to serve unaccompanied alien children. Three days later, on March 16, 2021, ACF awarded a firm-fixed-price sole source contract to Endeavors to provide and operate an EIS facility in Pecos, Texas,» the report states.

Emergency intake site for migrants

Images of the emergency intake site in Pecos, Texas operated by Family Endeavors, Inc. The nonprofit received $529 million to build out 2,000 beds.  (Department of Health and Human Services)

The contract beginning March 2021 was «by far the largest ever» for Endeavors Family, Inc., and came months after the company hired Andrew Lorenzen-Strait, who served as an adviser to the Biden-Harris transition team. The contract was also the second largest ever awarded by the agency, according to Axios.

«Despite multiple requests, ACF could not provide support for its review of the Endeavors quote, the price analysis techniques used to analyze the quote, or an [independent Government cost estimate] for an EIS dated before the contract was awarded,» the new inspector general’s report states. «When we asked for documentation, ACF told us that it was under significant time constraints to award contracts.»

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WHITE HOUSE, DHS PUSH BACK ON CLAIMS ICE TARGETED 5-YEAR-OLD IN MINNESOTA, SAY CHILD WAS ‘ABANDONED’

Family Endeavors Inc. told Axios that its work on the border was a «continuation of services» that it has conducted for the migrant population since 2012. By April 2021, a month after the contract began, federal procurement records showed ACF had already paid $255 million of the no-bid contract to the nonprofit, which had already dwarfed the nonprofit’s total $43 million budget in 2018.

Family Endeavors, Inc. did not immediately respond to an after-hours email from Fox News seeking comment.

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In September 2023, then-Chairman of the House Homeland Security Committee, former Rep. Mark Green, R-Tenn., and then-Chairman of the House Subcommittee On Oversight, Investigations and Accountability, former-Rep. Dan Bishop, R-N.C., sent a letter to Lorenzen-Strait about his ties to both the Biden administration and Endeavors. The letter requested him to both reach out to the committee for an interview and mandated he preserve records on his communications with leaders involved in granting other «sole source» contracts.

«On January 20, 2021, Family Endeavors, Inc. (Endeavors) named you the Senior Director for Migrant Services and Federal Affairs. Immediately preceding your position with Endeavors, you served on the Biden-Harris transition team, and previously was an Immigration and Customs Enforcement (ICE) official,» the letter said. «In March 2021, just two months after you joined Endeavors, ICE awarded an $86.9 million sole source contract to Endeavors to provide beds and services in hotels for migrants who illegally crossed the Southwest border.»

The letter cites an undercover video recording from Project Veritas of Lorenzen-Strait «boasting» about his participation in government contracts related to migrant services.

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«Specifically, you refer to the Endeavors contract as a ‘corrupt bargain.’ You further discuss ‘brokering’ a deal that won Cherokee Federal, a team of tribally owned federal contracting companies, a nearly $2 billion contract with the Department of Health and Human Services (HHS) to provide services to unaccompanied alien children,» the letter continues with its claims. «In the video, you admit that Cherokee Federal is not equipped to handle the contract. You also admit that while you are publicly involved with the company Deep Water Point & Associates, you hid participation in government contracts through the entities, VerdinPoint and The Tanager Group.» 

A HHS spokesperson said that under President Donald Trump the ACF is implementing stricter accountability measures and strengthening oversight.   

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«The previous administration wasted more than $1.8 billion dollars on a facility intended to house illegal aliens that was not even used in the last year of the previous administration, and that kind of fiscal mismanagement is exactly what Secretary Kennedy is working to correct,» the spokesperson said. «In fact, this contract was cancelled in the early months of the Trump administration as soon as this mismanagement was discovered. HHS and ORR remain fully committed to protecting children, restoring accountability at every level of the system, and putting Americans first.»

Edmund DeMarche contributed to this report.

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