INTERNACIONAL
Cuatro crímenes y una confesión: el caso de Craig Price, el adolescente que se convirtió en el asesino serial más joven de EE.UU.
Hacía varios días que Joan Heaton no respondía el teléfono. Nadie tampoco la había visto salir de su casa, ni a ella ni a sus dos hijas pequeñas, Jennifer y Melissa.
Ante la falta de noticias, su madre Marie y su hermana Mary Lou decidieron acercarse hasta la casa familiar en Warwick, Rhode Island, para asegurarse de que todo estuviera bien. No imaginaban que esa visita las marcaría para siempre.
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Al llegar, notaron que el auto de Joan estaba estacionado en el garaje y que la puerta principal se encontraba cerrada con llave. Nada parecía fuera de lugar, pero la ausencia y la falta de respuestas era inexplicable.
Para poder entrar, rodearon la casa e ingresaron por la parte trasera. Apenas cruzaron el umbral, el horror se hizo evidente: sangre por todos lados, un olor nauseabundo y los cuerpos de Joan y sus hijas destrozados a cuchilladas.
La escena era tan brutal que resultaba difícil creer que el responsable fuera un adolescente que vivía en el mismo barrio. El comportamiento de Craig Price se tornó violento en su adolescencia tras haber sufrido varios episodios de racismo. (Foto: La Vanguardia)
Craig Chandler Price nació el 11 de octubre de 1973 en Warwick, una ciudad tranquila de Rhode Island. Durante su infancia no dio señales evidentes de lo que vendría después, ya que era un chico inteligente, amante del deporte y con un físico imponente para su edad, lo que más tarde le valdría el apodo de “Iron Man”. En la escuela, era popular entre sus compañeros y tenía buenas calificaciones.
Sin embargo, al llegar a la adolescencia comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma. Craig empezó a consumir alcohol y drogas y a involucrarse en pequeños delitos: robos e ingresos a propiedades privadas. Su comportamiento se tornó violento y también se manifestó en el interior de su familia. Esto escaló al punto de que la Policía debió intervenir en más de ocasión.
Según contó más tarde, esta ira surgió a partir de haber sufrido episodios de racismo por parte de adultos blancos, incluyendo un hecho en el que intentaron atropellarlo mientras lo insultaban. Ese rencor, sumado a una personalidad violenta y a la falta de contención, fue solo el primer paso de una escalada criminal que nadie supo contener a tiempo.
Los asesinatos
La noche del 27 de junio de 1987, Craig tenía apenas 13 años cuando salió de su casa con la intención de robar en la casa de su vecina, Rebecca Spencer, una joven de 27. Entró de manera sigilosa y sin ser visto, tomó un cuchillo de la cocina.
Sin embargo, lo que ocurrió después resultó totalmente inesperado: Craig la atacó con una violencia extrema y la apuñaló 58 veces, lo cual le provocó una muerte lenta y agónica.
El crimen desconcertó a la Policía. Durante dos años, los investigadores buscaron al responsable sin imaginar que vivía a solo dos casas de distancia. Mientras tanto, Craig continuó con su vida: seguía robando, entrando y saliendo de centros de menores, sin levantar sospechas serias sobre su implicación en el asesinato. Rebecca Spencer, Joan Heaton y sus hijas Melissa y Jennifer fueron las víctimas de Craig Price. (Foto: WPRI)
Dos años más tarde, el 1 de septiembre de 1989, Craig volvió a matar. Esta vez, la violencia alcanzó un nivel aún más perturbador. Entró en la casa de Joan Heaton, de 39 años, y la atacó de manera brutal, ya que la apuñaló 57 veces en total.
Luego asesinó a Jennifer, la hija mayor, de 10 años, de 62 cuchilladas. A la más pequeña, Melissa, de 7, la golpeó brutalmente con una silla y luego la apuñaló más de 30 veces.
Tres días después, la madre y la hermana de Joan encontraron los cuerpos en medio de una escena sangrienta. La brutalidad y el ensañamiento recordaban de inmediato al crimen de Rebecca Spencer.
La investigación
El Departamento de Policía de Warwick trabajó junto al perfilador del FBI, Gregg O. McCrary, para comenzar a delinear las características del sospechoso. El análisis fue clave ya que se descubrió que en ambos casos el arma homicida había sido tomada de la cocina de las víctimas, lo que indicaba que el asesino no había entrado con intención de matar, sino de robar.
Además, el exceso de violencia sugería una explosión emocional descontrolada y la posibilidad de que el agresor se hubiera herido durante el ataque. McCrary también señaló que los ladrones suelen actuar en casas que conocen, por lo que el autor probablemente vivía en el mismo barrio. Craig Price fue descubierto por dos investigadores que patrullaban el barrio en donde vivía. (Foto: WPRI)
El 5 de septiembre de 1989, dos investigadores patrullaban la zona cuando se cruzaron con Craig Price, un adolescente al que uno de ellos conocía por haberlo entrenado en un programa deportivo. Durante la charla notaron un detalle inquietante: el chico tenía la mano vendada.
En cuanto le preguntaron qué le había pasado, dio una explicación poco convincente, por lo cual los policías empezaron a investigarlo.
Una confesión escalofriante
Tras la sospecha de los agentes, la Justicia ordenó realizar un allanamiento en la casa de Craig Price. Rápidamente, encontraron pruebas que lo cambiaron todo: en su cobertizo hallaron una bolsa de basura con cuchillos manchados de sangre, ropa ensangrentada y otros elementos que lo incriminaban. El adolescente fue detenido inmediatamente.
Sin embargo, lo más impactante ocurrió durante la indagatoria, ya que el chico confesó todos los crímenes con una frialdad absoluta, incluso en presencia de sus padres.
Craig contó con detalle cómo había entrado a robar y cómo los asesinatos se habían desencadenado: el ADN, las huellas y la escena confirmaron cada palabra. Cuando le mencionaron a Rebecca Spencer, también admitió ese homicidio sin dudar.
Craig Price confesó todos sus crímenes en cuanto fue indagado por los investigadores. (Foto: Fox Providence)
A pesar de la brutalidad de los crímenes, Craig Price era menor de 16 años cuando fue detenido en 1989. En ese momento, la ley solo permitía su internación en un centro juvenil hasta los 21. Por esta razón, fue enviado a una institución de máxima seguridad, rechazó los tratamientos psicológicos y, al alcanzar la mayoría de edad, recuperó la libertad.
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En los años siguientes, Price entró y salió de la cárcel en varias ocasiones por delitos menores. Sin embargo, mientras cumplía una pena en una prisión de Florida en 2009, mantuvo una pelea brutal con otro interno. Durante ese enfrentamiento, un guardia intentó separarlos, pero Craig le cortó un dedo con un cuchillo improvisado. Por este hecho, lo condenaron a diez años.
El 4 de abril de 2017, mientras aún cumplía esa sentencia, Craig apuñaló a su compañero de celda Joshua Davis e intentó matarlo. Dos años más tarde, un tribunal de Florida lo sentenció a 25 años de cárcel por ese delito. En la actualidad, se encuentra recluido en la Correccional de Raiford, ubicada en ese mismo estado.
Estados Unidos, asesino serial, Adolescentes
INTERNACIONAL
HHS wipes out 36,000 pages of ‘regulatory dark matter’ in sweeping child welfare office purge
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EXCLUSIVE: The Administration for Children and Families (ACF), an agency within the Department of Health and Human Services (HHS) overseeing the well-being of children, eliminated thousands of pages of regulatory guidance that had been languishing on the books as far back as 1976, Fox News Digital learned.
The Administration for Children and Families is a Health and Human Services agency charged with promoting the economic and social well-being of kids and their families via overseeing programs such as the Head Start school readiness program, child support enforcement, foster care and adoption services, and managing unaccompanied minors.
The office rescinded 35,781 pages of guidance documents after an agencywide review found 74% of its «sub-regulatory footprint» was obsolete. The documents included technical bulletins, program instructions, action transmittals and dear colleague letters — letters from federal agencies or members of Congress that typically inform colleagues on new guidance or legislation — that had accumulated across the past 50 years.
The Administration for Children and Families emphasized that the rescinded documents were not erased, but instead archived online along with a detailed list of current guidance documented on the Department of Health and Human Services’ website.
DOGE ERA OVERHAUL: GSA TOUTS $60B IN SAVINGS AS TRUMP SHRINKS GOV’T FOOTPRINT: ‘RESULTS SPEAK FOR THEMSELVES’
The Department of Health and Human Services’ Administration for Children and Families rescinded 35,781 pages of guidance documents after an agencywide review found 74% of its «sub-regulatory footprint» was obsolete. ( Andrew Harnik/Getty Images)
The Administration for Children and Families officially was established in 1991, but its origins and work stretch back decades, inheriting programs and guidance from earlier Health and Human Services offices — including major initiatives that date to the mid-1970s.
«President Trump’s regulatory reform agenda is unparalleled in U.S. history,» the Administration for Children and Families Assistant Secretary Alex J. Adams said in a statement to Fox News Digital.
«ACF is proud to do our part to advance the President’s agenda by taking the first of many planned actions, namely removing 36,000 pages of obsolete sub-regulatory guidance that had quietly accumulated over decades and shining a brighter spotlight on what remains,» he added. «In essence, ACF has brought our regulatory dark matter to light.»
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION UNVEILS NEW INITIATIVE TO ROLL BACK FEDERAL REGULATIONS
The rescinded guidance included program-specific documents such as a memo on filing the June 1999 Child and Family Services Plan and Final Report, 2005 avian flu guidance and a 2010 staffing-change notice for the now-defunct Division of Energy Assistance.
The US Department of Health and Human Services building is shown in Washington, D.C. (Saul Loeb/AFP)
The Administration for Children and Families directed its Office of Legislation and Budget to compile a comprehensive list of guidance documents considered active — a process that took three weeks just to catalog the files, the agency said. The inventory produced more than 4,000 documents totaling about 55,776 pages, dating back to 1976.
TRUMP ADMINISTRATION BANS ILLEGAL IMMIGRANTS FROM TAXPAYER-FUNDED SERVICES, INCLUDING HEAD START
Each program office was required to justify whether the individual documents were still needed, and ordered to provide written rationale if guidance was deemed obsolete or necessary. Obsolete documents were considered ones that related to old funding cycles, guidance superseded by newer rules, duplicate statutes or documents related to programs that no longer list, Fox News Digital learned.
US President Donald Trump, right, and Robert F. Kennedy Jr., US secretary of Health and Human Services (HHS), in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, US, on Monday, Sept. 22, 2025. (Francis Chung/Politico/Bloomberg via Getty Images)
The Administration for Children and Families said the goal of cleaning up the office with outdated guidance is to reduce confusion and allow grant recipients to focus resources on «delivering outcomes for American children and families,» rather than navigating tens of thousands of pages of outdated documentation.
The move aligns with the Trump administration’s broader push to pare back regulations and cut what it calls bureaucratic red tape.
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The Federal Communications Commission, for example, took a hatchet to outdated policies in a sweeping deregulation effort in 2025, including doing away with outdated guidance on the use of telegraphs, rabbit-ear TV receivers and phone booth rules in July 2025.
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La reducción del déficit fiscal en Panamá durante 2025 fue presentada por el gobierno como una señal de corrección de las finanzas públicas y de recuperación tras años de presiones presupuestarias.
Las cifras oficiales muestran que el balance fiscal mejoró de forma significativa, apoyado en mayor recaudación, control del gasto y operaciones de manejo de deuda que permitieron reducir pagos de intereses. .
Sin embargo, el panorama fiscal todavía enfrenta desafíos estructurales, especialmente por el ritmo de crecimiento de la deuda y la necesidad de consolidar el ajuste sin afectar inversión y servicios públicos.
En ese contexto, el análisis más reciente de Fitch Ratings introduce un matiz relevante: la calificadora reconoce la caída del déficit, pero advierte que la mejora no es suficiente para frenar el aumento del endeudamiento ni garantizar la estabilización de la relación deuda/PIB.
Fitch sostiene que el ajuste fiscal de 2025 se apoyó en factores puntuales y en decisiones con margen limitado de repetición, lo que mantiene abiertas interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Según el informe, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo a 3.7% del PIB en 2025, desde 6.2% en 2024, e incluso por debajo de la meta gubernamental de 4.0%.
El resultado confirma un ajuste significativo, pero Fitch subraya que parte de la mejora responde a elementos transitorios, como el menor pago de compromisos acumulados del año previo y el repunte de ingresos del Canal de Panamá tras la sequía.
En términos prácticos, el informe explica que en 2024 el Estado tuvo que enfrentar una mayor carga de pagos pendientes acumulados, lo que elevó el déficit de ese año.
En 2025, al reducirse esa presión, el resultado fiscal mejoró automáticamente, sin que ello implique necesariamente una transformación estructural del gasto público. Fitch considera que esta dinámica ayuda a entender por qué el déficit bajó, pero no elimina la necesidad de ajustes permanentes.
Otro factor relevante fue el impacto contable de la reforma previsional de la Caja de Seguro Social (CSS), que reclasificó como ingresos de la institución recursos que antes se registraban en cuentas individuales.
Esta modificación contribuyó a mejorar la medición del déficit, aunque Fitch advierte que el efecto es principalmente contable y no sustituye una consolidación fiscal estructural.
El informe también destaca el comportamiento de los ingresos Fitch reconoce un repunte de 9% en la recaudación tributaria, apoyado en mayor fiscalización y actividad económica, pero señala que el resultado convivió con una caída en las contribuciones de planilla a la CSS, pese a mayores aportes del lado empleador tras la reforma previsional.
Para la calificadora, este comportamiento refleja debilidad del mercado laboral y niveles elevados de informalidad, factores que limitan la sostenibilidad del ajuste fiscal.
La principal advertencia del análisis se centra en la deuda. . A pesar de la reducción del déficit, la deuda pública bruta aumentó en $5,500 millones y alcanzó $59,400 millones, situándose en 66% del PIB, por encima de la proyección oficial.
En otras palabras, Fitch concluye que el ajuste fiscal no se tradujo en una desaceleración del endeudamiento, lo que mantiene el riesgo sobre la trayectoria fiscal de mediano plazo.
Parte de la explicación está en el Gobierno Central, cuyo déficit alcanzó 5.2% del PIB, muy por encima del 3% previsto en el presupuesto. Fitch agrega que el endeudamiento neto fue aún mayor, situándose en 6% del PIB, con un financiamiento neto de 6.6% del PIB, lo que evidencia presiones de liquidez que no se reflejan plenamente en el resultado fiscal del SPNF.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que el déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto, una disminución cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de 2,069 millones de dólares.
El titular de Economía explicó que este resultado se alcanzó gracias a una combinación de disciplina fiscal, reducción del gasto, mejor recaudación y fortalecimiento institucional. Chapman señaló que esta mejora se tradujo en una disminución directa de las tasas de interés que paga el Estado y, de forma progresiva, en mejores condiciones crediticias4 para empresas y ciudadanos.
Como resultado, el país generó ahorros acumulados cercanos a 475 millones de dólares en el servicio de la deuda, recursos que ahora pueden destinarse a áreas prioritarias.
De acuerdo con el ministro, estos ahorros permiten cubrir una parte significativa del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social, uno de los compromisos centrales del actual Gobierno. Explicó que el objetivo ha sido garantizar el pago a los jubilados actuales y fortalecer el sistema para las futuras generaciones sin recurrir a endeudamiento excesivo ni a medidas traumáticas.
La calificadora también introduce preocupaciones sobre la transparencia fiscal y la calidad del proceso presupuestario. . Fitch señala que las necesidades adicionales de financiamiento respondieron a pagos de obligaciones no contempladas inicialmente, y advierte que este tipo de eventos podría repetirse, generando incertidumbre en los mercados sobre la previsibilidad de las cuentas públicas.
Uno de los pilares del ajuste fiscal de 2025 fue la reducción de la inversión pública, que cayó a 4% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas. Fitch advierte que el margen para profundizar este recorte es limitado, dado el descontento ciudadano por la calidad de servicios de educación, salud y agua.
Además, una parte del ajuste se explica por el aplazamiento de pagos del proyecto llave en mano del Metro de Panamá, lo que reduce el gasto en 2025-2026 pero incrementará desembolsos entre 2027 y 2030.
En paralelo, el gobierno ha intentado mejorar su perfil financiero con operaciones de manejo de pasivos y nuevas emisiones. Una reciente transacción permitió reducir el saldo de deuda en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses cercanos a $30 millones, con una demanda internacional superior a $13,000 millones.
La operación incluyó emisiones con vencimientos en 2034 y 2038, con tasas de 5.2% y 5.6%, respectivamente, lo que el Ejecutivo considera una señal de confianza de los mercados.
Fitch, sin embargo, insiste en que la estabilización de la deuda requerirá mayor consolidación fiscal estructural, combinando medidas de ingresos, control del gasto y mejoras en transparencia.
La calificadora observa que el gobierno no contempla una reforma tributaria y apuesta por medidas administrativas para elevar la recaudación, mientras evalúa cambios en aumentos salariales automáticos y en la regla que fija el presupuesto educativo en 7% del PIB.
El informe identifica además la posible reapertura de la mina Cobre Panamá como una fuente potencial de ingresos adicionales. . Aunque las perspectivas han mejorado, el proceso sigue sujeto a auditorías ambientales, negociaciones con la empresa First Quantum y posibles tensiones sociales, lo que introduce incertidumbre sobre su impacto fiscal.
En síntesis, Fitch plantea un diagnóstico de doble lectura: Panamá logró una mejora fiscal relevante en 2025, pero el desafío clave permanece en la trayectoria de la deuda y en la necesidad de consolidar el ajuste con medidas permanentes.
El escenario para 2026 se perfila como un equilibrio entre disciplina fiscal, crecimiento económico y presiones sociales, en un contexto donde la credibilidad del manejo presupuestario será determinante para la percepción de riesgo soberano.
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