La Argentina cayó cinco puestos en el ranking de índice de Percepción de la corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, que año a año analiza el desempeño de los países a nivel global. El país pasó del puesto 99 en el 2024 al 104 en el 2025, con 36 puntos sobre 100, en el segundo año de mandato del presidente Javier Milei. De esta manera se ubica en el puesto 106 entre 182 naciones.

El nuevo informe se conoció luego del procesamiento sin prisión preventiva del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por corrupción en el organismo. Sumado al caso Libra y a la renuncia de Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina en medio de sospechas de sobreprecios.

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La organización advirtió, en el caso de la Argentina, que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”. La Argentina comparte el puesto con Belice y Ucrania, y está por encima de otros países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.

La Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países en América, donde quienes tienes mejores puntuaciones son Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17. Mientras que Nicaragua y Venezuela son los países con las peores calificaciones del continente.

El presidente de Poder Ciudadano, Martín D´Alessandro, dijo al respecto que “es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo». Advirtió que “en el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente».

Mientras que el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó: “Las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción».

Secchi le hizo fuertes advertencias al Gobierno en materia de transparencia, luego de la difusión de un nuevo informe de Transparencia Internacional: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.

Javier Milei, Corrupción

Rosario — Una fuerte tensión institucional se vivió durante la madrugada en la provincia de Santa Fe luego de que efectivos policiales realizaran un acuartelamiento parcial en distintas dependencias, principalmente en la ciudad de Rosario. La medida se produjo tras una protesta interna vinculada a reclamos salariales y condiciones laborales, generando preocupación tanto en el gobierno provincial como en el resto del país por el posible efecto contagio.

Qué ocurrió

El conflicto se originó luego de manifestaciones realizadas por familiares, retirados y personal activo de la Policía de Santa Fe. Tras la protesta, varios efectivos permanecieron dentro de las dependencias sin realizar patrullajes habituales, reduciendo la presencia preventiva en las calles.

Aunque oficialmente no se declaró un paro —prohibido para fuerzas de seguridad—, en la práctica se registró una retención de tareas, situación que en Argentina suele denominarse “acuartelamiento de hecho”.

El motivo del reclamo

El petitorio presentado por los uniformados incluye:

• actualización salarial frente a la inflación
• mejoras en adicionales y horas extra
• mejores condiciones laborales y equipamiento
• reconocimiento profesional y jerárquico

Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que el desfasaje salarial respecto a otras fuerzas provinciales y federales es el principal detonante. La imposibilidad legal de sindicalización obliga históricamente a este tipo de medidas informales para presionar negociaciones.

Impacto en la seguridad

Durante las horas de tensión se registró menor presencia policial preventiva, lo que encendió alertas en autoridades locales. El gobierno provincial inició negociaciones urgentes para evitar que la situación escale.

Especialistas en seguridad advierten que estos episodios son particularmente sensibles en Argentina: cada vez que una protesta policial se prolongó en el tiempo, derivó en aumentos abruptos del delito oportunista.

Temor a efecto contagio en el país

El mayor temor de las autoridades nacionales es la posibilidad de que el reclamo se replique en otras provincias. Históricamente, los conflictos salariales policiales suelen propagarse rápidamente debido a que:

• las escalas salariales son comparables entre provincias
• las fuerzas no tienen representación gremial formal
• los aumentos otorgados en una jurisdicción generan presión en las demás

Por el momento, no se registran medidas similares en otros distritos, pero los gobiernos provinciales siguen la situación con atención ante la posibilidad de un conflicto de alcance federal.

Situación actual

Las negociaciones continúan abiertas y el objetivo oficial es normalizar el servicio sin sanciones disciplinarias masivas que puedan profundizar la crisis. El resultado de la negociación será clave para determinar si el episodio queda como un reclamo aislado o se convierte en un precedente nacional.

A pocas horas del debate por la reforma laboral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expuso presiones y amenazas dirigidas a diputados y senadores del peronismo para que no apoyen el proyecto impulsado por el Gobierno, cuyo objetivo es modernizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. La denuncia evidenció la tensión interna que atraviesa el justicialismo en la antesala de una votación clave.

El eje del conflicto se sitúa en el bloque Convicción Federal, conformado por cinco senadores que mantienen una postura ambigua respecto al bloque peronista, integrado por 28 legisladores. Su decisión resultará determinante para el desenlace. Mientras tanto, la Casa Rosada acelera negociaciones con los gobernadores para asegurar una victoria en el primer tramo parlamentario, que se definirá este miércoles en el Senado, en un contexto marcado por la presión sindical, la resistencia del kirchnerismo y un clima político cada vez más tenso.

La advertencia de Sáenz se produjo en el momento más delicado de la negociación, cuando el oficialismo busca quebrar la disciplina interna del peronismo para alcanzar la mayoría, mientras el sector liderado por el kirchnerismo intenta unificar posturas para bloquear una ley considerada estratégica para el modelo libertario.

El anticipo de esa decisión ya ocurrió en Misiones, la propia Salta y, últimamente, Jujuy. De hecho, el apoyo de la senadora Carolina Moisés al Presupuesto ya derivó en la intervención del PJ de esa provincia. “Amenazan con repetir eso en otros distritos. Podría ser Tucumán o, incluso, La Rioja”, reveló una fuente partidaria que pidió anonimato.

La reforma laboral constituye el principal objetivo político del gobierno de Javier Milei en su primer gran desafío legislativo. El proyecto será debatido este miércoles desde las 11 en una sesión signada por la tensión, con una movilización convocada por la CGT, advertencias sindicales en varias provincias y la firme oposición del kirchnerismo, que intenta transformar la votación en un límite político para el Presidente.

En este escenario, Convicción Federal quedó en el centro de la escena. Sus integrantes, vinculados a gobernadores del interior, sostienen desde hace meses una relación conflictiva con la conducción del bloque peronista. Aunque formalmente permanecen en el espacio, actúan de manera autónoma, con agenda propia y diálogo fluido con la Casa Rosada. No responden de forma automática a las decisiones del kirchnerismo y, en muchos casos, priorizan los intereses provinciales.

Este margen de autonomía los convirtió en actores clave: su eventual respaldo al oficialismo puede inclinar la balanza en un contexto de paridad. Por ello, concentran buena parte de la presión política, tanto desde el Gobierno como del propio peronismo.

Se trata, mayoritariamente, de senadores que representan distritos con alta dependencia de recursos nacionales y economías regionales golpeadas por la recesión. Para ellos, la reforma laboral trasciende la discusión ideológica o simbólica y adquiere un sentido económico: la ven como una posible herramienta para atraer inversiones, mejorar el clima de negocios y sostener el empleo en contextos de alta fragilidad social.

Este enfoque pragmático contrasta con la estrategia del kirchnerismo, que privilegia el enfrentamiento político con el Ejecutivo y rechaza cualquier iniciativa que pueda fortalecer al Gobierno en el Congreso. Para ese sector, la reforma representa una línea infranqueable.

De acuerdo con fuentes legislativas, en las últimas semanas los integrantes de Convicción Federal y otros senadores del interior recibieron llamados desde distintos niveles del peronismo. Algunos contactos fueron de naturaleza política tradicional; otros incluyeron advertencias explícitas sobre las consecuencias internas de respaldar al oficialismo.

El bloque apuntado está integrado, además de la jujeña Moisés, por Fernando Aldo Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán), Jesús Fernando Rejal (La Rioja).

En este contexto se inscriben las declaraciones de Sáenz, que verbalizaron un malestar latente. “Tenemos voluntad de acompañar la reforma laboral y de ayudar, pero también queremos que nos escuchen”, afirmó el gobernador, marcando distancia tanto del alineamiento automático con el Gobierno como del rechazo cerrado que promueve el kirchnerismo.

Luego profundizó su denuncia: “Hay gobernadores y diputados que han sido hasta amenazados con que les iban a intervenir el partido”, explicó en TN. Según su relato, el mecanismo es directo: si los legisladores no votan en contra del proyecto, la conducción nacional interviene las estructuras provinciales del PJ.

Sáenz recordó antecedentes de intervenciones partidarias en Salta, Misiones y Jujuy, que —según describió— funcionaron como castigos políticos. No habló de hipótesis, sino de hechos concretos.

En la lógica que describió, el control del sello partidario constituye la principal herramienta de disciplinamiento. En muchas provincias, el PJ sigue siendo la plataforma electoral central; perderla implica quedar expuesto ante rivales internos, perder estructura territorial, financiamiento y capacidad de armado.

“Es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores”, explicó. En un sistema donde los sellos alternativos suelen ser débiles y las alianzas, inestables, perder el partido equivale, en muchos casos, a quedar políticamente desarmado.

Mientras el peronismo intenta procesar su interna, el Gobierno aceleró su ofensiva hacia los mandatarios provinciales. En la Casa Rosada consideran que la relación con los gobernadores será decisiva para asegurar los votos y evitar sorpresas en el recinto.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene prevista una reunión con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, centrada en financiamiento, obra pública y asistencia fiscal. Simultáneamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá al mandatario de Chaco, Leandro Zdero, con una agenda que incluye recursos provinciales, programas nacionales y apoyo legislativo.

No se trata de reuniones protocolares: forman parte de una estrategia sistemática para reconstruir alianzas, ofrecer incentivos concretos y neutralizar resistencias. En el oficialismo reconocen que, sin apoyo provincial, la reforma queda expuesta.

“Sin las provincias, no pasa”, repiten en el entorno presidencial.

El bloque peronista, con 28 integrantes, llega a la sesión atravesado por desconfianzas internas. La conducción busca sostener una postura unificada, pero enfrenta crecientes dificultades para contener a los sectores dialoguistas. La derrota electoral, la falta de liderazgo y las tensiones entre Nación y provincias han erosionado la disciplina.

Convicción Federal opera como termómetro de esa crisis: exige margen para negociar beneficios concretos para sus distritos y resiste quedar atrapado en una lógica de confrontación permanente, lo que los convierte en blanco de críticas internas.

Desde el kirchnerismo los acusan de “coquetear” con el oficialismo y de anteponer intereses provinciales a la estrategia nacional. Ellos responden que no están dispuestos a asumir los costos económicos y sociales en sus provincias por una disputa política que consideran ajena.

En el trasfondo emerge la figura de Cristina Kirchner, referencia principal del sector más duro del peronismo. Su entorno promueve una oposición frontal a la reforma y trabaja para evitar fugas.

En este esquema, las intervenciones partidarias funcionan como mecanismo de control. No solo disciplinan a los dirigentes actuales, sino que envían una señal preventiva al resto: apartarse de la línea tiene consecuencias.

Sáenz, enfrentado de manera sostenida al kirchnerismo, desafió públicamente esa lógica. Su denuncia trasciende la coyuntura y cuestiona el modelo de conducción.

“Acá lo que se defiende son los privilegios de la política y de algunos representantes de los trabajadores”, señaló, en una crítica que también alcanzó a sectores sindicales que rechazan cualquier cambio en el statu quo.

A la disputa política se suma la presión gremial. La CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y anticipó un clima de fuerte presión en las inmediaciones del Congreso. Si bien evitó llamar a un paro general, la marcha busca marcar un límite simbólico a la reforma y condicionar a los legisladores indecisos.

En varias provincias, los gremios hicieron sentir su peso con advertencias directas. Avalar el proyecto puede derivar en conflictos locales, paros sectoriales y desgaste político. Para numerosos legisladores, ese factor resulta tan determinante como las presiones partidarias.

El voto quedó así atrapado entre tres presiones: la del partido, la sindical y la del Gobierno nacional.

Para Milei, la votación representa un test de liderazgo: es su primera reforma estructural en un Congreso fragmentado y sin mayoría propia. Un revés abriría interrogantes sobre su capacidad para imponer la agenda.

Para el peronismo, será una prueba de cohesión. Para los gobernadores, un examen de supervivencia. Para los legisladores, una apuesta individual.

Cada voto tendrá consecuencias más allá de esta ley. Quienes respalden al oficialismo deberán afrontar eventuales represalias internas; quienes se alineen con el rechazo, arriesgan su vínculo con la Nación.

“Así es muy difícil trabajar”, sintetizó Sáenz. No aludía solo a esta votación, sino a un sistema en el que el debate político queda subordinado al castigo interno, la autonomía se penaliza y discutir una ley implica poner en riesgo la propia estructura.

La reforma laboral se debatirá este miércoles desde las 11, en medio de la presión sindical, la resistencia kirchnerista y una negociación frenética con los gobernadores. La discusión de fondo ya está planteada: quién detenta el control dentro del peronismo y hasta dónde está dispuesto a llegar para conservarlo.

CGT