El caso del abogado argentino Germán Darío Giuliani fue llevado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con un pedido de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, en una presentación que denuncia desaparición forzada, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.

La solicitud fue realizada por su esposa, María Virginia Rivero, a través del abogado Diego Armesto, y sostiene que Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025 en condiciones de incomunicación, sin acceso a defensa privada ni asistencia consular, y con un deterioro físico y psicológico progresivo.

A ese proceso se sumó la intervención de la diputada nacional Karina Banfi, quien acompañó a la familia a través de la ONG Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, un espacio que integra junto a Elisa Trotta, Waldo Wolff y Graciela Fernández Meijide. Según explicó, el caso presentaba un cuadro de desprotección institucional, especialmente por la ausencia de una medida cautelar ante la CIDH, el mecanismo central para activar la intervención del organismo en situaciones de violaciones de derechos humanos.

La presentación formal fue realizada hoy, tras una semana de gestiones en Washington. Allí, Banfi mantuvo reuniones con autoridades de la Comisión Interamericana y avanzó en la preparación del expediente. A su regreso al país, articuló con el abogado Diego Armesto y con la ONG para estructurar la medida cautelar que finalmente fue presentada, con el objetivo de individualizar el caso dentro del sistema interamericano y habilitar mecanismos de protección específicos.

“A Germán Giuliani lo detuvo el régimen de Venezuela por ser argentino. Lo están usando de moneda de cambio siendo el único argentino detenido en carácter de preso político. Esta medida cautelar es un seguro de vida, no sabemos qué le puede pasar, mientras siga detenido en manos de la dictadura”, sostuvo Banfi, en diálogo con Infobae.

La presentación ante la CIDH no forma parte de la estrategia de la Cancillería, sino que corresponde a acciones que impulsan familiares y organizaciones de derechos humanos. El Gobierno argentino colabora con la familia y existe conformidad con esas gestiones, aunque su margen de acción es limitado por la falta de relación directa con el régimen venezolano, lo que obliga a canalizar contactos a través de terceros países, principalmente Estados Unidos.

La medida cautelar fue impulsada mediante un esquema mixto entre la familia y una organización no gubernamental, con el objetivo de reforzar la legitimidad del caso y consolidar su caracterización como detención política sin sustento penal. Esa articulación permitió formalizar el expediente en un contexto en el que organizaciones como Foro Penal ya identificaban a Giuliani como un preso político dentro del universo de detenidos en Venezuela.

El pedido ante la CIDH se sustenta en los requisitos del artículo 25 de su reglamento. La presentación plantea la gravedad del caso, al tratarse de la detención y desaparición de un ciudadano argentino sin comunicación con su familia ni acceso a asistencia consular, en una situación que pone en riesgo su vida e integridad física. También señala la urgencia de la intervención, dado el tiempo transcurrido sin información sobre su paradero y estado de salud. Y advierte sobre el daño irreparable que implica la privación ilegítima de la libertad, el aislamiento forzado y la incomunicación sostenida, que afectan de manera irreversible sus derechos fundamentales.

Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en aguas del estado de Anzoátegui, mientras navegaba en una embarcación junto a ciudadanos venezolanos. Había viajado al país por un contrato comercial temporal.

Durante los doce días posteriores no hubo información oficial sobre su paradero. Ese período es caracterizado en la denuncia como desaparición forzada, una figura que implica la detención por parte de agentes estatales seguida de la negativa a reconocerla o informar sobre la situación de la víctima.

Recién luego de ese lapso se confirmó que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, un centro asociado a la detención de presos políticos, y posteriormente fue trasladado al penal de Yare II.

El documento señala que desde el inicio del proceso no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Giuliani no fue presentado ante un juez en tiempo razonable, no tuvo acceso a defensa técnica independiente y nunca recibió asistencia consular, pese a los intentos reiterados de su entorno.

Las imputaciones en su contra —terrorismo y narcotráfico— fueron difundidas públicamente por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Sin embargo, la familia sostiene que no existen cargos formales ni pruebas que respalden esas acusaciones.

Uno de los ejes centrales de la denuncia refiere a las condiciones de detención. Los familiares reportan que el contacto es extremadamente limitado, con llamadas breves, esporádicas y bajo supervisión, sin posibilidad de verificar su estado de salud real.

A esto se suman denuncias de torturas físicas durante los interrogatorios, incluyendo golpes, coerción para firmar declaraciones y prácticas de aislamiento prolongado.

El testimonio del periodista venezolano Ramón Centeno, incorporado en la presentación, describe un patrón sistemático de violencia: interrogatorios reiterados, presiones para incriminar a dirigentes opositores y amenazas directas de desaparición. También detalla su paso por un centro de tortura conocido como “El Tigrito” y su posterior traslado.

El aislamiento se mantuvo en el tiempo. La familia sostiene que durante meses no hubo comunicación y que las condiciones de detención incluyen incomunicación, restricciones alimentarias y deterioro físico y psicológico.

El caso también incorpora un componente político. Tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo —que estuvo detenido 448 días— Giuliani quedó como el único argentino privado de su libertad en Venezuela, lo que incrementó la presión diplomática.

En ese contexto, su detención es interpretada por su entorno y por organizaciones de derechos humanos como parte de una lógica de utilización de extranjeros como fichas de negociación en conflictos diplomáticos.

A nivel internacional, el caso ya fue expuesto por el gobierno argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se exigió su liberación inmediata y el respeto de sus derechos fundamentales.

La presentación ante la CIDH introduce ahora un cambio en el expediente. La medida cautelar permite individualizar el caso dentro del sistema interamericano, habilita un seguimiento específico y abre la posibilidad de intervenciones más incisivas, como una eventual visita in loco (presencial) para verificar la situación de los detenidos.

El movimiento también implica una escalada política. El caso deja de ser exclusivamente bilateral y pasa a formar parte de la agenda de la Organización de los Estados Americanos, donde se articula con el seguimiento regional de presos políticos en Venezuela.

Hoy, Giuliani es el único ciudadano argentino que permanece detenido en ese país. La resolución de la CIDH será determinante para establecer si el caso avanza hacia una instancia de mayor presión internacional en uno de los episodios más sensibles de la relación entre Argentina y Venezuela.

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La investigación judicial sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas nuevos elementos: la aparición de supuestos chats que detallan entregas millonarias de dinero en efectivo, con logística acordada y referencias precisas a vehículos, montos y destinos.

Según la documentación aportada a la causa, a la que accedió TN, estas conversaciones reforzarían la hipótesis de una operatoria sistemática que incluyó al menos US$ 18 millones en movimientos por fuera de los circuitos formales y que habrían terminado en las oficinas de Juan Pablo Beacon.

Las entregas se habrían realizado en autos de alta gama —como BMW, camionetas 4×4 y un Volkswagen Passat negro— en la oficina del abogado Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, en Lavalle 1718, Ciudad de Buenos Aires, lugar conocido como “la Rosadita de la AFA”.

En esos intercambios, atribuidos a Beacon y al financista Diego Pasztor, se pactaban encuentros para la entrega de dinero en efectivo, con menciones específicas a vehículos y fechas. Pasztor no respondió a los mensajes de este medio.

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La reconstrucción de esos movimientos indica que entre mayo de 2021 y el 2 de marzo de 2022 se habrían concretado 42 pagos por un total de US$ 13.277.000. En ese período, Pasztor figura como el financista principal y aparecen como vehículos de la maniobra las firmas Q22, Stratega y Odeoma, señaladas en la investigación como presuntas empresas “fantasma”.

Entre los ejemplos detallados en la documentación se menciona una entrega del 7 de junio de 2021 en un BMW gris, sin monto especificado. Luego, el 2 de agosto de ese año, otra operación en un BMW gris oscuro por US$ 200.000. El 18 de noviembre de 2021, en tanto, se registra un pago de US$ 700.000 realizado en un Passat negro. Todos estos movimientos habrían tenido como destino oficinas vinculadas a la estructura dirigencial de la AFA.

Todo eso quedó registrado en los supuestos chats que investiga la Justicia y que ahora están en poder del juez Charvay, luego de que el juez Armella se inhibió de seguir investigando.

A partir de febrero de 2022, siempre según la documentación analizada, se habría incorporado un segundo financista: Fabián Adolfo Krunfli, alias “Fiño”. En ese tramo, entre febrero y mayo de ese año, se registran 26 pagos en efectivo por un total de US$ 5.280.534.

En este esquema aparece la empresa TourProdEnter, presidida por Javier Faroni, como vehículo para las transferencias bajo sospecha. TourProdEnter habría financiado un yate de lujo utilizado en Mónaco por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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La Justicia investiga si los fondos administrados en el exterior por esa firma eran transferidos a compañías radicadas en Estados Unidos para luego regresar al país en efectivo mediante financieras locales. Ese circuito, según la hipótesis en análisis, incluía la intervención de “cuevas” y la posterior distribución del dinero en oficinas fuera del sistema bancario.

Varias presuntas conversaciones por WhatsApp entre Toviggino y Beacon muestran además la coordinación de las entregas de dinero. Para los investigadores, estos intercambios forman parte de las pruebas que vincularían a dirigentes con la recepción de dinero en efectivo proveniente de fondos previamente girados al exterior. En el expediente ya se incorporaron chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias.

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La causa, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, busca reconstruir el recorrido de unos US$ 260 millones que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.

En paralelo, también se investiga el destino final de esos fondos. Según las sospechas, una parte habría sido canalizada hacia cuevas y oficinas como la denominada “Rosadita”, mientras que otra habría sido utilizada para gastos personales.

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El ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a activar esta semana la agenda de reuniones con gobernadores, con el foco puesto en asegurar apoyos para el paquete de reformas que el oficialismo busca que el Congreso trate este año. Se reunió este lunes en Casa Rosada con Claudio Poggi (San Luis) y con Juan Pablo Valdés (Corrientes) en una jornada que marcó la reanudación de ese canal político.

El movimiento se dio horas después de que Javier Milei encabezara una reunión de Gabinete, la primera desde el 24 de febrero, en un intento por retomar la iniciativa política y dejar atrás una seguidilla de polémicas vinculadas a los viajes de Manuel Adorni, las propiedades que se investigan como no declaradas y la causa por la estafa Libra. A lo que se sumó la difusión de una lista de funcionarios, diputados y senadores que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación, a tasas blandas.

La Casa Rosada necesita avanzar con su agenda parlamentaria. Este miércoles a las 15 está convocada la sesión para tratar la reforma de la Ley de Glaciares, uno de los proyectos centrales para el oficialismo, que busca consolidar mayorías en un escenario en el que los gobernadores vuelven a ser determinantes y que le permitiría al oficialismo mostrar una victoria tras varias semanas complejas.

Reuniones en Casa Rosada y agenda compartida

Santilli recibió a Poggi en la Casa Rosada en el marco del trabajo conjunto con las provincias. Durante el encuentro, conversaron sobre el paquete de leyes impulsado por el Presidente y sobre temas de la relación entre Nación y San Luis. El gobernador planteó además la posibilidad de prorrogar la concesión de la Ruta Nacional 7 para gestionar recursos destinados a su puesta en valor.

Más tarde, el ministro mantuvo un encuentro con Valdés, con quien repasó la agenda parlamentaria que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso. Entre los proyectos incluidos figuran la modificación de la Ley de Glaciares, iniciativas sobre propiedad privada, desalojos, tierras rurales y cambios en el régimen penal vinculado a delitos migratorios.

Ambas provincias fueron clave para garantizar votos al oficialismo desde la Ley Bases hasta la reforma laboral.

Las reuniones se inscriben en una ronda más amplia de contactos con mandatarios provinciales que el Gobierno retomó en los últimos días. El objetivo es ordenar respaldos en un Congreso fragmentado y con votaciones ajustadas. Además de intentar frenar pedidos de interpelaciones, investigaciones abiertas en comisiones y hasta posibles intentos de juicio político.

Adelantos de coparticipación y situación fiscal

Las reuniones que Santilli retomó con gobernadores se dan en un contexto en que las provincias requieren cada vez más asistencia financiera para sostener su funcionamiento. El Gobierno oficializó este lunes un esquema que habilita adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias. Se trata de fondos que corresponden a las jurisdicciones, pero que se giran de manera anticipada para cubrir necesidades financieras y deben devolverse dentro del mismo ejercicio.

Según datos difundidos por el diputado massista Guillermo Michel, en el primer trimestre de 2026 los recursos coparticipados registraron una baja real de 6,3%, lo que implicó una pérdida de $1,1 billones para las provincias. En ese mismo período, la recaudación propia de Ingresos Brutos mostró un crecimiento nominal de 34%, pero apenas un alza real de 1,1%.

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El informe también señala que, con menores transferencias nacionales, recaudación propia estancada, dificultades para acceder a financiamiento externo y aumento de gastos fijos, los adelantos de coparticipación se consolidan como una de las principales fuentes de liquidez para las provincias en el corto plazo. El Gobierno, que necesita apoyos legislativos para avanzar con su agenda en el Congreso, habilitó ese esquema en paralelo a la negociación con los mandatarios.

La sesión por la Ley de Glaciares será el primer test de esa estrategia en una semana marcada por la necesidad de mostrar resultados.

Diego Santilli, Gobernadores, Claudio Poggi, Juan Pablo Valdes