POLITICA
El Gobierno creó una mesa de coordinación para intervenir en zonas de frontera

El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Nacional pusieron en marcha una nueva instancia de coordinación interministerial para planificar, supervisar y evaluar las tareas conjuntas en zonas de seguridad de frontera. A través de la Resolución Conjunta 68/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se creó la Mesa Conjunta de Coordinación, un ámbito permanente destinado a organizar el accionar complementario de las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas policiales y de seguridad federales.
Según la normativa, esta estructura busca «optimizar la vigilancia territorial, evitar la duplicación de esfuerzos y fortalecer la cooperación institucional» entre ambas carteras. La medida se basa en el artículo 17 del Decreto 1112/2024, que habilita a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo logístico y operativo en zonas de frontera, siempre bajo estricto cumplimiento del marco legal vigente, en especial las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.
La mesa tendrá entre sus funciones la elaboración de planes anuales de despliegue, el trazado de lineamientos estratégicos, la definición de protocolos interinstitucionales, el monitoreo del cumplimiento de las tareas y la formulación de recomendaciones conjuntas. También deberá producir informes semanales sobre el avance de los operativos, evaluar su eficacia y proponer mejoras sobre el uso de recursos y necesidades logísticas.
Estará integrada en tres niveles jerárquicos. El primer nivel lo conforman los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, quienes también tendrán a su cargo la definición de las zonas de despliegue. El segundo nivel lo componen los titulares de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares de Defensa y de la Secretaría de Seguridad Nacional. Ambos compartirán la conducción de la mesa y convocarán a reuniones mensuales ordinarias, además de poder habilitar encuentros extraordinarios cuando lo consideren necesario. El tercer nivel lo integrarán representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de las fuerzas policiales y de seguridad federales.
La resolución subraya que las zonas en las que se desplegarán las fuerzas deberán ser definidas en el Plan Anual, donde el primer y segundo nivel establecerán los objetivos estratégicos, y el tercer nivel tendrá la tarea de determinar las coordenadas geográficas y emitir las órdenes operativas correspondientes. El accionar de las Fuerzas Armadas se limitará a aquellas zonas de frontera que no incluyan pasos habilitados ni áreas urbanas.
El texto aclara que esta coordinación no implicará un gasto adicional para el Estado Nacional. Las actividades deberán realizarse con los recursos asignados a cada jurisdicción, tanto en términos de personal como de logística.
La creación de esta mesa también se alinea con lo dispuesto en decretos recientes como el 1107/2024, que autoriza al Ministerio de Seguridad Nacional a solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para custodiar objetivos de valor estratégico, y el 454/2025, que redefine el rol de la Gendarmería Nacional en zonas de frontera. La articulación entre ambos sistemas operativos permitirá, según la resolución, mejorar la eficacia de los planes territoriales ya en marcha.
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POLITICA
Reforma laboral: cuánto cobrará un trabajador en caso de enfermedad o accidente

Tras la media sanción de la reforma laboral este miércoles en el Senado, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
El texto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años”, remarca el artículo 208 del proyecto.
“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, indica.
Y continúa: “La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
Ahora bien, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene cargas de familia, la licencia por enfermedad o accidente paga es de 6 meses; y si además tiene cargas de familia, la licencia paga se extiende a 12 meses.
A su vez, se modifica el porcentaje de remuneración: en el esquema actual se cobra el 100%, mientras que la reforma propone que, si el accidente o enfermedad tiene origen en una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implica un riesgo conocido, perciba el 50% de la remuneración; en cambio, si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, se percibe el 75% durante el período de licencia, ya sea de tres o seis meses.
Asimismo, el proyecto oficial especifica que el trabajador que no pueda asistir a su primer día de trabajo por enfermedad o accidente deberá informar inmediatamente la situación y el lugar donde se encuentra, salvo que se trate de un caso de fuerza mayor.
Por último, el texto establece que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser brindados por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas.
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POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.

Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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Cruce picante: qué se dijeron Adorni y Zaracho

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada Natalia Zaracho protagonizaron un intercambio de declaraciones en la red social X. El debate ocurrió tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación. Los funcionarios discutieron sobre la negociación con los gobernadores y la ejecución de obras públicas en las provincias.
Natalia Zaracho cuestionó la votación en la Cámara alta con duros términos contra el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales. La legisladora sugirió que se otorgaron beneficios a las provincias a cambio de votos positivos para la ley.
Zaracho escribió: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este Gobierno de hijos de p*ta, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.
Manuel Adorni respondió el mensaje con un comentario técnico sobre las competencias del Estado nacional. El ministro coordinador buscó desacreditar la acusación de la diputada mediante la ironía. Adorni publicó: “Estimada Natalia, los ‘cordones cuneta’ son responsabilidad de los gobiernos locales, jamás podríamos haber otorgado dos de ellos tal como usted sugiere. Saludos”.
La iniciativa legislativa propone una modificación profunda en la Ley de Contrato de Trabajo. El texto otorga mayor flexibilidad en las condiciones de contratación y en el régimen de despidos. El oficialismo obtuvo el respaldo de los bloques de “opositores dialoguistas” para avanzar con estas medidas.
El plan estipula un recorte en los elementos que integran el cómputo para los pagos por desvinculación forzosa. Los empleadores excluyen el aguinaldo, las vacaciones y los premios de la cifra final. Tampoco ingresan las propinas en este cálculo. La ley crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) como herramienta principal de financiamiento. Estas cuentas poseen carácter inembargable y reciben aportes mensuales de las patronales.
Las grandes empresas destinan el 1% de sus contribuciones para conformar este fondo. Las pymes realizan un aporte mayor, que llega al 2,5%. La reforma también altera el régimen de enfermedades y accidentes fuera del ámbito laboral. El empleado percibe el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene cargas de familia. El plazo se extiende a seis meses para los trabajadores con familiares a cargo.

La reforma laboral establece restricciones severas para las medidas de fuerza sindicales. El Gobierno divide las actividades en dos categorías principales según su importancia social. Los servicios esenciales deben garantizar una prestación mínima del 75% de su capacidad habitual. Los servicios considerados trascendentales operan con al menos el 50% de cobertura durante los paros.
El dictamen deroga cinco estatutos profesionales con vigencia histórica. Los periodistas, los viajantes de comercio y los peluqueros pierden sus marcos normativos específicos. La medida alcanza también a los choferes particulares y a los operadores de radio. La cuota sindical obligatoria permanece vigente para todos los trabajadores. Los empleados pagan este aporte a los gremios sin importar su condición de afiliados.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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