POLITICA
“Habrá consecuencias”: las hipótesis oficiales por el caso Adorni y las desconfianzas que alimentan la interna del Gobierno

La plana mayor del Gobierno viene desgastada producto de diversas internas que se acumulan desde hace más de un año. Comenzó con la previa del armado electoral del año pasado y tuvo como último episodio el desplazamiento de autoridades del Ministerio de Justicia, que terminó empoderando al sector de Karina Milei en detrimento del de Santiago Caputo.
Si había algo que no le sobraba al Gobierno era un episodio que sumara desconfianza entre los propios. Y es que la cuestión central es la siguiente: alguien guardó el dato del viaje de Manuel Adorni a Punta del Este durante tres semanas. Primero se dejó desprender a través de la columna de Carlos Pagni en LN+ y, dos días después, se filtraron documentos que revelaban datos del vuelo, así como un video filmado en el Aeropuerto de San Fernando.
Durante estos días hubo varias dudas que se generaron en distintos despachos oficiales. La más importante circunvala a cómo se pudieron haber producido esas diferentes filtraciones. En la declaración de viaje revelada por elDiarioAR hay sellos de organismos como la Dirección General de Aduanas de ARCA, el Ministerio de Salud de la Nación, el SENASA, entre otros. También hubo quienes pusieron el foco en la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante la revelación del video.
Pese a que hay una fuente inobjetable que desestima tajantemente esto último, otro miembro del entorno se quejó sobre su funcionamiento: “Yo no pongo las manos en el fuego por nada. No por algo queríamos que la PSA vaya adentro de la nueva Agencia Nacional de Migraciones y al final no sucedió”.
Lo cierto es que esta búsqueda por una explicación ante los hechos ocurridos en los últimos días derivó en que haya fuertes miradas a nivel interno. Hay quienes levantaron el dedo índice acusando una conspiración interna, mientras que otros prefirieron decir que genuinamente consideraban que hubo un accionar deliberado por parte de “capas geológicas” y “buches” de otras administraciones nacionales insertas en diferentes organismos estatales. “Viene de cualquier empleado que grabó y lo pasó”, dijeron desde un sector poderoso del Gobierno.

En lo que coinciden oficialistas y opositores es que muchas personas estaban esperando un episodio así contra Adorni. Un reciente converso al libertarianismo habló ante este medio de “karma”. Otro importante integrante del oficialismo había dicho por esos días que no le había caído bien que el Gobierno hiciera trascender que, ahora, el jefe de Gabinete podía autorizar transferencias de fondos a otras provincias y otras erogaciones. Varios se acordaron de hacer críticas en su momento de mayor debilidad. “Los amigos y los del club del helicóptero se las están cobrando todos juntos”, opinó un estrecho colaborador del Gobierno.
De acuerdo con la consultora Enter Comunicación, la conversación digital sobre el caso experimentó un aumento del 1.122% en solo un día, pasando de unas 16.000 menciones el 10 de marzo a un pico de 206.722 menciones el 11 de marzo. Es decir, empañó fuertemente la difusión que podía tener en redes la celebración del Argentina Week. Según la consultora Ad Hoc, el volumen de interacciones fue el segundo más importante de toda la administración libertaria después del escándalo $Libra.
Adorni conversó sobre este tema con los suyos en los últimos días, les dijo que va a acotar su círculo de confianza. Es decir, ve que con estos episodios pudo dar cuenta cómo se comportó cada persona del entorno presidencial. “Es lo único bueno de todo lo que pasó en la semana”, afirman cerca suyo, dando a entender que hacia el fin de la semana lo notaron con mejor semblante que cuando estalló la polémica.
Mientras hacía un saldo de lo acontecido por estos días, una fuente inobjetable confesó a Infobae: “Vamos a hacer mierda todo. Habrá consecuencias”. Otro pope del Poder Ejecutivo advirtió: “Esto no les va a salir gratis”. Al parecer, hay una hipótesis que se está imponiendo más que otras. Al menos en el sector más influyente del Gobierno. Aun así, reconocen que “nunca hay un 100% de seguridad”.
La lectura de que pudo haber sido una operación interna entusiasma a actores de la oposición, así como a integrantes del Gobierno que buscan aprovechar ese escenario para poder utilizar esa narrativa para sus fines. Quienes tienen el ojo fino adentro del Gobierno están atentos a las cuentas anónimas de X que suelen comunicar muy bien los pensamientos de uno y de otro sector del Gobierno.

Una de las primeras voces oficiales que se activó sobre toda esta controversia fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor”, sentenció el miércoles a la noche, cuando los documentos y el video de Punta del Este ya se habían conocido. Aquello fue retuiteado o acompañado con otros tuits de parte de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo. No fue un movimiento espontáneo sino que, explican, quisieron “desactivar versiones”.
Seguramente haya que esperar semanas para divisar si habrá algún tipo de determinación de parte de la cúpula presidencial. El jueves por la tarde, tanto Javier como Karina Milei redactaron tuits respaldando al jefe de Gabinete. Lo mismo hizo el asesor presidencial y buena parte del Gabinete. Otros se limitaron a repostear los anteriores mensajes, como la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.
La plana mayor del Gobierno se va a reunir el martes por la mañana en la Casa Rosada en el encuentro de la mesa política. Hace tiempo que Adorni se los había comunicado a sus pares. En ese entonces, miembros de ese círculo ya marcaban que cabía la posibilidad de que fuera un encuentro particularmente tenso. “Va a ser la primera reunión después del zimbronazo de Justicia, je je”, decía de manera jocosa uno de sus integrantes. Ninguno esperaba que aquello iba a quedar reducido a cenizas respecto de la magnitud de lo de esta semana: “Fue un cisne negro”.
Es muy probable que, a raíz de esto, el karinismo apueste por sugerir más cambios en el Gobierno. En ese raid, también dicen tener interés sobre una secretaría de corte presidencial. Interés no implica un accionar directo, al menos no por ahora. Infobae supo que la mirada está sobre dos organismos de sensibilidad supina. Su acusación es que hay “incapacidad”. Esto es algo que ya venía diciéndose desde antes, pero lo ocurrido en la última semana podría ser una ocasión que algunos podrían intentar de utilizar como argumento para esa narrativa. Aun así, en el oficialismo es completamente transversal la preocupación de que no sea la primera vez que se filtren grabaciones en aeropuertos.
Así las cosas, en la cumbre del martes van a verse las caras nuevamente todos los miembros de la mesa. La contienda entre karinistas y caputistas no es la única que hay en el Gobierno. La matriz es mucho más compleja. Si uno mira a los integrantes de la mesa política, la gran mayoría tiene un resquemor respecto de uno o más de sus pares.

El Gobierno debe retomar la agenda legislativa cuanto antes si quiere dejar atrás este y otros asuntos en materia judicial que preocupan -y en gran cuantía- a la cúpula presidencial. Es por este motivo que se acelerará el llenado de las vacantes de los juzgados federales. Se priorizará esto fuertemente en el Senado. También hay gestiones para empezar a negociar los votos con gobernadores en la Cámara de Diputados para la modificación en la Ley de Glaciares.
Hace semanas que Infobae viene diciendo que quienes conocen las negociaciones legislativas del Gobierno creen que hay que acelerar cuanto antes los proyectos prioritarios para Milei para el 2026. Pese a que el Presidente dijo que se enviarán 90 paquetes de reformas estructurales, muchos están contentos si pueden impulsar cinco de las más importantes. “Muchos gobernadores ya están poniendo algunas trabas y la situación fiscal de sus provincias va a estresar ese vínculo, van a pedir mucho y en algunos casos no vamos a poder ofrecer tanto”, cuenta una figura libertaria.
Un importante gobernador aliado opinó sobre cómo prevé las tratativas con la Casa Rosada: “Hoy Milei se sostiene políticamente y está fuerte porque es la gente la que decidió no volver atrás. Los gobernadores tenemos que mirar a nuestros propios electorados. Y si ellos quieren que a Milei le vaya bien, el apoyo va a tener que seguir estando”. Esto no significa que se pueda empastar a posteriori, porque reconocen que la gran mayoría quiere desdoblar, pero la Casa Rosada va a presionar para que esto sea lo menos común posible.
En el cálculo de los gobernadores también está el factor económico. Precisamente porque creen que todo puede ser muy voluble: hay buenas noticias como la realización del Argentina Week; pero hay señales que no les simpatizan como la caída de la recaudación nacional, la cual les afecta a la coparticipación federal que financia sus arcas provinciales. “En términos de ingresos, las provincias estamos iguales que la pandemia”, dice un gobernador que se lleva particularmente bien con Milei.
Las inversiones que anuncia el Gobierno prometen tener un efecto dinamizador, pero en el mediano y largo plazo. En el mientras tanto, quienes diseñan la narrativa libertaria deben vender sensación de expectativa de mejoría en la economía. En el medio, los datos del SIPA salidos días atrás mostraron un saldo neto de reducción mensual de 12.942 empleos registrados privados y públicos (en términos desestacionalizados).
La consultora 1816, la más influyente de la City porteña, lanzó un informe especial el viernes que advierte sobre la suba de la mora. “Aumentó en enero por decimoquinto mes consecutivo aumentando desde 9,3% en dic-2025 hasta 10,6%. De este modo, la mora de hogares tocó nuevos máximos en más de 2 décadas. El 100% de los principales 25 bancos tuvieron aumento de la mora familiar, lo que habla de un fenómeno macro”. En el entorno presidencial saben que se trata de uno de los desafíos que tiene por este año además de una mayor reactivación al consumo.
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POLITICA
Sin reelección, Espinoza apuesta a mostrar apertura en La Matanza y posicionarse para 2027

El intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza, sumó a su gabinete municipal a dirigentes opositores de Pro y la Coalición Cívica, con Héctor “Toty” Flores como principal incorporación, con un objetivo electoral. Aunque con explicaciones que difieren, en el oficialismo y en la oposición del distrito subrayan que las elecciones de 2027 son el objetivo del jefe comunal que motivó las llegadas de los extrapartidarios.
A principios de marzo, Toty Flores fue nombrado subsecretario de Economía Social y Productiva; los exconcejales de Cambiemos Jorge Lampa y Laura Greco, subsecretario de Cultura y Educación y subdelegada municipal de Villa Celina, respectivamente. En el oficialismo municipal aclaran que por el momento no habrá más incorporaciones, aunque no lo descartan, y justifican la llegada de los exopositores: “Todos están de acuerdo con la unidad, con sumar para sacar a la derecha. Los que tengan esta misma idea, bienvenidos sean”.
“Está buscando construir un frente en un momento muy especial, con un Gobierno muy difícil. Algunos, con el sectarismo igual ganan. Pero si no cambiás este gobierno nacional, todo lo otro es accesorio. No hay conspiraciones”, afirmó una fuente del gabinete matancero.
En parte de los movimientos sociales oficialistas, también observan una conveniencia electoral en las nuevas caras del gabinete municipal. “Para los movimientos sociales, Toty Flores es un emblema de la resistencia y del armado de las cooperativas. Como peronistas, entendemos que tiene que ser un frente más amplio, como lo viene haciendo Axel [Kicillof] y lo viene pensando Fernando [Espinoza]. Necesitamos el proceso de unidad para terminar con este gobierno nefasto”, sostuvo a José Oscari, referente matancero de Barrios de Pie.
Dentro del peronismo local, la oposición a las nuevas incorporaciones llegó de la mano de La Cámpora, que está enfrentada a Espinoza en el municipio. El diputado provincial Facundo Tignanelli, referente local camporista, dijo que, “habiendo tantos buenos compañeros peronistas en La Matanza, ir a buscar a los de Pro no tiene sentido”. El secretario de Planificación Operativa, Miguel Saredi, le respondió que “La Cámpora festeja la amplitud de Cristina, pero la prohíbe en La Matanza”.
En cambio, en otras vertientes del peronismo matancero alejadas de Espinoza creen que el arribo de Flores, Lampa y Greco no le suma a Espinoza. “Están todos calientes. Toty se la pasó siempre criticando al peronismo. Creo que tienen un problema interno, él [por Espinoza] tiene una sombra muy grande con Verónica Magario y desconfianza hacia ella”, dijo a un hombre del justicialismo distrital que no comulga con el intendente.
El 18 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16 de la Capital Federal sobreseyó a Espinoza en la causa por abuso sexual que le inició su exsecretaria privada Melody Rakauskas, por “falta de acción”. Con el frente judicial más despejado, el intendente de La Matanza se aboca a la construcción política en el distrito con la mira puesta en las elecciones de 2027 y las incorporaciones extraperonistas fueron un primer golpe de impacto para la política local. “Está fortaleciendo el mito de que el peronismo es imbatible en La Matanza. Su militancia entiende el juego, que él ‘doma’ a billeterazos. A Espinoza, esto no le sirve para jerarquizar, es solo la última tanda que compró, pero es la primera vez que incorpora no peronistas”, marcó un hombre de la oposición en el distrito.
Para el excandidato a intendente Eduardo “Lalo” Creus, actualmente enrolado en La Libertad Avanza (es director de Seguridad Municipal en el Ministerio de Seguridad), la jugada de Espinoza “responde a una táctica más defensiva que ofensiva”. Y abundó: “Lo veo preocupado por la reelección de [Javier] Milei y que eso, si no se desdobla la elección provincial, traccione en su contra. Frente a esto, quiere debilitar a la oposición. Está viendo si puede salvarse en 2027”.
Espinoza no tiene posibilidad de reelección, ya que este es su segundo mandato consecutivo. Podría aspirar a postularse para un nuevo período solo si la Legislatura bonaerense eliminara el límite de dos períodos seguidos que marca la ley, un objetivo que el peronismo provincial persigue, pero aún no pudo conseguir.
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POLITICA
El impacto político del caso Adorni: dudas, respaldo oficial y efecto en la opinión pública, según un analista

La tendencia de funcionarios del Gobierno nacional a acceder a créditos del Banco Nación para la compra de propiedades generó un intenso debate público y abrió un frente judicial. Al mismo tiempo, crecen las dudas sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Juan Germano, analista político y fundador de Isonomía, analizó en Infobae en Vivo A las Nueve el costo político y las implicancias para la estrategia oficial.
El Gobierno decidió respaldar a Adorni en medio del escándalo, pese a la creciente visibilidad del caso y a las repercusiones en redes sociales y otros ámbitos de discusión ciudadana. Las reacciones oficiales y la posición de la administración presidida por Javier Milei marcan un cambio de dinámica con respecto a cómo se gestionan las polémicas dentro del Gabinete.
De acuerdo con el análisis de Juan Germano, el Gobierno había llegado con el compromiso de exigir transparencia y explicaciones al resto del sistema político. “Cuando el Gobierno debe dejar de exigir explicaciones y empieza a darlas, la situación cambia,” sostuvo. Según su visión, esta transformación en el rol comunicacional empieza a tener un costo concreto para el oficialismo.
El impacto de los casos de corrupción en la opinión pública
El contexto económico influye en la manera en que la sociedad percibe los casos de presunta corrupción. Germano remarcó que “cuando aparecen problemas vinculados con corrupción, aun sin que estén plenamente probados, afectan más que antes la imagen del Gobierno”. La preocupación social muestra un desplazamiento: “La demanda se corrió de la inflación hacia otras cuestiones vinculadas al poder de compra y la estabilidad laboral”, detalló.
Según el analista, el Gobierno logró inicialmente un descenso significativo en la preocupación por la inflación, resultado visible hacia septiembre y octubre del año pasado. Sin embargo, “lo que alcanzó para obtener un buen resultado electoral en 2023 ya no es suficiente para mantener el apoyo social”, indicó. Ahora hay una mayor exigencia de cambios concretos.
En este sentido, Germano explicó: “Cuando aparece un caso que huele, aunque sea remoto, a lo que antes identificábamos como corrupción, el impacto en la opinión pública es mucho mayor”. El funcionario destacó que la sociedad argentina tiende a exigir cada vez más resultados claros y respuestas frente a estas situaciones.
La oposición y la falta de alternativas claras
Germano argumentó que el oficialismo todavía se beneficia de la ausencia de propuestas alternativas definidas por parte de la oposición, especialmente el peronismo. “La pulsión por el cambio sigue siendo un tema central. En 2023 el 90 % de los argentinos consideraba necesarios grandes cambios, frente al 60 % en 2015,” puntualizó.
Para Germano, la dificultad de la oposición radica en ofrecer un modelo distinto al propuesto por el Ejecutivo: “Las oposiciones, el peronismo en particular, todavía no verbalizan esos grandes cambios que la sociedad demanda.”
La ciudadanía presenta actualmente una menor fidelidad partidaria y aumenta la cifra de votantes indecisos o desimplicados electoralmente. Germano señaló que “cada vez hay más personas que definen su voto sobre la hora o incluso prefieren no participar del proceso electoral”. Este escenario, sumado a la elevada polarización, complica el crecimiento de figuras políticas emergentes fuera de los bloques tradicionales.
Reformas, expectativas y riesgos para el oficialismo
El Gobierno enfrenta el dilema de impulsar reformas percibidas como insuficientes por la sociedad. “Uno de los grandes desafíos es no caer en reformas que no transforman. Una reforma que no implica un cambio concreto puede significar un problema político aún mayor que no reformar nada,” advirtió Germano.
Las reformas propuestas por el oficialismo –laborales, electorales o de otra índole– deben traducirse en resultados tangibles. De lo contrario, existe el riesgo de que la ciudadanía perciba una falta de cumplimiento de las promesas realizadas en campaña. “Gobernar se trata de dar respuestas. La democracia exige resultados,” afirmó el analista.
El concepto de orden macroeconómico aparece como uno de los hitos que dejará el Gobierno, según Germano. “En algún momento, la oposición deberá conceder que hay un nuevo orden que no se va a tocar, aunque luego el Estado distribuya recursos de manera distinta”. Sin embargo, este consenso todavía no se manifiesta de manera clara en el discurso opositor, que enfrenta dificultades para disputar el sentido de “orden” que lograría imponer el oficialismo.
El futuro electoral y el efecto Adorni
Respecto a las perspectivas electorales del jefe de Gabinete, Germano sostuvo: “Le va a costar mucho electoralmente, y además, en términos de vocería, Adorni era visto como un buen portavoz”. La resolución del caso en la justicia será clave para su futuro. “Mientras permanezca en una situación de indefinición judicial, el costo político se mantendrá”, añadió Germano.
El consultor también analizó el peso de los liderazgos duros y la relevancia de la marca política sobre los nombres individuales. Señaló que en los últimos años candidatos poco conocidos lograron triunfos por su vinculación con la figura de Milei y la identificación partidaria. “En la actualidad, las estructuras partidarias tradicionales y los liderazgos masivos de más de 60 o 70 puntos de aprobación están prácticamente ausentes”, detalló.
Por su parte, la posibilidad de que surjan outsiders como alternativas a Milei depende, según Germano, del desempeño económico del Gobierno. “Si a Milei le va bien en términos económicos, lo más probable es que logre la reelección; si el escenario es regular o negativo, se abrirán posibilidades para figuras nuevas o para el peronismo”, explicó.
El caso Adorni permanece en el centro de la atención política y mediática. Las próximas definiciones judiciales condicionarán el posicionamiento del Gobierno, mientras la opinión pública observa con expectativa cómo la administración responde a las demandas de transparencia y las exigencias sociales en un escenario cada vez más polarizado.
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POLITICA
Los gobernadores de Provincias Unidas priorizan sus reelecciones, pero exploran nuevas alianzas para 2027

Con un Javier Milei dispuesto a profundizar la polarización con el kirchnerismo y la mira puesta en 2027, Provincias Unidas empieza a mostrar ciertos signos de dispersión y no logra posicionarse como una tercera vía. Tras un incómodo debut en las urnas en octubre del año pasado, sus gobernadores ponen el foco en apuntalar su gestión ante la posibilidad de reelegir mientras evalúan cómo plantarse para los próximos comicios nacionales.
“Es un momento de tránsito y en todo caso de conversaciones”, reconoció a un dirigente al tanto del armado federal que nació el año pasado a partir de un acuerdo entre Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). En el entorno de ambos aclaran que los gobernadores siguen igualmente comprometidos con el proyecto de centro que impulsaron, pese a que en las últimas semanas empezaron a abrirse nuevas alternativas.
El 19 de marzo, Mauricio Macri encabezó una reunión del Consejo Nacional de Pro para relanzar su partido y reconstruir su identidad alejado de La Libertad Avanza (LLA). Prevén tener un candidato propio en la carrera por la Casa Rosada el año que viene, aunque quieren esquivar una danza de nombres prematura. “Antes de hablar de piloto, estamos poniendo a punto la carrocería”, había resumido una histórica dirigente del partido amarillo a en la previa de la cumbre.
La iniciativa de la cúpula de Pro para desmarcarse del oficialismo nacional -que también incluye una gira del expresidente para apoyar a dirigentes provinciales y distritales de su espacio- abrió la posibilidad de ampliar la coalición de centro. Eso es, al menos, lo que sugirió esta última semana Pullaro.
El fundador de Provincias Unidas -que mantiene una difícil relación con la Casa Rosada- volvió a insistir con la necesidad de construir un “frente democrático, republicano y de centro”. En ese contexto, detalló: “Es con Provincias Unidas por supuesto, es con Macri si quisiera ingresar a un frente político, y es con muchos actores políticos y sociales que crean en esto”.
Lo cierto es que Pro ya cuenta con su propia terminal en el armado federal a través del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El mandatario tiene un alfil en la Cámara alta –Edith Terenzi– que, a fines de febrero, conformó el interbloque Impulso País con sus pares amarillos Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) y los senadores del bloque Provincias Unidas, Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes).
La posibilidad de recrear una alianza similar, pero fuera del ámbito parlamentario, está latente. “¿Vos nos ves muy alejados de Pro?», ironizó una fuente al tanto del armado de Provincias Unidas ante la consulta de este medio. En Pro, un dirigente que participó de la organización de la cumbre había deslizado a que el sello amarillo no descarta volver a aventurarse en un frente como lo fue Cambiemos en 2015, pero que la reconstrucción de su propio espacio es la prioridad en este momento.
Entre los gobernadores tampoco domina la urgencia. El foco está puesto en fortalecer la imagen de sus gestiones a nivel provincial, en especial ante la posibilidad de reelegir. En este contexto, por ejemplo, Pullaro anunció que firmaría un convenio con Nación y se haría cargo de la reparación de la ruta nacional A012. “Santa Fe es una garantía de gestión: cuando empezamos una obra, la terminamos, a pesar de haber recibido deudas y postergaciones”, dijo.
De los seis gobernadores que integran la coalición -a los ya mencionados se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)-, cinco se jugarán su continuidad al frente del Ejecutivo en las urnas en 2027.
Solo el correntino -que asumió en diciembre del año pasado- no enfrentará ese desafío, aunque plebiscitará su gestión en los comicios legislativos de medio término. De todos modos, en Provincias Unidas reconocen que, por fuera de la gestión, es su propio partido, antes que la sociedad con los demás gobernadores, el que concentra su atención. “Valdés no está peleado ni desencontrado, pero está más enfocado en el radicalismo”, indicaron.
En paralelo, algunos dirigentes del PJ trabajan por conformar un frente “anti-Milei” y apuestan a tentar a sectores hoy alineados con Provincias Unidas. En una entrevista con el canal de streaming Gelatina, la senadora nacional Juliana Di Tullio coqueteó con la idea de confluir con los radicales que rechazaron un acuerdo con LLA y aún apuestan a imponer sus diferencias con la Casa Rosada.
Miguel Ángel Pichetto, por su lado, visitó a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la Causa Vialidad. En ese contexto, el diputado -que encabeza la bancada Encuentro Federal, pero juega dentro del interbloque Provincias Unidas-, le planteó a la titular del PJ la necesidad de unir al peronismo y armar un espacio de “centro nacional” para disputarle la presidencia a Milei. Un sugestivo gesto con el que podría hacer que se amplíe en otra dirección la coalición de gobernadores con la que se mueve en el Congreso o terminar de romperla.
Pullaro parece ya haber descartado la alternativa que puso sobre la mesa Pichetto. “No queremos volver atrás, no queremos volver al kirchnerismo”, dijo esta semana. Es algo que solía repetir también en la campaña electoral del año pasado en la que se desmarcaba tanto de la falta de inversión pública de LLA como de los escándalos de corrupción y la escalada inflacionaria que sacudieron al kirchnerismo.
Resta saber cómo se posicionarán los demás dirigentes, en particular Llaryora, el mandatario peronista de mayor protagonismo dentro de Provincias Unidas. Aunque no abandonó formalmente la alianza, el santacruceño Vidal -de origen peronista y sindical- se mantiene en los márgenes del armado.
En Córdoba, distintos actores de LLA, el radicalismo y Pro pujan por desplazar al peronismo de la gobernación, pero en el Panal evitan hablar de 2027. “Nosotros estamos concentrados en la gestión en Córdoba. No estamos analizando lo nacional. Lo haremos a fin de año o a principios del que viene”, aseguraron en el entorno del gobernador cordobés a .
El 18 de marzo, Consolidación Argentina, el espacio que impulsa una candidatura presidencial del conferencista evangélico Dante Gebel, realizó un acto que reunió a personalidades del mundo del deporte y dirigentes de distinto color político. Además de figuras con pasado libertario como el legislador porteño Eugenio Casielles y sindicalistas peronistas como Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), asistió al evento un funcionario de Llaryora: el secretario de Culto de Córdoba, Mariano Almada.
Su presencia fue interpretada como un guiño del llaryorismo al proyecto político que espera que Gebel confirme su postulación. Sin embargo, en el entorno del gobernador, negaron que se tratara de un gesto de respaldo de la administración local y se desmarcaron de ese armado. “Almada es secretario de Culto de la provincia, pero tiene independencia política y asistió por convicción personal”, explicaron.
Así, mientras los gobernadores concentran sus esfuerzos en construir el camino a la relección en sus provincias, crece la incertidumbre sobre el futuro del armado federal. “Primero la casa antes que las sociedades”, subrayó un armador del espacio. Con más de una alternativa a Milei en formación, Provincias Unidas podría terminar de ampliarse -como pretendían en la gesta sus fundadores- o dispersarse por completo.
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