POLITICA
En la provincia hay más de 100 obras pendientes para evitar inundaciones

La caída en la cantidad de obras públicas que generó la gestión de Javier Milei y los planes inconclusos de la provincia de Buenos Aires suman, al menos, 100 proyectos de infraestructura pendientes que, entre otras funciones, mitigarían inundaciones.
Tan solo un ejemplo de ello es la obra que se proyectó en 2022 en el barrio Villa Nueva, de Zárate, uno de los municipios más afectados en las últimas horas. Se trata de un desagüe pluvial de “defensa hídrica”, con un costo estimado hace tres años que alcanzaba los $526 millones. consultó a las autoridades que estaban entonces a cargo del Ministerio de Obras Públicas, cuando lo encabezaba Gabriel Katopodis, pero no hubo respuesta sobre el inicio de los trabajos. ¿Se puso en marcha o fue solo un anuncio?
Katopodis es el actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Su cartera actualizó el plan de “Obras para prevenir las inundaciones y los efectos del cambio climático en la Provincia” en marzo, mismo mes que ocurrió la tragedia de Bahía Blanca.
Dicho plan, cuya confección es anterior a la inundación en Bahía Blanca, contempla 130 obras, de las cuales 14 finalizaron.
Las 116 que siguen pendientes se concentran en La Plata, Luján, La Matanza, Quilmes, Merlo, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Pilar, entre otros municipios. Ninguna de ellas se ubica en Zárate o Arrecifes, distritos actualmente golpeados por el avance del agua.
Esa cifra se suma a las 19 que relevó luego del desastre en Bahía Blanca, y que todavía orbitan bajo la responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas, tal como refiere el Mapa de Inversiones del Gobierno. La última actualización de sus datos indica que dichos proyectos precisan al menos $95.521 millones para completarse.
Por su parte, las 116 obras pendientes incluidas en el plan de la administración Kicillof suman un total de $1,4 billones, que rondan los US$1200 millones.
“Las obras provinciales continúan ejecutándose a buen ritmo”, indicaron fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense. El mensaje de la provincia busca marcar un contraste con el gobierno nacional.
Según el documento del plan bonaerense, de las 116 obras pendientes, 49 están en ejecución, 46 en etapa de proyecto, 10 a licitar, dos en proceso de reactivación y nueve neutralizadas. De estas últimas, tres ya retomaron trabajos, tal como informaron fuentes oficiales. Pese a eso, no lograron precisar desde cuándo existe este plan ni qué fecha de finalización tienen los trabajos ya iniciados.
Dentro de las obras en ejecución sobresalen cinco distribuidas en La Matanza, San Antonio de Areco, Luján y La Plata, por sus montos más elevados. El ministerio a cargo de Katopodis estima que terminarán en 2025 o en 2026.
La segunda etapa de “Desagües Pluviales en La Cuenca del Arroyo Duppy” contempla un financiamiento de $40.072 millones. Se ubica en La Matanza y es la obra en ejecución más costosa.
“Permitirá prevenir las inundaciones que históricamente afectaron a las localidades de Rafael Castillo y Gregorio de Laferrere”, describe el documento oficial.
La segunda obra en ejecución con la inversión más alta es la del ensanchamiento del cauce del río Areco, que incluye a los municipios de San Antonio de Areco y San Andrés de Giles. Su cifra asciende a $32.204 millones.
Los trabajos de “Mejoramiento del tramo medio del Río Luján” precisan una inversión total de $26.671 millones y completan el podio de las más costosas en ejecución.
La decena de obras “a licitar” prevén proyectos cuya inversión oscila entre los $5000 y $10.000 millones, pero hay una que supera ese monto. Se trata de la tercera etapa de los desagües pluviales en La Matanza, un proyecto cuyo financiamiento demandará $59.998 millones, según datos oficiales.
Las dos obras que están en “proceso de reactivación” se encuentran en Quilmes. La suma de ambos proyectos supera los $16.000 millones. Se trata del entubamiento del Canal Cordero y de los desagües pluviales de la Cuenca San Francisco.
A su vez, la carpeta de proyectos incluye obras que también parecen ambiciosas. Una de ellas es el aliviador de la Cuenca San Francisco y el arroyo Las Piedras. Ostenta un costo estimado de $305.279 millones y atraviesa a los municipios de Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda y Almirante Brown.
El segundo proyecto más grande también se ubica en el área metropolitana de Buenos Aires, ya que implicaría trabajos en Florencio Varela y Berazategui. El entubamiento del canal San Juan implicaría un gasto de $43.919 millones e impactaría en la vida de 125.000 personas, de acuerdo con los planes oficiales.
Y la tercera inversión más alta en la carpeta de proyectos lleva directo a una de las ciudades que ha sufrido el golpe de las inundaciones: La Plata. En este caso, la administración Kicillof incluyó en su plan de obras al derivador de la Avenida 32 de la capital bonaerense.
Al momento de publicación de este artículo, ningún funcionario detalló fechas de inicio o finalización de estas obras proyectadas. Sin embargo, apuntaron la mirada al Fondo Hídrico de Infraestructura, a propósito de la búsqueda de financiamiento. Dicha partida depende de la administración nacional.
“Este fondo recibe recursos a través de una alícuota del 5% sobre la transferencia o importación de naftas y del 9% cuando se trate de gas destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores, con afectación específica al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica”, explica un documento del Ministerio de Economía nacional. Esto significa que se nutre del pago de los impuestos referidos.
En 2024, los ingresos corrientes del Fondo de Infraestructura Hídrica alcanzaron $98.538,5 millones y tuvo gastos de capital por $12.709 millones.
POLITICA
Reforma laboral: cuánto cobrará un trabajador en caso de enfermedad o accidente

Tras la media sanción de la reforma laboral este miércoles en el Senado, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
El texto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años”, remarca el artículo 208 del proyecto.
“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, indica.
Y continúa: “La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
Ahora bien, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene cargas de familia, la licencia por enfermedad o accidente paga es de 6 meses; y si además tiene cargas de familia, la licencia paga se extiende a 12 meses.
A su vez, se modifica el porcentaje de remuneración: en el esquema actual se cobra el 100%, mientras que la reforma propone que, si el accidente o enfermedad tiene origen en una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implica un riesgo conocido, perciba el 50% de la remuneración; en cambio, si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, se percibe el 75% durante el período de licencia, ya sea de tres o seis meses.
Asimismo, el proyecto oficial especifica que el trabajador que no pueda asistir a su primer día de trabajo por enfermedad o accidente deberá informar inmediatamente la situación y el lugar donde se encuentra, salvo que se trate de un caso de fuerza mayor.
Por último, el texto establece que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser brindados por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas.
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POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.

Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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Cruce picante: qué se dijeron Adorni y Zaracho

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada Natalia Zaracho protagonizaron un intercambio de declaraciones en la red social X. El debate ocurrió tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación. Los funcionarios discutieron sobre la negociación con los gobernadores y la ejecución de obras públicas en las provincias.
Natalia Zaracho cuestionó la votación en la Cámara alta con duros términos contra el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales. La legisladora sugirió que se otorgaron beneficios a las provincias a cambio de votos positivos para la ley.
Zaracho escribió: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este Gobierno de hijos de p*ta, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.
Manuel Adorni respondió el mensaje con un comentario técnico sobre las competencias del Estado nacional. El ministro coordinador buscó desacreditar la acusación de la diputada mediante la ironía. Adorni publicó: “Estimada Natalia, los ‘cordones cuneta’ son responsabilidad de los gobiernos locales, jamás podríamos haber otorgado dos de ellos tal como usted sugiere. Saludos”.
La iniciativa legislativa propone una modificación profunda en la Ley de Contrato de Trabajo. El texto otorga mayor flexibilidad en las condiciones de contratación y en el régimen de despidos. El oficialismo obtuvo el respaldo de los bloques de “opositores dialoguistas” para avanzar con estas medidas.
El plan estipula un recorte en los elementos que integran el cómputo para los pagos por desvinculación forzosa. Los empleadores excluyen el aguinaldo, las vacaciones y los premios de la cifra final. Tampoco ingresan las propinas en este cálculo. La ley crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) como herramienta principal de financiamiento. Estas cuentas poseen carácter inembargable y reciben aportes mensuales de las patronales.
Las grandes empresas destinan el 1% de sus contribuciones para conformar este fondo. Las pymes realizan un aporte mayor, que llega al 2,5%. La reforma también altera el régimen de enfermedades y accidentes fuera del ámbito laboral. El empleado percibe el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene cargas de familia. El plazo se extiende a seis meses para los trabajadores con familiares a cargo.

La reforma laboral establece restricciones severas para las medidas de fuerza sindicales. El Gobierno divide las actividades en dos categorías principales según su importancia social. Los servicios esenciales deben garantizar una prestación mínima del 75% de su capacidad habitual. Los servicios considerados trascendentales operan con al menos el 50% de cobertura durante los paros.
El dictamen deroga cinco estatutos profesionales con vigencia histórica. Los periodistas, los viajantes de comercio y los peluqueros pierden sus marcos normativos específicos. La medida alcanza también a los choferes particulares y a los operadores de radio. La cuota sindical obligatoria permanece vigente para todos los trabajadores. Los empleados pagan este aporte a los gremios sin importar su condición de afiliados.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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