POLITICA
La baja en la natalidad conspira contra la sustentabilidad del sistema previsional en Argentina
El Gobierno espera aprobar en las sesiones extraordinarias la modernización laboral con el objetivo de aumentar el empleo formal y, así, incrementar la masa de trabajadores que aporta al sistema previsional. La masa de recursos destinada al pago de jubilaciones y pensiones está estimada en el 46% del gasto primario total en el Presupuesto previsto para 2026, según el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso.
Hoy hay solo 12.845.000 trabajadores activos que aportan al sistema, mientras que la informalidad laboral en el segundo trimestre de 2025 se ubicó en el 43,2%, según datos del INDEC. En simultáneo, se viene dando el fenómeno de una persistente baja de la natalidad y un aumento del envejecimiento poblacional.
Con menos ingresantes al sistema y una mayor cantidad de población adulta ya jubilada, la sustentabilidad del sistema jubilatorio está en crisis.
En nuestro país, la tasa de natalidad tocó su piso histórico en los últimos cuatro años: apenas un valor medio de 11 nacimientos cada 1.000 habitantes, según los datos de Naciones Unidas publicados en su portal estadístico, con proyecciones para 2024 y 2025. Es la cifra más baja en los últimos 15 años. En 2010, la tasa era de 18 nacimientos sobre esa misma base poblacional.
Los datos más actuales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación llegan hasta 2023. Ese año, el número de nacidos vivos registrados en el país fue de 460.902, un 48% menos en relación al año 2000. Esto muestra, en la misma sintonía que las estadísticas internacionales, que el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes en Argentina viene descendiendo en el país desde 2014.
“Hoy tenemos una clara baja de la natalidad y un aumento de la expectativa de vida. En realidad, no de la expectativa como calidad de vida, sino como una posibilidad de vivir más años. Y esto llegó para quedarse”, sostiene el abogado previsional Cristian D’Alessandro, en diálogo con Infobae.
Advierte que “no se está pensando en lo que va a venir para las futuras generaciones. Cuando hablamos de previsión social, justamente es prever para el futuro. Y hoy no se prevé qué pasará con las jubilaciones. Hoy el sistema se sostiene por 1.3 trabajadores activos por un pasivo. Si hay menos recambio generacional en el mercado de trabajo, eso va a provocar que va a haber muchas más personas mayores de 60 años para ser asistidas que los actuales y futuros aportantes al sistema”.
Manuel Mera, director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), advirtió que, además del factor económico, la reducción en la cantidad de hijos responde a un cambio cultural en la asignación de recursos. “Criar hijos no solo es caro en términos monetarios, sino también en términos de tiempo. Cada vez más personas prefieren tener menos hijos para poder dedicarles más recursos y tiempo de calidad”.
En ese sentido, este abogado alertó sobre el proyecto de reforma laboral que envió el Ejecutivo al Congreso que incluye la reducción de las contribuciones patronales. En su opinión, “eso va a repercutir enormemente en el sistema previsional, porque va a haber menos recaudación”.
Mera también vincula este fenómeno con el envejecimiento poblacional. “En los años 90, la esperanza de vida en Argentina era de 72 años; hoy es de 77, y para fines del siglo se espera que supere los 80. Esto genera sociedades mucho más envejecidas y trastoca muchos aspectos, desde la educación hasta el sistema previsional”.
En este sentido, destaca la necesidad de reformar el sistema previsional argentino, que actualmente exige 30 años de aportes para acceder a la jubilación, ya que el 80% de las personas no alcanza esos 30 años debido a la alta informalidad laboral. Desde CIPPEC proponen garantizar un mínimo de cobertura, complementado con un esquema proporcional que premie los años efectivamente aportados.
Mera subraya la importancia de implementar políticas que faciliten la decisión de tener hijos, con énfasis en el acceso al cuidado infantil y la equidad en la distribución de responsabilidades dentro del hogar. “Es clave fortalecer las licencias de paternidad, que hoy en Argentina son de apenas dos días por ley. Balancear los cuidados entre hombres y mujeres permitiría mejorar la compatibilidad entre la vida laboral y familiar”.
Un fenómeno global
Las cifras revelan que la caída en los nacimientos no es un hecho puramente local. La natalidad disminuyó en la mayoría de los países en las últimas décadas, lo que pone en riesgo el equilibrio demográfico y el sostenimiento de los sistemas de seguridad social.
En América Latina, Asia y algunas regiones de África, también se observa una reducción de la natalidad, aunque en menor medida respecto a Europa o Japón, donde el envejecimiento de la población ya genera desafíos económicos y sociales. Países como Corea del Sur, España e Italia muestran algunas de las tasas más bajas del mundo.
Es por eso que los gobiernos han empezado a implementar políticas para fomentar la natalidad, como ayudas económicas, incentivos fiscales y mejoras en los sistemas de cuidado infantil, pero los resultados han sido hasta ahora limitados.
El descenso de la natalidad tiene implicaciones a largo plazo en el crecimiento económico, la composición de la fuerza laboral y la provisión de servicios públicos.
Tasa de fecundidad
La baja de nuevos nacimientos está vinculada a la caída en la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos por cada mujer. En nuestro país, según los últimos datos disponibles a 2023 del Ministerio de Salud de la Nación, se ubicó en 1,36 hijos por mujer. Esta cifra marca una fuerte caída respecto a la década anterior y coloca al país por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1 hijos por mujer.
“En Argentina, la tasa de fecundidad cayó un 43% desde 2014. En 2023, alcanzamos la cifra históricamente más baja para el país. Simultáneamente, la edad de la paternidad y maternidad se posterga y la composición de las familias cambia. En los últimos 40 años, los hogares unipersonales se duplicaron y hoy representan el 25%”, advierte Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC, en el artículo “Argentina y el espejo democrático” publicado en julio pasado.
“Pero esto no se da igual en todas las clases sociales. Los hogares más pobres siguen siendo más extensos y con más niños, generalmente con mujeres a la cabeza y a cargo de las tareas domésticas y de cuidado”, señala la directiva de CIPPEC.
En cuanto a la tasa de fecundidad adolescente, en 2023 fue de 11,5%, un 64% menor en relación con el año 2005 y se redujo más que la fecundidad general desde ese año (46,1%). Esta caída, según especialistas, implica mayores oportunidades para que las adolescentes completen estudios y mejoren su inserción laboral.
Para Díaz Langou, estos cambios en el número de nacimientos “se inscriben en un proceso de transformación más grande: la desafiliación social”.
Y así lo explica: “El vínculo de las personas con las organizaciones está en crisis: baja la participación sindical, la asistencia escolar, la pertenencia religiosa, la interacción en espacios públicos y crecen los barrios privados. También decae la confianza en los gobiernos, que es del 50 % en la población mundial, del 28% en América Latina y apenas llega al 17% en nuestro país. Así, formar una familia se vuelve incierto: cuando las instituciones no cuidan, y el vínculo con lo público y comunitario falla, la maternidad y la paternidad dejan de ser un proyecto deseable y se viven como un riesgo”.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y Chequeo: Desiré Santander
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POLITICA
El Gobierno prepara la denuncia contra los detenidos por la violencia afuera del Congreso y no descarta la figura de terrorismo
El Gobierno prepara denuncias contra los manifestantes involucrados en los incidentes ocurridos este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso, durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral, mientras se desarrollaba el debate en el Senado.
Fuentes de Casa Rosada indicaron que las denuncias “se están terminando de formular”, mientras que desde el Ministerio de Seguridad Nacional marcaron las figuras que se iban a utilizar eran las de “atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló esta mañana a A24 que “en todo el operativo se detuvieron a 71 personas”. Estos se distribuyeron de la siguiente manera: 27 fueron detenidos en operativos realizados por Nación en las estaciones terminales, 20 fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad en la misma zona de la movilización y 24 fueron detenidos por las distintas fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso.
Los funcionarios nacionales indicaron que todavía no está determinado si se inicará algún tipo de denuncia o acusación por terrorismo. Y es que uno de los puntos de mayor tensión durante la movilización de ayer fue la imagen de un grupo de personas preparando y arrojando bombas molotov a los efectivos policiales.
“Quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas”, había tuiteado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ayer durante el desarrollo de los incidentes. En Seguridad Nacional marcan que todavía no se identificó a ninguna de las personas que participaron de estos hechos ni una confirmación exacta de a qué organizaciones responden.
“Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, marcó la ministra esta mañana en una entrevista televisiva. Al ser consultada, Monteoliva marcó que se podría tratar de “una ala de la izquierda combativa, los que se autodenominan antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que podían tener las bombas molotov”. “Había un grupo de socialistas beligerantes. Los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas”, agregó.
En el Gobierno confirman que no habrá denuncias particulares contra integrantes de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). “Se corrieron, estaban negociando mientras los demás tiraban bombas molotov. Entendieron que no había que escalar el nivel de violencia”, afirmó un funcionario nacional a Infobae.
Monteoliva informó que se están resguardando todas las imágenes y que ya se solicitaron a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las identificaciones. La ministra atribuyó los hechos a “decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir al personal y generar caos”, aunque no se presentaron pruebas ni se precisó la vinculación partidaria. “Las van a pagar”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.
En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad consignan que hubo 20 detenciones durante el operativo de ayer que quedaron a disposición de la Unidad Flagrancia Este. De este grupo de personas, ayer a las 23 horas se liberaron a cinco personas, que quedaron a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas la enorme mayoría sea puesta en libertad.
Como otro de los saldos, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con perdido de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano. Los otros dos fueron traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.
El Gobierno consignó que se produjeron roturas de baldosas en la Plaza del Congreso, incendios de contenedores y lanzamiento de objetos contra el vallado policial. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires estimaron en $270 millones el costo de la reparación del espacio público dañado durante la protesta. En total, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza. También hubo roturas y vandalismo tanto en calles como en veredas de la zona.
Finalizada la movilización, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana puso en marcha un operativo de limpieza que contó con la participación de 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.
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POLITICA
Tras la media sanción de la reforma laboral, la CGT se reúne hoy para definir si convoca a un paro general
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) definirá este lunes si convoca a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado y que comenzará a tratarse esta semana en la Cámara de Diputados. La reunión del Consejo Directivo fue adelantada en medio del malestar sindical por el avance del oficialismo.
Uno de los cotitulares de la central, Cristian Jerónimo, aseguró que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La definición formal quedará en manos de la conducción, que se reunirá de manera virtual, a las 11.
Leé también: Licencias por enfermedad y billeteras virtuales: los puntos más conflictivos de la reforma laboral que complican la negociación del Gobierno
La central obrera endureció su postura en las últimas horas, luego de que distintos gremios reclamaran una reacción frente al tratamiento legislativo del proyecto. El Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA— ya anunció un paro con movilización al Congreso para el día del debate en Diputados.
El anuncio se produce en un contexto de tensión interna entre los sectores más dialoguistas y aquellos que reclaman una medida inmediata. La discusión se aceleró ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.
Presión sindical y mensaje a Diputados
Jerónimo envió un mensaje directo a los legisladores nacionales. “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”, dijo.
En la previa de la reunión, el dirigente insistió en que la central obrera usó todas las herramientas disponibles para intentar acordar. “Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, sostuvo en Radio Con Vos.
También cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa. “Es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores. Tiene una redacción maliciosa, carga ideológica, va en contra de los derechos laborales. Se hizo para tapar el fracaso del plan económico del Gobierno”, afirmó.
Los puntos en conflicto de la reforma
El rechazo sindical se concentra en las modificaciones sobre indemnizaciones, jornada laboral, derecho de huelga y funcionamiento de las asambleas sindicales. También generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que contempla una reducción de hasta el 50% del salario en determinados casos.
Desde el Gobierno defendieron esos cambios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”. Además, sostuvo que la medida busca limitar licencias prolongadas que generaron “costos ocultos” para las empresas.
Para Jerónimo, el ministro “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores”.
Qué puede pasar en el Congreso
La reforma laboral comenzará su debate en comisiones de Diputados esta semana, aunque la fecha de sesión aún no fue confirmada. El oficialismo busca acelerar el tratamiento, mientras que en la oposición dialoguista persisten dudas sobre algunos artículos.
Leé también: En la previa a la cumbre, la CGT advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general contra la reforma laboral
En ese escenario, la CGT evaluará si formaliza un paro nacional de 24 horas como herramienta de presión política y legislativa. La decisión quedará definida tras la reunión de este lunes.
“Vamos a exigirle a la CGT un paro con movilización”, adelantó Abel Furlán, secretario de la UOM, en declaraciones a Futurock, y alertó que “la gente se empezó a dar cuenta de que esto es pérdida de derechos”
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Victoria Villarruel se reunió con un gobernador opositor y escala su interna con el Gobierno
La vicepresidenta Victoria Vilarruel, sigue enfocada en ampliar sus márgenes de autonomía en medio del largo conflicto larvado que mantiene con el presidente Javier Milei y su entorno.
Este sábado, como parte de esa agenda, mantuvo un encuentro con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el marco de un festival provincial.
Quintela es uno de los gobernadores peronistas que no mostraron cercanía al Gobierno desde que este asumió en diciembre de 2023. Se lo vincula al sector de la oposición dura.
Victoria Villarruel se diferenció de Javier Milei y pidió agravar penas por los incendios en la Patagonia
La acción de Villarruel se da un contexto de aislamiento de la vicepresidenta por parte del Ejecutivo Nacional y sus legisladores libertarios en el Senado.
A su vez, el gobernador de La Rioja también se encuentra en una situación de aislamiento, al igual que otros gobernadores como los de Tierra del Fuego, Formosa y Buenos Aires.
Victoria Villarruel declaró ante la prensa provincial que “el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que sepan que en Buenos Aires los tenemos presentes”.
De esta manera, la vicepresidenta y presidenta del Senado confronta con la agenda de Javier Milei, estructurada alrededor del antagonismo político con los gobernadores y dirigentes que no compartan sus ideas, y lo hace haciendo de ambulancia para algunos de estos políticos, muchos de ellos peronistas y en crisis de liderazgo en su espacio político.
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