POLITICA
Otro pedido de auxilio al FMI, entre la recesión y la amenaza de los gobernadores
Unas semanas antes de las elecciones bonaerenses en un despacho del Fondo Monetario Internacional (FMI) se generó una suerte de debate sobre el posible impacto de una derrota de Javier Milei en las urnas. Un dirigente argentino de trato frecuente con el organismo aportó un puñado de cifras alarmantes en lo relativo a la economía doméstica. Entre los datos compartidos con Washington, estaba un informe reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA) que advertía sobre un derrumbe en julio en los siguientes rubros: producción (-36,3%), ventas internas (-43,5%), exportaciones (-30,5%) y empleo (-24,4%). Una postal oscura de la recesión.
Después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires llegó un lunes negro. Subieron el dólar y el riesgo país, y cayeron bonos y acciones argentinas. Al día siguiente, el FMI apuró un comunicado de respaldo al modelo económico de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, intervino para que la directora Kristalina Georgieva hiciera público su apoyo. Un interlocutor argentino del Fondo que habló con comparó esa reacción a la que tuvo Donald Trump cuando la justicia brasileña avanzó por primera vez contra Jair Bolsonaro. A los cuatro días de confirmarse la prisión domiciliaria de su aliado brasileño, el presidente de Estados Unidos anunció la suba de aranceles a 50% de los productos de ese país para condicionar a la gestión de Lula da Silva. “Está claro que hay una decisión de Estados Unidos de ayudar a la Argentina. Por eso el respaldo inmediato del FMI tras perder la elección. Habrá también apoyo económico, a través del BID y el Banco Mundial, aunque hay preocupación por la torpeza y virulencia del Presidente”, dice este argentino de trato frecuente con el staff, y que además conserva afinada llegada al gabinete de Milei, empresarios, economistas y sindicalistas.
Las corporaciones empresarias y sindicales, sin embargo, observan con desconfianza la fuerte intromisión del FMI si es que no deriva en una reacción del Gobierno frente al desplome de las estadísticas laborales y productivas. Empresarios y trabajadores temen una profundización de esa caída. Para los sindicatos, el Fondo remite a las peores pesadillas y es casi una mala palabra. Es un estigma, más allá de que la CGT abrió un diálogo frecuente e institucional a partir de la pandemia. Para los empresarios es diferente, aunque algunas entidades, como por ejemplo la UIA, ya objetaron el respaldo tajante del organismo a la política cambiaria, tal vez en un intento de presionar para que haya una devaluación del peso.
El apoyo del FMI, detrás del cual estuvo la mano de Trump, según dos fuentes confiables, no logró disipar por ahora la incertidumbre. Sobre todo, en el frente político. Gobernadores en pie de guerra para reclamar fondos que consideran propios. La oposición articulada en el Congreso para definir una estrategia común para insistir con las iniciativas que desafían al Presidente y su meta del déficit cero. Avances en la Justicia, aunque en dosis homeopáticas, de las causas que investigan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la que busca determinar si el Presidente fue parte de una estafa al promocionar la criptomoneda $LIBRA, y dirigentes piqueteros y sindicales que advierten que hay olor a cala. Estos coletazos multisectoriales sirven de epítome para calibrar la herida que abrió en el Gobierno el dramático traspié electoral en la provincia más poblada del país.
La reacción de Milei hasta ahora fue elevar el rango a Ministerio del Interior de la secretaría que maneja Lisandro Catalán, cuya trayectoria política comenzó de la mano de Rafael Bielsa, con pasos por las gestiones sciolistas, kirchneristas y macristas. Un libertario surgido “de la casta”. Uno de los gobernadores que integra el frente Provincias Unidas desconfía de lo que pueda realmente hacer Catalán. “Ni él ni [Guillermo] Francos nos supieron dar respuestas a nuestros reclamos”, dijo el mandatario provincial.
Hay un antecedente reciente que no es demasiado alentador sobre la difícil tarea que tendrá el flamante ministro para construir consensos con los gobernadores. Por indicación de Karina Milei y el clan Menem, estuvo a cargo del armado electoral de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, su tierra natal. Lejos de anudar acuerdos con sus aliados, los dinamitó. Cortó el diálogo y dejó afuera de una alianza a dos de los diputados nacionales que conformaron los “87 héroes” que auxiliaron el año pasado a Milei para blindar el veto a la reforma jubilatoria. Se trata de Mariano Campero, uno de los impulsores de “los radicales con peluca”, y de Paula Omodeo, que se sumó al interbloque oficialista con la intención de ser elegida por los libertarios para renovar su banca en octubre. Antes de esto, Catalán ya había avanzado sobre la precaria estructura del Pro tucumano y había roto el vínculo con Ricardo Bussi, cuyo partido, Fuerza Republicana, había servido de trampolín de LLA cuando Milei desembarcó por primera vez en la provincia norteña.
“Los 87 héroes no existen más”
La “traición” a la que hizo referencia esta semana el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también es aplicable en este caso. “Los 87 héroes para sostener los vetos no existen más por este tipo de casos”, dijo ayer en radio Zónica el diputado nacional Carlos D´Alessandro, uno de los cuatro que abandonó el bloque libertario cuando estalló el escándalo por una presunta red de corrupción en la Agencia de Discapacidad.
Juan José Catalán, padre del ministro del Interior, fue el que presentó a su hijo a Guillermo Francos. Catalán padre también ocupó cargos en el Estado: fue ministro de Cultura y Educación durante la dictadura de Jorge Rafael Videla y fue titular de la cartera de Economía de Tucumán entre 1967 y 1968, según escribió el periodista tucumano Fernando Stanich en el sitio Letra P. En la misma publicación, se reveló que Catalán ubicó a familiares en la conducción partidaria de LLA y en el PAMI. Un modus operandi calcado al que aplicaron los Menem para colonizar con tropa propia estructuras del PAMI y la Anses en el interior del país.
Un funcionario libertario que miró desde afuera los intentos de Milei para recuperar la iniciativa explicó las razones por las que el Presidente no hizo cambios más profundos. “Si echa a Pareja y a los Menem se les cae la mitad de los candidatos de las listas de octubre en las provincias y todo puede ser mucho peor”, opinó. Evitó los nombres propios.
A Pareja y a “Lule” Menem les picaron el boleto los tuiteros que responden a Santiago Caputo, pero también algunos dirigentes bonaerenses que se pusieron la campaña al hombro y circularon por el territorio. Hubo pases de facturas por la fiscalización, pero también por el financiamiento de la campaña. Hubo algún reproche a Fabricio Martínez, exjefe de la barra brava de Deportivo Laferrere devenido ahora en el articulador libertario en el conurbano. Le cuestionaron haber acordado con unos 25 barrabravas de River para custodiar el último acto de Milei en Moreno.
Según pudo saber , el apretón de manos se había cerrado por $100.000 por cabeza, pero se les abonó $90.000. El 10% que quedó en el aire no se sabe si se lo quedaron los punteros de Pareja o Ariel “Pato” Calvici, el jefe de la hinchada riverplatense que hasta hace poco trabajó para el sindicalista Ángel García, un histórico del gremio de seguridad privada. El interrogante sobre el faltante del dinero le generó algún dolor de cabeza a Ramón “Nene” Vera, el puntero peronista que organizó el acto en Villa Ángela en un descampado que estuvo lejos de poblarse a pesar de que hubo un despliegue clientelar para que eso no ocurra.
En el Gobierno hubo una ligera autocrítica por haber recurrido a punteros y barras, una práctica a la que el Presidente y sus ministros se la suelen atribuir al peronismo. Sin embargo, el vínculo no se cortará rumbo a octubre. La ratificación de Pareja al frente de la campaña bonaerense fue un alivio para Fabricio Martínez y su tropa, entre los que hay primeras y segundas líneas del PAMI y la Anses. Para las próximas elecciones, la militancia libertaria contará con refuerzos en zonas calientes: los aliados Diego Santilli y Cristian Ritondo, conocedores de este tipo de relaciones, ya garantizaron su apoyo en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer y segundo cordón del conurbano. El primero supo recurrir para otras campañas a barras de River conchabados en el Sindicato de Comercio. Mientras que Ritondo conserva a través de un abogado penalista de confianza sus puentes con barras de Boca y Nueva Chicago.
En esta semana intensa y agitada, hay quienes aconsejaron en la mesa chica presidencial dar una señal de empatía con los sectores más castigados por el ajuste. Por eso Maximiliano Bondarenko blanqueó en una entrevista radial que su madre, que es jubilada, no llega a fin de mes. Pero Milei redobló la apuesta y vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, como así también la que preveía un reparto automático a las provincias del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La oposición buscará insistir en el Congreso con las tres iniciativas. La moneda está en el aire.
“La mecha está corta”
“En el conurbano bonaerense la mecha está corta”, reconoció esta semana un funcionario de segunda línea. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó esta semana a la Secretaría de Trabajo agilizar la homologación de los aumentos de las paritarias. ¿Una emancipación de la ministra del control riguroso que hace “Toto” Caputo de los salarios? Julio Cordero, a cargo de la cartera laboral hace equilibrio ante las presiones de Economía y los pedidos de su jefa. El secretario de Trabajo está atribulado el avance de una causa judicial en la que está acusado de orquestar “un plan criminal” para intervenir el gremio de los trabajadores rurales. El problema de fondo de ese expediente es que los protagonistas principales de la trama son repetidos: los Menem, Lule y Martín. Negocios, política y también justicia, a partir de los cruces epistolares del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Federico Villena.
“Nosotros tenemos que cuidad que el país no se vaya a la mierda”, dijo un experimentado sindicalista, en un intento de despegar al sindicalismo peronista de su pasado antropófago. Como correlato de esta frase puede interpretarse el cálido encuentro del jueves entre Pettovello y el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez. O, también, el aval del líder camionero Hugo Moyano para firmar por tercera vez consecutiva una paritaria por debajo de la inflación.
Diferente fue el clima que se percibió el jueves al mediodía en un encuentro de los grupos sindicales más combativos: se acordó reforzar las protestas callejeras en el Congreso, reactivar conflictos sectoriales y presionar a la CGT para ir hacia una huelga general después de las elecciones del 26 de octubre. El veredicto de las urnas será determinante para la segunda mitad de la gestión libertaria.
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POLITICA
La Libertad Avanza apura la conformación de comisiones para recibir las reformas que Milei envíe al Congreso
El Congreso inició el año parlamentario 2026. Las sesiones ordinarias se extenderán hasta el 30 de noviembre y ya hay movimiento en ambas cámaras.
En la Cámara de Diputados está programada la primera reunión de comisión. Será este martes a las 14 en Recursos Naturales, presidida por el libertario José Peluc. Allí abordarán la problemática de los incendios que afectan a distintas zonas de la Patagonia.
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Pero la actividad no se detiene ahí. El miércoles fue convocado un plenario de Recursos Naturales junto a Asuntos Constitucionales, comisión que lidera Nicolás Mayoraz. El objetivo es debatir el proyecto que llegó en revisión del Senado con modificaciones a la Ley de Glaciares. Si logran dictamen, podrían llevarlo al recinto la próxima semana.
En paralelo, Diputados espera definir la integración total de las comisiones, tanto las unicamerales como las bicamerales que también incluyen senadores. Habrá reuniones de bloques en los próximos días. En el Senado, además, los legisladores libertarios tendrán un encuentro por Zoom encabezado por Patricia Bullrich para proyectar parte de la agenda parlamentaria.
“Nueve meses ininterrumpidos de reformas”, dijo el presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa del domingo por la noche. Allí enumeró una serie de iniciativas: cambios a la Ley Electoral —con la eliminación de las PASO y modificaciones en el financiamiento de los partidos—, Juicio por Jurados, la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial, además de las reformas Tributaria y Educativa.
También hizo hincapié en la seguridad. Planteó la necesidad de “fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia” y sostuvo que eso requiere “una alianza estratégica duradera”. En ese marco, destacó el vínculo con Estados Unidos. “Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei”, afirmó.
El mandatario respondió a las críticas por la cantidad de proyectos impulsados. “Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial o lo que fuere. Frente a esto, yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder. No es, ni nunca será, un ‘vamos por todo’”, expresó.
La Asamblea tuvo un tono confrontativo con el kirchnerismo. Tras el acto, ya en la Quinta de Olivos, Milei compartió un momento distendido con diputados y senadores oficialistas. También participaron algunos legisladores del Pro, como Cristian Ritondo.
Visita a Olivos
La Casa Rosada organizó un encuentro para agasajar a los legisladores libertarios por el desempeño durante las sesiones extraordinarias, en las que se aprobaron las primeras reformas enviadas por el Ejecutivo.
“El Presidente Milei estuvo de muy buen humor, charlando con todos los legisladores”, contó una diputada que asumió en diciembre. “No hubo discursos, fueron charlas entre distintos legisladores con el Presidente o con algunos ministros del gabinete”, señaló un senador nacional. “No tuvimos filtros para hablar con el Presidente”, agregó otro integrante de la Cámara alta.
El ambiente fue distendido. No hubo mesa principal, sino un amplio living donde los mozos circulaban con bandejas. Primero sirvieron canapés y bocaditos. Luego, cazuela de carne con papas. El postre ofrecía dos opciones: marquise de chocolate o flan con crema y dulce de leche.
Un dato que llamó la atención fue el operativo de seguridad para ingresar a Olivos. Los autos fueron revisados de manera exhaustiva. Además, se prohibió el ingreso de teléfonos al salón, lo que impidió tomar fotos del encuentro.
Respaldo de la UCR
La bancada que conduce Pamela Verasay en Diputados expresó este lunes su respaldo a la intención del Presidente de ubicar al Parlamento “en el centro de las transformaciones institucionales y económicas que se deben producir en el corto y mediano plazo en nuestro país”.
En un comunicado señalaron que “un futuro desafiante e incierto hace que las naciones deban modernizarse para encarar los cambios que se producen en todo el mundo, y es muy importante que lo hagan con el respaldo institucional que significa la fuerza parlamentaria de esas reformas”.
Desde la UCR destacaron su tradición reformista y afirmaron que es necesario avanzar en cambios estructurales que modernicen el sistema institucional y económico. También celebraron la baja de impuestos como herramienta para dinamizar la economía, especialmente la de las pequeñas y medianas empresas.
sesiones, Congreso de la Nación, Javier Milei
POLITICA
El Gobierno volvió a modificar el régimen de viajes oficiales al exterior y ajustó algunos requisitos
La Administración Pública Nacional oficializó una serie de modificaciones al régimen que regula los viajes oficiales al exterior de funcionarios públicos, a través de la decisión administrativa publicada este marte en Boletín Oficial.
En septiembre de 2024 el Gobierno había establecido una serie de limitaciones que abarcaba desde el tipo de aerolínea que debían utilizar hasta los permisos que debían presentarse para obtener la autorización. Ahora, ajustó algunos de estos requisitos, mediante la publicación de la medida 9/2026.
En el caso del proceso de aprobación de traslados, el nuevo esquema reafirma en su artículo 3° que esa decisión sigue correspondiendo al jefe de Gabinete de Ministros. En este caso, Manuel Adorni será el encargado de aprobar los viajes de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango y jerarquía de ministro.
Para el resto de los funcionarios, podrá recaer tanto en el titular de al cartera ministerial, como en ministros, secretarios de la Presidencia o titulares de organismos descentralizados, siempre teniendo en cuenta el rango del solicitante.
Este procedimiento requiere completar el formulario denominado “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, es decir, la autorización de traslados deberá concretarse mediante la suscripción del mismo y deberá llevar la firma conjunta del funcionario que realiza el viaje y de la autoridad correspondiente de acuerdo al rango de ambos.
En los casos en que la autoridad transfiera la firma, la delegación debe constar explícitamente en el mismo formulario, siempre respetando que el funcionario designado tenga rango no inferior a Subsecretario. Si el viaje lo realiza este mismo o es de él de quien depende el agente que realiza la misión, no se puede transferir la firma y la suscripción debe ser conjunta con el titular del organismo o jurisdicción.
El plazo para presentarlo ante la Jefatura de Gabinete será de al menos diez días hábiles previos al traslado, salvo que existan razones extraordinarias debidamente justificadas que imposibiliten el cumplimiento de ese plazo. Quedan exceptuados del trámite los casos en que el viaje sea aprobado directamente por el titular de la cartera o por el funcionario en quien este haya delegado la firma.
Cantidad de personas autorizadas
La composición de comitivas oficiales solo podrá tener un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional que resulte reconocido e impostergable, sin importar la fuente de financiamiento. En caso de ser necesario ampliar la comitiva, la autoridad requirente debe justificar expresamente la presencia de cada integrante adicional, y en consecuencia se deberá revisar el formulario.
“Limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”, remarca el texto oficial.
Y en cuanto a los criterios para la asignación de clases de pasajes en viajes oficiales, los mismos quedan redactados de la siguiente manera:
- Los funcionarios del Grupo A podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva.
- Los del Grupo B solo podrán acceder a pasajes en clase económica, aunque existe la posibilidad de autorizar clase ejecutiva para secretarios o rangos equivalentes, siempre que se justifiquen motivos de salud, seguridad personal o productividad vinculada al cumplimiento de funciones, y cuenten con autorización previa del titular de la jurisdicción.
- Para los funcionarios de los Grupos C y D solo se contemplan pasajes en clase económica. Todo cambio de clase o mejora correrá a cargo del pasajero y no generará gastos para el Estado Nacional.
Los límites que se establecieron hace dos años, cuando Guillermo Francos desempeñaba el rol de jefe de Gabinete, respondía al ajuste económico implementado el Poder Ejecutivo.
La reciente medida corre ante la necesidad de reducir cargas operativas y a la búsqueda de una gestión estatal más eficiente en relación con la tramitación y comunicación de misiones oficiales al exterior, atendiendo a la celeridad de las actuaciones y a la optimización de recursos. De este modo, se promueve la centralización de la aprobación para los casos de mayor jerarquía y se amplía la delegación en los niveles inferiores, siempre bajo un esquema de control y registro formalizado en los formularios previstos.
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POLITICA
Reforma laboral: presentaron la primera demanda para declarar inconstitucional la ley aprobada en el Congreso
La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó la primera demanda colectiva contra la reforma laboral aprobada por el Congreso e impulsada por el Poder Ejecutivo.
La medida busca que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral. Desde la entidad señalaron que el planteo tiene un enfoque jurídico y no político: sostuvieron que la reforma vulnera principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional, entre ellos los vinculados al artículo 14 bis, que protege derechos laborales básicos.
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La nueva ley “afecta derechos laborales reconocidos históricamente y podría debilitar las condiciones de trabajo protegidas por la legislación vigente”, sostuvo el organismo demandante en un comunicado.
“El artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada”, agregaron.
En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchó este lunes a Tribunales y también presentó una demanda, al sostener que la normativa implica una “grave afectación de derechos colectivos e individuales” y violaciones a principios constitucionales.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.
En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.
La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”. Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Según la CGT, ese esquema implicaría “costear los despidos con aportes de los propios trabajadores”, lo que, afirmó, desfinanciaría la seguridad social. Para la conducción sindical, estos cambios se inscriben en un contexto en el que, como consecuencia de las políticas actuales, “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.
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La reforma laboral, promovida por el Gobierno con el argumento de modernizar el mercado de trabajo, fue objeto de intensos debates en el Congreso y se aprobó en medio de protestas sindicales y políticas.
La presentación judicial abre así un nuevo capítulo en la disputa por la implementación de la reforma laboral, que ahora deberá ser analizada por los tribunales, al tiempo que persisten las tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores.
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