El Gobierno nacional defendió este miércoles en el Senado el proyecto de nueva ley de biocombustibles que propone elevar los porcentajes obligatorios de mezcla en los combustibles y avanzar hacia un esquema con mayor competencia en el sector.

La posición oficial fue expuesta por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, donde comenzó el debate de cinco iniciativas destinadas a actualizar el marco regulatorio vigente.

El funcionario manifestó el respaldo del Poder Ejecutivo al proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich y otros legisladores, al asegurar que refleja los lineamientos en los que el Gobierno viene trabajando junto con los distintos actores de la cadena productiva desde hace casi dos años.

«Desde el Poder Ejecutivo consideramos que es oportuno discutir una nueva ley de biocombustibles», afirmó González, quien destacó que la iniciativa apunta a encontrar un equilibrio entre productores, consumidores, el Estado y los sectores industriales involucrados.

Qué cambios propone la nueva ley de biocombustibles

Entre los principales puntos del proyecto figura un incremento de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. En el caso del biodiésel, el corte pasaría al 10%, mientras que para el bioetanol se elevaría al 15%.

Según explicó González, el aumento previsto para el biodiésel es de 2,5 puntos porcentuales respecto del esquema actual, mientras que el del etanol implica una suba de tres puntos.

Sin embargo, el funcionario aclaró que cualquier modificación en los niveles de mezcla genera efectos económicos diferentes según el sector involucrado.

Respecto del biodiésel, sostuvo que la principal preocupación del Gobierno está relacionada con el impacto sobre los costos. Según indicó, el biocombustible continúa teniendo un precio significativamente superior al del combustible fósil.

«Antes de la suba internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, el biodiésel costaba aproximadamente un 80% más que el combustible fósil. Hoy la brecha se redujo, pero sigue siendo importante», señaló.

Por ese motivo, rechazó las propuestas que plantean una duplicación del corte obligatorio. «No vemos lógica en duplicar el corte de biodiésel porque implicaría un aumento estructural y permanente en el costo del gasoil que se consume en todo el país», afirmó.

El funcionario advirtió que una medida de ese tipo impactaría directamente sobre el transporte de cargas, la actividad agropecuaria y los consumidores finales, al trasladarse a distintos eslabones de la economía.

El Gobierno impulsa una mayor participación del bioetanol

La posición oficial fue más favorable respecto del bioetanol. González sostuvo que actualmente este combustible renovable presenta costos similares a los de las naftas con las que se mezcla, por lo que un incremento en su participación tendría efectos limitados sobre los precios al consumidor.

En ese contexto, defendió la propuesta de elevar el corte obligatorio al 15%, manteniendo seis puntos para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis para el producido con maíz.

Los tres puntos porcentuales adicionales quedarían abiertos a la competencia entre los distintos productores.

De acuerdo con la estimación oficial, por razones de eficiencia y escala productiva, gran parte de ese volumen adicional sería abastecido por las plantas que utilizan maíz como materia prima.

«En términos prácticos, el etanol de maíz aumentaría cerca de un 50% su participación», explicó González durante su exposición.

No obstante, recordó que el incremento de los cortes también tiene implicancias fiscales, ya que los biocombustibles se encuentran exentos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos.

«Cualquier aumento de corte tiene un impacto inmediato negativo sobre los ingresos del Estado Nacional», advirtió.

El proyecto busca eliminar los cupos y fomentar la competencia

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la eliminación progresiva del sistema de cupos que actualmente regula parte del mercado.

«Nosotros no creemos en los cupos, creemos en la competencia», afirmó el secretario de Energía y Minería.

Según detalló, el esquema propuesto contempla una apertura inmediata a la competencia en el mercado de bioetanol, mientras que en biodiésel se prevé una transición gradual durante cinco años, período en el que los cupos irían reduciéndose progresivamente.

Además, González aclaró que los porcentajes establecidos en la ley funcionarían como pisos mínimos obligatorios y no como límites máximos.

«Estos cortes pueden ser incrementados en cualquier jurisdicción si así lo quisieran», explicó.

Buscan garantizar previsibilidad por 15 años

El funcionario también destacó que el proyecto pretende brindar previsibilidad de largo plazo para fomentar inversiones en toda la cadena de valor.

Para ello, la iniciativa fija los porcentajes mínimos de mezcla por un período de 15 años, un plazo que el Gobierno considera fundamental para dar certidumbre a productores, refinadoras y fabricantes de vehículos.

Según explicó González, sectores como la industria automotriz requieren reglas estables para adaptar motores y tecnologías a mezclas específicas de combustibles.

Finalmente, el representante del Ejecutivo aseguró que la propuesta reúne un elevado nivel de consenso entre los principales actores del sector energético.

Entre ellos mencionó a productores de bioetanol, empresas vinculadas al biodiésel, compañías petroleras y fabricantes automotrices.

«Se me hace difícil imaginar un proyecto de mayor consenso que éste, entendiendo que el consenso absoluto no va a existir», concluyó.