El ministro Luis Caputo volcó alrededor de u$s4.500 millones en el mercado financiero. La operación corresponde a un nuevo pago por vencimientos de capital e intereses a los tenedores de títulos de deuda soberana en dólares. El monto aporta liquidez a la plaza bursátil y, en un mercado tan chico como el nuestro, se siente el efecto. En tanto, muchos en el mercado se preguntan si las condiciones actuales sugieren reinvertir los pagos en el mismo segmento en dólares o rotar hacia otras alternativas de inversión que proyecten mejores retornos a corto, mediano o largo plazo.

El vencimiento fue el jueves pasado, 9 de julio y buena parte del monto ya está aplicado en las cuentas de inversión. Las primeras transferencias impactaron el viernes, correspondientes a los bonos Globales, y desde este lunes, tras los feriados nacionales, empezaron a ingresars los de los Bonares. Algunos agentes, menos ágiles, acreditarán el pago durante los próximos días.

La reinversión de una parte del vencimiento en los mismos instrumentos está asegurada, teniendo en cuenta las tendencias de bonos por parte del sector público, lo que provocaría una mejora en los precios de la renta fija en dólares, dependiendo de la magnitud. Los inversores privados, en tanto, se dividirán entre los que optarán por alocar los montos sobre el mismo segmento y los que buscarán otras alternativas, teniendo en cuenta que los precios de estos títulos se encuentran relativamente altos luego del rally tras la mejora en la calificación de la deuda argentina.

Qué harán los bonistas con los dólares del vencimiento

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, asegura que desde el arranque del año muchos bonistas privados han estado renovando posiciones en la deuda argentina en dólares, por lo que espera que se mantenga la estrategia y buena parte de los u$s4.500 millones termine reinvertido en el mismo segmento. Probablemente, estima, los perfiles más conservadores se inclinarán por bonos de menor duration, como el AL30 y el AL29. En cambio, aquellos con mayor tolerancia al riesgo podrían buscar valor en la parte larga de la curva de vencimientos, en títulos como el AL41 o el GD46.

Thiago Marino, analista de estrategias de inversión de IOL, no descarta que una porción importante de los inversores se incline por diversificar el monto recibido en otros activos en moneda dura, en lugar de reinvertirlo de manera integral en el segmento de deuda soberana en dólares. A esto último le asigna menor probabilidad porque, como se mencionó anteriormente, tras los últimos avances, los precios de los bonos en dólares no exhiben un margen alcista muy amplio a corto ni a mediano plazo.

Lisandro Meroi, analista de research de TSA Bursátil, también se muestra escéptico respecto a un alto grado de reinversión en el mismo segmento, teniendo en cuenta que el margen adicional de compresión de rendimientos parece cada vez más acotado. Estima que los perfiles más conservadores apuntarán al AO27 y bonos corporativos de primera línea, mientras los que tengan una expectativa positiva sobre la economía local e internacional mantendrían parte del posicionamiento en títulos largos para buscar captar un potencial upside tras eventuales mejoras en la calificación crediticia.

Alternativas de inversión para cada perfil de riesgo

El equipo de research de PPI afirma que los perfiles conservadores tendrán como prioridad conservar el capital, por lo que una alternativa sería canalizar la renta hacia fondos comunes de inversión en dólares: está pensado para aquellos que buscan mantenerse invertidos en moneda dura, pero con diversificación y liquidez. Para perfiles arriesgados, con buena expectativa sobre la deuda argentina y horizonte de mediano y largo plazo, ve valor en el GD41, que rinde 8,3% y tendría el mayor potencial alcista en su segmento en caso de compresiones adicionales del riesgo país.

Para perfiles moderados, considera que una rotación balanceada hacia bonos provinciales en dólares de alta calidad crediticia representa un punto intermedio «interesante». Esta alternativa, sostiene, permite tomar ganancias y reducir la exposición soberana sin resignar un potencial upside ante un eventual escenario de normalización y convergencia, al tiempo que ofrece mayor protección frente a un evento de estrés.

En ese sentido, el bróker de bolsa destaca dos títulos de deuda provincial que exhiben ratios «robustos» de cobertura de pagos dentro del universo subsoberano, lo que respalda la solidez de los compromisos:

• CO35: Bono en dólares de Córdoba que opera con TIR de 8,2%
• SFD34: Bono en dólares de Santa Fe que opera con TIR de 7,4%

En tanto, Marino ve potencial en dos instrumentos dentro del segmento de renta fija soberana en dólares, dependiendo del objetivo y tolerancia al riesgo en cada inversor:

• Bonar 2027 (AO27): Para inversores que buscan capturar valor dentro de la curva soberana, es una alternativa «interesante» en el tramo corto y medio de la curva de vencimientos, con pagos de interés mensual a una TNA del 6%
• Global 2035 (GD35): Para los que buscan maximizar el potencial de apreciación de capital, apostando a la continuidad del proceso de consolidación macroeconómica, considera que este título se posiciona como el más eficiente del tramo largo de la curva de vencimientos, ideal para capturar una compresión adicional del riesgo país

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5875/2026 y busca permitir la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, además de multas e intereses.

El régimen alcanza exclusivamente a determinados contribuyentes y establece condiciones específicas para acceder, como la obligación de realizar un pago a cuenta, una cantidad máxima de cuotas según el tipo de deuda y un plazo determinado para adherirse. También define qué obligaciones pueden incluirse, cuáles quedan excluidas y en qué casos el plan caduca automáticamente.

De acuerdo con el análisis elaborado por el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer una herramienta para que muchas MiPyMEs regularicen deudas fiscales acumuladas como consecuencia de las dificultades económicas de los últimos años y eviten procesos de ejecución fiscal y embargos. Sin embargo, advirtió que algunas condiciones del esquema pueden limitar el acceso para determinados contribuyentes, entre ellas el pago a cuenta exigido, la cantidad de cuotas disponibles y la tasa de financiación.

La resolución definió tres grupos de beneficiarios.

• En primer lugar, podrán incorporarse las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas —Tramos 1 y 2— que cuenten con Certificado MiPyME vigente al momento del acogimiento y tengan la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.
• También podrán acceder los pequeños contribuyentes, es decir, personas humanas y sucesiones indivisas caracterizadas en el Sistema Registral con el código 547 – Pequeño Contribuyente, conforme a la Resolución General 5321.
• El tercer grupo comprende a las entidades sin fines de lucro registradas ante ARCA bajo alguna de las formas jurídicas previstas por la norma. Entre ellas, figuran asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras, iglesias y otras entidades civiles.

La resolución también enumeró quiénes no podrán adherir. Entre los excluidos aparecen personas condenadas por determinados delitos tributarios, aduaneros o vinculados con incumplimientos fiscales, personas jurídicas cuyos directivos registren ese tipo de condenas, responsables solidarios respecto de las obligaciones comprendidas y garantes de obligaciones impositivas y aduaneras contempladas por el régimen de garantía. La exclusión rige cuando existe sentencia firme y la condena permanece vigente.

El plan comprende un universo amplio de obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

Entre ellas, figuran las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, junto con sus accesorios; las retenciones y percepciones impositivas, también con sus accesorios; y las obligaciones aduaneras correspondientes a tributos sobre importaciones o exportaciones, además de los intereses previstos en el Código Aduanero. La resolución también incorporó las multas aplicadas hasta esa fecha.

No obstante, el régimen aclaró que la regularización no implica una reducción de intereses resarcitorios o punitorios ni la liberación de sanciones. Según explicó Domínguez, el beneficio consiste exclusivamente en la posibilidad de financiar la deuda mediante cuotas y no supone una quita del monto adeudado.

La resolución también estableció una lista de conceptos que no podrán incorporarse al régimen.

Entre ellos aparecen las retenciones y percepciones previsionales, salvo los aportes personales correspondientes a trabajadores en relación de dependencia; los anticipos y pagos a cuenta; el IVA correspondiente a determinados servicios digitales y prestaciones efectuadas desde el exterior; los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, con excepción de los correspondientes a monotributistas; las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes; las cuotas destinadas a las ART y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio; además de otros conceptos detallados en la resolución.

También quedaron fuera determinadas obligaciones vinculadas con el Régimen Simplificado sobre Ingresos Brutos, tributos específicos, algunas multas aduaneras e intereses asociados a conceptos excluidos.

Uno de los aspectos centrales del régimen corresponde a las condiciones de financiación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro, el esquema prevé hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones impositivas.

En ambos casos deberán realizar un pago a cuenta del 5% sobre la deuda consolidada y la tasa de financiación será del 2,75% mensual, equivalente a la tasa de interés resarcitorio vigente establecida por la Resolución 3/24 del Ministerio de Economía.

En el caso de las Medianas Empresas Tramos 1 y 2, el régimen contempla hasta 15 cuotas para obligaciones generales y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones, con un anticipo del 10% y la misma tasa mensual del 2,75%.

La resolución además fijó un monto mínimo de $50.000 tanto para el pago a cuenta como para cada cuota. Los pagos serán mensuales, iguales y consecutivos, mientras que el pago inicial se calculará sobre el total de la deuda consolidada.

Domínguez señaló que el pago a cuenta, la cantidad de cuotas y la tasa de financiación pueden dificultar la adhesión de algunos contribuyentes. También sostuvo que la eliminación del anticipo habría facilitado el ingreso al régimen para quienes enfrentan mayores restricciones financieras.

El acogimiento deberá realizarse exclusivamente mediante el servicio web “Mis Facilidades”, dentro de la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago – Obligaciones vencidas al 30/06/2026”. La resolución fijó como fecha límite para adherirse el 30 de octubre de 2026.

La deuda se consolidará cuando el contribuyente efectúe el pago a cuenta. En ese momento el sistema presentará automáticamente el plan y comunicará esa presentación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Además, la norma indicó que no existirá un límite respecto de la cantidad de planes que un mismo contribuyente podrá presentar.

Cuándo caduca el beneficio

La resolución también precisó las situaciones en las que el plan perderá vigencia.

La caducidad operará automáticamente cuando el contribuyente deje de pagar dos cuotas, consecutivas o alternadas, y transcurran 60 días corridos desde el vencimiento de la segunda de ellas. También caducará cuando no se pague la última cuota y pasen 60 días corridos desde su vencimiento.

Una vez declarada la caducidad, ARCA quedará habilitada para iniciar acciones judiciales destinadas al cobro de la totalidad de la deuda pendiente. En esos casos, el organismo notificará la situación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente deberá cancelar el saldo pendiente mediante transferencia electrónica, con los intereses correspondientes. Si el plan incluyó deuda aduanera, el Sistema Informático MALVINA actuará conforme a lo previsto por el Código Aduanero.

Otro de los aspectos destacados por el análisis de Domínguez corresponde a una consecuencia jurídica prevista por la resolución.

La adhesión al régimen implica la renuncia a la acción y al derecho de repetición contemplados en la Ley 11.683 y en el Código Aduanero respecto de los períodos y montos incluidos en el plan. En la práctica, eso significa que el contribuyente no podrá reclamar posteriormente la devolución de los importes incorporados al régimen.

El especialista también indicó que conviene analizar caso por caso las obligaciones que resultará conveniente incorporar, verificar la vigencia del Certificado MiPyME cuando corresponda y evaluar la capacidad de cumplir con el pago de las cuotas para evitar la caducidad del plan. Además, recordó que las deudas que no se incorporen al régimen continuarán expuestas al inicio de acciones de cobro por parte de ARCA.

A muy poco de que una primera tanda de pilotos completara sus primeros vuelos en soledad en ese sistema de armas, y luego de que se acordará la provisión de misiles ultrapoderosos para dichos aviones, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) confirmó cuándo tendrá lugar el arribo de otra media docena de cazas F-16 adquiridos a Dinamarca. En concreto, la flotilla aterrizará en el país durante el mes de septiembre, lo que representará un adelanto de tres meses respecto de la fecha pautada en un principio con el país europeo, establecida para diciembre de cada año. A diferencia del traslado anterior, la FAA ahora evalúa que de los vuelos hacia la Argentina tomen parte los pilotos que ya se encuentran avanzados en su formación. Al mismo tiempo, el Gobierno negocia con la nación escandinava la posibilidad de seguir adelantando la incorporación de los F-16 restantes, dividida inicialmente en dos tandas más de 6 aeronaves cada una.

Según se indicó desde la FAA, la flotilla de cazas que llegará este año volarán hacia la Argentina desde la base aérea de Skrydstrup, ubicada en la península de Jutlandia. La media docena de aviones que se trasladará en septiembre volverá a hacer base en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Esto reconfirma, también, que las labores para el despliegue del sistema de armas F-16 en Tandil, en territorio bonaerense, vienen demoradas más allá de que desde la institución castrense se afirma que los cambios que se vienen implementando en esa base avanzan a paso acelerado.

Por otra parte, la FAA busca que en lugar de recibir 6 aviones más en 2027 y luego otra media docena en 2028, Dinamarca provea ese total de 12 directamente en el transcurso del año próximo.

Pilotos argentinos de F-16 ya vuelan solos

La novedad del arribo previsto para septiembre ocurre a escasos días de que, como detalló iProfesional, sendos pilotos argentinos alcanzaran la certificación del programa Peace Condor por lo que ya comenzaron a completar vuelos en soledad.

La obtención de dicho rango por parte de pilotos nacionales fue notificada por el Ministerio de Defensa a través de sus canales en redes sociales.

«En el Área Material Río IV de Córdoba, con la presencia del ministro @TGCarlosPresti, pilotos argentinos de la @FuerzaAerea_Arg realizaron el Vuelo Solo en el Sistema de Armas F-16, alcanzando la primera certificación del Programa Peace Cóndor en nuestro país«, indicó la cartera.

«Este vuelo representa un nuevo paso en el proceso de incorporación de una capacidad estratégica para la defensa nacional», añadió.

El área de Defensa detalló que los primeros pilotos habilitados para operar el F-16 de manera autónoma «completaron una exigente etapa de formación, entrenamiento y transición operativa». Y que esa labor fue desarrollada «bajo estándares internacionales y con el acompañamiento de @topaces para la implementación del sistema de adiestramiento en la Argentina».

Top Aces es la firma canadiense que da formación a las tripulaciones locales y que en su momento fue objeto de controversia por el abultado contrato abrochado con el oficialismo —del orden de los 33 millones de dólares—.

«Cada etapa cumplida acerca al país al objetivo estratégico de contar con una capacidad nacional de formación, operación y sostenimiento del Sistema de Armas F-16, consolidando una Fuerza Aérea más preparada para custodiar el espacio aéreo argentino», concluyó la cartera.

Acuerdo para la provisión de misiles para los F-16

En paralelo a esa novedad, el gobierno de los Estados Unidos acaba de otorgar un nuevo contrato que contempla la provisión de misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM para equipar a, entre otras aeronaves, los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). El pacto en cuestión contempla desembolsos por casi 400 millones de dólares.

Respecto de las características del contrato, se indicó que el contrato fue adjudicado a la firma Raytheon. Y que el acuerdo engloba a varios países que poseen pedidos en firme para la adquisición de misiles aire-aire de la familia AMRAAM. Como indicó este medio de forma reciente, uno de ellos es Argentina.

Además de intervenir en la negociación para la compra de los cazas a Dinamarca, a fines de octubre de 2024 el mismo Departamento de Estado de la potencia del norte autorizó la provisión de un paquete de armamento destinado a complementar al Sistema de Armas F-16AM/BM de la Fuerza Aérea Argentina.