El Gobierno nacional defendió este miércoles en el Senado el proyecto de nueva ley de biocombustibles que propone elevar los porcentajes obligatorios de mezcla en los combustibles y avanzar hacia un esquema con mayor competencia en el sector.

La posición oficial fue expuesta por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, donde comenzó el debate de cinco iniciativas destinadas a actualizar el marco regulatorio vigente.

El funcionario manifestó el respaldo del Poder Ejecutivo al proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich y otros legisladores, al asegurar que refleja los lineamientos en los que el Gobierno viene trabajando junto con los distintos actores de la cadena productiva desde hace casi dos años.

«Desde el Poder Ejecutivo consideramos que es oportuno discutir una nueva ley de biocombustibles», afirmó González, quien destacó que la iniciativa apunta a encontrar un equilibrio entre productores, consumidores, el Estado y los sectores industriales involucrados.

Qué cambios propone la nueva ley de biocombustibles

Entre los principales puntos del proyecto figura un incremento de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. En el caso del biodiésel, el corte pasaría al 10%, mientras que para el bioetanol se elevaría al 15%.

Según explicó González, el aumento previsto para el biodiésel es de 2,5 puntos porcentuales respecto del esquema actual, mientras que el del etanol implica una suba de tres puntos.

Sin embargo, el funcionario aclaró que cualquier modificación en los niveles de mezcla genera efectos económicos diferentes según el sector involucrado.

Respecto del biodiésel, sostuvo que la principal preocupación del Gobierno está relacionada con el impacto sobre los costos. Según indicó, el biocombustible continúa teniendo un precio significativamente superior al del combustible fósil.

«Antes de la suba internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, el biodiésel costaba aproximadamente un 80% más que el combustible fósil. Hoy la brecha se redujo, pero sigue siendo importante», señaló.

Por ese motivo, rechazó las propuestas que plantean una duplicación del corte obligatorio. «No vemos lógica en duplicar el corte de biodiésel porque implicaría un aumento estructural y permanente en el costo del gasoil que se consume en todo el país», afirmó.

El funcionario advirtió que una medida de ese tipo impactaría directamente sobre el transporte de cargas, la actividad agropecuaria y los consumidores finales, al trasladarse a distintos eslabones de la economía.

El Gobierno impulsa una mayor participación del bioetanol

La posición oficial fue más favorable respecto del bioetanol. González sostuvo que actualmente este combustible renovable presenta costos similares a los de las naftas con las que se mezcla, por lo que un incremento en su participación tendría efectos limitados sobre los precios al consumidor.

En ese contexto, defendió la propuesta de elevar el corte obligatorio al 15%, manteniendo seis puntos para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis para el producido con maíz.

Los tres puntos porcentuales adicionales quedarían abiertos a la competencia entre los distintos productores.

De acuerdo con la estimación oficial, por razones de eficiencia y escala productiva, gran parte de ese volumen adicional sería abastecido por las plantas que utilizan maíz como materia prima.

«En términos prácticos, el etanol de maíz aumentaría cerca de un 50% su participación», explicó González durante su exposición.

No obstante, recordó que el incremento de los cortes también tiene implicancias fiscales, ya que los biocombustibles se encuentran exentos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos.

«Cualquier aumento de corte tiene un impacto inmediato negativo sobre los ingresos del Estado Nacional», advirtió.

El proyecto busca eliminar los cupos y fomentar la competencia

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la eliminación progresiva del sistema de cupos que actualmente regula parte del mercado.

«Nosotros no creemos en los cupos, creemos en la competencia», afirmó el secretario de Energía y Minería.

Según detalló, el esquema propuesto contempla una apertura inmediata a la competencia en el mercado de bioetanol, mientras que en biodiésel se prevé una transición gradual durante cinco años, período en el que los cupos irían reduciéndose progresivamente.

Además, González aclaró que los porcentajes establecidos en la ley funcionarían como pisos mínimos obligatorios y no como límites máximos.

«Estos cortes pueden ser incrementados en cualquier jurisdicción si así lo quisieran», explicó.

Buscan garantizar previsibilidad por 15 años

El funcionario también destacó que el proyecto pretende brindar previsibilidad de largo plazo para fomentar inversiones en toda la cadena de valor.

Para ello, la iniciativa fija los porcentajes mínimos de mezcla por un período de 15 años, un plazo que el Gobierno considera fundamental para dar certidumbre a productores, refinadoras y fabricantes de vehículos.

Según explicó González, sectores como la industria automotriz requieren reglas estables para adaptar motores y tecnologías a mezclas específicas de combustibles.

Finalmente, el representante del Ejecutivo aseguró que la propuesta reúne un elevado nivel de consenso entre los principales actores del sector energético.

Entre ellos mencionó a productores de bioetanol, empresas vinculadas al biodiésel, compañías petroleras y fabricantes automotrices.

«Se me hace difícil imaginar un proyecto de mayor consenso que éste, entendiendo que el consenso absoluto no va a existir», concluyó.

Después de meses de fuertes caídas y con la preocupación por el cambio del mercado automotor local, ante la llegada de las marcas chinas y la apertura de las importaciones, la producción y las exportaciones de autos empiezan a encontrar su piso. Así lo adelantaron desde ADEFA, la Asociación de Fábrica de Automotores de Argentina, que dio a conocer los datos de mayo.

De acuerdo con los resultados, se produjeron 37.762 vehículos automotores el mes pasado, un 0,6% más respecto de abril y 21,5% menos en su comparación con mayo de 2025.

Por otro lado, se exportaron 25.237 unidades, 6,1% menos en su comparación con el mes pasado, y una baja de 4,2% respecto del volumen de mayo del año anterior.

En cuanto a las ventas a concesionarios, fueron de 35.979 vehículos en mayo, 0,01% más comparado con abril, y 39,0% por debajo del volumen de mayo de 2025.

El análisis sobre la producción de autos

«Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones«, señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Algunas de las inversiones son en Córdoba, donde Renault produce la nueva camioneta Niágara, y también en Pacheco, donde se está dando el cambio de la camioneta Amarok, que pasa a la nueva generación.

A su vez en El Palomar, Peugeot y Citroën están dejando de fabricar Partner y Berlingo, mientras que la planta producirá solo 208 y 2008. El plan es que fabriquen nuevos motores híbridos para estos modelos.

El directivo en su balance señaló también el comportamiento estable en las exportaciones y destacó la importancia de la última medida que anunció el Presidente dy se trabajó con el Ministro de Economía y su equipo tendiente a la baja gradual de los derechos de exportación.

«Es un paso clave, ahora necesitamos el acompañamiento de provincias y municipios. Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio», concluyó Pérez Graziano.

En cuanto a ventas mayoristas, las automotrices mantuvieron el volumen comercializado a la red de concesionario el mes anterior. Los 35.979 vehículos que se entregaron, reportaron una caída de 39,0% respecto de las 58.952 unidades de mayo del 2025. En el acumulado anual, se entregaron 184.033 unidades, 23,1% menos en su comparativo interanual.

Datos de mayo de ADEFA

Con 18 días hábiles de actividad, en mayo se produjeron 37.762 vehículos (automóviles y comerciales livianos). Este volumen se ubica 0,6 % por arriba de abril y 21,5% menos en su comparación con mayo de 2025, cuando se produjeron 48.109 unidades.

Entre enero y mayo, las terminales automotrices produjeron 167.629 unidades, esto es 19,3% menos respecto del mismo período de 2025.

Las exportaciones, por su parte, alcanzaron las 25.237 unidades, 6,1% menos que abril, y 4,2% por debajo de mayo del 2025.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, se exportaron 104.520 vehículos, 2,2% menos respecto de las 106.894 unidades del mismo periodo del año pasado.

Las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales en Misiones dejarán de estar sujetas a las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, considerados uno de los tributos más distorsivos. La medida representa un cambio en el régimen fiscal para quienes utilizan estos medios de pago electrónicos en la provincia.

La medida comenzará a regir el 1° de agosto y permitirá que usuarios de billeteras virtuales con acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del monotributo, reciban sus transferencias sin retenciones anticipadas de Ingresos Brutos.

Superado ese monto, las operaciones continuarán alcanzadas por el régimen de recaudación vigente, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa tributaria.

Según estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará a casi 200.000 misioneros, “fortaleciendo la liquidez de familias, emprendedores, trabajadores independientes y pequeños operadores económicos”, señalaron fuentes oficiales.

Vale mencionar que la normativa habilita al Ministerio de Hacienda a actualizar periódicamente los parámetros de exclusión, “de acuerdo con la evolución de la realidad económica y social de la provincia, garantizando la protección de los contribuyentes de menor capacidad contributiva y la eficiencia del sistema tributario”.

El gobernador Hugo Passalacqua explicó que “el objetivo de esta medida es neutralizar las retenciones para operaciones de escala menor, garantizando la percepción íntegra de las transferencias recibidas en dichos mecanismos electrónicos. A partir de la medida, los pequeños contribuyentes, emprendedores y usuarios de billeteras virtuales dispondrán de mayor capital de trabajo de manera inmediata”.

El mandatario agregó que la decisión contribuirá a mejorar el flujo de fondos de quienes utilizan estos medios de pago, fortaleciendo su capacidad de consumo, reinversión productiva y sostenimiento de actividades económicas.

“En definitiva, se trata de una optimización de la gestión fiscal, que aporta previsibilidad al circuito financiero local y asegura la eficiencia del sistema, permitiendo que los sectores con menor capacidad contributiva dispongan de sus recursos de manera íntegra, sin deducciones ni detrimentos previos”, concluyó.

En contraposición, cabe recordar que en octubre pasado el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que monotributistas, comerciantes y pequeños empresarios que cobran a través de cuentas en billeteras virtuales (como Mercado Pago, Personal Pay u otras) comiencen a recibir retenciones por Ingresos Brutos de manera similar a las que ya abonaban cuando cobraban en sus cuentas bancarias.

Vinculado a este tributo también, este martes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualizó los topes de facturación que determinan las alícuotas sobre Ingresos Brutos.

Detalló que desde el 1° de junio, el nuevo umbral anual para actividades vinculadas a servicios públicos, restaurantes, hoteles, comunicaciones, servicios inmobiliarios, de alquiler, sociales, de salud, enseñanza y administración pública ascendió a $2.154.300.000. Previamente, ese límite se ubicaba en $2.004.000.000.

Para los servicios de comercialización y reparaciones, el monto anual subió de $364.000.000 a 391.128.000 pesos.

A criterio de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), “si la facturación creció por precios pero no por actividad real, el contribuyente no debería pagar más”.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló días atrás sus intenciones de llamar a los gobernadores de cara a una reforma tributaria, a modo de pacto fiscal.

“La idea es comprometerlos para que la carga impositiva que viene de provincias y municipios, que son esencialmente Ingresos Brutos y tasas, que hoy son el costo más alto. Hay que hacer un esfuerzo desde el lado de provincias y municipios”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Sucede que el impuesto a los Ingresos Brutos es distorsivo porque encarece todo lo que se produce y consume mediante el fenómeno de la “cascada”, dado que grava la facturación de cada etapa del proceso productivo y comercial, sin compensar lo ya tributado en etapas anteriores. Su peso central en la recaudación de las provincias dificulta su reforma o eliminación, aunque existe consenso técnico y empresarial sobre la necesidad de corregir estos problemas.