ECONOMIA
Aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras tras el aumento de la tasa del gas propano

Luego de que la Secretaría de Energía informara un nuevo ajuste en el régimen de precios del gas propano con que se abastecen diversas localidades del país, el Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras. Las mismas deberán reflejar las bonificaciones establecidas en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Se trata de un aumento en el precio del recurso que se utiliza en zonas donde no hay red de gas natural y el suministro en hogares y comercios es mediante redes de tuberías subterráneas.
Mediante la resolución 126/2026 publicada este martes en Boletín Oficial se estableció que el valor del gas propano que las empresas distribuidoras deberán incluir en los cuadros tarifarios pasará a representar el sesenta por ciento (60%) del Precio de Paridad de Exportación (PPE) calculado según la metodología vigente.

A partir de esta modificación del porcentaje -el cual era del 40% en junio del año pasado y anteriormente, del 25% (en marzo de 2024)-, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras del hidrocarburo que abastecen distintas regiones del país con gas propano indiluido por redes.
En el caso de Camuzzi Gas Pampeana S.A., bajo la resolución 60/2026 establece, por ejemplo, que las tarifas plenas sin subsidios fijan el cargo por m³ en $361,63 para las categorías R1 (usuarios residenciales de bajo consumo), R2 (consumo medio-alto) y SGP en la localidad de Ameghino, con un cargo fijo mensual de $13.034,97 para R1 y $20.866,34 para R2 y SGP (Pequeños comercios, oficinas o establecimientos de bajo consumo no residencial).
En lo que refiere a la región sur del país, también distribuida por la misma empresa la resolución 62/2026 indicó que el esquema tarifario se actualizó bajo los mismos criterios y plazos. Entre las localidades alcanzadas por Camuzzi Gas del Sur S.A., figuran Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Buenos Aires, con la participación de tres distribuidoras asociadas: Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA), Distrigas S.A. y Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA).
La Resolución 61/2026 refiere a la distribuidora Gas Nea S.A., encargada de la provisión en las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Al respecto, la normativa establece que, por ejemplo, las tarifas plenas sin subsidios (decreto N° 943/2025) fijan cargos por m³ diferenciados por provincia: $452,63 en Corrientes; $458,47 en Misiones; $502,93 en Formosa y $463,51 en Chaco.
La Resolución 64/2026 estableció los nuevos cuadros tarifarios para Naturgy Ban S.A., que deberá aplicarlos en su área de concesión. Al igual que el resto de las empresas, deberá reflejar en la facturación las bonificaciones previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El organismo bajo la órbita de la Secretaría de Energía informó los valores para Litoral Gas S.A. bajo la resolución 63/2026, aplicables a usuarios residenciales abastecidos con gas propano/butano indiluido por redes en localidades de Santa Fe y Buenos Aires.
Tal es el caso de Rufino (Santa Fe), donde las tarifas plenas sin subsidios del Decreto N° 943/2025 fijan el cargo por m³ en $361,85 para las categorías R1, R2 y SGP, con cargos fijos mensuales de $11.085,09 para R1 y $24.759,09 para R2 y SGP. Los usuarios con tarifa diferencial al 70% abonarán $253,30 por m³, y quienes acceden al 50% pagarán $180,93.
Por último, la resolución 60/2026 informó las tarifas para Distribuidora de Gas Cuyana S.A, aplicables a usuarios abastecidos con gas propano/butano indiluido por redes en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza.
En este distrito, las tarifas plenas fijan el cargo por m³ en $399,97 para las categorías R1 y R2. Para los usuarios industriales P1 y P2, el valor varía según el volumen consumido: $437,56 hasta 1.000 m³, $433,65 entre 1.001 y 9.000 m³, y $429,78 por encima de ese umbral. La categoría P3 registra cargos de entre $433,42 y $442,15 según el tramo. Los cargos fijos mensuales son de $17.890,82 para R1, $33.404,60 para R2, y $23.479,83 para P1/P2 (usuarios comerciales o industriales de consumo pequeño a mediano, con distintos tramos de volumen) y P3 (mayor consumo, con tarifas escalonadas según volumen).
Estas resoluciones se dictan en el marco de la emergencia del sector energético nacional, declarada y prorrogada mediante distintos decretos, y buscan ajustar los precios del gas propano en red para reflejar de manera más realista los costos de abastecimiento y reducir el costo fiscal para el Estado Nacional.
El procedimiento seguido por el ENREGE y la Secretaría de Energía apunta a que los cuadros tarifarios se actualicen ante cualquier modificación del precio de referencia y se adapten automáticamente en las facturas de los usuarios.
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ECONOMIA
La inversión cayó por cuarto trimestre consecutivo pese al RIGI y los esfuerzos del Gobierno por incentivarla

La dinámica de la economía argentina durante el primer trimestre de 2026 muestra una recuperación parcial, pero deja a la vista un problema estructural: la inversión cayó por cuarto trimestre consecutivo, a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno y de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el motor del crecimiento estuvo centrado en el comercio exterior, mientras otros componentes de la demanda interna evidenciaron retrocesos.
Según el informe de actividad publicado por el INDEC, el Producto Bruto Interno (PBI) nacional reflejó un crecimiento interanual durante el primer trimestre, aunque el desempeño de los diferentes rubros resultó dispar. El impulso principal provino de las exportaciones, que aumentaron 9,8% respecto al mismo período del año pasado. El consumo privado también mostró una suba, con un alza de 2,7% interanual. Estas dos variables sostuvieron el avance del nivel general de actividad.
El resto de los componentes de la demanda agregada, en cambio, presentó resultados negativos. El documento oficial destaca que la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que mide el nivel de inversión en bienes de capital y construcción, registró una baja de 11,6% en comparación con igual trimestre de 2025 y de 1,7% frente al trimestre anterior. Este comportamiento negativo se mantuvo a lo largo de los últimos cuatro trimestres, lo que evidencia una tendencia contractiva en el segmento de la inversión.

El informe de Misión Productiva precisa que “la inversión marca su cuarta caída trimestral consecutiva, lo que representa una preocupación central para la sustentabilidad del crecimiento económico en el mediano plazo”. La consultora subraya que “a pesar de la implementación del RIGI y de los anuncios oficiales para impulsar nuevos proyectos, la FBCF no logra revertir la tendencia descendente”.
Por su parte, el análisis realizado por la consultora LCG sostiene que “la dinámica de la inversión continúa siendo el principal punto débil de la recuperación actual”. Según el documento, “la caída de la inversión responde tanto a la falta de nuevos proyectos privados como al freno en la obra pública, mientras los incentivos fiscales previstos por el régimen vigente aún no impactan en la estadística real”.
El consumo público también retrocedió en el período bajo análisis. El informe del INDEC señala que el gasto del sector estatal disminuyó 0,9% interanual, mientras que las importaciones se redujeron 7,5%. De este modo, la recuperación de la economía durante el primer trimestre de 2026 se apoyó únicamente en el comercio exterior y el consumo de los hogares.

El reporte de Misión Productiva advierte que “la baja de la inversión limita el potencial de crecimiento futuro y condiciona la mejora de la productividad”. En la misma línea, se indica que “la apuesta oficial por el RIGI todavía no logra traducirse en una recomposición sostenida de la formación de capital”.
El análisis de la consultora LCG agrega que “los datos muestran que el ciclo de expansión actual es frágil y depende de factores exógenos como el precio internacional de las materias primas exportadas”. Además, el documento destaca que “la inversión en construcción y maquinaria nacional reflejó los descensos más pronunciados dentro de la FBCF”.
Dentro de la Formación Bruta de Capital Fijo, las caídas más relevantes correspondieron a la inversión en equipos durables de producción y en obras de infraestructura. El informe del INDEC precisa que ambos rubros experimentaron retrocesos en términos reales, lo que refuerza la tendencia contractiva general del sector.

Las cifras del primer trimestre de 2026 confirman que la economía argentina atraviesa una recuperación con bases desiguales. El crecimiento reportado por el INDEC se apoya en el buen desempeño del comercio exterior y en cierta recuperación del consumo privado, pero la inversión, considerada un motor clave para la creación de empleo y el desarrollo de largo plazo, profundiza su retroceso.
El diagnóstico de los informes técnicos consultados coincide en subrayar la fragilidad de la recuperación actual. La Formación Bruta de Capital Fijo permanece en valores negativos, a pesar de las herramientas fiscales y los incentivos desplegados en los últimos meses. Tanto Misión Productiva como LCG remarcan la necesidad de una recomposición sostenida de la inversión para consolidar el crecimiento y evitar que el rebote de la actividad quede restringido a factores coyunturales.
El primer trimestre de 2026 deja en evidencia la persistencia de desequilibrios estructurales en el entramado productivo nacional. Aunque las exportaciones y el consumo privado logran impulsar el nivel de actividad, la debilidad de la inversión plantea interrogantes sobre la capacidad de sostener el crecimiento en los próximos períodos. El panorama, según los informes de referencia, exige monitoreo constante y nuevas estrategias para revertir la caída de la Formación Bruta de Capital Fijo.
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ECONOMIA
Acuerdo histórico en Alimentación: aumento salarial y protección del convenio colectivo

Con la Ley de Modernización Laboral en marcha, la conducción de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) y los representantes de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA) sellaron un acuerdo histórico que incluye un incremento del 9% y otras mejoras salariales y la renovación de convenio colectivo de trabajo (CCT) 244/94 por un año.
Según voceros gremiales, «este acto constituye un gran logro en medio del fuerte clima antisindical, con ataques a las organizaciones y a los derechos de los trabajadores». Este sería el primer convenio colectivo que se trata entre un sindicato y la cámara de la actividad en el marco de las convocatorias impulsadas por el ministerio de Capital Humano a través de la secretaría de Trabajo, con el propósito de revisar las condiciones laborales.
De cuánto es la mejora salarial y cómo se aplica
Según informaron las partes, la mejora salarial para la rama general de la industria de la Alimentación es de un 9% a partir de agosto sobre los valores vigentes, con nuevos montos por hora para todas las categorías.
A esto se le debe sumar un pago único no remunerativo de $120.000 para la categoría inicial -correspondiente a los meses de mayo, junio y julio- que se abonará en dos cuotas de la siguiente forma:
- $70.000 antes del 26 de junio
- $50.000 antes del 21 de julio
Con el 9% liquidado, el salario inicial para un operario quedará en agosto en $1.500.000 aproximadamente, mientras que la categoría más alta rondará los $2.500.000.
Asimismo, dejaron sentada una cláusula de revisión para agosto, donde analizarán la marcha de la inflación y el impacto en el poder de compra de los salarios. En dicho encuentro, podrían pactar una nueva suba salarial por un nuevo trimestre, es decir hasta noviembre. «En todo caso, debemos ver la evolución del contexto económico», señalaron las fuentes, agregando que «este acuerdo brinda previsibilidad a la actividad».
Protección del convenio colectivo de trabajo
El secretario General de la FTIA, Héctor Morcillo, destacó la firmeza de la organización durante las mesas técnicas donde se analizó la actualización del convenio colectivo, subrayando: «No estábamos dispuestos a resignar conquistas construidas con años de organización, lucha y esfuerzo colectivo, porque sabemos que los derechos que se pierden son luego muy difíciles de recuperar«.
Lo concreto es que se ratificó la plena vigencia del convenio 244/94 por un año a partir de la fecha de suscripción, que deberá homologar la cartera de Capital Humano. «Veremos si lo hacen con la misma rapidez que exigieron la revisión de los convenios», ironizó un referente gremial.
Con este acuerdo, la organización gremial logró desactivar cualquier intento de flexibilización o desregulación de las condiciones de trabajo en los establecimientos alimenticios del país. Al respecto, Morcillo declaró: «Defender el salario y defender los derechos fueron, son y seguirán siendo los pilares de nuestra acción sindical».
En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, explicó: «La paritaria tuvo dos metas claras desde el inicio: que el salario le gane a la inflación y que el convenio colectivo no se toque. Sostuvimos desde el minuto uno que íbamos a sostener todas las conquistas, son derechos que se ganaron con años de lucha, organización y esfuerzo de todos, y sabemos que lo que se pierde cuesta muchísimo recuperarlo».
Asimismo, resaltó el esfuerzo colectivo de los trabajadores, advirtiendo: «Este acuerdo no cayó del cielo, fue posible porque hay un sindicato fuerte, porque hay compañeros y compañeras que se organizan y participan», expresó que «cuidar el bolsillo y cuidar los derechos, fue, es y será el eje de nuestra tarea sindical» y exhortó a «la unidad de los trabajadores, ya que es nuestra principal herramienta de lucha y la única garantía de que los derechos que conquistamos se mantengan».
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ECONOMIA
Nuevos controles a las devoluciones de 30% por gastos en el exterior: cómo pedir el reembolso del dólar tarjeta ante ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre los pedidos de devolución de percepciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales asociadas al uso de tarjetas de crédito para la compra de pasajes internacionales y consumos en moneda extranjera, por el computo del dólar tarjeta.
De esta manera, los contribuyentes que buscan recuperar estas percepciones enfrentan ahora exigencias más amplias en materia de justificación de fondos y respaldo documental.
Aunque el Gobierno eliminó el cepo para las personas físicas, mantuvo el dólar tarjeta. Este tipo de cambio corresponde al valor oficial del billete verde, al que se suma un 30% en concepto de percepciones por el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, según la situación fiscal de cada contribuyente. Es posible evitar este recargo si se realiza un stop debit y se paga directamente con dólares disponibles en la cuenta o de manera manual a través de la ventanilla del banco.
El contador Marcos Felice detalló que ARCA intensificó la fiscalización y solicitó a determinados contribuyentes la presentación de información financiera correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Los requerimientos incluyen la entrega de extractos completos de cuentas bancarias en pesos y en moneda extranjera, billeteras virtuales y cuentas comitentes utilizadas durante los períodos bajo análisis. La información debe reflejar la totalidad de los movimientos registrados, sin omitir ninguna operación.

Felice explicó que, como parte de los nuevos procedimientos, los contribuyentes deben confeccionar una planilla de cálculo en formato Excel, donde consignan la individualización de los fondos acreditados. Dicha planilla debe incluir la entidad financiera o billetera utilizada, el número de cuenta de destino, la fecha de ingreso de los fondos, el importe acreditado, el concepto de la acreditación y la identificación del depositante. Además, se exige consignar la cuenta de origen de cada transferencia, especificando el número de cuenta desde la cual se efectuó la operación, ya sea propia o de terceros.
Uno de los ejes centrales del control es la obligación de justificar el origen de los fondos cuando ARCA detecta diferencias entre las acreditaciones registradas y los ingresos informados. En estos casos, el organismo requiere que el contribuyente explique y documente la procedencia de los importes observados.
Entre la documentación respaldatoria se encuentran comprobantes de transferencias, contratos, documentación de préstamos, rescates de inversiones, comprobantes de ventas u otros documentos que permitan demostrar la trazabilidad de los fondos.
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, analizó los plazos y dificultades que enfrentan los contribuyentes en este proceso. Domínguez señaló que todos los años el fisco suele demorar la devolución de las percepciones por cuestiones presupuestarias. Pero la cuestión es que ahora ARCA detectó percepciones por valores que no considera compatibles con los ingresos declarados por el contribuyentes, por lo que solicita información adicional que resulta muchas veces difícil de reunir.
Los requerimientos pueden incluir la presentación de documentación y planillas que acrediten cada movimiento y justifiquen la congruencia entre los ingresos y las percepciones reclamadas.

Domínguez remarcó que estos controles refuerzan las demoras y la carga administrativa sobre quienes buscan recuperar las sumas retenidas. Y que la fiscalización es más estricta cuando el fisco considera que existe una incompatibilidad entre los montos percibidos y la capacidad contributiva del solicitante.
Por su parte, la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, explicó que existen distintos mecanismos para solicitar la devolución de percepciones por consumos y viajes al exterior, según el tipo de contribuyente. Cuando una persona no se encuentra inscripta en ningún impuesto y sufre percepciones, debe cargar las percepciones mediante una declaración jurada mensual, presentando tantas declaraciones como meses haya sufrido esos descuentos.
La solicitud de devoluciones se habilita recién el 1° de enero del año siguiente a aquel en que ocurrieron las percepciones. Por ejemplo, si alguien viajó en enero, febrero o marzo de 2026, podrá pedir la devolución en enero de 2027. La recomendación es hacerlo lo antes posible desde la fecha que se habilita porque desde ese momento corren los intereses si se demora la devolución.
En el caso de empleados en relación de dependencia, Girardi indicó que la posibilidad de recuperar las percepciones depende de la situación ante el impuesto. Si el trabajador supera el Mínimo No Imponible (MNI) y sufre retenciones, debe informar al empleador el monto total de las percepciones sufridas. El empleador descuenta ese monto a través del sistema SIRADIG, pero solo hasta el tope de lo que retuvo. Así, si el empleador retuvo $100.000 y el trabajador tuvo percepciones por $150.000, existirán $50.000 que no se reintegrarán por esa vía y deberán ser reclamados por otro mecanismo.
La operatoria, tanto para empleados en relación de dependencia como para contribuyentes no inscriptos, exige un seguimiento minucioso de los detalles y la preparación de toda la información que requiere ARCA. El proceso implica la carga de declaraciones, la confección de planillas detalladas y la presentación de comprobantes que respalden cada operación observada por el organismo.
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