POLITICA
Patricia Bullrich, el PRO y la UCR definen si Adorni enfrenta una moción de censura en el Senado

La suerte laboral del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, parece estar atada a las voluntades y el acompañamiento de quienes lo criticaron fuertemente tanto en el oficialismo como en los aliados.
El miércoles a las 18 horas se realizará la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado para organizar lo que podría ser la sesión del jueves que pidió el bloque de La Libertad Avanza para votar el proyecto de ley de propiedad privada. Sin embargo, esto dependerá en gran parte del rol que tome Patricia Bullrich y los bloques aliados, ambos con fuertes críticas al funcionario nacional.
“Desde el entorno de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, así como también desde la oficina de Bullrich aseguran que mañana a las 18 se realizará la reunión de Labor y, mientras desde el despacho de la Vicepresidenta señalan que ‘ahí se definirá’ si hay o no sesión, desde el de la ex ministra aseguran que ‘si hay labor, es probable que haya sesión’”.
La incertidumbre tiene que ver con el movimiento que ya adelantó que hará el peronismo, donde pedirá el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución para que el jueves 25 de junio Adorni sea interpelado y, en la misma sesión, se vote una moción de censura. De aprobarse, solo restaría que Diputados haga lo mismo para destituirlo.
El primer escollo, y esto será fundamental para saber si hay o no sesión, es que la oposición obtenga los dos tercios de los presentes para avanzar en el apartamiento del reglamento y buscar aprobar su Resolución. Y ya comenzó el juego de las matemáticas.
El PJ cuenta con 21 senadores propios. A este grupo se le sumarían los dos ex bloque peronista de Justicia Social Federal, la senadora de Córdoba Alejandra Vigo, los 3 de Convicción Federal, dos más del Frente Cívico por Santiago y otros dos de Movere Santa Cruz.
Con este acompañamiento el peronismo tendría 31 votos favorables a 5 de conseguir el quórum y, si están todos presentes, a 17 de los dos tercios necesarios para habilitar el tema.

En este escenario sólo puede prosperar el llamado a interpelación y a la moción de censura si los bloques del PRO y del radicalismo acompañan en su totalidad -sumarían 13 más-. Fuentes de ambos bloques señalaron que se tomarán las 48 horas que separan la sesión para definir una posición porque “hay posturas divididas” respecto del camino a seguir con el Jefe de Gabinete.
“No sabemos qué van a hacer pero si hay sesión muchos no van a poder escapar de esto porque es muy público. Una cosa es que un libertario de paladar negro lo defienda, pero el resto ¿qué ganan defendiendo a un tipo que ya está comprobado que mintió?”, explicó un senador del peronismo.
En la oposición dialoguista, tanto la de los partidos como aquellos bloques que responden directamente a sus gobernadores y que hasta ahora mostraron un fuerte alineamiento con los pedidos de la Casa Rosada, el debate está en una situación de blanco o negro. “Es todo muy público”, dijo un senador radical que aún no definió qué posición va a tener.
El escenario parecería ser que si no se frena antes la sesión, cuando el recinto se abra el jueves próximo, la suerte de Adorni ya va a estar jugada. “Defender a Adorni es como defender a Kueider“, agregaron en referencia al ex senador detenido en Paraguay con 200.000 dólares sin declarar y que mañana entra en su segunda jornada de juicio en el vecino país por contrabando.
Cuando se votó la expulsión obtuvo solo 5 votos para que eso no suceda; uno del radicalismo y 4 del PRO.
POLITICA
Dólar blue: un financista le apuntó a exfuncionarios de Alberto Fernández y se presenta en la Justicia

Francisco Hauque, uno de los financistas investigados en las causas sobre el rulo financiero y el SIRA, está convencido que debe colaborar con la Justicia antes que se complique su situación judicial. En dos apariciones televisivas recientes, avisó que quiere declarar como “arrepentido” y lanzó algunos nombres de exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Sus dichos pusieron en alerta a todos los involucrados. En Tribunales advierten que no puede ser imputado colaborador hasta que no sea llamado a indagatoria. Su defensa, sin embargo, pedirá en las próximas horas varias medidas de prueba, en línea con sus últimas declaraciones públicas.
El nombre de Hauque trascendió el año pasado cuando fue detenido en las inmediaciones del Palacio Duhau junto a su pareja. En el interior de su camioneta había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Elías Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith.
Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.
La semana pasada, la Justicia ordenó una reconstrucción del hecho, en los mismos lugares y a la misma hora que aquel episodio. El resultado de esa pericia, según distintos abogados que estuvieron presentes, no mejoró la situación de Piccirillo. Todo lo contrario. Casi a la misa hora que se hacía la reconstrucción, Hauque comenzó a recibir amenazas vía telefónica.
En ese contexto, decidió romper el silencio y dio dos entrevistas con TN y La Cornisa. Las declaraciones del financista también ocurrieron en la previa de una decisión clave: la Cámara Federal debe definir si se unifican dos de las causas sobre el rulo financiero, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo.
Se trata de los expedientes que investigan los jueces Ariel Lijo y María Servini. En la primera, delegada en el fiscal Franco Picardi, también está bajo la lupa el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
¿Los dichos de Hauque están vinculados a esa decisión? En su entorno lo desmienten. “Lo que motivó sus declaraciones fueron las amenazas que recibió, antes y después de la reconstrucción. Él está decidido a explicar todo porque estaba abajo en la pirámide”, dijo un allegado consultado por .
En las dos entrevistas que dio, Hauque apuntó a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Mencionó al extitular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y a otros tres funcionarios de esa entidad: Gastón Hourcade (exgerente de Supervisión de Entidades no Financieras), Rosalina Diaz (exgerenta Principal de Supervisión Especializada), y Diego “El Gordo” Volcic, uno de los allanados.
Hourcade fue trasladado a otra área luego del escándalo. Era jefe directo de Romina García, que aparece en un audio grabado por Piccirillo hablando de funcionarios “entongados”. Diaz también tenía un cargo jerárquico en la época del cepo cambiario. Hoy ya está jubilada. Algunos arriesgan que podría ser la “vieja del Central”, un término que se repite en los chats de Migueles. “Iban a las reuniones en el Palacio Duhau”, dijo Hauque en la entrevista con LN+.
Alberto sí, Massa no
El financista también apuntó directamente al expresidente Alberto Fernández. Dijo que conocía las maniobras. En su entorno desmienten cada una de las acusaciones. “Es un disparate”, responden sus allegados.
Llamativamente, los nombres que aportó Hauque coinciden, en gran parte, con los que había mencionado Piccirillo en una entrevista, grabada en enero y filtrada hace pocas semanas. En ambos casos, omitieron mencionar a exfuncionarios vinculados a Sergio Massa, que manejaba por ese entonces el Ministerio de Economía. ¿Fue una casualidad?. “No hay tregua ni acercamiento entre ellos”, aseguran en ambos bandos. De hecho, Hauque pedirá en las próximas horas que se revoque la prisión domiciliaria de Piccirillo, algo que se había negado hace poco tiempo.
Hauque también mencionó a la contadora Valeria Fernández y a Juan Manuel Agra, investigados en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi.
La contadora, tal como había adelantado , aparece en los audios entre Piccirillo y Hauque que dieron inicio a la causa. «Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar”, se queja Hauque en esa conversación. Fernández también fue mencionada en una conversación de WhatsApp entre Hauque y Martín Migueles, ex socio de Piccirillo. “Hay que prender el ventilador”, lanzó Hauque refiriéndose a la contadora luego de su detención, en enero de 2025.
Fernández tenía llegada directa a funcionarios de primera línea del Banco Central en pleno cepo cambiario. Además, era parte del Registro de Auditores Externos del BCRA, al menos hasta marzo de este año. Agra, en cambio, tenía contacto con todos los financistas investigados por el rulo financiero y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía.
En su alocución, Hauque también habló del rol de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, y pidió que se investigue el rol de las sociedades de bolsa en la maniobra del rulo. Pero omitió otros muchos nombres. “Tiene más de 100 nombres para aportar”, prometen en su entorno. Para eso falta. Hauque todavía no puede convertirse en imputado colaborador porque no hay una imputación formal ni un llamado a indagatoria.
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POLITICA
Un exsocio de Elías Picirillo quiere convertirse en arrepentido en la causa que investiga irregularidades en la compra de dólar oficial

La investigación sobre las presuntas maniobras irregulares para acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández podría sumar un nuevo capítulo en los próximos días. Francisco Hauque decidió avanzar con un pedido para convertirse en imputado colaborador, una figura que podría aportar nueva información sobre el supuesto esquema.
Según pudo saber TN, el abogado Carlos Pousa presentará mañana un escrito para comunicar formalmente la voluntad de su cliente de acogerse al régimen del arrepentido. La presentación no implicará de manera automática su incorporación a esa figura procesal, ya que primero deberá ser convocado a declaración indagatoria.
En el escrito, la defensa expresará que, en caso de que Hauque sea llamado a indagatoria, tiene intención de convertirse en imputado colaborador. A partir de allí, el eventual acuerdo deberá atravesar las instancias previstas por la ley: el fiscal tendrá que aceptar la propuesta, evaluar la información aportada y, posteriormente, el juez deberá homologar el entendimiento.
Los arrepentidos deben aportar información hacia arriba, es decir, involucrar a posibles funcionarios que permitieron que funcionara la estructura de compra de dólares oficiales para luego ir al blue y obtener una ganancia multimillonaria. Al menos eso es lo que cree la Justicia.
La decisión se conoce días después de que Hauque realizara fuertes señalamientos públicos vinculados a la causa. El viernes pasado aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y también apuntó contra María Valeria Fernández, una de las exfuncionarias del Banco Central mencionadas en el expediente.
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La investigación, que tramita en la Justicia federal, analiza un presunto circuito destinado a obtener dólares en el mercado oficial de cambios para luego derivarlos al mercado informal mediante distintas operatorias.
La hipótesis de los investigadores sostiene que existió una estructura integrada por empresarios, financistas, intermediarios y funcionarios o personas con llegada a organismos públicos que habrían facilitado el acceso a divisas a cambio de pagos calculados sobre la cotización del dólar blue.
SIRA y dólar oficial: la trama que investiga la Justicia
Entre los principales nombres que aparecen en el expediente figuran Hauque, Martín Migueles y Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio. Según la fiscalía, los tres habrían tenido distintos niveles de participación en una operatoria destinada a acceder de manera irregular al mercado oficial de cambios.
Uno de los ejes de la investigación está relacionado con las autorizaciones de importación otorgadas bajo el sistema SIRA. De acuerdo con conversaciones incorporadas a la causa, Migueles aseguraba tener capacidad para acelerar aprobaciones a cambio de pagos que oscilaban entre el 11% y el 15% del monto involucrado, calculados sobre el valor del dólar blue.
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En uno de los audios analizados por la Justicia, Migueles afirmaba: “Sí, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”. En otra conversación agregaba: “Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.
Para los investigadores, esos intercambios reflejarían una presunta cadena de intermediación destinada a agilizar autorizaciones mediante pagos clandestinos.
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La causa también puso bajo la lupa a varios funcionarios y exfuncionarios vinculados al Banco Central. Entre las personas mencionadas en el expediente aparecen Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime. La fiscalía sostiene que al menos algunos de ellos podrían haber desplegado conductas contrarias a los deberes funcionales que les correspondían.
En ese contexto también surgió la figura de la denominada “vieja del Central”, mencionada en conversaciones entre Hauque y Migueles. En uno de los diálogos incorporados al expediente, Hauque afirmaba que esa mujer “se llevó una fortuna” y que continuaba exigiendo dinero. Los investigadores consideran que esas referencias podrían estar vinculadas a personas con influencia dentro del organismo monetario.
La deuda de US$ 6 millones y el vínculo con Piccirillo

Otro de los capítulos centrales de la causa es la deuda de seis millones de dólares que Piccirillo reconoció mantener con Hauque. La Justicia intenta determinar si esos fondos tuvieron origen en las maniobras cambiarias investigadas.
Según la documentación incorporada al expediente, Piccirillo aceptó cancelar esa obligación mediante 39 cheques emitidos por Constructora 11 S.A., con montos que iban de los 140 a los 190 millones de pesos. Sin embargo, varios de esos documentos fueron rechazados por falta de fondos tras ser depositados en Sur Finanzas (NEBlockchain S.A.), otra de las firmas mencionadas en la investigación.
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La deuda ya había aparecido anteriormente en un reconocimiento firmado ante escribano público, mediante el cual Piccirillo se comprometía a entregar cerca de 40 cheques por un total aproximado de 6530 millones de pesos. Mientras el entorno de Hauque sostuvo que no recibió dinero y denunció irregularidades en algunos documentos, la defensa de Piccirillo rechazó esas acusaciones y aseguró que los cheques eran genuinos y contaban con respaldo económico.
Los investigadores también analizan la posible relación entre esa deuda y el procedimiento realizado contra Hauque en enero de 2025. Aquella noche, él y su pareja fueron interceptados por efectivos de civil luego de cenar con Piccirillo en el Palacio Duhau. Los policías afirmaron haber encontrado cocaína y un arma dentro del vehículo, pero la defensa del financista denunció que se trató de un operativo armado.
Posteriormente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló esa causa al detectar irregularidades en el procedimiento. Siete policías de la Ciudad quedaron bajo investigación y uno de ellos se convirtió en imputado colaborador.
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La exministra Carla Vizzoti fue indagada en Comodoro Py por la compra de vacunas contra el Covid

La exministra de Salud Carla Vizzotti fue indagada hoy en Comodoro Py, en la causa que investiga un presunto retraso en la compra de vacunas contra el Covid-19 entre 2020 y 2021.
La exfuncionaria, que durante los hechos investigados se desempeñaba como número dos de la cartera de Salud, se negó a contestar preguntas y entregó un escrito de más de 100 páginas, según fuentes al tanto de la indagatoria, que se extendió por 45 minutos. Llegó acompañada por su abogado y por otras tres personas.
Su declaración forma parte de la ronda de indagatorias que activó el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal del caso, Carlos Stornelli. Además de a Vizzotti, incluye al infectólogo Pedro Cahn -ya indagado- y al empresario Hugo Sigman, cuya citación, prevista para el 19 de mayo, fue reprogramada ese mismo día para fines de este mes por un pedido especial de su defensa.
El exministro de Salud Ginés González García, en tanto, también formaba parte de la investigación, pero falleció en octubre de 2024.
La ronda de indagatorias alcanza también a los apoderados de las distintas compañías que habrían sido beneficiadas por la decisión del Poder Ejecutivo de aquel momento de retrasar las negociaciones con el laboratorio Pfizer, según la acusación.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según Stornelli, en agosto de 2020, Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba más de 13 millones de dosis, pero el Gobierno la rechazó.
“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, afirmó Stornelli en su acusación.
Los funcionarios del Ministerio de Salud alegaron escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal. “Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Comité de expertos
El infectólogo Cahn -que integró la mesa de médicos, infectólogos, epidemiólogos y especialistas en salud pública que asesoraron al Gobierno durante la pandemia- también entregó un escrito en su indagatoria, pero a diferencia de Vizzotti, sí aceptó contestar preguntas.
Negó haber intervenido en la compra de vacunas contra el Covid. Sostuvo que el comité de expertos cercano al presidente Alberto Fernández “nunca tuvo designación formal” y que “en ninguna de sus reuniones se habló de vacunas ni de su calidad y tampoco intervino en el proceso de compra” de las vacunas.
“En ninguna reunión se habló de vacunas ni intervine en compras”, aseguró.
Contó que fue convocado por Vizzotti, pero explicó que solo los une un “vínculo profesional” propio de la infectología, y negó tener una “amistad personal” con la exfuncionaria.
Federico González del Solar,Carla Vizzotti,Conforme a,Carla Vizzotti,,Conflicto de intereses. Citan a indagatoria a la exministra Vizzotti y al empresario Sigman por las vacunas contra el Covid,,»Los dos lados del mostrador». Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por las vacunas contra el Covid-19,,Vacunatorio vip: heridas que no cierran
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