POLITICA
Los gobernadores aliados quieren que Milei resuelva la situación de Adorni

CÓRDOBA.- “Es un tema que tiene que arreglar el Presidente, que no nos quieran involucrar a nosotros en esto”. Eso le dijo un gobernador de los dialoguistas al ministro del Interior, Diego Santilli, la semana pasada, cuando la oposición liderada por el peronismo duro impulsó una interpelación y posterior moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mandatario le contó a que si bien no hubo ningún pedido en particular por parte de la Casa Rosada, el tema es ineludible.
El titular de Interior es el responsable de las negociaciones con los gobernadores mientras que Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara Baja, se encarga de los senadores. Esa es la división de trabajo habitual para todos los temas que están en el cronograma de trabajo del Senado.
“Si no piden expresamente nada, es porque no les interesa retenerlo. Es una forma de que seamos nosotros los que les resolvamos el problema. Deben tener claro que si no hacen ellos lo que deben hacer, lo hará el Congreso”, reflexionó otro gobernador consultado por .
La expectativa del oficialismo está puesta en que el peronismo duro no consiga el número necesario para tratar el proyecto de interpelación y moción de censura sobre tablas. “Una vez que entraste al teatro, nadie te salva”, resumió un aliado en referencia a que, si llega al recinto, la situación se precipitará.
Este martes Santilli continuará con la rueda de reuniones que mantiene por la reforma electoral y las agendas provinciales como temas principales. En su despacho estarán dos aliados, Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan), y el fueguino Gustavo Melella, un kirchnerista con el que la Casa Rosada mantiene una relación distante. La semana pasada estuvo con Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
En el conteo de votos en el Senado, los gobernadores juegan un rol clave. Por caso, entre los que suelen jugar con el oficialismo están la salteña Flavia Royón; el catamarqueño Guillermo Andrada; la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Julieta Corroza y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.
Por Corrientes están los dos radicales, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, además de Carlos Camau Espínola (Provincias Unidas), fuerza por la que se suma la cordobesa Alejandra Vigo. La chubutense Edith Terenzi trabaja en sintonía con el gobernador Ignacio Torres.
consultó a varios mandatarios del grupo crucial para el oficialismo. Todos coincidieron en que todavía no tienen una posición tomada respecto a qué harán si, finalmente, el caso Adorni llega a sesión. Insisten en que “acompañan gestión” pero que “lo político y lo judicial se deben resolver por esos carriles”.
Los aliados están ganando tiempo y, a la vez, dándoselo a los libertarios. Esperan a que sea el oficialismo el que resuelva la situación. Es decir, que el presidente Javier Milei remueva al jefe de Gabinete o que presente su renuncia.
“El Presidente debe resolver esto”
En diálogo con , Royón -que responde directamente a Sáenz- diijo: “El debido proceso es primero una interpelación para garantizar transparencia y rendición de cuentas. No se puede hablar de moción de censura sin ese paso previo. Acá es el Presidente el que debe resolver esto”.
La semana pasada, después de la entrevista de Adorni con LN+, el peronismo cordobés dio un giro y pidió abiertamente su renuncia. Esa posición adelantaría la que tomaría Vigo si se llega a la interpelación.
Los libertarios tienen experiencia en algunos proyectos, como la emergencia en discapacidad, en la que, cuando quedaron entre la espada y la pared, algunos de sus aliados optaron por tomar distancia. Esta vez también el Pro, incitado por Mauricio Macri, lo está haciendo.
Desde que en marzo empezaron las sospechas en torno a Adorni, los gobernadores dialoguistas vienen siguiendo de cerca la dinámica de los hechos y el impacto en la Casa Rosada. Las encuestas muestran que golpea directamente la imagen de Milei. En paralelo, esperan a que la Justicia avance en la causa. Si hubiera una imputación, podría acelerar los tiempos de una definición, sugirieron en la Casa Rosada.
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POLITICA
Dólar blue: un financista le apuntó a exfuncionarios de Alberto Fernández y se presenta en la Justicia

Francisco Hauque, uno de los financistas investigados en las causas sobre el rulo financiero y el SIRA, está convencido que debe colaborar con la Justicia antes que se complique su situación judicial. En dos apariciones televisivas recientes, avisó que quiere declarar como “arrepentido” y lanzó algunos nombres de exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Sus dichos pusieron en alerta a todos los involucrados. En Tribunales advierten que no puede ser imputado colaborador hasta que no sea llamado a indagatoria. Su defensa, sin embargo, pedirá en las próximas horas varias medidas de prueba, en línea con sus últimas declaraciones públicas.
El nombre de Hauque trascendió el año pasado cuando fue detenido en las inmediaciones del Palacio Duhau junto a su pareja. En el interior de su camioneta había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Elías Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith.
Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.
La semana pasada, la Justicia ordenó una reconstrucción del hecho, en los mismos lugares y a la misma hora que aquel episodio. El resultado de esa pericia, según distintos abogados que estuvieron presentes, no mejoró la situación de Piccirillo. Todo lo contrario. Casi a la misa hora que se hacía la reconstrucción, Hauque comenzó a recibir amenazas vía telefónica.
En ese contexto, decidió romper el silencio y dio dos entrevistas con TN y La Cornisa. Las declaraciones del financista también ocurrieron en la previa de una decisión clave: la Cámara Federal debe definir si se unifican dos de las causas sobre el rulo financiero, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo.
Se trata de los expedientes que investigan los jueces Ariel Lijo y María Servini. En la primera, delegada en el fiscal Franco Picardi, también está bajo la lupa el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
¿Los dichos de Hauque están vinculados a esa decisión? En su entorno lo desmienten. “Lo que motivó sus declaraciones fueron las amenazas que recibió, antes y después de la reconstrucción. Él está decidido a explicar todo porque estaba abajo en la pirámide”, dijo un allegado consultado por .
En las dos entrevistas que dio, Hauque apuntó a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Mencionó al extitular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y a otros tres funcionarios de esa entidad: Gastón Hourcade (exgerente de Supervisión de Entidades no Financieras), Rosalina Diaz (exgerenta Principal de Supervisión Especializada), y Diego “El Gordo” Volcic, uno de los allanados.
Hourcade fue trasladado a otra área luego del escándalo. Era jefe directo de Romina García, que aparece en un audio grabado por Piccirillo hablando de funcionarios “entongados”. Diaz también tenía un cargo jerárquico en la época del cepo cambiario. Hoy ya está jubilada. Algunos arriesgan que podría ser la “vieja del Central”, un término que se repite en los chats de Migueles. “Iban a las reuniones en el Palacio Duhau”, dijo Hauque en la entrevista con LN+.
Alberto sí, Massa no
El financista también apuntó directamente al expresidente Alberto Fernández. Dijo que conocía las maniobras. En su entorno desmienten cada una de las acusaciones. “Es un disparate”, responden sus allegados.
Llamativamente, los nombres que aportó Hauque coinciden, en gran parte, con los que había mencionado Piccirillo en una entrevista, grabada en enero y filtrada hace pocas semanas. En ambos casos, omitieron mencionar a exfuncionarios vinculados a Sergio Massa, que manejaba por ese entonces el Ministerio de Economía. ¿Fue una casualidad?. “No hay tregua ni acercamiento entre ellos”, aseguran en ambos bandos. De hecho, Hauque pedirá en las próximas horas que se revoque la prisión domiciliaria de Piccirillo, algo que se había negado hace poco tiempo.
Hauque también mencionó a la contadora Valeria Fernández y a Juan Manuel Agra, investigados en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi.
La contadora, tal como había adelantado , aparece en los audios entre Piccirillo y Hauque que dieron inicio a la causa. «Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar”, se queja Hauque en esa conversación. Fernández también fue mencionada en una conversación de WhatsApp entre Hauque y Martín Migueles, ex socio de Piccirillo. “Hay que prender el ventilador”, lanzó Hauque refiriéndose a la contadora luego de su detención, en enero de 2025.
Fernández tenía llegada directa a funcionarios de primera línea del Banco Central en pleno cepo cambiario. Además, era parte del Registro de Auditores Externos del BCRA, al menos hasta marzo de este año. Agra, en cambio, tenía contacto con todos los financistas investigados por el rulo financiero y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía.
En su alocución, Hauque también habló del rol de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, y pidió que se investigue el rol de las sociedades de bolsa en la maniobra del rulo. Pero omitió otros muchos nombres. “Tiene más de 100 nombres para aportar”, prometen en su entorno. Para eso falta. Hauque todavía no puede convertirse en imputado colaborador porque no hay una imputación formal ni un llamado a indagatoria.
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POLITICA
Un exsocio de Elías Picirillo quiere convertirse en arrepentido en la causa que investiga irregularidades en la compra de dólar oficial

La investigación sobre las presuntas maniobras irregulares para acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández podría sumar un nuevo capítulo en los próximos días. Francisco Hauque decidió avanzar con un pedido para convertirse en imputado colaborador, una figura que podría aportar nueva información sobre el supuesto esquema.
Según pudo saber TN, el abogado Carlos Pousa presentará mañana un escrito para comunicar formalmente la voluntad de su cliente de acogerse al régimen del arrepentido. La presentación no implicará de manera automática su incorporación a esa figura procesal, ya que primero deberá ser convocado a declaración indagatoria.
En el escrito, la defensa expresará que, en caso de que Hauque sea llamado a indagatoria, tiene intención de convertirse en imputado colaborador. A partir de allí, el eventual acuerdo deberá atravesar las instancias previstas por la ley: el fiscal tendrá que aceptar la propuesta, evaluar la información aportada y, posteriormente, el juez deberá homologar el entendimiento.
Los arrepentidos deben aportar información hacia arriba, es decir, involucrar a posibles funcionarios que permitieron que funcionara la estructura de compra de dólares oficiales para luego ir al blue y obtener una ganancia multimillonaria. Al menos eso es lo que cree la Justicia.
La decisión se conoce días después de que Hauque realizara fuertes señalamientos públicos vinculados a la causa. El viernes pasado aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y también apuntó contra María Valeria Fernández, una de las exfuncionarias del Banco Central mencionadas en el expediente.
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La investigación, que tramita en la Justicia federal, analiza un presunto circuito destinado a obtener dólares en el mercado oficial de cambios para luego derivarlos al mercado informal mediante distintas operatorias.
La hipótesis de los investigadores sostiene que existió una estructura integrada por empresarios, financistas, intermediarios y funcionarios o personas con llegada a organismos públicos que habrían facilitado el acceso a divisas a cambio de pagos calculados sobre la cotización del dólar blue.
SIRA y dólar oficial: la trama que investiga la Justicia
Entre los principales nombres que aparecen en el expediente figuran Hauque, Martín Migueles y Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio. Según la fiscalía, los tres habrían tenido distintos niveles de participación en una operatoria destinada a acceder de manera irregular al mercado oficial de cambios.
Uno de los ejes de la investigación está relacionado con las autorizaciones de importación otorgadas bajo el sistema SIRA. De acuerdo con conversaciones incorporadas a la causa, Migueles aseguraba tener capacidad para acelerar aprobaciones a cambio de pagos que oscilaban entre el 11% y el 15% del monto involucrado, calculados sobre el valor del dólar blue.
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En uno de los audios analizados por la Justicia, Migueles afirmaba: “Sí, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”. En otra conversación agregaba: “Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.
Para los investigadores, esos intercambios reflejarían una presunta cadena de intermediación destinada a agilizar autorizaciones mediante pagos clandestinos.
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La causa también puso bajo la lupa a varios funcionarios y exfuncionarios vinculados al Banco Central. Entre las personas mencionadas en el expediente aparecen Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime. La fiscalía sostiene que al menos algunos de ellos podrían haber desplegado conductas contrarias a los deberes funcionales que les correspondían.
En ese contexto también surgió la figura de la denominada “vieja del Central”, mencionada en conversaciones entre Hauque y Migueles. En uno de los diálogos incorporados al expediente, Hauque afirmaba que esa mujer “se llevó una fortuna” y que continuaba exigiendo dinero. Los investigadores consideran que esas referencias podrían estar vinculadas a personas con influencia dentro del organismo monetario.
La deuda de US$ 6 millones y el vínculo con Piccirillo

Otro de los capítulos centrales de la causa es la deuda de seis millones de dólares que Piccirillo reconoció mantener con Hauque. La Justicia intenta determinar si esos fondos tuvieron origen en las maniobras cambiarias investigadas.
Según la documentación incorporada al expediente, Piccirillo aceptó cancelar esa obligación mediante 39 cheques emitidos por Constructora 11 S.A., con montos que iban de los 140 a los 190 millones de pesos. Sin embargo, varios de esos documentos fueron rechazados por falta de fondos tras ser depositados en Sur Finanzas (NEBlockchain S.A.), otra de las firmas mencionadas en la investigación.
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La deuda ya había aparecido anteriormente en un reconocimiento firmado ante escribano público, mediante el cual Piccirillo se comprometía a entregar cerca de 40 cheques por un total aproximado de 6530 millones de pesos. Mientras el entorno de Hauque sostuvo que no recibió dinero y denunció irregularidades en algunos documentos, la defensa de Piccirillo rechazó esas acusaciones y aseguró que los cheques eran genuinos y contaban con respaldo económico.
Los investigadores también analizan la posible relación entre esa deuda y el procedimiento realizado contra Hauque en enero de 2025. Aquella noche, él y su pareja fueron interceptados por efectivos de civil luego de cenar con Piccirillo en el Palacio Duhau. Los policías afirmaron haber encontrado cocaína y un arma dentro del vehículo, pero la defensa del financista denunció que se trató de un operativo armado.
Posteriormente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló esa causa al detectar irregularidades en el procedimiento. Siete policías de la Ciudad quedaron bajo investigación y uno de ellos se convirtió en imputado colaborador.
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POLITICA
La exministra Carla Vizzoti fue indagada en Comodoro Py por la compra de vacunas contra el Covid

La exministra de Salud Carla Vizzotti fue indagada hoy en Comodoro Py, en la causa que investiga un presunto retraso en la compra de vacunas contra el Covid-19 entre 2020 y 2021.
La exfuncionaria, que durante los hechos investigados se desempeñaba como número dos de la cartera de Salud, se negó a contestar preguntas y entregó un escrito de más de 100 páginas, según fuentes al tanto de la indagatoria, que se extendió por 45 minutos. Llegó acompañada por su abogado y por otras tres personas.
Su declaración forma parte de la ronda de indagatorias que activó el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal del caso, Carlos Stornelli. Además de a Vizzotti, incluye al infectólogo Pedro Cahn -ya indagado- y al empresario Hugo Sigman, cuya citación, prevista para el 19 de mayo, fue reprogramada ese mismo día para fines de este mes por un pedido especial de su defensa.
El exministro de Salud Ginés González García, en tanto, también formaba parte de la investigación, pero falleció en octubre de 2024.
La ronda de indagatorias alcanza también a los apoderados de las distintas compañías que habrían sido beneficiadas por la decisión del Poder Ejecutivo de aquel momento de retrasar las negociaciones con el laboratorio Pfizer, según la acusación.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según Stornelli, en agosto de 2020, Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba más de 13 millones de dosis, pero el Gobierno la rechazó.
“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, afirmó Stornelli en su acusación.
Los funcionarios del Ministerio de Salud alegaron escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal. “Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Comité de expertos
El infectólogo Cahn -que integró la mesa de médicos, infectólogos, epidemiólogos y especialistas en salud pública que asesoraron al Gobierno durante la pandemia- también entregó un escrito en su indagatoria, pero a diferencia de Vizzotti, sí aceptó contestar preguntas.
Negó haber intervenido en la compra de vacunas contra el Covid. Sostuvo que el comité de expertos cercano al presidente Alberto Fernández “nunca tuvo designación formal” y que “en ninguna de sus reuniones se habló de vacunas ni de su calidad y tampoco intervino en el proceso de compra” de las vacunas.
“En ninguna reunión se habló de vacunas ni intervine en compras”, aseguró.
Contó que fue convocado por Vizzotti, pero explicó que solo los une un “vínculo profesional” propio de la infectología, y negó tener una “amistad personal” con la exfuncionaria.
Federico González del Solar,Carla Vizzotti,Conforme a,Carla Vizzotti,,Conflicto de intereses. Citan a indagatoria a la exministra Vizzotti y al empresario Sigman por las vacunas contra el Covid,,»Los dos lados del mostrador». Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por las vacunas contra el Covid-19,,Vacunatorio vip: heridas que no cierran
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