POLITICA
Pese al respaldo de Milei, la ostentación del diputado que compró un Tesla generó malestar en el Gobierno
“Es sorprendente cómo no cuidan al Presidente”, se lamentaron en la Casa Rosada ayer por la tarde, cuando la foto del carísimo auto Tesla del diputado libertario Manuel Quintar copaba las redes sociales y los canales de televisión. Y si bien el mismo Javier Milei optó por defender a su legislador con argumentos liberales, la considerada “ostentación” del referente violeta en Jujuy -que se autoreivindicó- generó rechazo en las (cansadas) filas del propio Gobierno.
En distintos ministerios lamentaron el fuerte interés que generó el hecho de que la onerosa máquina creada por Elon Musk estuviera aparcada como si nada en el estacionamiento del Congreso Nacional y luego se descubriera que pertenece a un político que integra la fuerza oficialista que, encima, había integrado las filas del peronismo k y respaldado a Milagro Sala.
Algunos se mostraron incrédulos por la reivindicación que hizo el Presidente, anoche, en el streaming Carajo, en la línea de Martín Menem, jefe político de Quintar. “A lo que voy es lo siguiente, si el tipo se ganó honestamente, se lo gasta en lo que se le canta el culo, a mí qué me importa”, dijo anoche Milei en la segunda entrevista del día con un streaming. Antes, había pasado la jornada en Olivos, escribiendo y replicando tuits.
Otros consideraron la protección oficial como “obvia”, pero no por eso estuvieron de acuerdo. “Es millonario y puede comprarse todos los Tesla que quiera. Pero yo no lo hubiera llevado al Congreso. Allá él”, reprochó, con sutileza, un alto funcionario nacional que conoce a Quintar y lo aprecia pero aún así sintió un malestar por el affaire del valioso vehículo. Otro legislador se mostró seguro de que Quintar buscó llamar la atención sobre sí mismo de cara a las elecciones del año que viene en Jujuy, y concluyó que “le salió mal”.
Como sea, el “dipuTesla”, como apodaron a Quintar los circuitos de las redes, llevó a varios abatidos libertarios a hacer un inevitable paralelismo con el caso de Manuel Adorni, que lleva los ánimos del oficialismo al suelo prácticamente a diario, cada vez que se conocen nuevas revelaciones sobre los abultados gastos en dólares cash que presuntamente hizo el jefe de Gabinete y que brotan de las voces de los testigos bajo la investigación en la Justicia.
Así como varios funcionarios quieren al ex vocero afuera de LLA a pesar de la defensa férrea del primer mandatario, también ante el caso de Quintar varios alfiles de Milei hubieran preferido una represalia ejemplificadora de parte de la cúpula. O, al menos, algo de moderación en la salvaguardia.
“No va a tener ningún costo para él internamente. Pero se hizo un daño y le hizo daño al espacio”, analizó un colaborador de diálogo con el Presidente que lamenta desde el inicio de la gestión muchos de los perfiles de los referentes que entraron al Congreso en 2023. En particular porque la mayor parte de los referentes -dicen- no tienen puesta la camiseta de Milei, sino que hacen política por aspiraciones propias, sobre todo en sus distritos, y no muestran pruritos en lo que puedan generar sus acciones en la imagen del Gobierno o del Presidente.
De todas formas, todos los libertarios consultados le restaron importancia al caso. Más allá de la repercusión de ayer, creen que la denuncia en contra de Quintar no prosperará en la Justicia y que el tema se va a agotar pronto.
De manera más amplia, insisten en que, a la postre, los errores de los miembros del espacio –desde Spagnuolo a Espert, de Adorni a Quintar, con las diferencias correspondientes en gravedad y tipo de falla— serán subsanados por la prometida mejora de la economía. Esto a pesar de que ayer temieron que la esperada nueva cifra de la inflación mensual, que les permitió dar una buena noticia porque disminuyó a 2,6 en abril contra el 3,4 de marzo haya sido opacada por la sombra del Cybertruck.
POLITICA
Cancillería criticó a Gran Bretaña por rechazar la intervención de un tribunal internacional ante la explotación petrolera en Malvinas
El Gobierno criticó a Gran Bretaña por rechazar la intervención de un tribunal internacional ante la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de ‘socavar’ los derechos de alguien”, comenzó el comunicado que se publicó a través de Cancillería.
Y se agregó: “Nada más alejado de la realidad. Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente”.
En el mismo texto, la cartera liderada por Pablo Quirno destacó que tanto el Reino Unido como la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. “Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención”, insistió.
Es por eso que, destacó Cancillería, “se trata de una obligación convencional”. “Una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales. Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación -en este caso, infundada- a los demás como una verdad absoluta”, sumó.
De la misma manera, cuestionó la declaración de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien afirmó que las actividades hidrocarburíferas unilaterales británicas en el área en disputa se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR”. “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, insistió el gobierno argentino.
También, señaló que “la Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo” y remarcó que el Reino Unido, obligado por la misma Convención, “tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos”.
Es por eso que, Cancillería destacó que “la Argentina deposita su plena confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que resolverá el caso con independencia”. “Serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las partes”, afirmó.
De la misma manera, recordó que la comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ante esto, argumentó que La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas “invitó a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa”.
POLITICA
El Gobierno rechazó el reclamo de Reino Unido para frenar el arbitraje por la exploración petrolera en Malvinas
La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, emitió un comunicado este jueves por la mañana luego de que el Reino Unido rechazara el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas, en lo que se conoce como Proyecto Sea Lion.
“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como un intento de ‘socavar’ los derechos de alguien [’la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno’, según Londres]. Nada más alejado de la realidad”, se introdujo en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Horas antes, el Reino Unido calificó el pedido de arbitraje como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”. “El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Fue en ese contexto que el gobierno de Javier Milei emitió una respuesta, en medio de una escalada diplomática entre ambos países desde el avance del Proyecto Sea Lion, una iniciativa de la compañía británica Rockhopper y la empresa israelí Navitas Petroleum para extraer petróleo a 200 kilómetros del archipiélago reclamado por la Argentina y controlado/administrado por el Reino Unido.
En el comunicado argentino, se agregó: “Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. El recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”.
En otro tramo del texto, insistió en la legalidad del procedimiento de arbitraje, se refirió a las declaraciones de Kumaran y se señaló: “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”.
“La República Argentina rechaza la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas. Asimismo, lamentamos la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio”.
El comunicado completo
“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de “socavar” los derechos de alguien. Nada más alejado de la realidad. Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente.
El Reino Unido y la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención. Se trata de una obligación convencional. Una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca “socavar” los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales. Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación —en este caso, infundada— a los demás como una verdad absoluta.
La declaración de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirma que las actividades hidrocarburíferas unilaterales británicas en el área en disputa se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR”. Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal. La Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo. El Reino Unido, obligado por la misma Convención, tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos. La Argentina deposita su plena confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que resolverá el caso con independencia. Serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las Partes.
La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa. La Resolución 31/49 instó a las dos partes a que se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras dicho proceso siguiera abierto. La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo. La Argentina ha planteado esta cuestión de manera constante por los canales diplomáticos y, ante la persistente negativa británica a negociar, ahora lo hace por las vías jurídicas que la propia Convención prevé.
La República Argentina rechaza la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas. El compromiso argentino con el respeto de su modo de vida, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, no está en discusión.
Asimismo, lamentamos la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio. La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son Partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias.
Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados.
La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Mientras tanto, continuaremos defendiendo nuestros derechos por los únicos medios dignos de una nación comprometida con la paz: el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional».
El proyecto de explotación petrolífera en Malvinas
Sea Lion es un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas que en los últimos meses avanzó pese al conflicto de soberanía. Navitas es la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) por US$1800 millones para desarrollar la primera fase. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028.
Rockhopper y Navitas ya habían emitido una primera reacción luego del discurso del Presidente a comienzos de septiembre, cuando además de aumentar las sanciones anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
“La sociedad opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas, un territorio británico de ultramar autónomo, y con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido”, indicaron en el texto oficial.
Tras ello, remarcaron que ambas firmas consideran que “los recientes acontecimientos” —en referencia a las palabras del libertario en Naciones Unidas— no tendrán “un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto, incluido el calendario para su finalización”.
Nuevamente, el miércoles, Rockhopper indicó que las sanciones que la Argentina impuso a las compañías que exploten petróleo en las islas Malvinas son “ilegítimas” y que avanzará con el proyecto Sea Lion junto con Navitas Petroleum.
En su informe semestral, la empresa exprresó que “no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo”.
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POLITICA
Patricia Bullrich marcó otra diferencia con el Gobierno: tildó de “apresurado” querer llevar al Congreso la Ley de Tierras
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó de “apresurado” el intento del Gobierno de elevar al Congreso las negociaciones por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en donde estaba incluido el capítulo de la Ley de Tierras, y advirtió que esa estrategia pueda facilitar que la oposición rechace el DNU 70/2023 de Javier Milei.
Su posición llegó después de que la Corte Suprema restituyera la vigencia de la disposición que derogaba la ley territorial. Con estas palabras, Bullrich volvió a diferenciarse de la postura oficial del gobierno que integra.
El gesto se suma a otros movimientos independentistas como las críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto o bien el rechazo de impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, que intentaron frenar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La senadora sostuvo que el Gobierno debió esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de enviar el proyecto al Congreso. “Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, afirmó ante los medios acreditados durante un acto por los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
En el acto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Bullrich precisó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, se sinceró.
El reconocimiento de Bullrich incluyó una advertencia sobre las consecuencias legislativas de aquel proceso. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, dijo la jefa senatorial de LLA.
Vale recordar que el fallo del máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la extranjerización de tierras al reponer un artículo del decreto presidencial que había derogado la norma vigente desde 2011. El capítulo en cuestión había sido retirado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada antes de que el Senado le otorgara media sanción en agosto. De esta forma cuestionó que el oficialismo promoviera esa iniciativa mientras la validez del decreto todavía estaba bajo análisis judicial.
El riesgo parlamentario para DNU y la posibilidad de una candidatura porteña
La oposición busca reunir a la Cámara de Diputados en una sesión especial para tratar el rechazo del decreto. Para abrir el debate necesita 129 diputados y, una vez logrado el quórum, una mayoría simple de los presentes para invalidarlo.
El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024. Los bloques opositores analizaban convocar la sesión en Diputados para el miércoles 7 de octubre o para el 14.
Bullrich buscó modificaciones que permitieran reunir el respaldo de aliados del oficialismo. Sturzenegger, en cambio, planteaba objeciones a los cambios introducidos en el texto original.
La senadora dijo además que cuenta con “toda la posibilidad y toda la capacidad” para competir por la jefatura de Gobierno, debido a que tuvo a cargo “áreas complejas”. Ante la consulta sobre una postulación, respondió: “Podría ser”.
La decisión, sin embargo, no está tomada. En su entorno señalan que, por ahora, prefiere una competencia nacional y resumen su posición con una frase: “Donde la ponga la historia”.
Sus diferencias públicas con decisiones del oficialismo y sus declaraciones sobre la necesidad de que “el proyecto reelija”, sin mencionar a Milei, alimentaron versiones sobre una posible ruptura. Ante preguntas sobre su futuro político, Bullrich ironizó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef, aunque no me eligieron. Empezó el otro día”.
La senadora impulsa una alianza entre La Libertad Avanza y Pro en la Ciudad, aunque las conversaciones entre ambos espacios permanecen “frías”. Los legisladores libertarios cuestionan la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Bullrich definió esa administración como una gestión con “luces y sombras”. Valoró las medidas vinculadas con el orden y las usurpaciones, pero cuestionó el adelanto de la negociación para renovar las concesiones de recolección de residuos para el período 2028-2038: “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”.
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Cancillería criticó a Gran Bretaña por rechazar la intervención de un tribunal internacional ante la explotación petrolera en Malvinas
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Patricia Bullrich marcó otra diferencia con el Gobierno: tildó de “apresurado” querer llevar al Congreso la Ley de Tierras
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Cayó la confianza en el Gobierno e igualó la peor medición de la era Milei
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El riesgo país vuelve a subir y llega a su nivel máximo en lo que va del año
