La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Claudio Fernando Bustos, apoderado de Lázaro Báez en Austral Construcciones, deberá pagar una multa de 109.745.733 dólares por su condena por lavado de dinero. Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron el recurso de la defensa, que cuestionaba que el monto se expresara en dólares.

La defensa argumentó que la conversión debía realizarse según la cotización vigente al momento de los hechos investigados. El juez Hornos respondió que actualizar la multa conforme la cotización al momento del pago resulta compatible con la necesidad de evitar la depreciación de la sanción. Bustos fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

En paralelo, la misma sala abrió la posibilidad de que otro condenado en la causa, Juan Carlos Molinari, pague en cuotas su multa de aproximadamente 2.237.959 dólares. Molinari saltó a la fama por pagar la boda de Leonardo Fariña con Karina Jelinek en el Tattersall de Palermo, que según el propio Fariña costó unos 480.000 dólares.

Por mayoría, los jueces Carbajo y Borinsky consideraron que el Tribunal Oral Federal 4 no había justificado adecuadamente el rechazo al plan de 48 cuotas solicitado por la defensa. Borinsky señaló que el fallo “omitió analizar, con debida amplitud, el ofrecimiento formulado por la defensa” sin brindar “una debida fundamentación”. Hornos votó en disidencia.

La causa quedó firme el 29 de mayo de 2025, cuando la Corte Suprema ratificó todas las condenas. Lázaro Báez cumple una pena unificada de 14 años. Los condenados fueron hallados culpables de haber armado una estructura para blanquear más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 provenientes de evasión mediante facturas truchas.

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El martes 10 de junio de 2025, unos quince minutos después de las 17, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad y dejó firme la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue la última vez que la ex presidenta de la Nación estuvo en absoluta libertad en la vía pública. Espero la decisión judicial en Matheu 130, la sede del PJ Nacional, por donde desfilaron una enorme cantidad de dirigentes del peronismo para apoyarla.

A tres semanas de que se cumpla el primer aniversario de la condena y detención de CFK, y en el medio de una interna agobiante con Axel Kicillof, el kirchnerismo activó un operativo de organización para realizar distintas manifestaciones públicas cuando llegue la fecha. Todas destinadas a sostener en alto la figura de la líder peronista, reclamar por su libertad, resaltar la idea de que es una perseguida política y reafirmar el compromiso de mantener su centralidad en la conversación que atraviesa a todo el peronismo en la antesala de un nuevo año electoral.

Ayer, a las 15, en la sede histórica del PJ Nacional, hubo un encuentro de dirigentes en el que se empezó a ordenar una serie de actividades que unirán esta semana con el 20 de junio, cuando se haga un banderazo en Parque Lezama, para apoyar a la ex presidenta. Será dos días después de que se cumpla el aniversario del momento en que la ex Jefa de Estado fue notificada de que debería cumplir su condena en prisión domiciliaria.

El 18 de junio del año pasado la militancia y la dirigencia kirchnerista llenó la Plaza de Mayo y escuchó un audio de la ex presidenta, quien no se vio obligada ir a los tribunales federales de Comodoro Py para conocer el detalle de las condiciones de su detención. En poco más de un mes quedará a la vista qué parte de la dirigencia sigue manteniendo el reclamo activo como aquella tarde fresca frente a la Casa Rosada.

En la mesa de coordinación del PJ estuvo el formoseño José Mayans, mano derecha de CFK en el partido; la diputada Teresa García, la senadora Juliana Di Tullio; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli y la ex legisladora Fernanda Raverta.

Según explicaron a Infobae, las actividades buscan “evitar el aislamiento político y afectivo” de la ex presidenta y sostener una presencia permanente frente a San José 1111. En esa línea continuarán realizándose nuevas jornadas impulsadas por distintos sectores sociales, entre ellos jubilados, estudiantes, artistas, organismos de derechos humanos, profesionales y organizaciones territoriales.

En las últimas semanas hubo distintas manifestaciones públicas de distintos dirigentes de peronismo, destinadas a poner en foco la situación judicial de Cristina Kirchner. En esa tribu del peronismo existe la necesidad, y la creencia, de que el espacio político mantenga el reclamo vivo y tenga presente su nombre, sus gestiones y su importancia en la historia de la fuerza política, en una etapa donde predominan las divisiones internas y sobran la exposición de resquemores.

Desde hace dos semanas se intensificaron los reclamos del círculo político más estrecho deMCFK para que haya una consideración respecto al momento que vive. Desde Máximo Kirchner reclamándole a la CGT por no nombrarla en el acto del Día del Trabajador, hasta Eduardo Valdés, amigo de la ex presidenta, quien consideró algunos días atrás que “Cristina es una presa política” y que se deben “comprometer entre todos a resolverlo”. Un mensaje hacia adentro del peronismo. También dijo que “sería bueno que Axel visite a Cristina”, en un mensaje que refuerza el pedido que vienen haciendo los más cercanos a la ex mandataria.

La idea de mantener la consigna de “Cristina libre” en foco supera, en algunos casos, los límites del cristinismo puro. La diputada nacional Cecilia Moreau, del Frente Renovador y de estrecha relación con Máximo Kirchner, aseguró en sus redes sociales: “Cristina es inocente. Lo que querían hacer desde un principio era proscribirla. No vamos a naturalizar que esté presa, por eso cuando hablamos del peronismo ese tiene que ser el punto de partida”.

El último viernes, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la ministra de Medio ambiente bonaerense, Daniela Vilar, organizaron una movilización al departamento donde cumple la condena Cristina Kirchner bajo el lema “Lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida”. La ex presidenta se asomó a su balcón y envió un audio grabado para que escuchen los militantes que fueron parte de la convocatoria: “Con esa consigna me rompieron el corazón. Un abrazo para todos los que se movilizaron hasta acá”.

En las últimas semanas el kirchnerismo viene realizando distintas actividades frente a la puerta de ingreso de San José 1111. La semana pasada los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley dieron una charla abierta bajo el título “Mafia judicial o democracia”. Hubo también dos actividades más. Una fue la jornada que denominaron “Cristina, sabemos por qué te persiguen” y otra que se llamó “Las villas con Cristina”, en la que estuvieron el legislador porteño “Pitu” Salvatierra y la diputada nacional Paula Penacca.

Ayer hubo otra actividad que tuvo como punto de referencia el Día de la Escarapela. Realizaron una convocatoria, con música en vivo y comida regional, denominada “Con la patria en el corazón”. La idea fue la misma: mantener viva la llama del reclamo judicial y político, y darle continuidad a una serie de actividades que tienen como objetivo sostener, de la forma en que se pueda, la centralidad de la ex mandataria. Así será en las próximas semanas. Así lo definieron ayer en el PJ.

En paralelo a todos los reclamos, se libra una batalla dialéctica en los actos públicos y en las redes sociales entre el cristinismo y el kicillofismo respecto al rol de CFK. El sector afín a la ex mandataria le pide al gobernador bonaerense que milite la causa, que tenga presente en sus actos el reclamo por su libertad y que la vaya a ver a San José 1111, como un gesto de grandeza frente a la debilidad de quien definió con su dedo su carrera política.

En el entorno de Kicillof descartan la posibilidad de un encuentro porque consideran que no están dadas las condiciones para que eso suceda. El último encuentro terminó mal y no ven en la ex presidenta la voluntad real de discutir un armado político de futuro, sino la intención de impartir órdenes y emanar reproches. “A medida que las cosas nos salen mejor, ellos más se enojan”, sostienen en el círculo más chico del Gobernador. La referencia es al sector más duro del cristinismo, que los acusa de desleales y carroñeros.

El; aparecieron en La Plata varios afiches con la frase “Axel o Milei”, que llevan la firma de La Patria es el Otro, la agrupación política que conduce Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los ministros del gabinete bonaerense más cercanos a Kicillof. En el círculo político del Gobernador resaltan que la consigna es para “no perder el foco de lo importante”, entre tantas chicanas y acusaciones cruzadas. Anticipan así lo que creen que será el duelo del 2027. Para la tarde de ayer varios de esos afiches tenían una inscripción arriba hecha con aerosol: “Cristina libre”. La batalla continúa.

Este martes, el oficialismo volverá a reunir a las comisiones para dictaminar el proyecto que habilita el acuerdo con los fondos que mantuvieron litigios contra la Argentina por el default de 2001. La nueva convocatoria surge tras la incorporación de una adenda que extendió los plazos originales y obligó a retirar el expediente de la última sesión prevista.

El Senado debatirá en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversiones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ratificar el acuerdo alcanzado con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda posterior al default de 2001. La iniciativa contempla además la autorización para que el Estado argentino cancele las obligaciones derivadas de esos litigios.

La reunión estará encabezada por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Participarán también funcionarios del Ejecutivo: el procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro Nacional, Juan Ignacio Stampalija.

La adenda que obligó a volver a comisión

La Libertad Avanza había conseguido a fines de abril un dictamen de mayoría sobre el proyecto. Sin embargo, el procurador del Tesoro informó la semana pasada una prórroga hasta el 31 de mayo para la ratificación del acuerdo, cuando originalmente estaba prevista para el 30 de abril.

La modificación no había sido comunicada previamente a los aliados del oficialismo en la Cámara alta. La situación derivó en el retiro del expediente que iba a tratarse en la última sesión y en la convocatoria a una nueva reunión de comisiones para que funcionarios del Ejecutivo explicaran los cambios incorporados.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, encabezó las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista. En paralelo, Agustín Monteverde solicitó en el recinto que el proyecto regresara a comisión.

Tras la firma de los dictámenes prevista para este martes, el oficialismo espera llevar la iniciativa al recinto del Senado en la próxima sesión.

Qué modifica la adenda del acuerdo

Según el texto oficial, la adenda únicamente actualiza el listado de bonos incluidos en el Anexo A para reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores.

El Gobierno sostiene que la modificación “no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”. Además, remarca que el acuerdo de conciliación establece una exoneración total para el Estado argentino.

El monto total del entendimiento se mantiene en US$104 millones porque fue calculado exclusivamente sobre la base de sentencias emitidas por tribunales estadounidenses contra acreedores que actualmente poseen esos fallos. Los reclamos vinculados con bonos considerados prescriptos habían sido rechazados y no integraron el cálculo final.

El acuerdo alcanzado en Nueva York

El entendimiento definitivo se cerró ante tribunales de Nueva York entre representantes de la Argentina y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. El acuerdo exige su presentación y posterior ratificación por parte del Congreso argentino.

El Presidente remitió el proyecto al Senado con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Posteriormente, Patricia Bullrich definió su giro a las comisiones correspondientes.

El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos declarada tras el default.

El texto enviado al Senado establece que “la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67 millones”. Además, contempla pagos por US$104 millones al grupo Attestor.

El cierre de litigios y la protección de activos argentinos

El acuerdo prevé también suspender litigios vinculados con los bonos alcanzados y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque las partes conservarán el derecho de preservar posiciones sobre resoluciones previas.

El entendimiento busca además desactivar potenciales ejecuciones judiciales sobre activos argentinos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

De avanzar en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, el acuerdo marcará el cierre definitivo de los litigios originados tras el default declarado por la Argentina en 2001.

Deuda, Senado