La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro obtuvo el reconocimiento de la Justicia Electoral como partido político de distrito y se perfila para participar con sello propio en las elecciones provinciales de 2027, además de otras contiendas previstas en el calendario electoral local.

Si bien el principal objetivo es disputar la gobernación, los armadores libertarios anticiparon que también buscarán competir en instancias previas, entre ellas la elección de convencionales constituyentes de Bariloche, prevista para el 1 de noviembre, en la que se reformará la Carta Orgánica municipal.

El senador Enzo Fullone encabeza el armado político de la fuerza y aparece como uno de los principales nombres para la contienda para suceder a Alberto Weretilneck al frente del Ejecutivo provincial.

En el mismo espacio también se encuentra el diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien se afilió a La Libertad Avanza hace pocas semanas. El legislador ya había manifestado en 2025 su intención de competir por la gobernación, aunque dentro del espacio no descartan que pueda integrar una fórmula como candidato a vicegobernador.

La fuerza que lidera Javier Milei desde la Casa Rosada celebró el reconocimiento oficial, que le permitirá competir con sello propio sin necesidad de integrar alianzas o frentes electorales.

Con este aval, además de proyectarse para la elección provincial de 2027, La Libertad Avanza podrá presentar candidatos en los comicios para convencionales constituyentes de Bariloche, convocados para revisar y modificar la Carta Orgánica de la ciudad más poblada de Río Negro.

La resolución fue firmada a principios de este mes por el juez electoral Carlos Da Silva, quien otorgó el reconocimiento y la personería jurídico-política a la fuerza para actuar tanto en el ámbito provincial como en el municipal.

El partido podrá utilizar oficialmente los tradicionales colores violeta y negro y contará con autorización para emplear distintos emblemas partidarios, entre ellos la “peluca” alusiva al presidente Javier Milei, diversas representaciones de un león, además del contorno de un águila y una serpiente.

En su resolución, el magistrado tuvo en cuenta que La Libertad Avanza posee reconocimiento definitivo como partido de distrito a nivel nacional, bajo el registro 174, con autoridades proclamadas y mandato vigente hasta marzo de 2029. La diputada nacional Lorena Villaverde figura como presidenta; el apoderado partidario, Damián Torres, como vicepresidente; y el senador Enzo Fullone, como tesorero.

Más allá de la estructura formal, Fullone es quien conduce el proceso de consolidación y expansión territorial del espacio. “Es el responsable del armado partidario en toda la provincia”, sostienen desde el sector, aunque aclaran que todavía no existe una definición respecto de una eventual candidatura a gobernador.

Si bien Villaverde continúa siendo la presidenta del partido, en el espacio reconocen que, desde la difusión de denuncias vinculadas a presuntas causas por narcotráfico en Estados Unidos, dejó de ejercer la conducción política. De hecho, tampoco participó de la celebración por la obtención del reconocimiento partidario.

Con esta resolución, La Libertad Avanza completó el último requisito legal que le restaba para competir con sello propio en las próximas elecciones de Río Negro.

Según datos oficiales, el partido que a nivel nacional lidera el presidente Javier Milei cuenta con 2.395 afiliados en la provincia y ya tiene aprobada su Carta Orgánica Partidaria.

“equipo africano de flojos modales”.,dijo que no tenía razones para retractarse.,considerarlos de “carácter discriminatorio”.,Pablo Mannino,Mendoza,Francia,Conforme a

La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital la orden del juez Ariel Lijo que rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el organismo.

El planteo busca frenar la convocatoria para que Spagnuolo aporte una muestra de voz que permita cotejarla con las grabaciones que destaparon el caso.

Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.

Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.

Además, los abogados recordaron que está pendiente de resolución la presentación realizada para que los audios no sean incorporados como medida de prueba, ya que cuestionaron su autenticidad al sostener que fueron manipulados con inteligencia artificial.

Días atrás, Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios y recordó que la medida está destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones y que debe avanzar pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz para su comparación.

En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN. Recordó además que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva.

El ida y vuelta con el peritaje

“Los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”, dijo oportunamente a TN el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro. Además, agregó que “más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.

Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.

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El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.

La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia