El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitó el procesamiento de la médica forense Emma Virginia Creimer por su presunta participación en una maniobra atribuida al instructor de perros Marcos Darío Herrero, condenado por falso testimonio agravado en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca. La fiscalía sostiene que Creimer realizó un aporte necesario en uno de los procedimientos cuestionados a Herrero, quien recibió una pena de siete años de prisión por haber informado supuestos hallazgos y marcaciones de sus perros que buscaban involucrar a policías bonaerenses.

La acusación se concentra en una inspección realizada el 18 de febrero de 2021 en el destacamento policial de Teniente Origone. Allí, Creimer participó como perito de parte de la querella junto con Herrero y otros funcionarios. Durante el procedimiento, encontró una piedra negra de cerca de un centímetro que luego fue identificada como una turmalina.

El objeto fue relacionado en ese momento con un collar que pertenecía a Facundo. La piedra quedó incorporada a la causa como posible prueba de que el joven había estado en el calabozo del destacamento, una de las hipótesis que apuntaban contra los policías que habían sido investigados por el caso.

Martínez considera que Creimer debe ser procesada como partícipe necesaria del delito de falso testimonio agravado, previsto en los artículos 45 y 275 del Código Penal. La figura contempla penas de entre uno y 10 años de prisión.

La fiscalía no le atribuye a la médica haber colocado la piedra en el lugar. El planteo apunta a que conocía de antemano la existencia del objeto y que intervino de forma deliberada en su hallazgo, recuperación y posterior presentación como una pieza ligada a Astudillo Castro.

Según el requerimiento, Creimer pidió revisar el suelo de la celda por tercera vez, después de dos inspecciones que no habían arrojado resultados. También participó de la revisión de los sedimentos que se habían retirado del calabozo.

Los registros de video incorporados a la causa mostraron que el perro de Herrero recorrió el recinto y mordió un colchón, pero no realizó una marcación clara sobre el lugar donde apareció la turmalina. Para el fiscal, el hallazgo no surgió de una detección odorífica atribuible al animal.

“La evidencia no permite afirmar, por ahora, que Creimer haya intervenido materialmente en la colocación del mineral”, señaló Martínez. Aun así, sostuvo que existen elementos para creer que la médica sabía de su existencia y que participó en la etapa posterior de localización y presentación de la piedra.

Uno de los puntos que valoró la fiscalía fue el testimonio de una integrante de la Gendarmería Nacional que estuvo presente durante el procedimiento. La funcionaria declaró que, ante la reiteración de las revisiones, le preguntó a Creimer si buscaban algún elemento en particular. De acuerdo con su relato, la médica respondió que buscaban “la turma”.

Para el fiscal, esa expresión resulta relevante porque fue pronunciada antes de que apareciera el objeto. También cuestionó que, una vez hallada la piedra, Creimer pidiera agua para limpiarla, una acción que podía alterar rastros sobre la pieza.

La madre de Facundo reconoció entonces la turmalina como parte de un collar de su hijo. Peritajes posteriores concluyeron que esa piedra y otra recuperada durante la inspección de un móvil policial pertenecían al mismo mineral, pero no encastraban entre sí ni tenían rasgos que permitieran afirmar que provenían de una misma pieza. La investigación determinó además que no pertenecían a Astudillo Castro.

Herrero fue condenado el 22 de abril de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca. El juez Ernesto Sebastián lo consideró responsable de siete hechos de falso testimonio agravado en una causa criminal, por intervenciones que buscaron apuntalar una hipótesis contra efectivos de la Policía Bonaerense.

La sentencia estableció una pena de siete años de prisión e inhabilitación absoluta por 14 años. Además, el tribunal unificó esa condena con otra que Herrero había recibido en Mendoza por encubrimiento simple y fijó una pena única de siete años y ocho meses de prisión.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en febrero de este año, al rechazar por mayoría un recurso de la defensa. Los jueces señalaron que las afirmaciones del instructor no contaban con respaldo científico ni podían ser verificadas mediante reglas técnicas reconocidas.

En ese expediente se analizaron las supuestas marcaciones de los perros de Herrero en patrulleros, calabozos y otros lugares vinculados con la investigación. También se discutió el hallazgo de un amuleto con forma de sandía que fue presentado como objeto de Facundo, junto a las mencionadas piedras turmalinas.

Creimer, en su declaración indagatoria, sostuvo que el hallazgo de la turmalina fue fortuito. Negó haber sabido antes de la diligencia que la piedra estaba allí y rechazó haber participado de una maniobra coordinada con Herrero.

El fiscal consideró que esa versión contradice los videos, el acta del procedimiento y la declaración de la gendarme.

Ahora deberá resolver el juzgado federal si dicta el procesamiento solicitado, si dispone nuevas medidas de prueba o si adopta otra decisión sobre la situación procesal de la médica.

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TNS

La semana pasada, la investigación por el caso de la docente Nancy Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, tuvo un giro dramático: la Justicia comenzó a investigar el hecho como un femicidio y cinco sospechosos fueron detenidos. Ahora, mientras continúan los operativos para encontrar el cuerpo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado en el que explicó por qué cree que la mataron.

Cuatro de los sospechosos están imputados por el asesinato, mientras que al quinto se lo acusa de falso testimonio. Los acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de Rosa, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval.

Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto sospechoso, está preso por falso testimonio. Todos, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, estarán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

De acuerdo con el MPF, los fiscales que llevan adelante la investigación, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, ordenaron una serie de medidas que incluyeron declaraciones testimoniales, secuestro de objetos de interés para la causa, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas. Estos últimos estudios “se encuentran sujetos a un análisis integral y a la espera de resultados”. El cúmulo de pruebas —explicaron— les permitió sostener la hipótesis de que a Nancy la mataron.

Según explicaron, Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N° 626, desapareció en los primeros días de octubre de 2026 en el paraje Malezal, Esquina, Corrientes. El 9 de octubre estaba previsto su regreso desde la zona rural donde trabajaba. Sus familiares radicaron la denuncia el 15 de octubre. El MPF tomó intervención recién a partir de esa fecha.

La hipótesis de femicidio y las cinco detenciones

La acumulación de pruebas llevó a la Fiscalía a reorientar la investigación y ya no buscar a una persona con vida, sino un cadáver. El Ministerio Público Fiscal adoptó formalmente la hipótesis de femicidio como línea de trabajo central, lo que a su vez derivó en la detención de cinco personas.

El organismo subrayó que la situación de los detenidos “es examinada conforme a la legislación vigente, con pleno respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin adelantar conclusiones definitivas”.

“El abordaje de la hipótesis de un posible femicidio responde a la rigurosidad penal del caso, pero de ninguna manera implica abandonar la búsqueda”, aclararon.

Información a la familia y reserva del expediente

El MPF señaló que la búsqueda “continuará de manera exhaustiva con las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes”. Hasta ahora, las autoridades no informaron el hallazgo de restos ni ningún elemento que permita determinar con certeza qué ocurrió con la docente. Los resultados de las pericias genéticas, que podrían aportar datos sobre ese punto, todavía están pendientes.

El MPF de Corrientes también se refirió al vínculo con los allegados de la docente. Reconoció “el profundo impacto emocional que este caso tiene en los familiares” y anunció que mantiene abiertos canales de comunicación para brindarles información dentro de los límites que impone la reserva legal de la investigación.

La institución se comprometió a mantener disponibles esos canales de asistencia “para la familia y/o sus allegados a lo largo de todo el proceso”, y a comunicar los avances que puedan hacerse públicos “oportunamente por los canales institucionales correspondientes”.

“La investigación se basa estrictamente en hechos verificados dentro del legajo, lo que garantiza la solidez del proceso y asegura un avance efectivo hacia el total esclarecimiento de los hechos. La investigación continúa en curso y los avances que puedan comunicarse serán informados oportunamente por los canales institucionales correspondientes”, concluyeron.

Lo cierto es que, por ahora, no se brindaron mayores detalles del rol de cada uno de los acusados en el presunto femicidio de la mujer. Para los fiscales, las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener que Nancy fue asesinada. Esa hipótesis se basa en una serie de medidas de prueba realizadas desde el 15 de octubre.

Allanamientos y objetos secuestrados

Mientras avanza el expediente en este sentido, los investigadores hallaron prendas quemadas en la tapera de Zarza, el capataz acusado de femicidio. La ropa será sometida a pericias de ADN para determinar si pertenecía a la docente.

La tapera en la que se secuestraron las prendas se ubica a apenas 150 metros de la Escuela Rural N° 626, en el paraje “El Malezal”, donde Godoy se desempeñaba como directora. Las fuentes precisaron que aún “no se sabe si están completa o parcialmente quemadas”, un dato que las pericias deberán esclarecer junto con la posible presencia de material biológico en la ropa.

El hallazgo se suma a una serie de medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía en las últimas semanas. El viernes 23 de octubre, personal especializado inspeccionó tres pozos de agua ubicados en las inmediaciones de la escuela, una diligencia que debió llevarse adelante con precaución por la antigüedad de las estructuras. Los resultados de esa inspección no fueron comunicados hasta el momento.

Durante un allanamiento previo en la casa de Rosa Leguizamón —otra de las imputadas— los investigadores secuestraron una campera negra y dos alpargatas que, según la pesquisa, podrían pertenecer a la maestra. Esas prendas fueron exhibidas ante los familiares de Godoy para su reconocimiento. En el domicilio de Ernesto Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio, también se incautaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que fueron enviados a peritar.