POLITICA
Polémica en Tucumán por un proyecto que busca eliminar de forma exprés calumnias en redes y diarios digitales

Un proyecto de ley para impedir la publicación de calumnias e injurias en medios digitales y redes sociales desató una intensa polémica en la política de Tucumán. Desde la oposición libertaria provincial advirtieron que la propuesta restringe la libertad de expresión y alertaron por posibles usos arbitrarios, mientras que el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia de la iniciativa y anticipó que la vetará, en caso de aprobarse y no modificarse.
Con la autoría del legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, que pertenece al bloque de Jaldo, el texto propone una medida cautelar para la violencia digital, que habilita una “tutela judicial inmediata destinada a disponer la cesación urgente del daño provocado por publicaciones digitales que constituyan en forma manifiesta, inequívoca y acreditada calumnias o injurias”.
La decisión de qué contenido se mantiene, se elimina o se desindexa de una plataforma queda a cargo de un juez penal provincial. Deberá definirlo en un plazo máximo de seis horas, sin contar con la réplica del autor del contenido o al medio involucrado.
El alcance del instrumento judicial es bastante amplio. Aplica a cualquier tipo de “contenidos difundidos en redes sociales, plataformas digitales, portales web, diarios digitales, servicios de mensajería de difusión masiva y cualquier medio tecnológico de comunicación pública en línea», señala en su artículo 2.
La discusión fue tomando calor en los últimos días luego de que el texto fuera aprobado en comisión en la Legislatura de Tucumán. Sin embargo, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia de la iniciativa impulsada por el diputado peronista y aclaró que se trata de un “proyecto de un legislador provincial, como muchos otros de diferentes temas y de otros legisladores”.
“Es una iniciativa que está muy lejos de plasmarse, si así lo deciden los legisladores en el recinto. Si se llegara a aprobar, no hay duda que en el Poder Ejecutivo -que tengo el honor de conducir y habrá que estudiarlo como sale en definitiva-, tal cual está, va camino al veto. Esa es mi posición”, sostuvo Jaldo en diálogo con Infobae.

En tanto, La Libertad Avanza Tucumán compartió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” y se declaró en estado de alerta.
“Recordamos que en la República Argentina los poderes del Estado son independientes. Si una persona considera que ha sido afectada por una publicación, cuenta con las herramientas legales correspondientes para recurrir ante la Justicia. Pretender que el Poder Legislativo intervenga para condicionar u obligar el accionar del Poder Judicial constituye un hecho de enorme gravedad institucional”, señala el documento.
“La libertad de expresión es un valor fundamental de toda sociedad democrática y republicana -continúa-. Cualquier intento de restringirla, limitarla o generar mecanismos de censura representa un avance preocupante contra derechos y garantías esenciales de los ciudadanos”.
La postura oficial de LLA fue compartida por el principal referente del partido en Tucumán, el ex ministro del Interior Lisandro Catalán, y la diputada nacional Soledad Molinuevo, quien insistió en sus redes sociales que la iniciativa “viola garantías constitucionales y habilita abusos arbitrarios”. “La libertad de expresión no se negocia. Es un derecho esencial y cualquier mecanismo de censura debe ser frenado de inmediato”, remarcó.

El legislador opositor Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) también criticó el proyecto oficial y sostuvo que, en caso de aprobarse, convertirá al juez en “un órgano de control de contenidos”.
“El juez penal pasa a decidir qué contenido puede circular y cuál debe eliminarse, función ajena a la jurisdicción penal. Este mecanismo sólo busca censurar los contenidos sin debate previo, algo que atenta directamente contra la democracia, ya que ésta se defiende con más opinión pública, más debate y no con más silencio”, dijo Berarducci a La Gaceta.
El debate legislativo y los últimos cambios
Para que el proyecto avance, requiere de la aprobación de 49 legisladores. El último dictamen, de hace un mes, contó con el aval del autor y los legisladores Sara Assan, José Macome -libertario-, Christian Rodríguez y María Carolina Vargas Aignasse.
La norma introdujo cambios respecto de la versión original, aunque mantuvo su estructura central. Lo más importante fue la incorporación de la exclusión de los funcionarios públicos de este mecanismo, tras las críticas que había recibido la iniciativa. Explícitamente, quedó establecido que no podrán acceder a este procedimiento quienes hayan sido elegidos mediante voto popular ni los funcionarios de los tres poderes del Estado, hasta el rango de director.

Otro punto fue la eliminación del artículo que establecía una vigencia inicial de diez días para la medida cautelar, aunque se mantiene el proceso sumarísimo. Además, incorpora un “candado normativo” que obliga a los jueces a rechazar cualquier pedido cuando exista una duda razonable sobre si el contenido denunciado constituye una opinión, una crítica o información de interés público.
Ante el revuelo generado, Vargas Aignasse volvió a defender el proyecto legislativo en redes sociales y advirtió que quien diga “que es para proteger políticos, está faltando a la verdad”.
«La ley protege a los ciudadanos comunes frente a las calumnias, injurias y campañas de difamación que hoy se viralizan en minutos y pueden destruir reputaciones, familias y hasta poner en riesgo la salud mental de las personas“, advirtió el dirigente peronista. Y agrega: “No es censura. Es poner un límite a la mentira deliberada y al hostigamiento digital”.

En paralelo, con una postura similar a la de Jaldo, desde el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dejaron trascender que no se acompañará ningún proyecto que limite la libertad de prensa ni el ejercicio periodístico.
“El proyecto todavía no está en el orden del día y no está previsto que se trate. Ha generado mucho ruido”, reconoció Aignasse a Infobae. Y volvió a insistir que “se deja afuera de utilizar esta medida cautelar urgente a quien tenga un cargo público”. “Lo que se busca es que se mantenga el objeto de este proyecto, que es que regular la violencia de los particulares en general por los temas que son de público conocimiento y día a día vemos en redes sociales”, concluyó.
Sexting,Ciberacoso,Mujer,Tecnología,Redes sociales,Privacidad,Ciberseguridad,Violencia digital,Teléfono móvil,Salud mental
POLITICA
Bullrich pidió que Milei acelere los acuerdos para dar gobernabilidad y advirtió: “En 2025 terminamos atados a Bessent”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a marcarle la cancha a los hermanos Milei. Después de que volviera a coquetear con la idea de construir una candidatura presidencial en 2027, la exministra de Seguridad presionó a la Casa Rosada para que acelere los acuerdos políticos con los aliados de cara a las próximas elecciones con el objetivo de blindar la gobernabilidad y despejar las dudas en torno a la sustentabilidad del programa económico de Milei.
En una entrevista con el canal de streaming Infobae TV, Bullrich advirtió que, durante el próximo proceso electoral, la gestión de Milei no puede volver a “caer” en la “ingobernabilidad” de principios de octubre de 2025, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervino en el mercado local para estabilizar la situación cambiaria.
La senadora y extitular de Pro dijo que la “cobertura política” es “muy importante” para dar certeza a los empresarios e inversores y evitar las turbulencias financieras en la antesala de los comicios.
Bullrich remarcó que los actores económicos requieren señales de que habrá gobernabilidad. Por esa razón, insistió, se requiere un acuerdo político que le permita a Milei ampliar su base de apoyo. “Y no nos vamos a caer en una ingobernabilidad como en 2025, cuando terminamos atados de Bessent. Eso no nos puede pasar”, subrayó.
Días atrás, Bessent elogió el proceso de estabilización de la Argentina y anticipó que podría volver a usar el swap para apoyar a Milei durante el año electoral. “Podríamos hacerlo de nuevo, seguro”, resaltó. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, dijo que la Casa Blanca podría movilizar hasta US$ 20.000 millones en 2027 para proyectos estratégicos en el país.
En ese marco, Bullrich consideró que sería saludable que la gestión de Milei no dependa de un eventual rescate financiero de EE.UU. para evitar una crisis cambiaria. “Bessent dijo hay plata para la Argentina. Me encantaría de decirle: ‘mirá, no lo necesitamos, porque construimos nuestros propios reparos para que no tengamos esos vaivenes que te llevan a una situación de pérdida de capacidad económica, como ocurrió el año pasado”, puntualizó la jefa de senadores de LLA.
Bullrich confesó que tampoco coincide con Milei cuando afirma que dispone de una “bazuca de dólares” para disipar los temores respecto de una eventual estampida cambiaria y financiera en 2027. “Yo lo discuto eso. Yo no tengo que decir: ‘Estoy con US$75.000 millones a la espera de que me hagan un golpe económico. No es bueno un golpe económico. Yo tengo que decir: ‘Voy a tener la gobernabilidad, la tranquilidad y no voy a necesitar esa plata”, apuntó.
La senadora hizo estas declaraciones en momentos en que dos funcionarios influyentes del gobierno de Trump visitan el país. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Ambos serán recibidos esta tarde por Milei en su despacho de la Casa Rosada.
Durante la entrevista, Bullrich reiteró que “está preparada” para ser candidata a presidenta, pero eludió las definiciones respecto de si piensa competir el año próximo. Tampoco aclaró si pretende acompañar a Milei en la fórmula. “Uno tiene que saber esperar su momento”, deslizó.
Además, insistió en que trabaja para que el proyecto de Milei “llegue con una economía que la gente la sienta”.
Hasta ahora, el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, no se hicieron eco de los pedidos de Bullrich para modificar el programa.
En materia institucional, la jefa de la bancada oficialista ya había tomado distancia de los insultos y ataques de Milei a la prensa. Por caso, se solidarizó con los periodistas de perseguidos por la Justicia de Gildo Insfrán en Formosa.
Hace dos semanas, volvió a diferenciarse del Gobierno en materia de pliegos judiciales. Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos realizada el miércoles en el Senado, anunció que votará en contra del nombramiento de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo. Argumentó que se opondrá a la designación porque la fiscal “pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista”.
Respecto a lo judicial, en junio pasado Bullrich hizo ruido cuando se abstuvo de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por Milei por ser familiar del periodista de Hugo Alconada Mon.
la Casa Blanca podría movilizar,Conforme a
POLITICA
Hotesur y Los Sauces: la Justicia habilitó a Cristina y a Máximo Kirchner a participar de manera virtual en la primera audiencia

El Tribunal Oral Federal 5 autorizó a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo a conectarse de manera virtual durante la primera audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces.
Según pudo confirmar TN, la medida regirá solo para la primera jornada, donde se leerá la elevación a juicio y en la Sala AMIA de Comodoro Py solo estará presente en representación de Máximo y Cristina su abogado, Carlos Beraldi. La decisión del TOF, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, responde a no dilatar el inicio del proceso, previsto para este viernes a las 10.
“La premura temporal derivada del fallo de la Cámara de Casación -circunstancia ajena a la organización previa del Tribunal- no debe traducirse en una nueva postergación del debate, debiendo asegurarse el normal desenvolvimiento del proceso”, sostuvieron los jueces al respecto.
El fallo de Casación, añadió el TOF “ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.
Para cumplir con la fecha fijada, profundizaron los magistrados, es que se decidió hacer lugar al pedido de la expresidenta y su hijo. Todo ello para “adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal desenvolvimiento, evitando dilaciones que puedan ser razonablemente superadas sin menoscabo de los derechos de las partes”.
Al respecto, los jueces aclararon que el juicio será plenamente presencial y que se habilitó excepcionalmente “la participación de los acusados por medios telemáticos únicamente durante la audiencia de lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras sus defensores comparecen de manera presencial”.
Tampoco regirá un sistema hibrido, aclararon los magistrados en su resolución.
El martes, la Cámara de Casación resolvió unificar ambos expedientes en un solo juicio, tras sostener que ya durante la instrucción “la tramitación conjunta de ambas resultaba ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia».
En esa línea, los magistrados agregaron que la decisión de separar las causas va en contra de “la posibilidad de que la pretensión punitiva en los términos en que fue promovida por los acusadores obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable”.
Anteriormente, el TOF dispuso que el juicio sea exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales, y reservó fechas adicionales —incluidos algunos sábados de octubre y semanas de feria judicial de enero de 2027— para el caso de que resulten necesarias.
Leé También: Pese al reclamo de Patricia Bullrich, la Casa Rosada rechaza apurar un acuerdo electoral con los gobernadores, el PRO y la UCR
El cronograma prevé sesiones los lunes, viernes y sábados. Las reglas del debate establecen una diferencia según el tipo de audiencia. Los acusados deberán estar presentes en la sala cuando declaren en indagatoria.
En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes vivan fuera de la Capital Federal podrán pedir conectarse a distancia, pero esa posibilidad se resolverá de manera individual en cada caso.
La acusación
De acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio, la expresidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el tramo de Los Sauces. A su hijo Máximo se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del lavado de dinero. En el expediente de Hotesur, en cambio, a ambos se les imputa principalmente el delito de lavado de activos, sin reiterar la asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.
Entre los principales imputados también figuran el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes, y su hijo Martín Báez. Completan el núcleo más visible Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, acusados de asociación ilícita y lavado principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.
En Hotesur, la empresa central es Valle Mitre, firma vinculada a Báez que, según la acusación, pagó más de 28 millones de pesos a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios del Alto Calafate y de Las Dunas que, para los fiscales, no se correspondían con un uso real.
También están imputados Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta y su esposo Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador del entramado; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz.
POLITICA
Con las PASO suspendidas, el PJ chaqueño acordó internas abiertas y anticipa un probable escenario nacional

El escenario político de la provincia de Chaco muestra anticipos de las dinámicas que podrían dispararse a nivel nacional, en caso de que el gobierno del presidente Javier Milei consiga los votos para concretar su intención de eliminar o suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El mes pasado, el gobernador Leandro Zdero (de la Unión Cívica Radical y aliado de Milei), obtuvo el apoyo de la Cámara de Diputados provincial para quitar las PASO del calendario electoral de 2027, una decisión que impactó en el peronismo local, que, al igual que sucede a nivel nacional, muestra variados aspirantes a gobernador. Sin PASO, el justicialismo chaqueño acordó que el año que viene realizará internas abiertas para afiliados y no afiliados.
El peronismo chaqueño no formalizó aún el llamado a elecciones internas, pero tiene acuerdo para realizarlas. Así lo confirmaron a tres fuentes del justicialismo provincial. La elección partidaria se realizaría en una fecha a definir, en los meses de mayo, junio o julio del año próximo.
El 2 de septiembre, la Cámara de Diputados de Chaco suspendió las PASO para el turno electoral de 2027. Zdero consiguió aprobar su proyecto con 17 votos a favor, entre los que estuvo el de la legisladora massista Katia Blanc; otros 15 diputados se habían ausentado, para no dar quorum. El gobierno provincial calcula ahorrar entre $4000 y $5000 millones con la suspensión de las PASO. Chaco es la primera provincia con PASO que logró quitarlas de la agenda electoral del año que viene.
Con varios dirigentes con aspiraciones de candidatearse a la gobernación, sin las PASO el peronismo chaqueño perdió una herramienta para solucionar su interna, por lo que acordó aplicar el método de la interna abierta. Si bien los mecanismos de votación están en discusión, se estima que podrán votar afiliados y no afiliados, sin carácter de obligatoriedad, y que los gastos correrán a cargo del partido. Una fuente del PJ chaqueño calculó que el costo sería de alrededor de $120 millones, con el traslado de urnas y el pago del operativo policial como erogaciones principales.
Entre los anotados como posibles candidatos a gobernador de Chaco desde el peronismo no está el exgobernador Jorge Capitanich. El actual senador nacional −que en 2023 perdió la elección ante Zdero, tras 16 años en el poder− promueve “la renovación dirigencial” y alienta a “que salgan todos a competir”, dijeron a desde su entorno.
En los últimos meses, Capitanich recibió en Chaco a las figuras principales de la interna justicialista. En agosto, fue anfitrión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el fin de semana pasado, celebró el Día de la Lealtad Peronista junto al diputado nacional Máximo Kirchner.
En la lista de aspirantes del PJ a candidatos a gobernador están el diputado provincial Santiago Pérez Pons (fue ministro de Economía e Infraestructura de Capitanich); el intendente de Machagai, Juan Manuel García (también cercano a Capitanich), y la intendenta de Barranqueras, Magdalena “Magda” Ayala.
Si bien la presencia de Capitanich en la oferta electoral para la gobernación chaqueña se descartó desde las filas del exgobernador, en otros sectores que reconocen su liderazgo en el justicialismo chaqueño advirtieron que “puede ser todo: gobernador, vicepresidente o candidato a intendente de Resistencia, para empujar”.
La suspensión de las PASO es un objetivo prioritario del gobierno nacional que empuja desde abril, y aún sin suerte, una reforma electoral en el Congreso. A diferencia de lo que consiguió Zdero en la Cámara de Diputados chaqueña, para La Libertad Avanza la cosecha de apoyos legislativos es compleja. En el Senado, aún no logra reunir la cantidad suficiente (37 votos) para aprobar la quita de las PASO del calendario. El tema es permanente en las reuniones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores aliados.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
la provincia de Chaco,la quita de las PASO del calendario,Javier Fuego Simondet,Chaco,PJ Partido Justicialista,Elecciones primarias,Jorge Capitanich,Conforme a
POLITICA3 días agoEl Gobierno pone en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios y busca que haya 20.000 empleados menos en el Estado
CLIMA3 días agoAlerta roja en Sudamérica por el Súper Niño: cambio climático, inundaciones extremas y el hallazgo de microplásticos y metales en el granizo
POLITICA3 días agoEl Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura argentina en el Comité de Descolonización de la ONU

















