POLITICA
Polémica por el fallo Levinas: el procurador Casal pidió un decreto que habilite a los fiscales a intervenir ante el TSJ
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, pidió al Poder Ejecutivo que emita un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para suspender la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Ferrari contra Levinas, que establece al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) como el órgano competente para entender en los recursos extraordinarios presentados ante la justicia nacional ordinaria porteña. El argumento central del procurador es que los fiscales nacionales no están habilitados para actuar ante tribunales de otra jurisdicción.
Casal expuso la situación ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, acompañado por los secretarios de la Procuración General, Juan Manuel Casanovas, y de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima. La presentación se dividió en dos bloques: el estado presupuestario del organismo y los conflictos generados por el cambio jurisprudencial.
“Estamos pidiendo al Ejecutivo que vía un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a una norma que nos habilite a intervenir ante el TSJ respecto en las causas en las que intervenimos en la Justicia Nacional hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de justicia ordinaria. Esto es porque el Ministerio Público no puede intervenir en otras jurisdicciones”, explicó Casal.
El fallo Levinas y la reforma laboral, un conflicto que se agrava
El procurador informó que solicitó en dos ocasiones a la Corte la suspensión de esa jurisprudencia y que en ambos casos recibió una negativa. El cuadro se agravó con la aprobación de la Reforma Laboral: su artículo 90 ratifica el convenio de traspaso de competencias, lo que eliminó el argumento de que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público. “Ni siquiera podemos sostener que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público porque el tribunal superior es la Cámara Nacional de Apelaciones”, señaló Casal.
Para ilustrar la urgencia ante los legisladores, el funcionario describió un caso concreto: un fiscal que, frente a un femicidio con una resolución liberatoria que consideraba arbitraria, debió recurrir la decisión y se vio ante la disyuntiva de cuál vía procesal utilizar.
“Hay una verdadera razón de urgencia porque inmediatamente se sanciona esta ley se nos presenta un caso donde el fiscal frente a un caso de femicidio donde había una solución liberatoria que consideraba arbitraria tenía que recurrir y seguimos las dos variantes pedimos la cobertura normativa”, detalló.
Casal explicó que, por ahora, los fiscales nacionales presentan el recurso de inconstitucionalidad local y que el fiscal de la Ciudad “con buen criterio” lo ha sostenido. Sin embargo, advirtió sobre el escenario siguiente: “¿Qué sucede cuando no nos concedan un recurso y haya que meter una queja ante el TSJ? Esto es una solución de contingencia hasta que se transfieran todas las competencias”. “Nosotros como fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias”, subrayó.
Recorte presupuestario del 47% en dos años
En el segundo bloque de la presentación, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal advirtieron que el presupuesto del organismo se redujo un 47% en los últimos dos años. Ante la consulta sobre si esa caída afectaba la administración de justicia, los funcionarios reconocieron haber efectuado “reiterados reclamos a través del Ministerio de Justicia”, aunque destacaron “buena disposición” de esa cartera para readecuar los recursos.
Casal reconoció que la situación presupuestaria “está difícil para todos”, pero subrayó que son “necesarias” las contrataciones de herramientas tecnológicas y los alquileres de espacios para el trabajo del organismo en las distintas provincias. “La cuestión se pone difícil y tratamos de administrar los recursos”, concluyó.
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POLITICA
El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones
Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.
El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.
Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.
Cómo se distribuyen los costos de los daños
El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.
La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.
Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.
El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales
A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.
Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.
La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.
Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.
La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.

Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.
Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.
Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.
Congreso, Incidentes, gobierno de la Ciudad
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: tras su visita a Ecuador, el Presidente ya está en Colombia para la asunción de Abelardo De la Espriella
POLITICA
Kicillof fue a la misa por San Cayetano, se refirió a la sesión del Senado y apuntó contra Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este viernes a la misa por San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y se refirió a la sesión del Senado en la que el oficialismo consiguió media sanción del proyecto de propiedad privada (sin el polémico capítulo de extranjerización de tierras). Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el nivel de los salarios y aseguró que “con tres clics” el Gobierno puede endeudar el país.
Al ser abordado por la prensa, el mandatario bonaerense condenó el operativo policial en el Congreso durante las protestas de distintas organizaciones para manifestarse contra el proyecto libertario. “Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia”, marcó.
Sobre la ley, expresó: “La fueron cambiando, no sé si quedó un 10% [de lo que era]. Quedó un gobierno que no escucha. Quieren anotarse triunfos sobre temas como esas leyes ómnibus que al final lo que provocan es que sectores más amplios se vayan dando cuenta de que hay que defender la soberanía, que no pueden rematar el país favoreciendo intereses extranjeros. Creo que se está despertando un sector que dice que este modelo nos lleva a un callejón sin salida, a un desastre”.
Además, se refirió a la microeconomía y a la mora de los argentinos, que subió por 19 meses consecutivos y llegó a alcanzar al 12,8% de las familias, según datos que surgen de la consultora 1816 sobre la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu). “El lío lo armó Milei, no es la gente que irresponsablemente se endeuda. Esto creció. Tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas por las decisiones que toma el Gobierno. La tasa de interés y las condiciones financieras hacen que con tres clics se puedan endeudar. ¿Para quién gobiernan? Para la timba”, completó Kicillof.
Mientras se debatía el proyecto el jueves en la Cámara alta, la manifestación en rechazo a la iniciativa terminó con incidentes entre grupos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad cuando ya se habían desconcentrado la mayoría de los manifestantes.
La iniciativa de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra tras un extenso debate que duró más de diez horas. Casi el mismo resultado se registró en la votación en particular de los cuatro capítulos sobrevivientes de la iniciativa.
Si bien se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y algunos senadores patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.
Sin los votos para aprobarlo, el oficialismo terminó pidiendo la eliminación del capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego. Ese fue el segundo apartado que debió resignar el oficialismo en las últimas 48 horas, después de que el martes anunciara que no iba a insistir con la idea de relajar los límites a la venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras.
Así, la iniciativa quedó reducida a tan sólo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad. Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
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