POLITICA
Eduardo Casal le pidió a Milei una norma urgente para que los fiscales puedan actuar ante el máximo tribunal porteño
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió al Gobierno una solución urgente para evitar que un vacío legal les impida a los fiscales actuar en determinadas causas. Reclamó una ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para resolver el problema generado por el fallo “Levinas” de la Corte Suprema.
A partir de esa sentencia, las causas que tramitan ante la justicia nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires deben pasar por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño antes de llegar a la Corte Suprema. Pero los fiscales nacionales no están legalmente habilitados para actuar ante un tribunal de otra jurisdicción.
El jefe de los fiscales reveló que la Procuración solicitó formalmente al Poder Ejecutivo, el 19 de mayo, una norma transitoria que los habilite a intervenir ante el máximo tribunal porteño hasta que se complete el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad.
Su exposición fue ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación del Congreso. La comisión, presidida por el diputado Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria, recibió a Casal y a sus colaboradores para analizar el informe anual de gestión del Ministerio Público Fiscal y abordar el impacto del fallo Levinas y de la nueva ley laboral.
“Después de cinco años, la Comisión vuelve a funcionar para garantizar que la independencia del Ministerio Público no se confunda con ausencia de rendición de cuentas ante la ciudadanía”, sostuvo Galmarini.
El reclamo de Casal
La situación, según Casal, se volvió todavía más urgente después de que la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario y sancionada en marzo de este año recogiera el criterio del fallo Levinas. “Tuvo una consagración legislativa”, dijo el jefe de los fiscales.
Tras ello, el procurador general exigió a Milei el dictado de una norma transitoria para subsanar el vacío legal.
Casal subrayó que el conflicto ya tuvo consecuencias concretas. Relató que un fiscal debió recurrir una decisión liberatoria que consideraba arbitraria en una causa por femicidio. Ante la ausencia de una solución normativa y para no perjudicar el ejercicio de la acción penal, la Procuración decidió avanzar igualmente tras la presentación de un recurso.
“Tenemos una responsabilidad fundamental, que es hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción. Mientras esto no se resuelve, vamos a seguir interponiendo los recursos”, afirmó Casal.
El procurador interino sostuvo que existe una “verdadera razón de urgencia” porque hay causas y plazos procesales en curso y cualquier cuestionamiento sobre la capacidad legal de los fiscales para actuar ante el TSJ podría comprometer su intervención. “La sanción de una norma transitoria hasta que este proceso se complete -el traspaso de la justicia nacional ordinaria al fuero porteño- solucionaría muchas cosas”, resumió.
Vacantes y recursos
La advertencia por Levinas no fue el único reclamo de la Procuración. Durante la reunión, las autoridades del Ministerio Público también alertaron sobre las vacantes, la pérdida de poder adquisitivo de su presupuesto y la falta de recursos para afrontar la implementación gradual del sistema acusatorio, que coloca las investigaciones penales en cabeza de los fiscales y acelera los plazos procesales.
Juan Manuel Casanovas, el secretario de la Procuración, graficó la desigualdad de recursos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según detalló, en el ámbito federal existen 380 jueces frente a 222 fiscales. La brecha es todavía mayor en términos de personal: los juzgados cuentan con alrededor de 9300 empleados, mientras que el Ministerio Público tiene unos 2500.
También remarcó la cantidad de vacantes. Según informó, hay 160 cargos sin cubrir considerados necesarios para implementar el sistema acusatorio. De ellos, 43 ya tienen ternas elevadas, 82 están en concurso y 35 todavía deben ser llamados a concurso.
“Nosotros arrancamos, en términos mundialistas, perdiendo dos o tres a cero”, afirmó Casanovas sobre la brecha con el Poder Judicial de la Nación.
Casanovas sostuvo que la Procuración pudo avanzar hasta ahora con el nuevo sistema “gracias a una gestión muy austera”, pero advirtió que necesita más recursos para sostener sus nuevas responsabilidades.
Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, precisó que el presupuesto del organismo perdió un 47% de poder adquisitivo en dos años: un 44,7% en 2024 y otro 3,3% en 2025. Advirtió que ese deterioro coincide con la implementación del sistema acusatorio, que exige mayores recursos humanos, tecnológicos y edilicios, además de equipos multidisciplinarios.
Como ejemplo, señaló que funciones periciales que en materia penal estaban a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte pasarán al Ministerio Público. “Nosotros tenemos un médico y, con suerte, a veces conseguimos otro para poder atender los desafíos”, afirmó.
Durante la rendición de cuentas, Olima repasó los principales hitos de la gestión 2024-2026. Entre ellos destacó la implementación gradual del sistema acusatorio, la modernización y despapelización del organismo, la estrategia contra el crimen organizado, la regulación del uso de inteligencia artificial y la creación de un canal único para garantizar la trazabilidad de la información proveniente de los organismos de inteligencia.
También se refirió a la relación con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Frente a la historia propia de la Argentina”, explicó que la Procuración estableció un canal único para el ingreso de información de inteligencia al Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de garantizar su trazabilidad y evitar intercambios desagregados con las fiscalías.
Según detalló, toda información proveniente de inteligencia debe ingresar por la Secretaría de Coordinación Institucional, que la deriva al fiscal o a la fiscalía especializada correspondiente y registra su recorrido hasta una eventual judicialización. “El día de mañana no debería aparecer una causa penal en donde digan: esto se inició por información de inteligencia, sin trazabilidad”, sostuvo.
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POLITICA
ATE pidió que el Gobierno dicte un asueto administrativo para este miércoles por el partido de Argentina-Inglaterra
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno nacional que declare un asueto administrativo con cese de tareas a partir del mediodía del miércoles 15 de julio para que los empleados de la Administración Pública Nacional —tanto la Administración Central como los Organismos Descentralizados— puedan ver el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 206.
El reclamo abarca también al personal de entes públicos, empresas y sociedades del Estado. El pedido fue dirigido formalmente al presidente Javier Milei y contempla, según el comunicado del propio sindicato, la garantía de funcionamiento de los servicios básicos mediante guardias mínimas para la atención de urgencias.
“El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en el documento oficial que se presentó al Gobierno Nacional para argumentar su postura de la necesidad del asueto.
El dirigente también reclamó que “el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias”.
En el documento enviado al Ejecutivo, ATE argumenta que, al igual que en las festividades de fin de año y los feriados nacionales, deberían mantenerse guardias mínimas en sectores críticos para cubrir urgencias y emergencias.
El sindicato señaló además que “entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha”.
“En nombre y representación del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) entidad sindical de primer grado, con personería Gremial 2 y domicilio en Av. Belgrano 2527 de esta ciudad, nos dirigimos a usted (Milei) a fin de solicitar que para el día de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol”, escribieron en el documento oficial.
En tanto, ATE aseguró que la solicitud se realizó en un contexto en el que distintos gobiernos de la región ya adoptaron medidas similares durante esta edición de la Copa del Mundo para partidos que también representaron un hito importante para la sociedad del país.
Los ejemplos que citaron fueron el de Paraguay, que decretó feriado tras la victoria de su selección en los 16avos de final contra Alemania. En Argentina, la provincia de Jujuy dispuso asueto administrativo el día del partido ante Egipto por los 8avos de final, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes del cierre de su jornada laboral sin afectar la prestación de los servicios esenciales.
En el caso de Jujuy, en aquella oportunidad, el gobierno provincial comunicó el asueto administrativo y escolar para “que la comunidad jujeña pueda acompañar este importante compromiso deportivo del seleccionado nacional”. También fue a partir de las 12 del mediodía.
Mientras tanto, la selección argentina se encuentra en los momentos decisivos de la antesala del duelo de este miércoles a las 16 ante el conjunto que dirige el alemán Thomas Tuchel y el técnico Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo titular que saldrá al campo de juego.
En la práctica de ayer, el estratega de Pujato ensayó con una línea de tres defensores con la presencia de Nicolás Otamendi junto con Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez, la dupla de centrales indiscutida. En el equipo se mantendría Nicolás Tagliafico por la banda izquierda y faltaría definir el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Otra variable en este caso es que se meta Nicolás González como lateral-volante.
Otra de las pruebas de Scaloni fue la de armar un mediocampo con Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Una variante en el caso de que el técnico se incline por un 4-4-2 es que aparezcan Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. La ausencia en ese boceto es la de Rodrigo De Paul, quien podría salir para darle ingreso a Otamendi en la línea de tres con los dos laterales volantes (3-5-2). En caso de mantenerse el esquema del último encuentro ante Suiza, el Motorcito pelearía su lugar con el ex mediocampista de River Plate y el hijo del Cholo Simeone.
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POLITICA
Ante la rebelión de las cámaras federales, la Casación ratificó que es el superior jerárquico
Ante la incipiente rebelión de algunas cámaras federales, la Cámara Federal de Casación ratificó que es su superior jerárquico y que lo dispuesto en sus fallos plenarios es doctrina que debe ser aplicada por todos los tribunales federales del país.
Así lo estableció al fallar en un caso donde dejó sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario que había fijado el valor de una multa impuesta en una condena por narcotráfico en un importe menor al que correspondía legalmente.
La decisión fue de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Los jueces hicieron lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal que había reclamado que se aplique de manera obligatoria lo dispuesto por un plenario de la Cámara Federal de Casación para computar el monto de las multas vigente al momento de que la condena queda firme y se intima el pago, y no al momento del hecho.
Ese criterio fue fijado por la Cámara Federal de Casación Penal en el Plenario n° 17 denominado Pastene, dictado el del 13 de mayo de 2025.
De esta manera, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la importancia de la doctrina de los fallos plenarios dictados por el tribunal, los que resultan aplicables “sin excepción”, dijeron, a todos los tribunales penales federales del país.
La Sala IV hizo lugar al planteo del fiscal y anuló la resolución cuestionada, al considerar que debía respetarse la doctrina legal fijada por el máximo tribunal penal.
En el fallo plenario Pastene, la Cámara Federal de Casación Penal había establecido que las multas previstas para los delitos de narcotráfico deben calcularse tomando como referencia el valor del formulario del Registro Nacional de Precursores Químicos vigente al momento en que se intima el pago, criterio que, según recordó ahora el tribunal, resulta obligatorio para todos los órganos judiciales federales.
En su voto, que lideró el acuerdo, el juez Hornos sostuvo que la resolución rosarina contiene un error manifiesto en la determinación del quantum de la pena pecuniaria, por resultar contraria a la doctrina plenaria obligatoria.
Recordó que el sistema de unidades fijas busca precisamente que el valor de la multa sea proporcional al daño causado por el delito y no se torne irrisorio por el paso del tiempo y la inflación, en resguardo del principio de igualdad tal como lo entendió la Corte Suprema.
Es al momento de la intimación al pago, explicó, cuando se “cristaliza” la intención del legislador de no desnaturalizar la pena monetaria.
Carbajo adhirió en lo sustancial. Borinsky, por su parte, fue directo al punto institucional: frente al criterio del tribunal rosarino, “Cabe estar a lo decidido” en la sentencia plenaria, cuya observancia —conforme el artículo 10 de la ley 24.050— resulta obligatoria para los tribunales inferiores.
Esta situación se dio porque en el nuevo Código Procesal Penal Federal quedó redactado de manera ambigua el rol de la Cámara Federal de Casación.
El artículo 54 habla de “Jueces de revisión con funciones de casación”, en una redacción que pareció generar dudas en diversos precedentes de la Cámara Federal de Córdoba, de Salta y de Rosario, ahora.
Por eso los jueces de Casación ratificaron este rol de control como tribunal superior y la obligatoriedad de adherir a sus plenarios.
Desde el dictado de dos plenarios de 2025 (sobre la constitucionalidad de las restricciones a las salidas anticipadas para condenados por narcotráfico y este sobre multas), distintos tribunales federales del interior vienen resistiendo, de manera más o menos explícita, la fuerza vinculante de esa doctrina.
En Córdoba, el Tribunal Oral Federal 1 declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de ejecución penal de un condenado por drogas para habilitarle el acceso a los beneficios de salidas. Lo hizo el 6 de marzo de 2025 contra el dictamen del fiscal general Maximiliano Hairabedián, que había advertido que no correspondía apartarse de la ley.
El apartamiento más frontal, ya con el plenario vigente, llegó desde la Patagonia: un juez de ejecución del Tribunal Oral Federal de General Roca declaró inconstitucional la ley de ejecución y concedió la libertad condicional a un condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En junio de 2025, la misma Sala IV revocó el beneficio, revirtió la declaración de inconstitucionalidad y recordó que la cuestión ya había sido zanjada y ese plenario era de aplicación obligatoria. En paralelo, la Sala IV venía declarando inadmisibles los recursos de defensores de Resistencia, Rosario y Posadas que pretendían reabrir la discusión.
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POLITICA
El Gobierno advierte a los hinchas que no podrán llevar banderas de Malvinas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra
A menos de 24 horas de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que los hinchas no podrán ingresar al estadio con banderas o remeras alusivas a las islas Malvinas.
“No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, dijo la funcionaria este martes en declaraciones radiales cuando fue consultada sobre si la restricción alcanza a las banderas con referencias a las islas.
“No se va a poder entrar ni con botellas ni con ningún elemento que contenga algún mensaje provocativo: político, de odio, de intolerancia racial o religiosa”, explicó la funcionaria en diálogo con Radio Now.
Monteoliva aclaró, de todos modos, que la restricción no alcanza a los cánticos de la hinchada: “No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente”.
El operativo de seguridad
El partido, catalogado como de “alto riesgo” por las autoridades estadounidenses, se juega este miércoles desde las 16 (hora de la Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para 71.000 espectadores. Se prevé la presencia de unos 30.000 hinchas argentinos y 20.000 ingleses.
La ministra de Seguridad confirmó que se resolvió reforzar significativamente la presencia de efectivos policiales en los alrededores del estadio y aumentar el personal de seguridad privada en tribunas y espacios comunes.
Leer más: El Gobierno refuerza la seguridad de la embajada británica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra
El dispositivo fue definido el lunes en una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), de la que participaron representantes del FBI, la FIFA, la policía de Atlanta y autoridades de seguridad argentinas e inglesas. Se acordó que los hinchas argentinos ingresarán por la puerta 4 y los ingleses por la puerta 3, aunque luego podrán compartir zonas comunes del estadio.
Mundial 2026, Selección Argentina de Fútbol, Alejandra Monteoliva
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