POLITICA
La causa de la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelve al juzgado que querían los acusados
En un controvertido giro del caso, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelva a tramitar en la Justicia de Campana, como pretendían los investigados, Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros de los dirigentes de la entidad deportiva.
Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos. Su madre, Ana Conte, es jubilada. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Ambos figuran como propietarios de una fastuosa mansión, que entre sus prestaciones tenía un haras, una gran colección de autos -muchos de alta gama- e incluso un helipuerto propio. La sospecha es que, en realidad, la quinta pertenece a dirigentes de la AFA.
Fue un fallo dividido. La mayoría la conformaron los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El otro integrante del tribunal, Alejandro Slokar, votó en disidencia.
La resolución determina que la causa vaya a la Cámara de San Martín, para que a su vez ese tribunal la remita al juzgado de Campana. Es decir, el giro a la Cámara es solo temporario. La decisión, finalmente, la devuelve al juzgado que querían los aparentes testaferros.
Argumento
La intervención de Barroetaveña en esta causa fue cuestionada porque el camarista ocupó un cargo dentro de la AFA: hasta noviembre pasado fue presidente del Tribunal de Ética del organismo.
La causa -que con el correr de los meses fue ganando volumen y llegó a alcanzar a empresas vinculadas a la AFA- volverá así a manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, que intervino en el caso antes de que se abriera la disputa por la competencia.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, que se opuso a que el expediente regresara a Campana, podrá presentar ahora un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema, pero le espera un camino cuesta arriba porque la decisión que objeta no se trata de una sentencia definitiva.
Desde que se inició la causa, hace ocho meses, el expediente dibujó un verdadero laberinto judicial: nació en Comodoro Py, pasó a Penal Económico, luego a la Justicia de Campana -por una inhibitoria que presentaron Conte y Patano-, regresó a Penal Económico y ahora vuelve a Campana.
En todo ese recorrido opinaron tribunales de alzada, jueces de primera instancia, fiscales, los propios investigados y se conformaron dos grupos con posturas bien definidas: quienes opinaron, con el monotributista Pantano y la jubilada Conte, que la fastuosa quinta, por estar radicada en Pilar, debía ser investigada en Campana; y quienes, por el contrario, relativizaron la ubicación y consideraron que la quinta era apenas un elemento más y que detrás de ella se escondía una trama más compleja, que incluye la hipótesis de lavado.
De esa discusión también formó parte la disputa por el domicilio de la AFA, fijado en los papeles en Pilar desde noviembre de 2024, aunque a nivel operativo la entidad siempre funcionó en el histórico edificio de la calle Viamonte, en el centro porteño.
En su primera gran intervención, la Casación había resuelto que debía ser la Cámara del fuero Penal Económico la que decidiera dónde quedaría radicado el caso. La Cámara lo hizo y sostuvo que el expediente debía quedar allí, en su fuero. Pero Pantano y Conte apelaron aquella resolución, la Casación admitió tratar su queja y ahora resolvió que el caso pase a Campana, desautorizando al tribunal que consagró para esa tarea.
El argumento que Barroetaveña y Borinsky plasmaron en el fallo de hoy es que no existe una ley que le adjudique automáticamente al fuero penal económico los casos sobre lavado de activos.
Entienden que el caso de la quinta no investiga una infracción tributaria o aduanera que justifique llevarlo hacia ese fuero de especialidad.
“Establecido entonces que el delito de lavado de activos es competencia federal y ceñido el caso a determinar la competencia entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 10 y el Juzgado Federal de Campana, queda por demás claro que es a esta última judicatura a quien corresponde continuar con la investigación de las presentes actuaciones”, dice la resolución.
Slokar, en disidencia
El camarista Slokar, que votó en disidencia, sostuvo que el planteo de Pantano y Conte no era admisible, porque la Casación no debe resolver cuestiones de competencia como estas y advirtió que no había elementos que avalaran hacer una excepción a esa regla. No obstante, Slokar coincidió con sus colegas en que los delitos contra el orden económico y financiero, incluido el lavado de activos, corresponden a la justicia federal y, por ende, a la Justicia de Campana.
El caso se inició como una investigación sobre la casaquinta, pero se amplió a partir de nuevas presentaciones formuladas por la Coalición Cívica, que extendieron el foco hacia empresas vinculadas a la AFA, entre ellas TourProdEnter, la sociedad que recaudaba el dinero de la entidad en el mundo y está ligada a Guillermo Faroni.
La decisión que devuelve ahora el caso a González Charvay fue adoptada después de una audiencia celebrada esta semana en los tribunales de Comodoro Py, en la que el abogado de Conte y Pantano, Mariano Morán, sostuvo que la investigación debía continuar en Campana y cuestionó su traslado al fuero Penal Económico.
Dijo que las ampliaciones eran “deformaciones”, que el caso había sido sometido a una “gran presión mediática” y que ellos no buscaban “elegir” al tribunal, como sí lo hacía la Coalición Cívica, que radicó la denuncia en Comodoro Py.
Hasta hoy, el caso tramitaba en el juzgado número 10 del fuero Penal Económico que subroga Verónica Stracia y, por primera vez, la investigación había sido delegada en la fiscalía.
Son muchos los elementos acumulados en la causa que consolidaron la sospecha inicial de que la quinta pertenecía a autoridades de la AFA. Las pruebas apuntaban, en especial, al tesorero Pablo Toviggino.
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POLITICA
Brasil, Estados Unidos e Israel: las tres elecciones que pondrán a prueba la estrategia geopolítica de Milei
En menos de un mes habrá elecciones en Brasil, Israel y Estados Unidos. Con matices, diferencias e intereses contrapuestos, el resultado de estos procesos impctarán de lleno en la política exterior del gobierno libertario. Javier Milei ratificó la semana pasada, en el marco de la Asamblea General de la ONU, su estrategia geopolítica y reinvindicó su cecanía con Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
El Presidente no escatimó elogios. “Agradezco la oportunidad que me han brindado de formar parte de su círculo de amigos y socios”, afirmó durante una entrevista con Bloomberg en el Economic Club de Nueva York. Y los definió como “los dos grandes héroes de la humanidad en este momento”.
En Brasil la situación es más compleja.
El próximo 4 de octubre se celebrará la primera vuelta presidencial y, salvo una sorpresa, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. El escenario que proyectan todas las encuestadoras es un duelo con final abierto entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado para presentarse tras su condena penal.
Los números más recientes —AtlasIntel/Bloomberg del 17 de septiembre, con 5.018 encuestados y margen de error de un punto porcentual— muestran al senador con 47,2% frente al 46,8% de Lula en un escenario de balotaje: empate técnico perfecto. En primera vuelta, el presidente retiene la delantera con 44,1% contra 41,7% del opositor.
Para la Argentina, el resultado brasileño tiene una carga adicional que va más allá de la ideología. Brasil es el principal socio comercial del país: el intercambio bilateral supera los 20.000 millones de dólares anuales y ningún otro mercado concentra tanto volumen de exportaciones argentinas. Sin embargo, la relación entre Milei y Lula da Silva atraviesa su peor momento, con un vínculo diplomático degradado a nivel de encargado de negocios.
El presidente argentino participó de un acto de proclamación de Flavio Bolsonaro como candidato opositor, cuestionó públicamente al mandatario brasileño y criticó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, lo que motivó una respuesta institucional del gobierno de Brasilia: el retiro de los embajadores. Los jefes de las misiones, Julio Bitelli, por el gobierno de Lula, y Daniel Raimondi, por el gobierno de Milei, volvieron a sus respectivos países por tiempo indeterminado.
Elsa Llenderrozas, directora del Comité de Estudios de Asuntos Latinoamericanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), describió el proceso electoral como “muy importante por varias razones”. Consultada por Infobae, señaló que una victoria de Bolsonaro “puede facilitar que se normalicen las relaciones con Argentina”, mientras que la continuidad de Lula “haría más costoso el diálogo diplomático, aunque no imposible”.
Llenderrozas también adviertió sobre el rol de Washington en la ecuación: “Estados Unidos está presionando a Brasil con sanciones políticas, aranceles unilaterales y coacciones de todo tipo”. Según su análisis, esa presión empuja al gobierno de Lula hacia China, mientras que un eventual presidente Flavio Bolsonaro “tendrá posibilidad de recomponer más rápido la relación con Trump, aunque su vínculo con Xi también será pragmático y evitará los errores iniciales que cometió su padre en el gobierno”.
Según la analista, Milei se enfrenta a una paradoja, porque “una victoria de Bolsonaro puede desplazar a Milei como aliado privilegiado de Trump en la región”. “Esa es la trampa en la que se encuentra el presidente argentino: apoyar a un candidato que puede desplazarlo de lo que considera su lugar de privilegio”, afirmó.
Por último, Llenderrozas puso el foco en una dimensión institucional. “Estas elecciones son importantes para medir la resiliencia democrática en Brasil. El temor es la reacción de un candidato como Bolsonaro, si pierde por una diferencia menor a un dígito, teniendo en cuenta lo que sucedió con la derrota de su padre y el ataque a las instituciones de gobierno”, indicó.
Israel: la primera elección tras el ataque de Hamás del 7 de octubre
El 27 de octubre, Israel celebrará las primeras elecciones desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Se pondrán en juego los 120 escaños del Knéset —el parlamento israelí— para conformar el nuevo gobierno.
Las encuestas posicionan como favorito al partido Yashar, liderado por el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Gadi Eisenkot, con proyecciones de entre 23 y 25 escaños. El Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu aparece segundo, con alrededor de 20 escaños. La alianza Beyachad, que agrupa al ex premier Naftali Bennett con Yair Lapid de Yesh Atid, sumaría entre 12 y 16 escaños. Ningún bloque tiene asegurada la mayoría de 61 escaños necesaria para gobernar, lo que abre la puerta a negociaciones complejas tras el cierre de las urnas.
La elección tiene una resonancia particular en Argentina, que alberga la comunidad judía más grande de América Latina y la quinta del mundo. Para Milei, el resultado también importa en clave diplomática: el presidente anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y abrió vuelos directos entre ambos países.
Alejandro Melincovsky, director para Países de Habla Hispana de la Organización Sionista Mundial y ex representante para Argentina del Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos, advirtió a Infobae que las encuestas en Israel deben leerse con más cautela que en otros países, dado que el voto no es obligatorio. “Mucho tiene que ver cómo se levanta alguien a la mañana, no solo a quién va a votar, sino si toma la decisión de salir a votar o no. Eso puede cambiar mucho”, señaló. Como ejemplo histórico, citó las elecciones de 1996, cuando la abstención masiva de la población árabe israelí le dio el triunfo a Netanyahu sobre Shimon Peres.
Sobre la formación de gobierno, describió tres escenarios posibles: que Netanyahu logre armar una coalición de 61 escaños, que la oposición lo logre con apoyo de partidos árabes, o que no se llegue a ningún acuerdo y el país deba convocar a nuevas elecciones. El sistema otorga 90 días para intentar conformar gobierno, con posibilidad de prórroga. Un elemento clave en ese proceso es el umbral electoral del 3,25%, que obliga a los partidos pequeños a fusionarse o arriesgarse a que sus votos “vayan a la basura” y redistribuyan entre los que sí ingresan al Knéset.
En cuanto al impacto sobre Argentina, Melincovsky sostuvo que existe consenso entre los principales candidatos —incluida la oposición— sobre mantener el vínculo con Buenos Aires. Y recordó cuando Milei visitó Israel se reunió también con Lapid, jefe de la oposición, quien “elogió el posicionamiento internacional de Argentina” y anticipó que continuaría en la misma línea.
“No importa quién llegue a ganar las elecciones: el que sea va a seguir alineándose con Argentina mientras tenga un gobierno afín”, afirmó. Y agregó que esa alineación trasciende al actual gobierno.
Los demócratas van por el Congreso
Por otro lado, el 3 de noviembre se harán en Estados Unidos las elecciones de medio término, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes (435 bancas) y 35 escaños del Senado. Las últimas encuestas favorecen a los demócratas en la batalla por la Cámara Baja, mientras que en el Senado la disputa es más pareja: Texas, Michigan, Georgia y Florida concentran los cruces más reñidos, con diferencias dentro del margen de error.
El resultado tiene consecuencia directa para la Casa Rosada. Jorge Arguello, exembajador argentino en Estados Unidos, advirtió a Infobae que “lo que ocurra en noviembre no será para la Argentina solamente un dato de la política interna norteamericana”. Para el diplomático, el gobierno de Milei “ha hecho de su vínculo con la administración Trump el eje central de su política exterior”, lo que convierte cualquier modificación del equilibrio en el Congreso en un factor de impacto directo sobre Buenos Aires.
Arguello puso el foco en lo que define como un problema de “timing”: el giro latinoamericano de Washington podría estar produciéndose justo cuando el escenario político interno podría modificarse. “Si así fuera, podría aparecer una suerte de descalce entre el ciclo político regional y el norteamericano”, señaló.
“La relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos debería construirse con el país en su conjunto y con una perspectiva que trascienda una administración determinada”, plantéo, y añadió que Argentina necesita “multiplicar sus vínculos, diversificar sus relaciones y ampliar sus márgenes de acción, no reducirlos”.
Benjamin Gedan, investigador del Centro Stimson, planteó a este medio otra dimensión de análisis. Advirtió que si los demócratas conquistan al menos una cámara, la relación entre Milei y Trump quedará “bajo la lupa”, incluido el rescate financiero que Washington extendió a Buenos Aires. “Milei se juega todo a una sola carta y, de repente, la relación entre Estados Unidos y Argentina se ha convertido en un tema partidario en Washington, algo que no suele ocurrir”, remarcó.
Más allá de la asistencia de USD 20.000 millones que instrumentó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a fines de 2025, antes de las elecciones legislativas, para contener la fragilidad de las reservas del Banco Central, la volatilidad cambiaria y la presión sobre los mercados financieros, esta semana se aunció el corredor Andes-Atlántico, un acuerdo que prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones para 2027 en obras de energía, minería, transporte y telecomunicaciones.
2027 será, precisamente, el momento de Milei para competir por su reelección. En Nueva York ratificó la red internacional para sostener su figura y su gobierno. A los inversores les dejó un mensaje: “Todos los actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”. El nuevo mapa geopolítico que emerja de este proceso de elecciones moldeará las condiciones externas en las que Argentina deberá transitar su propio año electoral.
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POLITICA
Jorge Macri celebró el fallo que revocó la decisión de la jueza De Marinis: “Si quieren legislar, vayan al Congreso”
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad que revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años.
“Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, publicó Jorge Macri en sus redes sociales después de que se conociera la resolución del tribunal de alzada.
La Cámara no solo dejó sin efecto la decisión de la magistrada, sino que también dispuso apartarla del expediente. De esta manera, el caso deberá continuar con otro juez, que podrá investigar al adolescente de 14 años por la tentativa de robo.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y comenzó a regir el 5 de septiembre.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó las reglas que rigen la auditoría interna en el Estado. Después de más de dos décadas de vigencia, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) fueron reformuladas para incorporar los cambios producidos en la administración pública, los nuevos riesgos y los avances tecnológicos.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución SIGEN N° 292/2026, que deja sin efecto las normas aprobadas en 2002 y establece un nuevo marco técnico y metodológico para la actividad de auditoría interna en el Sector Público Nacional y las Universidades Nacionales.
La actualización no supone un quiebre con el modelo anterior. Parte de la experiencia acumulada durante más de veinte años y suma nuevos criterios y prácticas profesionales para fortalecer el sistema de control interno.
Uno de los principales cambios es la concepción de la auditoría como una herramienta que no solo revisa lo ocurrido, sino que también identifica riesgos, anticipa problemas y aporta información para mejorar la toma de decisiones.
Del control que revisa al control que anticipa
Las nuevas Normas de Auditoría Interna Gubernamental fortalecen la independencia y objetividad de la auditoría interna y amplían su función como instancia de aseguramiento y asesoramiento estratégico.
El nuevo enfoque pone el acento en la gobernanza, la gestión de riesgos y el control, con una mirada orientada a generar recomendaciones y oportunidades concretas de mejora.
La idea es que la auditoría pueda aportar una visión prospectiva y basada en evidencia sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas.
Tecnología y nuevos riesgos
La transformación tecnológica ocupa un lugar central en las nuevas normas.
Las Normas de Auditoría Interna Gubernamental incorporan el uso de herramientas tecnológicas para la recopilación, análisis y evaluación de información, además de contemplar la gestión de recursos tecnológicos y los riesgos asociados a su utilización.
También se profundizan las capacidades profesionales requeridas para los equipos de auditoría, entre ellas conocimientos actualizados, análisis de riesgos, herramientas de datos y capacidad para comunicar con claridad sus conclusiones.
En otras palabras, si cambió la forma de gestionar el Estado, también tenía que cambiar la forma de controlarlo.
Un control con mirada productiva
Otro de los ejes de la actualización es la incorporación de un enfoque productivo de la acción pública.
Las nuevas normas establecen que la auditoría debe prestar especial atención a los costos y gastos innecesarios, la calidad de los bienes y servicios, el impacto económico de los controles y los indicadores de desempeño.
Incluso las recomendaciones de nuevos controles deberán contemplar la relación entre costo y beneficio, y considerar tanto los riesgos que se busca reducir como los posibles efectos sobre los procesos de gestión.
“La auditoría tiene que ser una herramienta útil para la gestión. Controlar no es poner obstáculos: es ayudar a que las cosas se hagan mejor”, señaló Alejandro Díaz, síndico general de la Nación.
Una agenda que también estuvo en el Congreso
La actualización de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental se conoce después del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la SIGEN bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI”.
Durante tres jornadas, especialistas, funcionarios y referentes del control de distintos países debatieron sobre innovación, tecnología, gestión de riesgos, calidad y las transformaciones que enfrenta el Estado.
El encuentro reunió a más de 750 visitantes acreditados, 42 speakers y representantes de 11 países, y recibió más de 60 trabajos en el marco del concurso de ponencias sobre innovación y nuevos desafíos para el control gubernamental.
En ese contexto, las nuevas NAIG representan un paso concreto en una agenda que busca adaptar el control público a una gestión cada vez más compleja y tecnológica.
Cinco componentes y 13 principios
El nuevo marco organiza las normas en cinco componentes y 13 principios, que abarcan el propósito de la auditoría, las condiciones para su ejercicio, el gobierno de la función, su gestión y el desempeño de los servicios de auditoría.
El esquema incorpora, además, criterios de planificación basada en riesgos, gestión de recursos, tecnología, comunicación, calidad y mejora continua.
Las nuevas normas también contemplan requisitos mínimos para un Sistema de Gestión de la Calidad de las Unidades de Auditoría Interna.
Después de más de veinte años, la SIGEN actualiza así el marco que regula la auditoría interna gubernamental y consolida una visión del control como una herramienta para mejorar la gestión, cuidar los recursos públicos, prevenir riesgos y generar valor para el Estado.
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