Luego de que senadores y funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) primero quisieran hacer caer la sesión en la Cámara alta para tratar proyectos incómodos para el gobierno de Javier Milei bajo el argumento de que no fue válida debido a que la oposición la “autoconvocó”, ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que fue “lo mejor” que podía pasar, y apuntó contra los medios y los legisladores.

“El periodismo tradicional habla de la ‘derrota’ de ayer con frases como ‘duro revés para el gobierno’, ‘golpe autoinflingido’, ‘torpeza política’, etc. Permítanme disentir y decir que lo de ayer, es lo mejor que pudo haber pasado”, introdujo el funcionario de la cartera de Hacienda en su cuenta de X.

Tras eso, continuó: “La casta política no nos va a cambiar nunca. Son los mismos que vetaron a los jubilados el 82% móvil, que les robaron sus ahorros al llevarse las AFJP, y que en el 2023 les bajaron las jubilaciones un 30%”. Argumentó además que tras la llegada al poder de Milei “se evitó el infierno hiperinflacionario” que había “plantado” el kirchnerismo y que gracias a eso “las jubilaciones ya recuperaron un 15%, y seguirán mejorando”.

“La táctica de la oposición es siempre la misma: cuando no están gobernando, van a hacer lo imposible por destruir al país, porque es su única posibilidad de volver a manejar lo que para ellos es el negocio de la política”, aseveró el ministro. Y cerró: “Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer son pruebas contundentes que confirman esto. El equilibrio fiscal no se negocia. TMAP [por ‘todo marcha de acuerdo al plan’]”.

El mensaje de Caputo llega luego de que el oficialismo nacional asegurara que la sesión en la que se aprobó el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la emergencia en discapacidad y la distribución de recursos a las provincias es inválida porque no fue convocada formalmente por la titular del Senado y vicepresidenta, Victoria Villarruel. Es en base a eso que los libertarios dicen que la sesión fue “autoconvocada” por la oposición, una discusión que podría terminar en la Justicia.

Sin embargo ahora el ministro de Economía, uno de los miembros del Gabinete más elogiados por Milei, ignoró los pedidos del oficialismo e insistió en que ese revés que sufrió el Gobierno por la aprobación de proyectos fue “lo mejor” que podía haber pasado en este contexto, en una especie de demostración de “la táctica de la oposición”.

En una tensa sesión este jueves, se aprobaron varios proyectos: un aumento jubilatorio del 7,2%, el incremento del bono mensual de $70.000, una prórroga a la moratoria previsional, la declaración de la emergencia nacional en discapacidad, y el reparto de los recursos de los aportes del tesoro nacional (conocidos como ATN) a las distintas provincias de varios fondos fiduciarios y de una porción importante del impuesto a los combustibles.

Con este escenario, tanto el Presidente como su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmaron que se vetarán los seis proyectos de ley (si bien los de los fondos a las provincias de momento cuentan con media sanción) ya que -según el Ejecutivo- ponen en peligro el superávit fiscal de las cuentas públicas, una de las banderas de la administración libertaria.

Si bien el Gobierno aseguró que todo el paquete de leyes tiene un costo fiscal del 2,5% del PBI (y que esto impide que la Argentina pueda cumplir con la meta de superávit que se fijó con el Fondo Monetario Internacional), la actualización de jubilaciones tiene un peso sustancialmente mayor al resto de los proyectos.

En tanto, con el foco puesto en Diputados, la prioridad del oficialismo será salvar el veto a la ley de jubilaciones en la Cámara baja, donde hay más chances de conseguir -al igual que el año pasado, cuando se vetó una ley previsional- un grupo de legisladores “héroes” del Poder Ejecutivo.

El Tribunal Oral Federal N°2, responsable de la condena por corrupción en la obra pública de Santa Cruz, recibió el cálculo final que actualiza el perjuicio ocasionado al Estado por la causa Vialidad. El paso siguiente del tribunal es la intimación formal a los condenados para que depositen el dinero, un proceso que activa los mecanismos para el decomiso de sus patrimonios en caso de incumplimiento.

Los expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que el monto total que los condenados deben devolver asciende a $684.990.350.139,86. Esta cifra corresponde a la actualización del decomiso original de 84.000 millones de pesos que se dispuso en la sentencia del 6 de diciembre de 2022. A la cotización del dólar oficial, el total supera los 540 millones de dólares.

Con el número ya definido, los jueces del tribunal oral darán a los condenados un plazo de diez días para que aporten el dinero. Si no cumplen con el pago, la Justicia avanzará con la ejecución de los bienes que cada uno tiene embargados. De ser necesario, esos activos se enviarán a remate para obtener el efectivo y cubrir el daño provocado al Estado.

El monto del decomiso surge de un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante el juicio oral. Ellos calcularon que el perjuicio al Estado debía contemplar los sobreprecios detectados en las 51 licitaciones adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez y los daños ocasionados por el abandono de las obras.

La sentencia de condena define el decomiso como la herramienta que posee el Estado para “procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquel”. El objetivo, según indicaron los fiscales en su alegato, es generar un recupero de activos provenientes del delito que impida que el autor del ilícito penal pueda disfrutar de lo que obtuvo de manera ilegal.

La Justicia tiene en la mira un total de 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades para cubrir el monto del perjuicio. El listado incluye no solo los bienes de Lázaro Báez, valuados en unos 120 millones de dólares, sino también el patrimonio de la expresidenta.

En paralelo a esta causa penal, tramita un expediente en la justicia civil donde la Dirección Nacional de Vialidad le reclama a Cristina Kirchner unos 1125 millones de dólares como resarcimiento por los actos de corrupción de su gobierno.

La expresidenta declaró un patrimonio de 250 millones de pesos en su última declaración jurada. Está compuesto por:

El empresario es quien posee la mayor cantidad de activos. Un análisis patrimonial realizado por el juez Sebastián Casanello en la causa de la “ruta del dinero K” concluyó que sus bienes suman unos 120 millones de dólares, aunque ese monto debe repartirse entre diferentes causas, ya que Báez también está condenado por lavado de dinero, con una multa de 300 millones de dólares y un decomiso de otros 55 millones. Se compone de:

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